Los incendios provocan cuatro muertes y queman miles de hectáreas en toda Galicia

El Gobierno gallego no revela la superficie afectada por los incendios, pero sí concreta que Galicia padece 105 incendios en el inicio de este lunes. En 15 de los focos la proximidad a zonas habitadas mantiene activada la situación de alerta 2. Dos mujeres han muerto en Nigrán (Pontevedra), un hombre en Carballeda de Avia (Ourense) y otro, de avanzada edad, en Vigo. Feijóo admite que no puede confirmar una trama organizada de incendiarios

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Furgoneta en la que fallecieron dos personas atrapadas por el fuego en Chandebrito (Nigrán) PRAZA.GAL

Caos incendiario. Once años después de la peor ola de fuego en la práctica totalidad de Galicia asiste desde este domingo con horror a una nueva crisis de incendios sin apenas ser capaz de saber cuánto y dónde arde y, sobre todo, por qué.

Tras cinco días de fuego en aumento con especial impacto en el interior de Ourense y Lugo, la llegada de los restos del huracán Ophelia incrementó las temperaturas y la velocidad del viento y crearon un escenario ideal para la tragedia, con hasta 132 incendios que tienen su cara más dramática en la muerte de cuatro personas, dos mujeres en Nigrán (Pontevedra), un hombre en Carballeda de Avia (Ourense) y otro, también de avanzada edad, en Vigo.

 En un escenario de incógnita prácticamente absoluta sobre la superficie quemada, de la que no existen datos oficiales desde media tarde del domingo -cuando la superficie ardida en octubre rondaba las 5.000 hectáreas-, hacia las 11 de la mañana de este lunes la Xunta informaba de un total de 105 incendios, de los cuales 67 permanecían sin control.

En 19 focos la cercanía del fuego a áreas habitadas mantiene activa la situación de alerta. Según la última información disponible se trata de Cervantes, Friol, Monforte, Pantón, Parada de Sil, San Cristovo de Cea, Baños de Molgas, Chandrexa de Queixa, Paderne de Allariz, Lobios, Ponteareas, Salvaterra del Miño, Gondomar, As Neves, Baiona, Nigrán, Silleda y, desde este mediodía, A Gudiña y Boborás.

Esa cercanía a los núcleos de polación de las localidades afectadas está en el origen e los tres fallecimientos ya confirmados. Las dos fallecidas en Nigrán perdieron la vida en el entorno de Chandebrito al ser cercadas por las llamas en la furgoneta en la que viajaban. Fueron halladas por el concejal de Vías y Obras de la localidad, Rubén Rial, miembro del Grupo de Emergencias de O Val Miñor, tal y como confirmó a Praza.gal el alcalde de la villa, Juan González. En la mañana de este lunes se ha confirmado la identidad de las fallecidas, Maximina y Angelina, de 89 y 85 años. Fuentes de la investigación apuntan a Praza.gal que en el vehículo viajaba una tercera persona de menor edad, la conductora, que fue capaz de escapar.

El tercer fallecimiento, conocido de madrugada, tuvo como escenario el ayuntamiento ourensano de Carballeda de Avia, donde las primeras hipótesis apuntan a que el hombre fallecido, de avanzada edad, intentaba atajar con sus propios medios el fuego que amenazaba su casa. “Probablemente”, dice Medio Rural, intentaba liberar a sus animales para evitar que murieran abrasados.

La cuarta muerte no ha trascendido hasta esta mañana. Se trata de un septuagenario fallecido al caer de un muro mientras intentaba sofocar las llamas con sus propios medios en la parroquia viguesa de San Andrés de Comesaña, según confirman fuentes sanitarias a Europa Press.

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Vecinos observan un incendio próximo en el área de Vigo EFE

La llegada de las ligeras lluvias a la zona oeste de Galicia ayudó durante la noche a paliar un poco una situación en la que el Gobierno gallego pone el foco en el orden público, la “elevada actividad incendiaria, con clara intencionalidad y virulencia”, y desde el Ejecutivo y el PPdeG se insiste en no hablar de que Galicia “arde”, sino que es “quemada” por “terroristas”. Definiciones aparte, lo cierto es que esta ola de fuego ha traído ya consigo escenas prácticamente inéditas, como el fuego cercando barrios estrictamente urbanos en la ciudad de Vigo, además de repetir escenas vividas en la gran ola de 2006, como vías de comunicación cortadas entre escenas de pánico, caso de la Autovía de las Rías Baixas, la A-52, además de multitud de vías convencionales y secundarias.

