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“Esto no lo he firmado yo”: el ‘error’ que puede desmontar las declaraciones contra los jóvenes de Alsasua

El dueño del bar Koxka donde supuestamente se produjo la agresión a los guardias civiles negó el miércoles haber realizado una declaración que consta en el sumario. Los peritos que elaboraron los informes policiales de inteligencia tratarán de probar en el juicio la vinculación de los hechos con el terrorismo. Víctimas contra testigos en la primera semana del juicio a los jóvenes de Alsasua

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Imagen del juicio contra los ocho jóvenes de Alsasua

Sucedió  el pasado miércoles durante la tercera sesión del juicio que se sigue en la Audiencia Nacional contra ocho jóvenes de Alsasua acusados de agredir y amenazar a dos guardias civiles y a sus parejas la madrugada del 15 de octubre de 2015 en el bar Koxka de la localidad navarra. Declaraba uno de los principales testigos de la causa, el dueño del local, Josu Muñoa, que aseguraba sin embargo no haber visto ninguna agresión a los agentes dentro de su bar ni podía identificar a los encausados –para quienes la Fiscalía pide en total 375 años de cárcel– como autores del ataque. Se limitaba a señalar que se enteró de que había habido una “bronca” fuera del bar cuando al salir del mismo vio al teniente tirado en el suelo. Y aseguró que la novia de éste, María José, le llamó “hijo de puta dos veces”, quizás confundiéndole con otra persona.

El fiscal intervino, e hizo alusión a una supuesta declaración anterior de Muñoa que consta en el atestado policial incorporado a la causa y que explica que el hostelero aseguró que la agresión había sido premeditada y que los jóvenes que habían participado en la misma sabían pegar. Incluso la sala le mostró el folio de la declaración que consta en el sumario. El testigo no disimuló entonces su sorpresa: “Esto no lo he firmado yo. Dije una cosa pero aquí hay cosas que yo no dije. No podía saber ni si fue premeditado ni si participó gente que sabía pegar porque ni siquiera vi nada”. Además, aseguró haber declarado ante la policía el domingo, un día después del suceso, y no el lunes, como sostenía el Ministerio Público.

Este error suponía un importante golpe para la estrategia de la acusación, que trata de defender que la agresión estuvo previamente organizada, y que incluso puede considerarse terrorismo por la supuesta vinculación de los acusados con los movimientos Ospa o Alde Hemendik, dedicados a reivindicar la salida de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de Euskadi y Navarra. Se trataba de uno de los testigos clave, uno de los pocos que podían confirmar la versión relatada con crudeza y emoción tanto por los propios guardias civiles como por sus parejas un día antes, en la sesión del juicio del martes.

Pero ni el dueño del bar ni su camarera refrendaron el relato que considera que el ataque se inició dentro del Koxka y que quien comenzó la agresión fue Jokin Unamuno –en prisión provisional y para quien la Fiscalía pide 50 años de cárcel– a quien le siguieron propinando “golpes, patadas y empujones” los también encarcelados Oihan Arnanz y Adur Ramírez de Alda, así como Aratz Urriozola, Julen Goikoetxea, Jon Ander Cob e Iñaki Abad, todos ellos en libertad provisional. Es más, la declaración de Muñoa levantó nuevas sospechas sobre la polémica instrucción, dando argumentos sobre su supuesta irregularidad a las defensas de los acusados.

Nada más producirse esa declaración la  cuenta de Facebook Altsasuko Gurasoak, que reúne a los padres de los jóvenes encausados, hacía público un mensaje en el que se recogían las palabras de Muñoa negando que su firma estuviera en la declaración que consta en el atestado policial. “Esto no tiene nombre”, consideraban, antes de reivindicar en euskera la libertad de los implicados, así como denunciar los “montajes policiales”.

El error beneficia a la defensa que, por el momento, ha conseguido que, con la excepción de las víctimas –los guardias civiles y sus parejas– ningún otro testigo presencial de la agresión  haya confirmado con exactitud cómo se produjo, ni haya identificado a sus autores como los jóvenes que se sientan en el banquillo de los acusados. No obstante, es preciso recordar que todos esos testigos son amigos o conocidos de los encausados y que, a preguntas de la acusación, reconocieron haber participado en movilizaciones en su apoyo.

La acusación confía en que a partir de este lunes, cuando se retoma el juicio en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid), las declaraciones de los peritos que elaboraron los informes policiales de inteligencia sirvan para probar tanto la autoría de los hechos como su vinculación con el terrorismo. Una supuesta relación que ha permitido a la Fiscalía solicitar penas que harían que los jóvenes pasasen prácticamente el resto de sus vidas en prisión.

ETIQUETAS: alsasua,   agresión,   guardias civiles,   juicio

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El consejero de Educación de Cifuentes era uno de los responsables de vigilar el instituto que organizó el máster de la presidenta

Rafael van Grieken fue responsable de Investigación de la Rey Juan Carlos hasta junio de 2012, el curso de Cifuentes, y debía fiscalizar la actividad del Instituto de Derecho Público. ”Como vicerrector no tenía esas competencias”, dice. Su asesora en la Consejería María Teresa Feito fue la emisaria enviada el día 21 de marzo al rectorado durante el gabinete de crisis por la publicación del caso del máster de Cifuentes. Además, ahora como consejero tiene la obligación de revisar las memorias anuales del Instituto, que hasta el pasado 3 de abril ni siquiera estaban publicadas on line como obliga la Ley de Transparencia. El rector de la URJC presenta a su candidato como el avalado por la Comunidad de Madrid

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Rafael Van Grieken, consejero de Educación de la Comunidad de Madrid y Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad. Foto: CAM

El consejero de Educación de Madrid, Rafael van Grieken, ha tirado de manual durante el escándalo del máster de Cristina Cifuentes: “Respeto a la autonomía universitaria”. Pero Van Grieken ha tenido y tiene responsabilidad sobre el Instituto de Derecho Público (IDP) de la Universidad Rey Juan Carlos, el organismo que organizaba el curso cuyo título ostenta la presidenta de Madrid:  era el vicerrector encargado de supervisar la investigació n, lo que incluye este tipo de institutos investigadores, cuando Cifuentes estaba matriculada. Como consejero desde 2015, está al cargo de revisar la actividad investigadora del IDP y de recibir sus memorias anuales.

