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ETA vota su disolución

El proceso interno sobre el fin de ETA ha entrado en su recta final, después de meses de discusiones y votaciones. “No es el momento de irse a casa. Por el contrario, la presente fase política necesitará la fuerza e impulso de todos y todas, como nunca”, apunta ET.

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EFE

La dirección de la banda terrorista ETA está sometiendo a votación un documento que plantea su final definitivo como organización, al apostar por dar por concluido su “ciclo y función”. Según informa el diario Gara, el proceso interno sobre el fin de ETA ha entrado en su recta final, después de meses de discusiones y votaciones.

“Hay que fortalecer el proceso político en todos los ámbitos, y en este contexto nuestra decisión supone un elemento necesario para generar nuevas situaciones (…) Nos corresponde cerrar el tiempo del conflicto armado y las situaciones relacionadas, para ofrecer todas nuestras fuerzas a potenciar el proceso político (…) Y la única forma de hacerlo es que tomemos directamente la iniciativa, sin esperar a nada ni a nadie”. Este es uno de los principales extractos de la propuesta de la dirección de ETA que se está sometiendo a debate y votación en los últimos meses, y a la que ha tenido acceso Gara. El desenlace se espera para antes del verano.

“El final del ciclo resulta cada vez más evidente y, a consecuencia de las decisiones tomadas, ya se ha producido en gran parte. El final de la estrategia político-militar marcó el comienzo del final del ciclo de la organización”, sostiene la dirección de ETA en el documento.

En este texto, redactado en abril de 2017, paralelamente a su desarme, ETA descarta su continuidad como “organización convencional”, porque, de intentarlo, tendría que “reinventar todo lo demás: estrategia, funciones concretas y medios de lucha e influencia”.

Asimismo, rechaza la posibilidad de convertirse en una organización “civil” porque “al objeto de mantener algún tipo de autoridad moral, las amplias mayorías a conseguir, si son ciertamente amplias, no lo entenderían”.

“No es el momento de irse a casa. Por el contrario, la presente fase política necesitará la fuerza e impulso de todos y todas, como nunca”, añade.

Aunque el camino no ha llegado hasta el final, “tampoco se encuentra cegado”. Y lo que queda por recorrer “se debe realizar de otra forma”. “ETA cuenta con el suficiente bagaje y ha realizado el recorrido necesario para tomar sus decisiones con esa tranquilidad estratégica. Y tiene también donde volcar su capital político”, se puede leer.

“No se opta entre Organización y precipicio. Hace mucho ya que el proyecto de la Organización no es solo de ETA –prosigue esta propuesta–. Además, el movimiento político que denominamos izquierda abertzale ha demostrado suficiente madurez y capacidad de lucha, resulta mucho más eficaz para materializar el reto al que nos enfrentamos hoy en día”.

“La izquierda abertzale no abjurará de sí misma, ETA no renegará de su aportación, pese a estar abierta a la autocrítica, pero tampoco demandará su total legitimación a aquellos que están dispuestos a recorrer el camino de la construcción del Estado Vasco. Y ello, inevitablemente, tiene consecuencias directas respecto a la función histórica de ETA, pues nadie entendería que se arrogase la dirección, dinamización o referencia del proceso independentista”, explica la propuesta.

Aunque dejará de existir como organización, ETA detalla cuál deberá ser la labor de sus militantes: “Huelga decir que aquellos y aquellas que han sido militantes de ETA tendrán que actuar también en el futuro con la responsabilidad que corresponde a tal condición, manteniendo la honestidad, coherencia y responsabilidad necesarias para el proceso de liberación, y asumiendo el deber de mantener la cohesión interna en la izquierda abertzale”.

eldiario.es/norte/euskadi/ETA

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Ni Puigdemont ni Junqueras: el nudo de la negociación entre JxCat y ERC es el número 3 del Govern

El plan de Puigdemont de mantener poderes ejecutivos desde Bruselas e investir al preso Sànchez abre la batalla en el tercer puesto, que llevaría la gestión del Govern. ERC presiona indicando que si el president cesado mantiene el control del Ejecutivo, su sustituto para la investidura debe ser Junqueras. JxCat tiene un dilema entre sostener la tensión legitimista, con Puigdemont y Sànchez en puestos simbólicos, y mantener el control efectivo del Govern. Puigdemont está dispuesto a investir a un sustituto si mantiene el control sobre el Govern

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Puigdemont y Junqueras llevaron el peso del Govern en la pasada legislatura EFE

Dos meses después de que el independentismo revalidara su mayoría absoluta, JxCat y ERC aún no se han puesto de acuerdo para formar un Govern que, al menos sobre el papel, acabe con el 155. Ambas formaciones mantienen un pulso difícil de comprender desde fuera, tanto por la profundidad de los asuntos en los que difieren como por la gran cantidad de detalles que deben pulir. Todo ello en contexto inédito de intervención de la autonomía.

Las diferencias a estas alturas ya no pasan sin embargo por asuntos de gran calado, como la investidura de Puigdemont o consensuar un nombre para sustituirlo, sea Oriol Junqueras como pide ERC, o Jordi Sànchez a quien apuntan en JxCat. En las últimas semanas la negociación ha sido capaz de avanzar más allá de eso y, sin embargo, ahora vuelve a estar encallada. El problema actual puede resumirse en una batalla entre JxCat y ERC por el número tres del Govern. Y es que, si tanto Puigdemont como su sustituto quedan fuera de la tarea ejecutiva, es el número 3 el que asumiría el peso efectivo de la Generalitat.

Recapitulemos sobre el estado de las negociaciones. La  primera gran divergencia con la que se encontraron ambas formaciones tenía que ver con si Carles Puigdemont debía ser o no investido, dada su situación procesal y el cerco judicial que el Constitucional ha establecido en torno a ello. El Alto Tribunal, en un gesto que supera cualquier decisión tomada hasta la fecha,  impuso unas medidas cautelares al Parlament en las que les prohibió no solo investir a Puigdemont a distancia, sino emprender cualquier iniciativa que sirviera para auparlo a la presidencia. Incluso legislar sobre dentro de sus, a priori, competencias propias.