Ante esta situación, este domingo el presidente Feijóo realizó una comparecencia pública. “Estamos en una situación difícil, estamos preocupados, sabemos apagar fuegos pero las condiciones adversas de este domingo nunca las habíamos vivido en una década. Es una actividad incendiaria homicida”, aseguró Feijóo tras visitar el Centro de Coordinación de Incendios. El presidente de la Xunta, que este lunes reúne a su Gobierno de urgencia, hizo especial hincapié en el hecho de que Galicia también tiene que “luchar”, además de contra incendiarios y las condiciones meteorológicas, contra los fuegos que llegan desde Portugal al “saltar el río Miño” por no “ser apagados”. Feijóo dijo que Galicia no puede “seguir soportando los fuegos que entran desde Portugal”.

ETIQUETAS: incendios, Galicia, Vigo,  ola de incendios

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La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide prisión incondicional para Trapero

El responsable de la policía autonómica, al que la Guardia Civil acusó de “obstaculizar” su trabajo, ha declarado durante casi dos horas. La intendente de los Mossos, Teresa Laplana, ha quedado en libertad pese a que la Fiscalía pedía una fianza de 40.000 euros. Los líderes de ANC y Òmnium cultural, a los que la jueza de un papel “esencial”, son los últimos en declarar. Trapero y los líderes de Òmnium y la ANC vuelven a la Audiencia Nacional a declarar por sedición señalados por el 1-O

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Trapero, a su llegada a la Audiencia Nacional para declarar. EFE

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido que el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, sea enviado a prisión provisional sin fianza. La jueza Carmen Lamela, que instruye la causa por sedición, aún no ha tomado ninguna decisión. Está previsto que a las 18.00 horas se vuelvan a reunir las partes para conocer la decisión de la jueza y continuar con las declaraciones. La jueza otorga a los líderes de Òmnium y ANC un papel “esencial” en la estrategia independentista

Después de que la jueza tome una decisión sobre las medidas cautelares de Trapero será el turno para los líderes de ANC, Jordi Sánchez, y Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, a quienes la jueza otorga un papel “esencial” en la operativa para celebrar el referéndum.

Teresa Laplana, la intendente de los Mossos, ha sido la primera de los acusados en declarar. Al término, la Fiscalía ha pedido a la jueza que le imponga una fianza de 40.000 euros, pero la magistrada ha rechazado esa medida. Ha dejado en libertad a la intendente de los Mossos con la obligación de comparecer cada 15 días y le ha retirado el pasaporte.

Trapero, Laplana y los líderes ciudadanos del movimiento independentista han acudido este lunes a la Audiencia Nacional después de que la Guardia Civil entregase un extenso informe con nuevos indicios contra ellos. El documento conecta los hechos del 20 y 21 de septiembre -tras los registros y detenciones de altos cargos- con la celebración del referéndum.

Así, los agentes concluyen que Sánchez y Cuixart colaboraron con miembros del Govern en una “estrategia compleja” que busca “la ejecución de la hoja de ruta diseñada” para la independencia”. A Trapero le acusan de “obstaculizar” el trabajo de Policía y Guardia Civil durante el 1-O, también como parte de “un plan premeditado”.

En el atestado que elaboraron también apuntan que durante el 1-O las órdenes de Trapero a sus agentes no se cumplieron y “derivaron en una inacción flagrante debiendo ser las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado las que tuvieron que actuar activamente para evitar la celebración del referéndum pero con imposibilidad de disponer ni de efectivos suficientes ni de abarcar todo el territorio catalán”.

Primero los testigos

Antes que los acusados ha sido el turno de los testigos de los hechos del pasado 21 y 21 de septiembre, cuando se produjeron incidentes en Barcelona durante los registros de sedes de la Generalitat y el arresto de altos cargos.  Miles de personas se concentraron, por ejemplo, a las puertas de la sede de la Consellería de Economía, donde la comitiva judicial que efectuaba los registros tuvo que ser evacuada por el tejado tras varias horas sin poder salir del edificio.

Así, la primera en declarar ha sido la letrada de la administración de justicia que comandaba esa comitiva, así como dos agentes de la Guardia Civil que estuvieron en la Consellería. En el informe de la Guardia Civil también se señala que sus vehículos fueron destrozados por los manifestantes, cuyo coste asciende a más de 130.000 euros.