V an Grieken estaba en el cargo de vicerrector de Investigación durante el curso en el que estuvo matriculada Cristina Cifuentes y cuando sucedieron las irregularidades, ya que fue nombrado vicerrector por Pedro González Trevijano (hoy magistrado del Constitucional por nombramiento del PP) en 2002 y se marchó en junio de 2012, cuando fue nombrado director de la Aneca (el organismo dependiente del Ministerio de Educación que evalúa al profesorado universitario). Cifuentes acabó supuestamente su máster en julio de 2012, según la versión que ha mantenido. 

El máster de derecho autonómico era impartido y organizado por este instituto, un organismo con gran independencia dentro de la Universidad y dirigido por Enrique Álvarez Conde desde 2001. Precisamente una de las competencias del vicerrector de Investigación de la URJC (el cargo que tuvo Van Grieken durante una década) es estar pendiente , bajo la ”dirección del Rector” de la actividad de los institutos universitarios, como describe las competencias del vicerrectorado la propia web de la URJC. Es el responsable de la “creación, organización y apoyo de los institutos universitarios de investigación”, añade la propia universidad en el cargo que ha desarrollado Van Grieken.  

El equipo de Van Grieken explica sin embargo que ”como vicerrector no tenía entre sus competencias” esta misión. Y añade que ”la propuesta de creación de este instituto universitario fue presentada en el Consejo de Gobierno por el Vicerrectorado de Coordinación y Campus. Durante los años posteriores, debido a su actividad docente de posgrado el Vicerrectorado encargado de su seguimiento fue el que tenía competencias en Institutos y Centros Univeritarios”. No especifica cu ál es si no era el suyo.

Sin embargo, los Institutos de investigación, como el IDP, dependen orgánicamente del Vicerrectorado de Investigación, cuentan a eldiario.es fuentes conocedoras de la estructura de gobierno de la Universidad Rey Juan Carlos. Es as í en la mayoría de universidades, de hecho.

Además, el vicerrector de Investigación encabeza la Comisión de Investigación, según los estatutos de la Universidad. Allí tiene que haber un representante de los institutos como el IDP de Álvarez Conde. Entre sus funciones está elaborar la memoria de la actividad científica de la institución y proponer el reparto del presupuesto de investigación al Gobierno universitario. Es decir, todo lo que pasaba en el IDP ten ía que pasar por los ojos de Van Grieken a través de esa comisión.

Durante el vicerrectorado de Van Grieken y hasta hoy, el IDP ha tenido competencia para administrar sus recursos y sin tener que ser fiscalizado, gracias a un privilegio que le dio el rector Pedro González Trevijano. Tiene CIF propio, concedido en 2010, una anomalía en este tipo de centros. Y ni siquiera presenta cuentas anualmente como le obliga la Ley de Transparencia. Solo cuando e ldiario.es ha denunciado que sus cuentas son opacas se han colgado online todas las memorias anuales, pero en ninguna hay balances, ingresos o se relatan las subvenciones.

Solo ha tenido un director: Enrique Álvarez Conde. Allí crecieron profesionalmente las profesoras Cecilia Rosado, Clara Souto y Alicia López de los Mozos. Las tres implicadas en el acta falsa de TFM de Cifuentes. El director les dirigió la tesis y ha ejercido de mentor, según ha explicado él mismo. También ha hallado cancha académica la pareja de Conde, Rosario Tur. Todos comparten grupos de investigación en el IDP en relaciones cruzadas. Conde, además, ha podido compatibilizar su labor en la universidad pública con una empresa privada dedicada a la docencia sin la preceptiva autorización oficial. Todas estas irregularidades han pasado sin levantar sospechas, entre otros, por los ojos de Van Grieken.

Pero es que una vez que llegó a la Consejería de Educación de Madrid nombrado por la presidenta de la Comunidad de Madrid ha vuelto a tener autoridad sobre el IDP. Cifuentes lo nombró consejero en junio de 2015. Desde entonces tiene entre sus responsabilidad supervisar el Instituto de Álvarez Conde,  según recoge el boletín oficial de la Comunidad que aprobó este organismo: “La Consejería de Educación, a través de la Dirección General de Universidades e Investigación, realizará el seguimiento de la actividad investigadora”. Sin embargo, eldiario.es solicitó las memorias del IDP a Educación el pasado 3 de abril, ya que no estaban preceptivamente publicadas en la web el instituto, sin obtener respuesta por parte de la Consejería de Van Grieken. Tras una segunda solicitud, argumentan que el IDP “ha venido cumpliendo” con el mandato de “publicar anualmente sus memorias en su web”. Realmente se colgaron tras la denuncia de eldiario.es y ninguna tiene cuentas publicadas.