En JxCat consideran una cuestión de principios hacer que el president cesado recupere la legitimidad en una votación de investidura, pese a las consecuencias penales para los diputados que esto puede acarrear. También pese a la segura suspensión que recaería sobre la investidura y que impediría que Puigdemont firmase ningún decreto para formar Govern, con lo que el 155 no decaería, volviendo el independentismo a la discusión inicial sobre la investidura. ERC, en cambio, opina que el riesgo penal y el embrollo político no merece la pena, tratándose la investidura de un mero gesto simbólico.

El “paso al lado” se da por hecho

Pero no es la investidura de Puigdemont lo que actualmente separa a ambas formaciones. Desde la propuesta de  brindar al president cesado un reconocimiento simbólico desde el Parlament se ha ido avanzando hacia la idea que ha irrumpido en las últimas semanas: que el pacto entre independentistas reconozca a Puigdemont unos poderes ejecutivos, entre ellos nombrar a sus consellers o convocar elecciones, mediante una suerte de hombre de paja que, a efectos de la legalidad autonómica, sería el president investido.

Esta idea, que a ERC no entusiasma pero que estaría dispuesta a comprar, se complementa en el diseño pergeñado por Puigdemont desde Waterloo. Si para él se adjudica una inexistente “presidència de Catalunya”, el expresident considera que para mantener la tensión con el Estado el investido deber ser Jordi Sànchez, encerrado en la prisión de Soto del Real. Esto pondría a la justicia española ante la tesitura de tener que permitir al expresidente de la ANC salir de la cárcel para la sesión parlamentaria. Y, además, conllevaría el encierro del president de la Generalitat oficial una vez finalizado el pleno.

Con este plan se daría salida al impulso legitimista y simbólico con el que JxCat ha conseguido rescatar al espacio social de Convergència de sus peores expectativas electorales. Sin embargo, el Palau de la Generalitat estaría vacío y la tarea de rescate de las diferentes parcelas del autogobierno tras un 155 de máxima intensidad será arduo. Con un president simbólico en Bruselas y otro en Soto del Real, el número tres en el escalafón gubernamental tendrá un poder ejecutivo cercano al presidencial, al menos en las cuestiones del día a día.

Las fórmulas que ERC propone

Es aquí, en el nombre de este número tres de amplios poderes, donde JxCat y ERC chocan. Ninguna formación quiere renunciar a él. JxCat porque interpreta que el control del Govern le corresponde por derecho electoral. ERC porque entiende que si acepta que los números 1 y 2 sean de sus socios, a ellos les toca poner un 3 y 4 de alta visibilidad. “Puigdemont puede elegir al sustituto que desee, ejecutivo o simbólico es su decisión, pero no puede pretender hacer una cúpula de Govern monocolor cuando JxCat y ERC se reparten el apoyo electoral al 50%”, explican fuentes republicanas.

Las fórmulas que ERC ha puesto sobre la mesa son diversas, pero todas pasan por tener al menos una figura de peso ejecutivo en el Govern además de otra con gran visibilidad y proyección mediática. Las fórmulas de este binomio pueden ser diversas: un vicepresident y un portavoz, un conseller en cap y un conseller de la Presidencia, o diferentes combinaciones de las anteriores.

Lo que es seguro es que los republicanos quieren controlar toda o buena parte de la conselleria de la Presidencia, sin perder por supuesto Economía, la cartera que tenía Junqueras la pasada legislatura. Si JxCat no acepta que ERC controle el codiciado número 3 del Ejecutivo, la contraoferta es que Junqueras sea el investido. Al fin y al cabo, él era el número dos del anterior Govern y tiene actualmente la misma situación judicial que Sànchez, presionan los republicanos.

En JxCat, en cambio, creen que hay que tratar como cuestiones diferenciadas la estrategia de tensión con el Estado y el dibujo efectivo del Govern. En la primera se incluirían la relegitimación de Puigdemont y la investidura de Sànchez, por lo que, en la práctica, la composición efectiva del Ejecutivo comenzaría por debajo del president y su sustituto. Es decir, en el número 3, que también correspondería a JxCat por ser la lista ganadora el 21D entre las formaciones independentistas.

Los postconvergentes creen tener además la sartén de la negociación por el mango, ya que calculan que en una repetición electoral podrían superar ampliamente a ERC. Los republicanos, de hecho, opinan que esa es la agenda oculta de sus socios y la razón por la que les hacen propuestas, a su entender, tan “abusivas”.

ETIQUETAS: Carles Puigdemont,  JxCat,   ERC,   negociaciones,  número 3,   govern

El jefe de la oficina anticorrupción del PP está detrás de una urbanización en una zona en riesgo medioambiental

La inmobiliaria Urbincasa logra luz verde para construir 130 viviendas frente al Mar Menor y a cien metros de un espacio de la Red Natura 2000. El exdiputado Andrés Ayala es desde finales de 2016 secretario del consejo de la empresa, que asegura que el político no ha intervenido en la tramitación de los permisos. El Parlamento de Murcia pidió hace un año al Gobierno regional del PP una moratoria a la construcción en la zona, pero no ha llegado a implantarse. El PP sitúa en su Oficina anticorrupción a un exdiputado vinculado a un polémico contrato de Aena

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El exdiputado del PP Andrés Ayala. Foto: PP de Murcia

La promotora inmobiliaria murciana Urbincasa ha logrado los permisos para construir un complejo residencial de 130 pisos en Cartagena (Murcia), a orillas del Mar Menor y a 100 metros de una zona protegida por su valor ecológico. Tras el proyecto está el actual presidente de la Oficina Anticorrupción del PP, el exdiputado Andrés Ayala. Año récord para la empresa de bingos vinculada al presidente de la oficina anticorrupción del PP

Este nuevo desarrollo urbanístico se ubicará a cien metros de las salinas de Marchamalo, lindando con una zona de especial protección de aves (ZEPA) y Lugar de Interés Comunitario (LIC) de la Red Natura 2000. Como avanzó el lunes Diario de la Manga, se va a denominar ‘Los Flamencos’ y se va a erigir en un lugar “con unas espectaculares vistas a La Manga del Mar Menor y sus salinas”, según anuncia en su web la propia Urbincasa, que ya ha iniciado la comercialización de las viviendas.