ETIQUETAS: Audiencia Nacional,  independencia de Catalunya,  sedición,  josep lluis trapero,  Jordi Sánchez,  Jordi Cuixart, Òmnium Cultural, ANC

Los ‘grises’ vuelven a cargar en Vitoria

Las calles de la ciudad acogen estos días el rodaje de la película sobre el sangriento 3 de marzo de 1976, cuando la Policía Armada mató a tiros a cinco obreros tras disolver una asamblea en el barrio de Zaramaga. La fuerza del proyecto, dirigido por Víctor Cabaco, está siendo el apoyo masivo de vitorianos, muchos de ellos testigos directos de los hechos, que quieren participar como figurantes.

Varios ‘grises’ durante el rodaje de la película sobre el 3 de marzo de 1976 en Vitoria

Son alrededor de las 13.00 horas del jueves en la calle de Los Molinos del barrio de Adurza de Vitoria, uno de esos cientos que por toda España están hechos de ladrillo visto rojizo a modo de piezas de Lego. Un grupo de obreros en huelga ha montado una barricada con madera, con neumáticos viejos y hasta con los restos de una farola caída. Una furgoneta Ebro de color blanco está cruzada en la calzada y, unos metros más adelante, los trabajadores, en su mayoría varones, zarandean otra, una Citröen 2CV matriculada en Navarra. En vista de los acontecimientos, dos dotaciones de la Policía Armada doblan la esquina y toman posiciones. De los dos Land Rover bajan una docena de agentes y, ante la lluvia de piedras y otros objetos, se parapetan tras sus vehículos a la espera de órdenes. Las instrucciones no tardan en llegar y los funcionarios, sin contemplaciones, arremeten contra los obreros con porras y escopetas de pelotas de goma. Los ‘grises’ han vuelto a cargar en Vitoria en pleno 2017 dejando al menos un par de jóvenes heridos.

 

-¡Corten!

El grito de  Víctor Cabaco (Santander, 1967) detiene la refriega. El fuego de la barricada se detiene por arte de magia. El humo desaparece. Al instante, policías y huelguistas se mezclan con una sonrisa en la boca y buscan una sombra y agua para refrescarse. Llevan ropas de invierno y en este otoño caluroso de Vitoria el termómetro frisa los 30 grados centígrados. Ya ha empezado el rodaje de la esperada película sobre los sucesos del 3 de marzo de 1976, día en que la extinta Policía Armada diseñada por el dictador que había muerto apenas unos meses antes mató a tiros a cinco personas tras desalojar por la fuerza una asamblea en la iglesia de San Francisco del barrio de Zaramaga. Los heridos de bala se contaron por decenas. Por radio, los ‘grises’ confesaron que habían “contribuido a la paliza más grande de la historia”, unos hechos aún impunes.

Desde hace unos días y durante varias semanas, Vitoria se va a convertir en escenario de una recreación lo más fiel posible -aunque con una trama de ficción que le dé coherencia- de aquellas huelgas multitudinarias de finales de 1975 y principios de 1976. Y, sobre todo, se pretende que no caiga en el olvido la represión de la Policía Armada. Durante las primeras jornadas de rodaje, los Land Rover rematriculados con placas policiales (FPA) y los uniformes de los antidisturbios franquistas han protagonizado ya varias ‘intervenciones’ en diferentes puntos de la ciudad, lo que ha atraído la atención de numerosos curiosos. 

La película sobre el 3 de marzo de 1976 parte de un presupuesto modesto (1,5 millones) y cuenta con un elenco sin grandes nombres (la más conocida entre las actrices es quizás Ruth Díaz), pero su gran fuerza son los cientos de personas de la ciudad, de todas las edades, que se han presentado como voluntarios para hacer de figurantes. “Yo venía de huelguista pero me han debido de ver cara de malo y me han puesto de policía”, sonreía uno de ellos en Los Molinos porra en mano y sudando debajo del casco gris decorado con un águila de San Juan.

“Tiene mucho de sentimiento”

“Esto mueve mucho las tripas de la gente. Tiene mucho de sentimiento”, explicaba el sábado por la mañana una operaria de la organización en la puerta de la iglesia de Los Ángeles instantes antes del inicio del rodaje de una asamblea. La mujer, con una carpeta en la mano, no daba abasto para pasar lista entre tanto voluntario que se arremolinaba en la puerta del templo. Los había con pantalones de campana, con camisas de cuellos imposibles y hasta con gafas de montura dorada. Un compañero suyo, entretanto, preguntaba si alguno de los figurantes había hecho ya de policía en jornadas anteriores para evitar un problema de ‘raccord’. Un joven abigotado levantó la mano y se llevó un abucheo cariñoso de la masa.