Que Van Grieken tiene conexiones y mano sobre esta Universidad no deja de ser una obviedad: es uno de sus catedráticos y estuvo en su Consejo de Gobierno una década. Cuando se desveló que la presidenta de Madrid  ostentaba un título de máster de la URJC con notas retocadas, Van Grieken tenía a un lado a su jefa política y al otro, a su compañero académico, el actual rector de la Universidad, Javier Ramos. Ambos fueron vicerrectores en la URJC bajo el mandato de González Trevijano. “Entonces eran amigos”, cuentan dentro de la Universidad. De hecho,  el rector Ramos, se había convertido en catedrático gracias a un tribunal evaluador en el que se encontraba el químico Rafael van Grieken.

La  mañana del 21 de marzo, con toda la presión disparada por la publicación del caso del máster de Cifuentes,  llegó hasta el campus de la Universidad una asesora de Van Grieken y amiga personal de la presidenta: María Teresa Feito. Tenía la misión de intentar apagar el incendio y algunas fuentes aseguran que presionó a Enrique Álvarez Conde para encontrar documentos que avalasen los estudios de Cifuentes. Feito es profesora titular en la URJC y allí volverá cuando acabe su paso por la asesoría política. Ella misma confirmó a eldiario.es que es amiga personal de la presidenta y que estuvo en la universidad la mañana del gabinete de crisis, aunque explicó que no era por el caso máster sino por una charla que iba a dar un mes después.

Contentar a las dos partes

Públicamente, Van Grieken ha intentado contentar a sus dos mitades: la política y la universitaria. Ha sido capaz de pedir “por responsabilidad institucional” un margen para que la URJC “determine los hechos” que han rodeado el título de su jefa. Y, al mismo tiempo, asegurar estar “absolutamente convencido” de que Cifuentes asistía a las clases, que “cumplió con todo y que no recibió “trato de favor”. Ahora, la presidenta ha dado un volantazo arrepintiéndose de recibir un trato especial. Ha descargado toda la responsabilidad en los servicios de la universidad y ha “renunciado” al título.

Por debajo de esas palabras Van Grieken ha dejado rastro de una acción más soterrada. No es solo que su asesora acudiera como emisaria al Rectorado, sino que los documentos utilizados por Cristina Cifuentes para tratar de atajar la crisis de su máster –y distribuida entre los medios de comunicación– llegaron vía Consejería de Educación dirigida por Rafael van Grieken: el acta falsificada o la imagen del supuesto correo que el profesor Chico de la Calle remitió a la funcionaria Amalia Calonge para cambiar las notas por haber un fallo.  

La autonomía universitaria, consagrada en la Constitución, permite a los responsables políticos de educación desentenderse de asuntos espinosos. Este jueves, Van Grieken ha vuelto a poner el foco sobre la Universidad al asegurar en la Asamblea de Madrid que “e n lo que concierne al prestigio, de nuevo, corresponde a las propias universidades, en su conjunto y sobre todo de manera individual, labrarse el mismo”.

Estrategia similar a la que fue esgrimida por la Comunidad de Madrid al sucederse los casos de plagio que acorralaron al antiguo rector de la Rey Juan Carlos, Fernando Suárez. Una vez que la situación de Suárez se hizo insostenible hubo espacio para que el Gobierno de Cifuentes (con van Grieken dentro) maniobrase. El rector convocó elecciones, pero no se presentó. Como candidato al puesto apareció Javier Ramos, señalado como sucesor natural de Suárez.

El mismo Suárez no dudó en avalar a Ramos ante sus iguales docentes. En esas conversaciones, el exrector le otorgaba a Ramos el sello de hombre “de la Comunidad de Madrid”, como atestiguaron varios de los presentes y relataron en su momento a eldiario.es. Las elecciones las ganó Ramos: el canal de comunicación entre Móstoles y la Puerta del Sol quedaba asegurado.

ETIQUETAS: el máster de Cifuentes

La banca teme que la nueva ley de pagos beneficie a Google o Facebook

Ana Botín, presidenta de Banco Santander, encabeza las críticas públicas ante lo que entienden que es la desigual regulación para empresas que ahora competirán en el mismo negocio. La normativa, pendiente de su transposición, obliga a las entidades financieras a abrir sus datos a fintech y otras plataformas. Los grandes bancos tiran de las comisiones para mejorar su negocio ante los bajos intereses

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Una aplicación de pago con el móvil. EUROPA PRESS

Las reglas deben ser las mismas para todos. Esta frase se ha convertido en un mantra en el sector financiero cuando se habla sobre los cambios legislativos que llegan a transformar esta industria, como es el caso de la nueva directiva de medios de pago, conocida abreviadamente como PSD2. Este nuevo marco obliga a la banca a abrir los datos de clientes a terceros, cuando estos otorguen el consentimiento, lo que da pie a la entrada de nuevos actores, que pueden ser incluso las temidas Google, Facebook o Amazon. Bruselas abre expediente a España por el retraso en la transposición de la directiva de medios de pago

La que más alto ha hablado en este sentido ha sido Ana Botín, presidenta de la mayor entidad financiera española, Banco Santander. La directiva defendía esta semana en una entrevista en el británico Financial Times que “la teoría de la normativa estaba muy bien pero tiene que ser justa” y que, por tanto, necesitaba ser “revisada”. Preguntado por estas críticas, un portavoz de la patronal española, AEB, subraya que “es importante que a la misma actividad, haya las mismas normas”. La patronal de la banca pide una subida de salarios, siempre que se mantenga la competitividad

Las críticas se centran en un punto clave: los datos. La banca antes tenía el “monopolio” sobre la información financiera de los clientes, como señalan expertos en el sector que prefieren no ser identificados, y ahora se ven obligados por esta normativa a abrirlos a terceros para realizar pagos. De este modo, se abre la puerta a la entrada de nuevos competidores que van desde las fintech, a las grandes tecnológicas o incluso el comercio, que puede lanzar sus propias herramientas de pago.