Urbincasa es el acrónimo de Urbanizadora e Inmobiliaria Cartagenera SA. Se fundó hace medio siglo y desde noviembre de 2016 el secretario de su consejo de administración es Andrés Ayala, según consta en el Registro Mercantil. La empresa pertenece a la familia Restoy, accionista del grupo Diego Zamora, propietario de Licor 43, el pacharán Zoco o el ron Matusalén, y al que Ayala lleva años vinculado. Adif revela que ha fichado como consejero al nuevo presidente de la oficina anticorrupción del PP

El exdiputado, abogado, experto en urbanismo y derecho administrativo, dejó su escaño en 2016 y Urbincasa es una de las muchas empresas a las que asesora. Ha sido colocado discretamente por el Gobierno en el consejo de Adif, el mayor ente público de gasto en España, y entre otras cosas, es socio y consejero de varias filiales del grupo de salas de juego Orenes Desde octubre se encarga de fiscalizar a los cargos del PP como presidente de la denominada Oficina del Cargo Popular.

Francisco Cervantes, director general de Urbincasa, explica que Ayala, con el que no ha sido posible contactar, “no ha intervenido” en la tramitación del proyecto, que tiene las bendiciones del Ayuntamiento de Cartagena, gobernado en minoría por la socialista Ana Belén Castejón, y del Gobierno regional del PP.

La licencia la concedió el pasado 20 de diciembre la entonces concejal de Desarrollo Sostenible del municipio, María José Soler, del partido independiente Movimiento Ciudadano (MC), socios de Gobierno de la alcaldesa hasta el pasado 8 de enero. Según La Opinión de Murcia, la tramitación del proyecto se llevó a cabo durante el mandato del anterior regidor, José López (MC).

Fuentes del consistorio cartagenero indican que el permiso a Urbincasa es “un acto reglado”, ya que se trata de un suelo urbano establecido en un Plan Parcial que data de 1987, el único vigente ya que el aprobado en 2012 por el PP fue tumbado por la justicia. El ayuntamiento añade que, al estar el desarrollo ubicado en primera línea de playa y junto a una zona protegida, requirió informe favorable de la Oficina de Impulso Socioeconómico del Medio Ambiente del Gobierno de Murcia. Este departamento no ha respondido a las preguntas de eldiario.es sobre este asunto.

Para obtener el permiso autonómico, Urbincasa contrató a un gabinete de biólogos que analizó durante meses la posible afección sobre el vuelo de las aves o las plantas autóctonas y decidió, por ejemplo, aplicar medidas preventivas como no instalar papeleras en el complejo (para evitar la llegada de especies no autóctonas) o instalar alumbrado especial, explica el director general de Urbincasa, que define el proyecto como “muy chulo y vanguardista”.

Moratoria no aplicada

El pasado martes, la portavoz de la marca de Podemos en la localidad cartagenera, Pilar Marcos, advirtió de su rechazo a la construcción “de otra mole de edificio” frente al Mar Menor y se preguntó “dónde está la moratoria urbanística” en el Mar Menor que, a través de una moción impulsada por el PSOE, instó a aplicar hace un año la Asamblea de Murcia al Gobierno regional.

Como reconoce el portavoz del PSOE en el parlamento murciano, Joaquín López, “realmente no hay moratoria” porque el Ejecutivo del popular Fernando López Miras “no ha tenido voluntad” de aplicar ese veto a las nuevas construcciones en esa zona.

La moción instaba al Consejo de Gobierno a, “mediante el instrumento legal que considere oportuno, suspender cautelarmente todos los desarrollos urbanísticos que afecten directa o indirectamente al Mar Menor” hasta que se promulgue una ley de protección específica. Pero incluía excepciones: “La ampliación natural de los cascos urbanos consolidados, con respeto a los derechos urbanísticos adquiridos por los particulares en los planes aprobados o en trámite”. El desarrollo de Urbincasa estaría dentro de esas excepciones.

La portavoz de Cartagena Sí Se Puede reconoce que el proyecto de la empresa asesorada por Andrés Ayala tiene “todos los permisos” y que haberlos denegado sería “prevaricación”. Matiza que su rechazo “es político, no jurídico”, ante la “emergencia total y absoluta” que atraviesa el Mar Menor y el “grave daño paisajístico” que va a suponer el proyecto. Marcos reclama al Gobierno regional una Ley Integral del Mar Menor “y un plan de gestión al que se adapten los distintos planes generales urbanos” de los municipios de la laguna.

ETIQUETAS: Andrés Ayala

España es el único país de la Unión Europea que no aplica un límite de cadmio tóxico para los fertilizantes

Los umbrales van desde 90 microgramos en Francia a los 20 en Eslovaquia. “No hay límite a nivel comunitario, y no lo hay a nivel nacional”, explican en Agricultura, “a la “espera de una decisión comunitaria”. La ministra Tejerina ha liderado una propuesta un 25% más permisiva sobre la presencia de este tóxico que la defendida por la patronal europea. La ministra Tejerina no necesita acudir a las reuniones europeas para influir sobre los límites de tóxicos en fertilizantes

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Tejerina defendiendo la postura de España sobre fertilizantes en el Congreso

España es el mercado más permisivo para los fertilizantes agrícolas con altos niveles de tóxicos. Es el único país de la Unión Europea que no aplica ningún límite a la presencia de este metal pesado en los agroquímicos  que se utilizan sobre las cosechas, según la recopilación de datos nacionales que ha realizado la Comisión Europea.