En la lista de ‘extras’ se hallaba Petra María Jesús, que pide ser citada con sus tres nombres. En su abrigo se había traído una cartilla laboral que demuestra que aquel 3 de marzo de 1976 ella también llevaba varios meses de huelga aunque sólo contara 19 años. Con sus dos hermanas y otras 700 mujeres trabajaba haciendo cremalleras en la ya desaparecida Areitio, una histórica empresa de la ciudad. “He venido por mis hijos, para que lo sepan y para que estén orgullosos”, contaba emocionada esta hija de inmigrantes extremeños, quienes con los castellanos, andaluces o gallegos poblaron barrios obreros como Zaramaga en la industrialización que convirtió a Vitoria en lo que es ahora. Un vitoriano, un  extremeño, un asturiano, un burgalés y un salmantino fueron las víctimas.

Así son los recuerdos de Petra María Jesús: “La clase obrera no éramos nada, metíamos horas por una mierda. Las mujeres de Areitio salíamos de la fábrica y cada día quedábamos en una iglesia. Al final acabamos siempre allá. Salieron a la huelga un montón de empresas y todas íbamos allá. Nos juntábamos allá”.

Con 4 años en la asamblea

“Allá” es San Francisco, en Zaramaga, donde la Policía Armada disolvió a tiros una asamblea obrera aquel miércoles de ceniza de 1976. Las reivindicaciones que no toleró el Gobierno predemocrático de Carlos Arias Navarro eran una subida lineal de 6.000 pesetas (36 euros, al cambio de 2001), una jornada de 40 horas semanales y una cobertura salarial en caso de baja.

“Los policías nos decían ‘a por ellas, a por las putas’. Nos insultaban y daban unos palos cojonudos”, abunda Petra María Jesús, que aquella tarde volvió corriendo a casa asustada por el cariz que estaban tomando los acontecimientos en la iglesia. Frente al templo vivía –y lo sigue haciendo- Mari Carmen, que también se ha apuntado como figurante. Ella recuerda igualmente los insultos a las mujeres por parte de los policías e incluso cómo la intentaron disparar desde la calle cuando les gritó por la ventana. A sus 73 años ni puede ni quiere olvidar el 3 de marzo y pide dejar constancia de cómo el pueblo, en pleno funeral, gritó “asesinato, asesinato” cuando en la catedral se lamentó la “muerte” de cinco personas. 

Más joven era entonces José Emilio. Su padre Honorio, de origen riojano, era uno de los huelguistas. Trabajaba en la actual Mercedes-Benz, entonces conocida como Mevosa. En un bolso llevaba el sábado algo de ropa de la época y unas gafas antiguas, pero también todos los recuerdos del niño de 4 años que acompañó en 1976 a su padre a la asamblea de la iglesia de Los Ángeles que ahora se reconstruye para la película. Tras el rodaje, se confesaba “emocionado” por lo abrumador del momento.

Figurantes esperando junto a la iglesia de Los Ángeles
Figurantes esperando junto a la iglesia de Los Ángeles

Y Garbiñe, nieta de un operario de la histórica Forjas Alavesas, también se ha quitado un ‘piercing’ y puesto unos pantalones de campana para poner su granito de arena en el filme. “Al final todos los vitorianos estamos bastante vinculados con lo que sucedió y es lo que nos empuja a participar en la película y a ayudar en lo que se pueda”, comenta mientras espera al inicio de la toma.

Apoyo del Ministerio de Cultura

“Es el hecho represivo de más alcance en España en la Transición”, comentaba Santiago, figurante también pero sindicalista e investigador de aquellos sucesos. Este hombre ha contactado en su carrera con “90” heridos de bala aquella aciaga jornada que él vio, a sus 13 años, desde un balcón cercano. 

La película, producida por Sonora Estudios y Gariza Films e impulsada por el periodista Oskar Bañuelos, llegará a los cines en 2018 y con toda probabilidad agotará las entradas en su estreno. De momento, ha recibido un espaldarazo del Ministerio de Cultura al ser la cinta que más subvención ha obtenido en 2017. Cuenta también con el apoyo de la radiotelevisión vasca (EiTB) y de las instituciones locales.