Si antes cualquier pago que no fuera en efectivo se hacía con intermediarios, como las tarjetas o las propias entidades financieras, ahora los bancos estarán obligados a abrir sus datos a nuevos operadores, que conectarán directamente al emisor del cobro con la cuenta del consumidor. Los expertos señalan que esta normativa está llamada a introducir competencia en los medios de pago, a incluir mayor seguridad en los mismos y a impulsar la digitalización del negocio.

Más allá de Botín y de algunas declaraciones de José María Roldán, presidente de la AEB, el sector no ha levantado en exceso la voz contra la normativa, pero los expertos reconocen que preocupa a todos por igual. La principal crítica que se hace es que, mientras ellos tienen que ceder sus datos a terceros, estos no se los ceden a ellos. Es decir, Google o Facebook pueden entrar a conocer los movimientos en la cuenta de un usuario si crean una pasarela de pagos y este les otorga el permiso, pero una entidad no puede acceder a la información que estos gigantes de internet tienen sobre sus clientes. Estos datos pueden ser, por ejemplo, las búsquedas que realizan o las páginas que les interesan, lo que permitiría segmentar e individualizar mejor sus productos.

Fernando Rufilanchas, responsable de servicios financieros de Accenture, puntualiza que la directiva incluye recomendaciones y que los requisitos específicos no se formalizarán hasta el año que viene, cuando se completará la entrada en vigor de esta normativa. El directivo defiende que la normativa será “beneficiosa” para todas las partes implicadas. “El aumento de la transparencia y la competitividad permitirá elegir más y mejor a su proveedor de información”, subraya. La consultora tecnológica defiende que el banco podrá acceder con estas herramientas a nuevos consumidores.

Otros expertos, sin embargo, señalan que la nueva legislación abre dos vías para la pérdida de ingresos para la banca. Por un lado, el acceso de terceros a datos de los clientes de las entidades permitirá que puedan hacer ofertas a los consumidores para mejorar las condiciones que tienen con sus bancos. Por otro, al perder también el papel protagonista en las operaciones de pago, tendrá un impacto en sus ingresos, según señalan estos analistas.

El mismo artículo en el que Botín critica la regulación, el Financial Times cita un informe de  Citigroup en el que se cifra en más de un tercio el volumen de ingresos que perderán los bancos hasta 2025 por la disrupción digital en negocios como los pagos o los créditos a las pymes. Esta estimación no estudiaba únicamente el impacto de la PSD2 sino de los cambios tecnológicos en el sector.

Los analistas puntualizan que la nueva normativa es un “reto” para la banca de la Europa continental. Señalan que si se trasladara a otros negocios, como los créditos al consumo, transformaría por completo su modelo de negocio, muy basado en dar muchos servicios a un cliente, en lugar de que éste tenga los distintos productos disgregados entre varias entidades, como ocurre por ejemplo en Reino Unido.

Aunque no todo es negativo para la banca, según los expertos. Igual que la llegada de nuevos actores puede afectar a la presión competitiva, cada entidad podrá optar por adentrarse en estos negocios más modernos para arañar clientes a otros rivales. Estos analistas entienden que es un gran reto y que los vencedores serán los que se adapten mejor a costa de los competidores.

La directiva entró en vigor el pasado 13 de enero. Sin embargo, una quincena de países, entre los que se encuentra España, todavía no han formalizado su inclusión en la regulación nacional. En el caso español, la Comisión Europea comunicó al Gobierno recientemente la  apertura de un expediente sancionador por el retraso en los trámites. El Ministerio de Economía confía en aprobar el Real Decreto antes de este verano.

ETIQUETAS: banca,   medios de pago,   regulación,   competencia,   tecnología

La justicia de proximidad también se rebela contra Catalá: los jueces de Paz se sienten abandonados

La Asociación de Jueces de Paz de Madrid pide al ministro una mejora en sus condiciones y reclama más medios y competencias para la justicia de proximidad. “Los juzgados de Paz de todas las comunidades estamos que echamos humo. Estamos abandonados, Jueces y fiscales inician sus acciones de protesta sin avances en las negociaciones con el Ministerio..esa es la palabra”, dice el presidente de la asociación. Sus reivindicaciones se suman a la convocatoria de paros de jueces y fiscales que dio inicio esta semana y que amenaza con alargarse hasta mayo. Jueces y fiscales pactan un calendario de movilizaciones y amenazan con una huelga

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Sede del Juzgado de Paz de la Villa Histórica de Santiago del Teide.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha sumado un nuevo frente abierto después de la convocatoria de paros de jueces y fiscales que amenaza con culminar en una huelga general en mayo: el de los jueces de Paz. “Los Juzgados de Paz estamos que echamos humo. En todas las comunidades dicen lo mismo. Estamos abandonados, esa es la palabra”, explica a eldiario.es Félix Gallego, presidente de la Asociación de Jueces de Paz de la Comunidad de Madrid.

Esta asociación ha enviado un escrito al propio ministro Catalá y a la Comisión de Justicia del Congreso en el que piden una mejora en la retribución que recibe esta figura, la más desconocida de los órganos judiciales. Los jueces de Paz, presentes en todos los municipios en los que no hay ningún Juzgado de Primera Instancia, se encargan de mediar en los conflictos vecinales para intentar evitar las denuncias, pueden celebrar actos de conciliación, cumplen las funciones del Registro Civil y tienen capacidad para expedir certificados de defunción y nacimiento.