El documento elaborado por el Ejecutivo europeo muestra una gran variedad: desde los 90 microgramos por kilo en Francia o Bélgica a los 20 de Eslovaquia o 22 microgramos de Finlandia. También puede verse que Alemania tiene el umbral colocado en 50 mg, Dinamarca en 48, Grecia en 60 y los Países Bajos en 31 mg.

Pero la única columna en la que no hay ningún valor es la española. Así lo han confirmado fuentes de la CE y del Ministerio de Agricultura, que han contestado: “No había ni hay en este momento límite nacional para contenido de cadmio en los fertilizantes fosfatados inorgánicos”. De hecho, la Comisión Europea tuvo que corregir los valores que le constaban para España: de 60 a cero. “En su día se detectó [el error] y se pidió que se corrigiera”, explican en Agricultura.

El Ministerio justifica esta situación en que “no hay límite a nivel comunitario, y no lo hay a nivel nacional”. Pero cada estado ha podido establecer ya umbrales máximos para sus propios territorios. El Gobierno ha elegido no hacerlo “a la espera de una decisión comunitaria”.

En la elaboración de esa postura común en la Unión Europea, el Gobierno español, mediante el Ministerio de Agricultura que dirige Isabel García Tejerina (que fue alta directiva de la empresa de fertiliznates Fertiberia durante ocho años), lidera las posiciones más favorables a la industria productora española. El sector está encabezado precisamente por Fertiberia y se nutre básicamente de fosfatos del norte de África, que presentan mayores niveles de cadmio.

De hecho, la propuesta española es más permisiva para los fabricantes que la remitida por la patronal europea Fertilizers Europe en la fase de consultas para la redacción de esta nueva normativa. La patronal explica en un documento que “hemos aconsejado a la Comisión Europea que un límite de cadmio en fertilizantes de fosfato podría ser los 60 mgr/kg. La industria podría, pues, aceptar límites más altos pero no los apoyará si son más bajos”. El departamento de Tejerina ha puesto encima de la mesa un valor máximo de 75 mgr. Un 25% superior a los propuestos por el sector a nivel europeo. Fertilizers Europe no ha contestado sobre si ha cambiado de opinión.

Lucha de mercados

García Tejerina ha asegurado este miércoles en el Congreso que ellos solo mantienen la misma línea que ha sostenido España desde 2009. Y que la crítica a la política seguida por su equipo es “fomentar el monopolio del fósforo a nivel mundial”.

Porque, mucho de lo que se dirime en la regulación de los fertilizantes tiene que ver con el mercado más que con otras cuestiones, según se deduce de las comunicaciones sobre el proceso de legislativo a los que la Comisión Europea ha tenido que permitir el acceso en virtud de las normas de información pública.

Estos documentos incluyen, por ejemplo, correos electrónicos de la patronal europea pero también de la empresa rusa de fertilizantes Phosagro, ambas intentando conseguir apoyo para beneficiar sus intereses.

Fertilizers Europe ya r emitió en septiembre de 2014 los resultados preliminares de sus análisis en los que, aseguraba, que el contenido medio de cadmio en sus productos era de 31 mg. Y remachaba que un límite de 20 mg “excluiría el 56% de los fertilizantes. Uno de 40 un 32% y uno de 60 mg un 9%” de lo vendido en Europa.

La sociedad rusa por su parte, aprovechaba el objetivo de la Comisión de rebajar los niveles de este metal pesado considerado cancerígeno los suelos de la UE para pedir el apoyo de la European Soil Partnership (ESP), un organismo emanado de la ONU para favorecer “la gestión sostenible del suelo”. En las respuestas se lee que “está claro que la petición de Phosagro está motivada por sus intereses comerciales”.

El problema es que la roca de fosfatos con más presencia de cadmio es la extraída en Marruecos, Senegal y Túnez mientras que la más libre de este compuesto se halla en Finlandia, Suráfrica, Jordania y Rusia. Aunque en los escritos de la CE se deja claro que el cadmio es un tóxico que “no beneficia a las plantas” y que puede tener “graves e irreversibles efectos en la salud”, se contrapone a continuación:  “Algunos miembros del Europarlamento argumentan que los límites de cadmio nos harán más dependientes de Rusia  e incrementará los costes de producción lo que llevará a precios más altos para los agricultores”. Un razonamiento que García Tejerina ha seguido fielmente.

ETIQUETAS: Medio Ambiente,   Fertilizantes,   Tejerina

Amnistía Internacional denuncia la restricción “desproporcionada” de la libertad de expresión en España

La ONG publica su informe anual en el que evalúa la situación de los derechos humanos en 159 países durante 2017, entre ellos España. “Alzar la voz se ha vuelto cada vez más peligroso en las redes: están siendo criminalizadas letras de canciones y bromas bajo categorías vagas”. Los puntos oscuros de los derechos humanos en España en 2016, según Amnistía Internacional

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La libertad de expresión está bajo ataque en el mundo, según relator de la ONU EFE

Amnistía Internacional (AI) ha denunciado este jueves los retrocesos que ha experimentado la libertad de expresión en España y considera que este derecho se restringió de forma “desproporcionada” en 2017. Así lo ha documentado en su informe anual en el que analiza la situación en 159 países.

“Este ha sido un mal año para la libertad de expresión”, ha resumido Esteban Beltrán, director de AI en España, durante la presentación del documento.

La restricción al derecho de las personas a manifestarse, la falta de protección “adecuada” a refugiados y migrantes o la violencia contra las mujeres fueron algunas de las principales vulneraciones de derechos humanos en España el año pasado, de acuerdo con el informe. Estas son sus principales conclusiones.

Libertad de expresión y de reunión, “amordazadas”

La ONG alerta de que en 2017  se “restringió desproporcionadamente” la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica, tanto en el ámbito de las leyes como a través de algunas prácticas policiales. Esta restricción se produjo especialmente debido a la situación política en Cataluña, tras la suspensión, por parte del Tribunal Constitucional, de la ley del referéndum: “En Madrid y Vitoria, los tribunales prohibieron dos reuniones públicas de apoyo al referéndum”.