Fuente: eldiario.es/norte/euskadi

Anticorrupción insiste en que el PP y Ana Mato deben ser condenados por Gürtel

Mantiene la petición de cárcel para Correa y la rebaja para Bárcenas, a quien retira el delito contra Hacienda en 2009. Rebaja la pena para López Viejo y para los tres acusados que se arrepintieron y confesaron en la primera jornada del juicio. Gürtel: el juicio que ha desnudado al PP

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Correa, a su llegada a una de las sesiones del juicio. EFE

La Fiscalía Anticorrupción ha hecho leves modificaciones en sus peticiones de penas de prisión a los 37 acusados en la primera época de la trama Gürtel (1999-2005), que este lunes ha elevado a definitivas. Destaca la rebaja de tres años de cárcel para el extesorero del PP Luis Bárcenas al eliminar su acusación por un delito contra la Hacienda Pública. Para Francisco Correa, cabecilla de la trama, se mantiene la petición de 125 años de cárcel. Correa revela que la gran obra pública de Aznar escondía comisiones del 3% al PP

Las fiscales Concepción Sabadell y Concepción Nicolás solicitaron inicialmente a 42 años y medio de prisión para Luis Bárcenas por ocho delitos contra la Hacienda Pública. Ahora, tras atender a las periciales, retira el delito relativo al Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) del año 2009, por lo que finalmente pide para él 39 años de cárcel.

Por otro lado, ha retirado todos los delitos contra la Hacienda Pública de los que se acusaba al exconsejero madrileño Alberto López Viejo. Si bien, mantiene la petición de que el PP sea multado con 245.492 euros y la exministra de Sanidad Ana Mato con 28.467 euros al ser partícipes a título lucrativo.

Rebaja a los arrepentidos

Además, la Fiscalía ha rebajado la petición de pena para los tres acusados que confesaron los hechos en el juicio, el empresario Jacobo Gordon, el exconcejal de Pozuelo de Alarcón (Madrid) Roberto Fernández y el constructor Alfonso García-Pozuelo.

En concreto a Alfonso García-Pozuelo, expropietario de Constructora Hispánica, para quien pedía cuatro años y medio de cárcel, le ha rebajado la solicitud a dos años de prisión por cohecho sustituibles por multa. A Jacobo Gordon, exsocio de Alejandro Agag, le rebaja de dos años a cinco meses de prisión por blanqueo de capitales, y a Roberto Fernández de dos años y tres meses a once meses por fraude y malversación.

La fiscal mantiene las peticiones de pena para el resto de acusados, entre los que destacan Pablo Crespo (85 años y seis meses), exsecretario de Organización del PP gallego y presunto número 2 de la red; Álvaro Pérez Alonso “El Bigotes” (5 años y dos meses), considerado el “hombre en Valencia” de Correa, y José Luis Izquierdo (45 años y dos meses), supuesto contable del entramado.

Igualmente para los exalcaldes de las localidades madrileñas de Majadahonda Guillermo Ortega (50 años y 10 meses) y Pozuelo de Alarcón Jesús Sepúlveda (15 años y 4 meses), este último exmarido de la exministra de Sanidad Ana Mato.

ETIQUETAS: Gürtel,  Fiscalía Anticorrución, Francisco Correa,  Luis Bárcenas, PP, Ana Mato

Los nuevos apoyos al soberanismo, contra Rajoy: “No soy independentista, esto va de derechos”

El ‘sí’ en el área metropolitana de Barcelona se movilizó más en el referéndum del 1-O que en las elecciones plebiscitarias del 27S de Artur Mas. Antonio, María o David no se consideran independentistas pero votaron ‘sí’ por la violencia policial y por el ataque al autogobierno. DATOS | La inesperada movilización del cinturón barcelonés salvó al independentismo en el 1-O

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Celebración por la votación del domingo 1 de octubre, referéndum de independencia de Catalunya EFE

Como cada mañana, Antonio se levanta pronto, corre la cortina y mira por la ventana. Espera ver el paisaje de cada fin de semana: su rambla, la de Prim, lugar de paseo de familias y personas mayores en el barrio, El Besòs (Barcelona). Pero esta mañana hay algo más que carritos y andadores en el paseo: catorce furgonetas de la Policía Nacional descansan en uno de los costados de la vía. Él jamás había votado independentista pero indignado se viste y baja a su colegio electoral. Vota ‘sí’. Los resultados del referéndum del 1-O, municipio a municipio

Los  resultados definitivos del referéndum del 1-O arrojan que como Antonio hubo miles, incluso ataviados con la bandera española durante la votación. ¿Por qué? Todos los consultados coinciden: la operación del Estado contra el referéndum ha hecho escalar el conflicto. “No soy independentista, nunca lo he sido, pero esto va de derechos”, dice Antonio.

Peón de fábrica de profesión, Antonio –hijo de migrantes valencianos y bien entrado en la cincuentena– en el pasado incluso se había inclinado por el Partido Popular, y en las últimas elecciones barajó votar a Ciutadans. Finalmente declinó la idea, pero sus vecinos no: el pasado 27 de setiembre de 2015, Ciutadans se alzó con la victoria en las elecciones plebiscitarias planteadas por Artur Mas en el eje Besòs.