Los jueces y juezas de Paz no pertenecen a la carrera judicial −no tienen por qué ser titulados en Derecho− y son elegidos por la mayoría absoluta del pleno del Ayuntamiento por un período de cuatro años. Pueden compatibilizar su cargo con otra actividad profesional y perciben una retribución sujeta a los Presupuestos Generales del Estado dependiendo de la población del municipio, que la Asociación de Jueces de Paz de la Comunidad califica de “escasa” en el documento enviado al titular de Justicia. La cuantía se divide en cinco tramos, desde los 1.094,4 euros al año en las poblaciones de menos de 2.000 habitantes a los 4.377,14 euros anuales en el último módulo, los municipios con más de 15.000 vecinos.

La Asociación de Jueces de Paz de la Comunidad de Madrid critica que la retribución sea la misma pese a la diferencia del volumen de trabajo entre los Juzgados de municipios de 15.000 habitantes a los de 50.000 y 90.000: “Poblaciones como San Sebastián de los Reyes, Las Rozas o Tres Cantos pasan de los 50, 60 y 70 mil habitantes. Los módulos que actualmente rigen están totalmente obsoletos. Lo que pedimos es que un juzgado de 100.000 habitantes, qué menos que reciba el salario mínimo interprofesional”, explica Félix Gallego, presidente de la organización, en conversación con eldiario.es.

Realizan a Justicia tres peticiones fundamentales: un incremento en la dotación de los jueces que ejercen en poblaciones de más de 15.000 habitantes, que se aplique a esa cantidad la subida del 8% anunciada para los funcionarios y que la cuantía que perciben no esté gravada por el IRPF dado que no están unidos por una “relación funcionarial ni de empleo con la Administración”. En el documento que han presentado en el Congreso proponen una tabla que incluya otros dos tramos de población: de 25.000 a 49.999, y más de 50.000 habitantes. Las remuneraciones serían de 5.471,41 euros y 6.565,68, respectivamente.

Ponen sobre la mesa de Justicia la “disponibilidad total” del cargo, que requiere que estén de guardia sábados, domingos y festivos en caso de que, por ejemplo, se produzca un fallecimiento y tengan que firmar la licencia de enterramiento. Gallego, juez de Paz durante 24 años en Ciempozuelos, asegura que están en una “guardia permanente”: “Este pueblo tiene 27.000 habitantes, hay cinco residencias de la tercera edad y dos centros psiquiátricos. Hay mucho movimiento del Registro Civil. Estabas todo el día en el juzgado firmando defunciones. Si se cierra el juzgado a las 15.00 de la tarde del viernes, ¿qué pasa sábado y domingo?”. “La persona que se mete a juez de Paz es por vocación, no por ganar dinero. Al contrario: perdemos dinero”, incide.

Gallego reclama también mayores competencias para los jueces de Paz y un aumento de la dotación de medios materiales y humanos para reforzar los juzgados: “La justicia de primera instancia está atascada, hay que dar más competencias al juez de Paz y darle más medios, tanto materiales como humanos. Hay que reforzar los juzgados”.

Aunque el documento haya partido de la asociación madrileña, las peticiones se repiten en todo el territorio. “Los juzgados de Paz de las distintas comunidades estamos que echamos humo. Es la pura verdad. Es la misma situación en todas partes. Estamos en contacto, somos 12 o 13 asociaciones en España, y todos estamos abandonados. Esa es la palabra”, afirma.

Tercer frente para el ministerio de Catalá

El presidente de la Asociación de Jueces de Paz de la Comunidad de Madrid dice que hay un “desinterés” desde el ministerio que ahora encabeza Rafael Catalá por mejorar sus condiciones laborales, aunque la situación se ha alargado durante los años: “Estando de ministro López Aguilar [ministro de Justicia entre 2004 y 2007, durante el primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero], me reuní con él y la pregunta fue: ‘Señor ministro, ¿usted valorará el trabajo de los jueces de Paz?’. Me dijo: ‘Félix, ni lo valoramos ni tenemos dinero para pagar lo que hacéis vosotros'”, recuerda.

Las reivindicaciones de este colectivo se unen a las protestas iniciadas por jueces y fiscales esta misma semana  tras la ausencia de avances en las negociaciones con Justicia, aunque desde la asociación aseguran que se trata de una coincidencia temporal. Jueces y fiscales están llamados a realizar paros parciales los jueves de cada semana durante un mes y, en caso de no haber acuerdo, convocarán en una huelga general el día 22 de mayo.

En junio de 2017 las asociaciones de fiscales firmaron un documentos con 14 propuestas de mejora en la Justicia −entre ellas, derogar los plazos máximos de instrucción o la paralización de la implantación de la justicia digital ante sus problemas de uso− que han sido ignoradas por el Ministerio. Los jueces, por su parte, reclaman reforzar su independencia, reformar la elección del Consejo General del Poder Judicial o la mejora de las condiciones profesionales de los miembros de la Carrera Judicial. 

ETIQUETAS: Jueces de paz,   Ministerio de Justicia,   Rafael Catalá

La vida de los 19 directivos multados por falsear la competencia en España: la mayoría siguen en sus puestos

Más de la mitad de los directivos a los que la CNMC ha sancionado personalmente por participar en cárteles continúan vinculados a sus empresas. La ley permite imponer sanciones de hasta 60.000 euros desde 2007, pero la primera no llegó hasta 2016. La mayor hasta ahora, de 36.000 euros, corresponde a un directivo de Prosegur que ha abandonado recientemente sus cargos en la multinacional.

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Prosegur es una de las empresas con un directivo sancionado por participar en un cártel.