Además de las limitaciones a protestas pacíficas, AI denuncia también el uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes por parte de las fuerzas de seguridad, en relación a las cargas policiales del 1 de octubre en Cataluña. “La policía disparó cartuchos de fogueo y pelotas de goma, e hirió de gravedad a una persona que perdió la visión de un ojo”, recuerda la ONG.

Asimismo, AI tacha de “excesiva y desproporcionada” la prisión preventiva decretada en octubre para Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, presidentes de organizaciones independentistas, acusados de sedición, un delito, a su juicio, “definido de forma muy general”.

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Cargas policiales a las puertas de un centro de votación el 1-O. AP PHOTO/FRANCISCO SECO

Por otro lado, decenas de personas fueron procesadas y 20 fueron declaradas culpables por “enaltecimiento del terrorismo” y “humillación a las víctimas” en las redes sociales en 2017, de acuerdo con la ONG. El documento recoge, entre otros, el caso de Cassandra Vera, tuitera condenada a un año de prisión por sus chistes sobre Carrero Blanco

“Alzar la voz se ha vuelto cada vez más peligroso en las redes. Están siendo criminalizadas letras de canciones y bromas bajo categorías vagas”, ha criticado Beltrán. “En los últimos años se han disparado las condenas. En 2011, cuando ETA todavía mataba, hubo una condena por enaltecimiento del terrorismo. Del año 2011 al 2017 ha habido 76 sentencias condenatorias”, apunta.

Además, periodistas y ciudadanos particulares fueron sancionados por la Ley de Seguridad Ciudadana, como la reportera Mercé Alcocer, de Catalunya Radio, multada con 601 euros por traspasar una línea policial “no señalizada” cuando estaba cubriendo el caso Pujol en la Audiencia Nacional. “Hay una inquietud por la autocensura a la hora de documentar actuaciones policiales, según los testimonios que hemos recibido, y muchas más personas tienen miedo a la hora de salir a la calle a protestar y reclamar sus derechos”, sostiene Beltrán.

Continúan las devoluciones en caliente

Uno de los principales acontecimientos en materia de derechos humanos que dejó 2017 fue la condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra España por la devolución de dos personas desde Melilla a Marruecos en 2014, al concluir que estas son ilegales.

Pese a la condena, el Gobierno, según denuncia la organización, sigue llevando a cabo estas expulsiones sumarias en Ceuta y Melilla. “Desde la sentencia –el pasado octubre–, al menos 40 personas han sido expulsadas de forma ilegal corriendo el riesgo de ser sometidas a torturas y malos tratos, aunque el numero podría llegar a 130 personas”, ha apuntado el director de AI.

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Seis inmigrantes permanecen encaramados en la valla de Melilla EFE

“Reclamamos que Estrasburgo reconociera que se había vulnerado el derecho a tener derechos, a que una persona que quiere traspasar una frontera tiene derecho a no ser tratado como un fardo”, ha explicado Isabel Elbal, abogada demandante, quien ha destacado “el trabajo colectivo” en el caso. El Ejecutivo ha recurrido el fallo y la condena será revisada.

“El plazo de tiempo puede oscilar entre un año y un año y medio. En este plazo deben respetarse los derechos, pero se siguen practicando devoluciones y sabemos que el Gobierno no tiene ninguna intención de acatar la sentencia, salvo que le obliguen”, asevera Elbal.

Además de las expulsiones automáticas, AI denuncia que en 2017 se siguieron cometiendo violaciones “flagrantes” de derechos y abusos contra personas migrantes y refugiadas en España. Pone como ejemplo el encierro de más de 500 personas en la cárcel de Archidona o “las restricciones a la libertad de movimiento” de los solicitantes de asilo en Ceuta y Melilla.

El informe recuerda otro de los “fracasos” de las políticas migratorias el año pasado: el incumplimiento de los compromisos de acogida de refugiados. Hasta diciembre de 2017, llegaron apenas el 15% de las 17.337 personas a las que el Gobierno se comprometió a reubicar. Mientras, quienes solicitan asilo siguen sufriendo retrasos en la respuesta sobre su petición, según la ONG.

Persisten los desahucios y los asesinatos machistas

A pesar del discurso de recuperación económica defendido por el Gobierno, “el impacto de las medidas de austeridad implementadas como consecuencia de la crisis está dejando desamparadas a decenas de miles de personas en España”, ha insistido Beltrán. 

Un año más, AI ha vuelto a poner el foco sobre la exclusión sanitaria de los migrantes en situación irregular y los desahucios. En julio, expertos de la ONU concluyeron que España violó el derecho a la vivienda de una familia que fue desahuciada sin que se les proporcionara vivienda alternativa.

La escasez de viviendas sociales asequibles afecta en mayor medida, apunta la ONG, a madres solteras y mujeres supervivientes de violencia machista. Los derechos de las mujeres volvieron a ser en 2017 otro de los puntos oscuros en España. 48 mujeres fueron asesinadas por sus parejas y exparejas, según las cifras del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Trabas a la investigación de los crímenes franquistas

2017 tampoco fue un buen año para los familiares de las víctimas del franquismo, recuerda la ONG. “Las autoridades españolas continuaron cerrando investigaciones sobre crímenes de Derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo”, recalcan.

Además, la entidad denuncia que “se siguieron sin adoptar medidas” para localizar e identificar los restos de víctimas y se dejó a las familias y las asociaciones “sin apoyo del Estado” en las exhumaciones.

En febrero, la Fiscalía mexicana inició una investigación a raíz de la denuncia de Ligia Ceballos, quien descubrió que podría haber sido una “bebé robada” en 1968 durante el franquismo en España. Se trata del segundo país que investiga los crímenes franquistas, después de Argentina. 