Si bien los furgones ante su casa le habían dado el empujón definitivo para votar, para él, como para muchos ciudadanos catalanes, algo cambió la jornada del 20 de setiembre, día de la operación del Gobierno central que comportó detenciones de altos cargos de la Generalitat y –en consecuencia– tres días de protestas masivas.

“Vi los furgones de la policía en casa, y luego la violencia… Yo había votado al PP antes… Pero esas imágenes tan bestias, había que defender los colegios y, a ser posible, echar a Rajoy después”, sostiene. Durante el 1-O, Antonio bajó hasta tres veces a su colegio electoral para llevar comida. El CEE Concha Espina estuvo protegido por un centenar de personas a lo largo del día, la concentración más grande que ha vivido el barrio desde las protestas en pro de mejores equipamientos a principios de los años noventa, bautizadas como ‘Intifada del Besòs’.

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Algunas de las catorce furgonetas en la Rambla de Prim de Barcelona, en el barrio Besòs CEDIDA

El caso de Antonio no es único. El pasado 1 de octubre, la fecha elegida por el Govern de la Generaltitat para realizar el referéndum de independencia, hasta 86.746 personas más que en las elecciones plebiscitarias del 27-S se decantaron por el ‘sí’. La mayoría lo hicieron –como cuenta Antonio– contra la pérdida del autogobierno catalán, contra el operativo policial del ejecutivo central o contra el Gobierno de Rajoy. O contra las tres. De éstas personas, muchas dieron el ‘sí’ en lugares hasta ahora sagrados para el federalismo: el cinturón rojo. El antiguo feudo del PSC, y ahora gobernado por Ciutadans tras las plebiscitarias.

En la periferia de Barcelona, los datos apoyan la tesis de las nuevas adhesiones al ‘sí’ a la independencia. En ciudades como Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma o Rubí, el ‘sí’ subió el pasado domingo alrededor de dos puntos respecto a las últimas elecciones. En Badalona, hasta cinco. En L’Hospitalet lo hizo en uno.

De Sant Adrià es María, que como Antonio decantó su participación por la actuación policial, por las cargas –expone– “desproporcionadas”. A la joven de la localidad vecina de Barcelona, la violencia policial le llegó de forma telemática, por mensaje, en forma de vídeos caseros que han dado la vuelta al mundo. Aunque dudó sobre si salir de casa por miedo a la actuación de la policía, finalmente lo hizo. Y por el ‘sí’.

La historia se repite con David, de L’Hospitalet de Llobregat, que las primeras horas del día las pasó pegado a las redes sociales. David votó en las últimas elecciones generales a Unidos Podemos y en Catalunya a la coalición Catalunya Sí que es Pot.

La  brutalidad de las imágenes de los colegios del Eixample, donde la policía actuó primero, llevaron a este camarero a bajar a la calle. En un principio no iba a votar, después iba a hacerlo por el ‘no’. Finalmente decidió hacerlo por el ‘sí’ de forma –cita– “impulsiva”. “Acostumbro a decantarme camino al colegio, siempre. Y esta vez la represión policial me hizo decantar por el ‘sí'”. 

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El Consejo de Europa pide una “investigación independiente” de las denuncias de abusos policiales en el 1-O

El comisario de Derechos Humanos del Consejo ha mandado una carta al ministro Zoido, en la que solicita una investigación “rápida, independiente y efectiva” sobre todas las denuncias. El comisario considera que esta investigación es de “vital importancia” para “prevenir cualquier escalada de tensiones y violencia”. En su respuesta, Zoido asegura que las actuaciones policiales no iban dirigidas contra los ciudadanos, sino que buscaban “evitar la consulta”. La Comisión Europea justifica “el uso proporcionado de la violencia” del Gobierno español en Catalunya

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Carregues policials al Referendum de l’1 octubre a Barcelona / Escola Ramón Llull ROBERT BONET

El comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muižnieks, ha publicado una carta que remitió el pasado día 4 de octubre al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, en la que muestra su preocupación por las acusaciones que apuntan a un “uso desproporcionado de la fuerza” por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Catalunya el día del referéndum del 1 de octubre. 

El Consejo de Europa es una organización internacional que tiene como principal misión “la defensa y protección de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos, en particular los civiles y políticos”,  que “engloba a la totalidad de las naciones europeas con la sola excepción de Bielorrusia”, según explica el Ministerio de Asuntos Exteriores español en su página web.