¿Cómo afecta a un directivo ser multado de manera personal, con su nombre y apellidos, por su participación en un cártel? Desde que hace dos años la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) impuso las primeras sanciones de este tipo, no ha habido grandes repercusiones en la carrera profesional de la mayor parte de los 19 directivos en esa situación. No obstante, en los últimos meses algunos ceses indican a que varios sí han cambiado de aires.

Es difícil dar una cifra precisa, porque la mayoría de empresas consultadas no comenta este asunto. Pero la información disponible en el Registro Mercantil y los datos de las compañías apuntan a que más de la mitad de los directivos multados por estas conductas siguen ocupando puestos de alta responsabilidad en esas empresas.

Las sanciones personales están contempladas en la ley de Competencia desde 2007. Las primeras datan de mayo de 2016. Desde entonces, la CNMC las ha impuesto en cuatro expedientes, con multas para las empresas participantes por un importe global de 186,96 millones y 19 directivos sancionados con algo menos de 160.000 euros. 

El cómputo no tiene en cuenta un expediente por el que se sancionó con 13.000 euros a varias tiendas de fotografía por un cártel en el negocio de las orlas universitarias. En ese caso, hubo cinco sancionados a título personal, pero se trataba de trabajadores autónomos. Algunos ni siquiera la recurrieron en los tribunales.

La sanción máxima que contempla la ley de Defensa de la Competencia para un directivo en estos supuestos es de 60.000 euros, importe que nunca se ha alcanzado. La mayor multa hasta ahora (36.000 euros) ha correspondido a José Luis Illana García, directivo de Prosegur, que fue sancionada junto a su rival Loomis en noviembre de 2016 con 46,4 millones por repartirse el mercado de gestión de dinero en efectivo de bancos y diversas entidades públicas.

La mayor parte de esa sanción, 40 millones, correspondió a Prosegur, de la que Illana era director de Logística de Efectivo durante los años en los que operó el cártel. No está claro si sigue vinculado a la multinacional, aunque los datos del registro apuntan a una reciente salida. Ha ido perdiendo sus cargos de consejero y administrador en varias filiales del grupo y su último cese data de febrero. A preguntas sobre este asunto, Prosegur se limita a señalar que la sanción está recurrida y, sobre Illana, dice que “la información que aparece en el registro es correcta”. Ya no figura como consejero de ninguna filial, aunque sí es apoderado en dos.

83 años y al frente

Sí siguen en sus puestos la mayoría de los nueve directivos de cuatro empresas de material ferroviario multadas en junio de 2016 con 5,64 millones por repartirse durante quince años las adjudicaciones de suministros para Adif.

Entre ellos está Alfredo Alegría, vicepresidente y director general de Talleres Alegría (sancionado con 11.400 euros) y presidente del Club Náutico de Gijón; dos directivos de Jez Sistemas, Urtza Errazti y Juan Carlos Sánchez, multados con 13.300 euros; o Jesús María de Lapatza (de 83 años) y su hijo Jon, presidente y director general, respectivamente, de la vasca Amurrio Ferrocarril, sancionados con 17.100 euros. Esta empresa dice que tiene la sentencia recurrida y espera la resolución judicial correspondiente, según un portavoz.

La mayoría de esas sanciones no son firmes porque el recurso es casi la norma en estos casos. La decisión definitiva del Tribunal Supremo suele tardar una media de ocho años. 

En el expediente de material ferroviario para Adif fue sancionado también Fernando López González, alto directivo de Duro Felguera. En la última documentación remitida por esta empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), correspondiente a 2017, López aún figuraba como alto directivo de esta empresa asturiana, que está en una complicada situación financiera. Sin embargo, según el Registro López cesó el mes pasado como administrador único de la filial que fue sancionada en ese procedimiento, Duro Felguera Rail.

El que hace tiempo cambió de aires es el que fuera consejero delegado de Indas, Javier Martín. Fue multado con 4.000 euros por participar en  uno de los mayores cárteles desmantelados nunca en España, el del sector de los pañales para adultos, con elevados costes para el sistema público de salud. Fue el primer expediente en el que se impusieron sanciones personales a directivos, con 128,8 millones en multas para las empresas participantes.

Unos meses después de hacerse públicas las sanciones, se anunció el fichaje de Martín por las clínicas dentales Vitaldent, entonces recientemente adquiridas por parte de JB Capital Markets, la firma de inversiones de Javier Botín, tras la detención de su anterior propietario y fundador, Ernesto Colman.

También fueron sancionadas en el expediente de los pañales Margarita Alfonsel y María Aláez, aún hoy secretaria general y directora técnica, respectivamente, de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin). Entre las dos recibieron 10.000 euros en sanciones y su asociación, otros 200.000. Fenin dice que no tiene nada que comentar sobre este asunto porque tiene la sanción recurrida en la Audiencia.

La existencia de ese cártel fue destapada por Procter & Gamble tras comprar Arbora & Ausonia (A&A). En aplicación del llamado programa de clemencia (reducciones o supresión de multas a cambio de colaborar en la investigación), la multinacional fue eximida de pagar la sanción impuesta, que fue la mayor de todas (68 millones).

También fue exonerado (15.000 euros de multa) el exdirectivo de A&A Jordi Bozal de Febrer, que fue vicepresidente de Fenin, director del área de Incontinencia de A&A desde 1996 hasta 2012 y coordinador de un “grupo de trabajo de Absorbentes de Incontinencia de Orina” en Fenin desde 1994 hasta abril de 2012. Aparentemente, lleva años desvinculado de la empresa, aunque Procter & Gamble no ha respondido a las preguntas sobre este asunto.