ETIQUETAS: Amnistía Internacional,  España,   Informe,  2017,   libertad de expresión

Los límites a la libertad de expresión aumentan en España hasta terminar en una celda de prisión

Aumentan las sentencias por una serie de delitos que acaban con los acusados en la cárcel con penas similares a las de las lesiones graves. La existencia de las redes sociales permite crear numerosos casos de incitación a la violencia por personas que nunca llegarán a ejercerla. Condenados por sus letras: los casos contra La Insurgencia, Valtonyc y Pablo Hasel

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Juicio a los raperos de La Insurgencia en la Audiencia Nacional. EFE

Paul Chambers se levantó de la cama un 6 de enero de 2010 con todas las ganas de coger un avión. Tenía un billete con destino a Belfast para ver a la chica con la que estaba saliendo y a la que había conocido en Twitter. Llegó al aeropuerto Robin Hood, en South Yorkshire, lo encontró cerrado por la nieve y estalló. En Twitter, claro: “¡Mierda! El aeropuerto Robin Hood está cerrado. ¡¡Tenéis una semana y algo más para arreglar esta mierda o voy a volar este aeropuerto por los aires!!”. 

La policía lo detuvo una semana después, lo que provocó una gran polémica en los medios. ¿Realmente era una amenaza terrorista real viniendo de un chico de 25 años de no muchas luces? Los jueces pensaron que no podían dejar pasar el aviso. Lo condenaron en primera instancia y volvieron a hacerlo en el primer y segundo recursos. Sólo cuando el caso llegó al Tribunal Supremo,  decidieron absolverlo en julio de 2012.

¿Cuál había sido la pena inicial de prisión? Ninguna. Había sido condenado a pagar una multa de 385 libras, más la obligación de pagar las costas de 600 libras (equivalentes a 1.130 euros en total). Y había perdido el empleo a causa de la detención. 

En España una condena a pagar 1.130 euros sería casi un alivio para muchos de los acusados que han pasado por la Audiencia Nacional en los últimos meses. Delitos como incitación al odio, enaltecimiento del terrorismo o injurias al rey han llevado a la imposición de penas que suponen el ingreso en prisión. Son penas similares a las de los delitos de lesiones graves.

La acumulación de estos casos podría hacer pensar que en España el terrorismo es una amenaza permanente o que el debate público está teñido de violencia y amenazas. Eso era lo que ocurría en muchos momentos de la Transición a finales de los 70 y los 80, época descrita en general por los medios de comunicación como un éxito de la sociedad española.

¿Entonces por qué ahora ese activismo judicial y policial contra delitos manifestados a través de la opinión? ¿Esas sentencias quieren decir que estamos peor que en los 80 en cuanto a respeto a los derechos civiles?

“Esa es una percepción basada en la realidad”, opina Jacobo Dopico, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Carlos III. “Nos encontramos ante una situación de alarma que se ha creado rápidamente en pocos años al haberse producido un giro en la interpretación de tres o cuatro grupos de delitos: enaltecimiento del terrorismo, incitación al odio y discriminación, que se ha ampliado de forma insostenible, delitos que han revivido como los referidos a los sentimientos religiosos, y las ofensas a instituciones como la Corona”. 

La ofensiva judicial

La intensa dedicación de Policía, Guardia Civil y Fiscalía a lo que se dice en redes sociales y a la actividad de grupos de música ha desembocado en varias sentencias en los últimos meses. 

A los integrantes del colectivo rapero La Insurgencia,  la sentencia de la Audiencia Nacional les condenó en diciembre por ensalzar “de manera casi sistemática a la organización terrorista” de los Grapo y adoptar una “tónica subversiva frente al orden constitucional democrático”. Resultado: dos años y un día por enaltecimiento del terrorismo.

Al rapero Valtonyc, tres años y seis meses por enaltecimiento del terrorismo, calumnias e injurias graves a la Corona, según la sentencia del Tribunal Supremo. “Mataría a Esperanza Aguirre, pero antes le haría ver cómo su hijo vive entre ratas”, fue una de las frases citadas en la sentencia.

Con César Strawberry, ocurrió lo contrario a lo habitual. Le absolvió la Audiencia Nacional, pero le condenó el Supremo, a pesar de que el músico confirmó su rechazo explícito de la violencia. 

En el caso de Strawberry, Dopico cree que su sentencia “contradice cuestiones establecidas por el Tribunal Constitucional (TC) y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos”. Incluso las apelaciones genéricas a la violencia no son automáticamente constitutivas de delito, por mucho rechazo social que provoquen en la mayoría de la sociedad. Si no hay riesgo real de que se produzcan esos actos violentos, si no hay una intención clara de plasmar esas palabras en violencia física, el TC se muestra reacio a aceptar esas condenas. 

Por el contrario, los autores de los atestados policiales y los autos de la Fiscalía reflejan una sucesión de frases de contenido violento como si fueran llamamientos explícitos a una violencia que afortunadamente nunca llega a producirse. Entre otras cosas, porque por muchos tuits que dediquen a los Grapo personas que ni saben lo que era ni habían nacido cuando cometieron sus crímenes, los Grapo no van a resucitar. 

En muchos casos, son los tribunales y los medios de comunicación que informan de sus decisiones los que hacen de altavoz de esas declaraciones. En definitiva, los que los extienden, muchísimo más que sus autores originales.

El abogado Arkaitz Terrón fue juzgado en marzo de 2017 por nueve tuits publicados a lo largo de seis años en los que se refería a Carrero Blanco, ETA y el rey Juan Carlos desde una cuenta de Twitter que tenía una repercusión insignificante. Tras el juicio –antes de saber que sería absuelto–, dijo que tenía claro por qué estaba allí: “El Estado quiere que cuando un chaval vaya a tuitear se lo piense dos veces”.

Por eso en otros juicios celebrados esos días varios acusados aceptaron reconocer su culpabilidad a cambio de una pena que no les suponía el ingreso en prisión. A Terrón no le extrañaba: “Yo pude pagarlo (abogados, viaje y fianza), pero si no tienes recursos, lo primero que haces es reconocerlo todo, o si no, te hunden la vida”.

Sobre los efectos de esos mensajes

La repercusión de cualquier posible incitación a la violencia debería ser un factor relevante en la investigación policial. El riesgo que suponen esas palabras para la sociedad debería valorarse para establecer si es delito y en qué gravedad. Twitter y Facebook tienen herramientas para medir la repercusión de esos mensajes y traducirla en cifras.