“Estoy siguiendo de cerca los acontecimientos en Catalunya y he recibido informes que apuntan a un uso desproporcionado de la fuerza contra manifestantes pacíficos y contra personas ejerciendo una resistencia pasiva ante una acción policial”, ha escrito el comisario. Muižnieks ha pedido que se desarrolle una investigación “rápida, independiente y efectiva sobre todas las denuncias de abusos por parte de las fuerzas policiales”. 

El representante del Consejo de Europa asegura en su carta que esa investigación es de “vital importancia” para “prevenir cualquier escalada de tensiones y violencia”.

En su misiva, el comisario reconoce la dificultad que supone para los agentes hacer su trabajo “en el contexto de tensión” que se está viviendo en Catalunya, pero ha señalado que es fundamental que se informe a los agentes sobre “la moderación en sus acciones y el uso proporcionado de la fuerza, incluidas las armas antidisturbios”. 

El comisario ha recordado también que cuando visitó España en el año 2013 ya advirtió de que el uso de algunos materiales antidisturbios, como las pelotas de goma, suponen “un claro peligro para los manifestantes”.

 Zoido: “En España nadie es perseguido por sus ideas”

El Consejo de Europa también ha hecho pública la carta de respuesta del ministro Zoido. “En España nadie es perseguido por sus ideas”, asegura el titular de Interior, que explica que las autoridades policiales siguieron “instrucciones del poder judicial, y actuaron prudente, apropiada y proporcionalmente”.

Todo ello con el objetivo de “asegurar el cumplimiento de la ley y la protección de los derechos y libertades de todos los ciudadanos”, indica sin hacer referencia a la petición de una investigación independiente formulada por el comisario de Derechos Humanos del Consejo. 

Las actuaciones policiales “no estuvieron dirigidas contra los ciudadanos y sus ideas, sino que buscaron la no celebración de la consulta”, afirma Zoido, añadiendo que no se puede aceptar “el comportamiento antidemocrático de unos pocos que ignoran los derechos del resto”.

El ministro cierra su escrito sentenciando que “la primera condición para el funcionamiento del sistema democrático es la ley”, y que “fuera de la ley no hay democracia”.

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El pueblo catalán habla, el Estado monárquico agrede

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Comunicado del PCE (m-l)

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Por más que Rajoy y su equipo se empeñen en cacarear lo contrario, este domingo ha habido referéndum en Cataluña, y no sólo en los colegios electorales que han resistido al asalto policial: las calles también han sido un clamor a favor del derecho de los catalanes a decidir su destino como pueblo.

Después de que incluso la ONU advirtiera sobre las tropelías que se estaban cometiendo en las últimas semanas, el mundo entero ha asistido al espectáculo de brutalidad de una «democracia avanzada» que carga con pelotas de goma contra pacíficos votantes, produciendo cerca de 800 heridos, al menos dos de ellos de gravedad. Como consecuencia de ello, el régimen monárquico ya no puede seguir ocultando su naturaleza fascistoide, herencia directa del franquismo: un régimen genocida, que comenzó y acabó matando y que ungió a los borbones como sucesores en la Jefatura del Estado.

Resulta del todo evidente que la responsabilidad por el extremo al que ha llegado el conflicto catalán es de Rajoy y sus secuaces. Es cierto que sectores de la burguesía catalana han utilizado el movimiento popular por la autodeterminación como una cortina de humo, tras la que ocultar sus casos de corrupción y su propia responsabilidad en la degradación de la situación social en Cataluña durante los últimos años; es verdad, asimismo, que la pequeña burguesía catalana ha encontrado en el nacionalismo –como tantas veces en la historia– el asidero que buscaba desesperadamente ante la prolongada crisis económica y su consiguiente pérdida de estatus, y que además ha logrado hegemonizar tal movimiento, pese a que el ajustado resultado en las últimas elecciones autonómicas no aconsejaba racionalmente lanzarse por ese camino a las bravas. Sin embargo, ha sido el enrocamiento del régimen en su conjunto, y no sólo de Rajoy (quien se ha visto acompañado, en su aventurero empecinamiento, por el resto de partidos “constitucionalistas” y el poder judicial), el que ha conseguido que los catalanes hayan salido en masa a decidir su futuro; y ha sido la violencia desatada por el régimen la que ha logrado que hoy haya en Cataluña más independentistas que nunca, y la que puede haber llevado la situación a un punto de no retorno, al hacer probablemente definitiva la defección de millones de catalanes hacia lo que ellos –y también, por lo visto, los partidos del régimen– identifican con España: la barbarie, el autoritarismo, la agresión.