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Cospedal y el PP seguirán estirando el chicle parlamentario de las ‘fake news’

La ministra impulsa un nuevo “grupo de trabajo” entre diputados y “los editores de los principales medios de comunicación”. Este órgano, por recomendación de los letrados del Congreso, estará “fuera del procedimiento legislativo” y tendrá carácter “informal”. Las Cortes ya albergan una comisión mixta de diputados y senadores que ha analizado profundamente el problema de la desinformación. Seis puntos clave del informe sobre desinformación del Grupo de expertos de la Comisión Europea

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Cospedal: “Posiblemente habría que haber actuado de otra forma en Cataluña” EFE

Un nuevo “grupo de trabajo” sobre fake news echará a andar este martes en el Congreso de los Diputados. El nuevo órgano surge a raíz de una propuesta de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, para tratar la problemática de la desinformación en el ámbito de la comisión de Defensa del Congreso, a pesar de que otra comisión lleva desde noviembre de 2016 dedicada en exclusiva a debatir “cuestiones relativas a la ciberseguridad en España” con una amplia gama de expertos, con los que ha tocado en numerosas ocasiones la “amenaza” de las fake news Guerra de propagandas: de qué hablan cuando dicen “noticias falsas”

Entre los ponentes que han pasado por esa comisión, denominada de “Seguridad Nacional” y de la que forman parte diputados y senadores, está el director del Centro de Excelencia de Comunicaciones Estratégicas de la OTAN (que analiza la  desinformación y la propaganda proveniente de Rusia); la fiscal coordinadora nacional contra la ciberdelincuencia; el director del Instituto Nacional de Ciberseguridad o el jefe del gabinete jurídico de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información.

Como recuerda esta última organización, instituciones internacionales como la ONU, la UNESCO o la OSCE se han posicionado en contra de combatir la desinformación desde el prisma de la defensa o la seguridad nacional, al dar pie a “establecer límites injustificados y desproporcionados a la libertad de expresión”. A pesar de ello, Cospedal insistó en una carta a la comisión de Defensa del Congreso en la necesidad de crear este nuevo grupo “que reúna a diputados, editores de los principales medios de comunicación y otros actores implicados, como plataformas digitales”.

Todavía no está clara la forma definitiva que adoptará el grupo, algo que tendrá que ser debatido por la mesa y portavoces de la comisión de Defensa este próximo martes. El encaje constitucional de la ocurrencia de Cospedal de formar un equipo de trabajo entre diputados y “editores de los principales medios de comunicación” ha generado problemas incluso a los letrados del Congreso, dadas “las especiales circunstancias que concurren en el caso”, explicaron en un posicionamiento escrito al que ha tenido acceso este medio.

En la nota, los letrados dan al grupo “un alto interés objetivo” aunque adelantan que tendrá que ser “un órgano fuera del procedimiento legislativo”. Además, advierten que su carácter “informal” derivará en que “no será posible a priori contar con publicidad de sus trabajos (grabación, transcripción) ni que estos tengan ulterior desarrollo reglamentario”.

“Debe subrayarse en todo caso que se insiste en que la sede donde debe radicar el grupo de trabajo ha de ser la comisión de Defensa del Congreso, y en que al menos haya dos elementos en su composición, a saber, diputados y editores de medios de comunicación”, desarrollan los letrados, basándose en la misiva de Cospedal. En la práctica, la ministra ha conseguido a los editores una línea directa con los diputados para que les hablen de fake news a puerta cerrada.

Los representantes de los grandes grupos mediáticos ya fueron convocados por la UE para que formaran parte del grupo de expertos en desinformación encargado de redactar un informe con recomendaciones para la Comisión Europea sobre cómo actuar en la materia. Además de los editores, en aquellas reuniones participaron profesionales especializados en desmentir bulos, sindicatos de periodistas y representantes de las redes sociales. En un documento conjunto publicado en marzo, aconsejaron a Bruselas “no legislar en caliente” y evitar el uso político del término “noticias falsas” como excusa para censurar contenidos.

Fuentes presentes en las deliberaciones de aquel grupo explicaron a este medio que fue difícil llegar a un mayor consenso dado había “muchos conflictos de intereses” entre sus miembros. Destacaron entonces “los de los grupos mediáticos”, cuyo principal objetivo era lograr una regulación de las plataformas digitales beneficiosa para ellos. “El problema de la desinformación es muy  complejo porque tiene muchos factores, entre ellos la crisis de modelo de negocio de los medios tradicionales”, expusieron las mismas fuentes.

Solo Unidos Podemos vota en contra del grupo

PP, PSOE y Ciudadanos votaron a favor de la creación del nuevo grupo de trabajo en el seno de la comisión de Defensa. No obstante, fuentes del partido naranja han señalado a eldiario.es que “el ámbito donde debe abordarse la desinformación en los medios de comunicación no es Defensa” y recuerdan que el general Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) se ha posicionado en este mismo sentido.

“Esta insistencia por derivar el asunto a Defensa nos suena a intrigas y peleas internas del PP, más que a la defensa de los intereses nacionales y de la seguridad de los ciudadanos”, opina Ciudadanos, que sin embargo considera que “el tema es de bastante importancia” como para dar luz verde al nuevo grupo en Defensa. Desde Unidos Podemos, que votó en contra de la creación del grupo, concuerdan en que “dentro del PP hay dos posiciones respecto a este asunto”, así como que la creación del grupo, que “revela que la ministra Cospedal tiene interés en incluir esta narrativa asociada a la Defensa”, responde a un motivo político.