En varios juicios, los agentes han reconocido que no las usan. Los números que saldrían podrían llegar a ser ridículamente bajos. Ningún fiscal se atrevería a presentarlos ante el tribunal como prueba. 

El Tribunal Supremo ha llegado al extremo de avisar de que  un retuit puede ser delito. Repetir para tus seguidores un mensaje escrito por otra persona puede llevarte a la cárcel. Se refirió en una sentencia al acto de reenviar mensajes o imágenes de apoyo a ETA o de homenaje a terroristas.

El RT –que significa cosas distintas para personas diferentes en Twitter, como sabe cualquier usuario de la red social– puede ser delictivo, según el Supremo, porque el Código Penal no exige “que el acusado asuma como propio, razone o argumente la imagen y su mensaje, ni tampoco que sea el que lo haya creado; basta que de un modo u otro accedan a él, y le den publicidad, expandiendo el mensaje a gran cantidad de personas”.

Retuitear es también una forma de contar lo que está pasando sin hacer más comentarios. O de provocar a los lectores con algo que quizá preferirían no ver. El Tribunal Supremo sólo parece tener una definición para ese concepto. 

La protección judicial de la monarquía

La libertad de expresión nunca ha sido un derecho absoluto, pero es realmente relativo cuando se topa con la figura del rey. Desde los tiempos de  la famosa portada de El Jueves en 2007 con los entonces príncipes de Asturias, la Justicia ha adoptado como misión condenar los ataques u ofensas que recibe, en ocasiones con el argumento poco sostenible de que el monarca no es una figura política –por tanto sujeta a un nivel alto de crítica a diferencia de un ciudadano corriente– por no formar parte de un partido político.

“El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) tiene una jurisprudencia muy clara y sólida”, recuerda Joan Barata, de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Expresión (PDLI, de la que forma parte eldiario.es), “en virtud de la cual los ordenamientos no pueden otorgar una protección especial y cualificada a sus cargos e instituciones más importantes, sino más bien al contrario, permitir un mayor grado de crítica e incluso ataque por tratarse de instituciones públicas que deben encontrarse sujetas al cuestionamiento y escrutinio ciudadano en el marco de una democracia”.

Los tribunales españoles deberían saberlo. En 2011, el TEDH  condenó al Estado español a indemnizar a Arnaldo Otegi con 20.000 euros por la condena a un año de prisión por llamar al rey “jefe de torturadores”. 

La respuesta al odio machista

Hay una sentencia muy reciente que no ha tenido tanta repercusión ni críticas en las redes. El Tribunal Supremo  condenó la semana pasada a dos años y seis meses a un tuitero de 22 años por su incitación a la violencia contra las mujeres con mensajes como “53 asesinadas por violencia de género machista en lo que va de año, pocas me parecen con la de putas que hay sueltas”.

Los delitos de incitación al odio pretenden establecer una protección especial a colectivos que sufren algún tipo de discriminación. “Son herramientas que existen en el Derecho Penal desde hace poco tiempo. Persiguen afirmaciones que, dada la situación discriminatoria de algunos grupos, puedan alentar conductas violentas de otras personas”, explica Jacobo Dopico. 

La defensa de la violencia de género no es desde luego un bien jurídico que haya que proteger. Pero el riesgo de que se intente criminalizar conductas despreciables que merecen el reproche social o moral, pero no el penal, puede también existir aquí. “Me cuestiono que estos cinco tuits del joven machista condenado, sean peligrosos, que conlleven un riesgo concreto y cierto de alimentar un clima de hostilidad o discriminación contra las mujeres”, opina la abogada  Isabel Elbal en un artículo. 

En este caso, Twitter cerró una de sus cuentas después de que los usuarios protestaran por sus mensajes. Fue un caso –no se puede decir que muy frecuente– en que la red social reaccionó ante las peticiones de otras personas. Es decir, la sociedad reaccionó ante un problema serio y, como dice Elbal, “el uso de Twitter no supuso una posición de superioridad desde la que el machista se impuso con sus crueles y ofensivos mensajes”. 

En todos los países en que existe la tipología de delito de (incitación al) odio, se tiene claro que se busca proteger a minorías, sobre todo étnicas o religiosas. En España, al Ministerio de Interior se le ha ocurrido que puede utilizarse también para denunciar las críticas a las fuerzas de seguridad, con lo que podemos encontrarnos con que lo terminen utilizando todas las profesiones para meter en prisión a sus adversarios reales o imaginarios.

No se puede negar que en las redes sociales abundan los insultos, las amenazas y la violencia verbal. Es un problema político y social que no se resolverá metiendo a miles de personas en prisión. “La Constitución y la libertad de expresión protegen también a las personas que las niegan”, dice Dopico. “Sólo si hay incitación a la violencia y hay riesgo real de que se aplique es cuando la justicia debe actuar”.

ETIQUETAS: Libertad de expresión,   enaltecimiento del terrorismo,   Justicia

Estibadoras y mecánicas: siete pioneras en los trabajos más masculinizados de nuestro país

El documental interactivo En la brecha es un mosaico de siete mujeres que trabajan en profesiones dominadas por hombres, como los eSports, la alta cocina o la estiba. Hablamos con su directora, Claudia Reig, que quiere transformar el proyecto en una enciclopedia de referentes femeninos e invita a las usuarias a colgar sus testimonios en la web.

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Yadira Taberner, mecánica y protagonista de ‘En la brecha’

“No hay mujeres estibadoras, mecánicas, entrenadoras de fútbol o chefs”, les dicen a las mujeres estibadoras, mecánicas, entrenadoras de fútbol y chefs. Es un discurso que nos hemos tragado y por el que las valientes que se atreven a destacar en una profesión de hombres son llamadas despectivamente raras avis, pero nunca pioneras o referentes.

El género femenino está en clara desventaja en lo que a búsqueda de inspiración se refiere. Hay un evidente desnivel histórico, pero también influye que aquellas referentes actuales no se consideren como tal. O que no se lo permitan.