A ello apunta la posición expresada por Rajoy al final de la jornada, pretendiendo ignorar las votaciones masivas y justificando la salvaje represión desatada por la policía. También la exigencia de que salgan de escena los principales líderes independentistas, como hemos escuchado en los últimos días, son propias de quien se cree vencedor, pese a la evidencia en contra. La misma orientación se entrevé en las declaraciones de su sacristán Rivera, quien ha presionado hacia la recentralización («renovar el proyecto común de todos los españoles», «no más privilegios a los nacionalistas»…), tan deseada por la extrema derecha que representa Ciudadanos en esta cuestión. Una “solución” que no serviría más que para echar más leña al fuego del conflicto abierto, y que se apoya en el lamentable –y sin embargo, numéricamente irrelevante– espectáculo ofrecido durante la pasada semana por grupos abiertamente fascistas en diferentes ciudades, así como en el más rastrero cálculo electoral. Por otra parte, es cierto que Iceta ha defendido la negociación, pero tanto el PSOE como C’s han mostrado idéntico cinismo, al exigir nuevas elecciones autonómicas –“votaciones de verdad”, según Rivera-, y casi la misma vileza frente a la represión desatada por el Estado.

Es de prever, por tanto, que se produzca una “huida hacia adelante” tanto por parte de los independentistas –ya acabados de legitimar por la torpeza y la brutalidad mostradas por el régimen–, como por el Gobierno, que con su respuesta policial ha acabado prácticamente con toda posibilidad de una solución política al problema, puesto que ya ni siquiera puede esgrimir una posición de fuerza tras su derrota de hoy. Y eso, salvo que se den presiones internacionales o –lo que es poco probable, de acuerdo con la experiencia histórica– de la gran burguesía catalana a favor de una negociación, no puede sino empeorar la situación: y no sólo en Cataluña, sino también en el resto del estado, si el régimen no encuentra una respuesta contundente a su política autoritaria por parte de los diferentes pueblos de España.

Nada podemos esperar tampoco, desde luego, de la izquierda institucionalizada. Si en nuestro comunicado del pasado 19 de septiembre afirmábamos que ésta no tiene programa alternativo al régimen del 78, los hechos de hoy lo han confirmado con toda su crudeza. «Lo que está haciendo el PP a nuestra democracia me repugna», dice Iglesias. «Debe ser la gente quien ponga cordura», apostilla Errejón. Y a nadie le queda claro cuál es la propuesta de estos oportunistas, salvo el recurso a la dimisión de Rajoy. ¡Como si el problema fuera de tal o cual gobierno! ¿No han repetido todos la misma cantinela, González, Zapatero, etc., etc.? ¿Acaso la mayoría parlamentaria ha servido para acabar con la Ley de Seguridad Nacional –que posiblemente sirva para acabar de facto con la autonomía catalana–, o con el resto de leyes mordaza?

Que el régimen monárquico heredero del franquismo es incapaz de dar una respuesta democrática al problema nacional catalán, ha quedado definitivamente ratificado por las agresiones de este domingo para quien no fuera aún consciente de ello. Que el independentismo no resuelve los problemas de las clases populares catalanas, y desde luego no atiende a los intereses del proletariado, resulta evidente a poco que echemos un vistazo a las condiciones de vida y de trabajo que han resultado de treinta años de Govern nacionalista, así como al apabullante porcentaje de enseñanza concertada o a la aplicación con la que los actuales mandatarios catalanes han puesto en marcha aspectos de la LOMCE tan poco democráticos como los relativos a las prerrogativas de los directores.

No, la solución al problema nacional catalán, al de la cuestión nacional en el conjunto del estado y al de las condiciones de vida de las clases populares pasa por un cambio de régimen en España. Desde luego que apoyaremos al pueblo de Cataluña en su lucha por las libertades democráticas, incluido el derecho a la autodeterminación, y contra la represión que pueda aún abatirse sobre él. Pero, al mismo tiempo, seguiremos peleando por levantar un Frente Popular republicano y antifascista que, partiendo del rechazo contundente a la deriva fascistizante del Estado, trabaje en todos los ámbitos y a todas las escalas territoriales por romper con el régimen monárquico de la oligarquía, hasta hacer realidad una República Popular y Federativa en la que los diferentes pueblos puedan decidir sobre su encaje con el resto.

Llamamos, por tanto, a todas las fuerzas democráticas a constituir mesas por la democracia, por la República y contra el fascismo, que den curso a la oleada de indignación y rebeldía con que los pueblos de España están respondiendo a la barbarie del Estado monárquico.

Madrid, 1 de octubre de 2017

Partido Comunista de España (marxista-leninista)

Secretariado del Comité Central

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