“Todo se corresponde con la doctrina clásica de la seguridad nacional, que señala como objetivos a los enemigos que amenazan a la patria y el orden internacional. Un enemigo interno (los independentistas catalanes) y un enemigo externo (la Rusia de Putin)”, exponen. El partido morado enlaza esta iniciativa contra las fake news con la “ofensiva mundial para acabar con la libertad y la neutralidad en la red” y avisa del riesgo de que justifique “una ley mordaza 2.0”.

Contactado por este medio, el PSOE ha preferido no posicionarse sobre la creación del grupo de trabajo hasta que este quede oficialmente constituido el próximo martes.

ETIQUETAS: propaganda,  noticias falsas,  fake news,  desinformación,  Congreso

Urge una transición

Avanza un proceso de persecución y acoso contra la disidencia en cualquier grado, un proceso que alcanza el paroxismo del autoritarismo más ridículo en episodios como prohibir la entrada a un estadio con una prenda amarilla. Es difícil concebir mayor estupidez, solo que cuando la estupidez es represiva deja de ser inocua.

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El activista tinerfeño Roberto Mesa EFE

Avanza un proceso de represión por parte del Estado del que cada día conocemos un nuevo y grave episodio pero que no sabemos a dónde nos conduce. O sí: por definición, seguro que a nada bueno; que se lo digan a los detenidos, imputados y encarcelados, que se lo digan (¿nos los digan?) a los vigilados. Es un proceso de persecución y acoso contra la disidencia en cualquier grado, desde las personas activistas (ciudadanía responsable y comprometida) al alegre y lenguaraz tuitero. Un proceso que alcanza el paroxismo del autoritarismo más ridículo en episodios como prohibir la entrada a un estadio de fútbol con una prenda amarilla. Es difícil concebir mayor estupidez, solo que cuando la estupidez es represiva deja de ser inocua. Y, en términos de comunicación política (la represión lo es: lanza un mensaje inapelable), no puede haber nada más amarillista que perseguir el color amarillo. Ojalá se quedara en juego de palabras, pero no.

El proceso que avanza produce un doble asombro: por su dureza y porque no estamos siendo capaces de frenarlo. Ante lo que sucede cada día (esas detenciones, esas imputaciones, esos encarcelamientos) hay algo que debiéramos hacer y no estamos haciendo. Quizá por desgaste, por hartazgo. Quizá porque no sabemos qué hacer. El desgaste y el hartazgo convienen al sistema, son bienvenidos por las instituciones del Estado al servicio de la represión. Nada nuevo bajo el sol: lo mejor para la manipulación, el agotamiento. Es en lo que a nosotras respecta, es decir, en no saber qué hacer al respecto, donde hoy encallan nuestra acción y nuestro ánimo político. La semana pasada detuvieron en Tenerife a un activista social por escribir en Facebook “los Borbones a los tiburones”. Más de seis vehículos policiales se presentaron en su casa y Roberto Mesa fue detenido, esposado y conducido hasta dependencias de la Policía Nacional, donde fue retenido y puesto a disposición judicial. Está en libertad provisional tras declarar ante el juez por un presunto delito de odio e injurias a la Corona, recogido por la Ley Mordaza (¿tan mal le va a la Corona que necesita de un delito específico?).

Teniendo en cuenta que el caso del activista Mesa es solo un ejemplo entre muchos, cabe que nos preguntemos: ¿qué hacer ante este abuso de poder?, ¿cómo debemos reaccionar? Si los mecanismos de control de ese poder ya no son suficientes, si la información exhaustiva ya no es suficiente, si la experiencia previa no sirve, ¿qué podemos hacer? Son preguntas a las que debemos encontrar respuesta. Ya no basta solo con resistir, pues las expectativas no parecen favorables y el aparato represor va a toda máquina. A su dinámica corresponde la existencia de presos políticos, catalanes y no catalanes (recomiendo este  artículo de Ramón Cotarelo y apoyo la creación de la ‘Comisión Chomsky’). A su dinámica corresponden el agresivo “dispositivo de seguridad” que protege a Cifuentes de los periodistas; la admisión a trámite por un Juzgado de Madrid de la querella criminal que la susodicha ha presentado contra Escolar y Ejerique por informar sobre la corrupción de su máster; la investigación judicial a Willy Toledo por cagarse en dios… Ya solo son un puñado de ejemplos entre cientos.

Ante este panorama resulta evidente que la calidad democrática española es muy deficiente y que es urgente la defensa de unos derechos fundamentales –como son la libertad de expresión y la libertad de prensa- que están siendo vulnerados con creciente autoritarismo por el Gobierno de Rajoy, con el apoyo del poder judicial y sus brazos policiales y con la connivencia de la Corona. Ante esta pérdida cada vez más preocupante de control social, urge repensar los mecanismos de regeneración democrática, urge el rescate de un Estado al verdadero servicio de los ciudadanos, urgen políticas de cambio contundentes, urge reconsiderar el modelo de Estado y la cuestión territorial. Urge buscar el camino para avanzar en sentido contrario a la represión. Porque nos estaban dejando en pelotas en sentido figurado pero ahora ya es sentido estricto si vistes de amarillo. Con este o cualquier gobierno del PP ese camino no es posible, como no lo será con un rey que no solo se ha puesto a su espuria disposición sino cuya existencia institucional está tan cuestionada como para justificar una consulta popular sobre su permanencia. Urge una transición. Pero estamos tan encallados que da vértigo. 

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Jaume Satorra

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El hombre no posee el poder de crear vida. No posee tampoco, por consiguiente, el derecho a destruirla. (Mahatma Gandhi)

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