Por eso, el documental En la brecha cumple esa doble misión de reconocimiento y de enciclopedia para las profesionales del mañana en cualquier ámbito, pero sobre todo en los más masculinizados.

La productora Barret lo estrenará el jueves 22 de marzo en la página de RTVE, pero advierten de que no se trata de un documental al uso. Es interactivo, así que no basta con sentarse frente al televisor y darle a un botón. Hay que navegar. “De esta forma, las espectadoras se convierten en creadoras, con la opción de colgar su propio testimonio en la web”, cuenta a eldiario.es Claudia Reig, directora de En la brecha.

El documental parte de la experiencia en primera persona de siete mujeres que ejercen profesiones tradicionalmente masculinizadas. Laura (técnica de sonido), Yara (CEO de eSports), Yadira (mecánica), Esther, (la primera cirujana negra), Raquel (chef), Patricia (entrenadora de fútbol) y Natalia (estibadora).

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Esther Nve Obiang, cirujana y protagonista de ‘En la brecha’

Según cuenta Reig, todo comenzó con esta última. “El 8 de marzo de 2017 nos acercamos al puerto de Valencia, donde las más de 300 estibadoras se estaban organizando para dar visibilizad a su trabajo. Las seguimos de cerca y nos entendimos genial. Fue de las primeras veces que noté que me trataban como interlocutora”, desvela la directora.

Entre ellas estaba Natalia, “que se reveló como líder del grupo durante ese mes”. Una joven que no solo había conseguido ser estibadora sin apenas referentes, sino que se estaba formando para ser la primera mujer trincadora de España.

“Es un trabajo muy físico que siempre han hecho los hombres. Tienen que subirse encima de los contenedores y quitar las barras de hierro transversales para que se puedan descargar del barco. Ella quiso hacerlo desde el principio. Es una tía que está fuerte y que adora el deporte, pero no daban ni un duro por ella, e incluso hicieron una apuesta entre los hombres del puerto. Ha dejado con la boca abierta a más de uno”, explica Reig.

De Natalia surgieron las otras seis, buscando en sectores tan feminizados como la cocina –”que solo se ha prestigiado cuando los hombres lo han ocupado”, y en otros espacios más modernos, como los eSports, donde “se replican de forma sorprendente los estereotipos y las tradiciones misóginas”.

Agendas de superheroínas

En la brecha descubre a cada una de estas pioneras a través de sus agendas, “un objeto muy gráfico para representar la vida laboral de la mujer y su cotidianidad”, como explica su ideóloga.

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Agenda de Natalia, estibadora y protagonista de ‘En la brecha’

Un boceto muy útil para entender que la rutina de Natalia, por ejemplo, no se basa solo en la estiba, sino en sus clases de trinca, su entrenamiento de paleo o las reuniones feministas para organizar el próximo 8M. Que la de Esther va desde las guardias, los cambios de guardia y las cirugías, hasta preparar los cumpleaños de sus tres hijos o salir a correr. O que a Yadira, además de los motores y la mecánica, le apasiona la pesca del salmón.

Con esto, Reig y su equipo pretenden derribar falsos mitos y abren el debate a otros asuntos peliagudos como la maternidad o el éxito profesional. “La más joven tiene 24 y la más mayor 45, así que representan ese punto de inflexión en la carrera, cuando se define hasta dónde puedes llegar y, por desgracia se imponen algunos límites”, dice Claudia en referencia a la maternidad.

“De hecho, de los siete perfiles, solo hay una madre. Todas mencionaron que habían tenido que tomar la difícil decisión de avanzar en sus carreras o de tener hijos, porque no lo veían compatible. Un hombre, normalmente, no renuncia a una cosa por la otra”, denuncia.

La maternidad se ha convertido en uno de los temas centrales del debate de la libertad de la mujer, de sus dificultades al conciliar en el trabajo y del respeto por la decisión de tener hijos o no tenerlos. Todos esos supuestos no caben en siete casos, por eso En la brecha tiene una segunda parte que se basará en los testimonios de las mismas espectadoras. Toda aquella que quiera participar, puede subir vídeos de un minuto sobre la maternidad y otros seis grandes debates de la mujer en el mundo laboral.

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Natalia Vicente en la trinca

Las siete cruces de la trabajadora

La mencionada conciliación, los micromachismos, el salario, el liderazgo, el techo de cristal, el acoso y los referentes conforman los siete grandes bloques de la web. “Seguro que nos faltan muchos, pero queríamos ayudar a romper el aislamiento y el espejismo de excepcionalidad en el que muchas mujeres se encuentran. Porque la discriminación persiste en la práctica totalidad de los ámbitos profesionales”, explica Reig.

Haciendo uso de estos testimonios recopilados hasta marzo, la productora realizará un largometraje que ponga el acento en la asiduidad de estas dinámicas laborales. ¿A qué se enfrentan cada día las mujeres en su puesto de trabajo? Aunque siempre ha sido relevante,  En la brecha ha tenido la fortuna de estrenarse en el año de la mujer, a las puertas del 8 de marzo y cuando el feminismo y la igualdad alcanzan por fin las cabeceras del país.

“Cuando empezamos a diseñarlo, no existía el movimiento me too ni toda esta revolución de los últimos meses. Seguro que si lo sacamos hace un año, la gente no se hubiese interesado igual”, confiesa Claudia Reig. “Ahora hay un efecto contagio de hablar, de visibilizar y de ayudar a concienciar. Creo que es un proyecto necesario y que va a tener el feedback que necesita la sociedad para cambiar un poco”, asegura.

Porque, como ella misma explica, en la brecha no solo simboliza la brecha de género, la salarial, la de diferencia de trato o la del acoso sexual. “Estar en la brecha significa estar al pie del cañón, continuar en primera fila y seguir luchando por transformar el sistema”.

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El hombre no posee el poder de crear vida. No posee tampoco, por consiguiente, el derecho a destruirla. (Mahatma Gandhi)

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