La importància de la desobediència

ANÁLISIS: Error 404: Brexit not found

En diez días debería salir el Reino Unido de la UE, pero el acuerdo no ha superado los trámites parlamentarios y, de momento, no hay plan B. Este jueves llegan los líderes de la UE a Bruselas para analizar una propuesta de aplazamiento del Brexit por parte de Londres, hastiados ya por el proceso. Dos actores secundarios se han convertido en protagonistas en la finale del proceso: el fiscal general británico y el presidente de la Cámara de los Comunes. La UE condiciona una prórroga larga para el Brexit a que caiga el Gobierno de May o haya otro referéndum

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Theresa May, en el día de la Commonwealth, el 11 de marzo de 2019. AP PHOTO / RICHARD POHLE / GTRES

Todo lo que no podía pasar está pasando. A diez días de la salida prevista del Reino Unido de la UE, el acuerdo de retirada no ha superado los trámites parlamentarios y, de momento, no hay plan B. Los líderes de la UE llegan este jueves a Bruselas para una cumbre, pero el martes por la tarde aún no habían recibido de Londres una petición de aplazamiento del Brexit. Y, por si fuera poco, han aparecido en los últimos capítulos dos actores secundarios que se están terminando de convertir en protagonistas en la finale del proceso: el fiscal general británico, Geoffrey Cox, quien con su dictamen aguó el acuerdo in extremis cerrado en Estrasburgo hace una semana Theresa May con Jean-Claude Juncker; y el presidente de la Cámara de los Comunes, John –”ordeeeeeeeer”– Bercow, quien este lunes torpedeó la posibilidad de una tercera votación al filo del precipicio sobre el acuerdo de retirada y agravó la crisis política británica.

Error 404: Brexit not found. Fallo del sistema.

El Reino Unido debería aprobar un acuerdo de retirada, pero el Parlamento lo tumba y, cuando May intenta llevarlo por tercera vez justo antes del 29 de marzo, en el último minuto, aquel en el que comienzan a temblar las piernas a los diputados y a encogerse el estómago de los grandes empresarios y lobistas británicos, Bercow le dice que ya en 1604 se decidió que no podía votarse lo mismo más de una vez, que se busque otra cosa para llevar a Westminster.

Y no queda nada.

De hecho, Downing Street ha anunciado este martes que la primera ministra británica, Theresa May, escribirá al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, sobre la prórroga del Brexit antes de la cumbre europea de este jueves y viernes en Bruselas.

Según ha publicado la BBC, May quiere un aplazamiento hasta el 30 de junio, con la opción de un retraso mayor. Tal y como están las cosas, el Reino Unido saldrá con o sin un acuerdo en 10 días. May necesita una extensión corta para obtener el apoyo en el Parlamento, si se vota de nuevo el acuerdo. Y una extensión larga si el acuerdo no vuelve a los Comunes o no logra su apoyo.

“O larga o corta”, ha respondido en Bruselas este martes el negociador jefe de la UE, Michel Barnier, sin poder ocultar el hastío y hartazgo con la situación: “Soy cartesiano, que digan para qué lo quieren y qué tiempo requieren. Pero una prórroga larga sólo tendría sentido si se produjera un gran acontecimiento político en Reino Unido, que no quiero describir [¿un segundo referéndum? ¿Unas nuevas elecciones?]. En todo caso, son los líderes los que tendrán que decidir, en función de las explicaciones que les dé May, qué prórroga dan”.

“Es decisión de los líderes –ha insistido Barnier– que tendrán que sopesar el coste de la prórroga, para las empresas y la economía de ambas partes. Es muy importante que sea útil y lógica, independientemente de que sea corta o larga. Una prórroga es una prórroga de la incertidumbre, y puede tener muchísimas consecuencias”.

Pero posponer el Brexit para evitar una salida sin acuerdo requiere de una petición formal del Gobierno británico que en Bruselas están esperando. Y este jueves se reúnen todos los líderes europeos pendientes de llevar estudiada una respuesta unánime a una pregunta que aún no se había formulado el martes por la tarde. Y en esa pregunta May tiene que concretar qué quiere –de qué plazo estamos hablando– y para qué lo quiere.

May tenía previsto someter por tercera vez a votación su acuerdo del Brexit, pero se ha topado con John –”ordeeeeeer”– Bercow y su dictamen. A pesar de ello, el portavoz de la residencia oficial de la primera ministra indicó que hay una “absoluta determinación” de encontrar la manera de que el Parlamento pueda votar salir de la UE con un acuerdo. El objetivo de May era buscar que los parlamentarios aprobasen esta semana o la próxima el acuerdo de retirada en un tercer intento, y solicitar después una prórroga del Brexit hasta el 30 de junio de carácter técnico.

Si eso no fuese posible, la jefa del Ejecutivo podría pedir un retraso del Brexit mucho más prolongado.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que el Gobierno británico tendría que plantear en el Consejo Europeo de esta semana “con qué fin” pide “más tiempo”, informa Irene Castro. El Gobierno de Sánchez nunca ha querido mostrar una posición oficial sobre las posibles soluciones a la espera de una conjunta de la UE, aunque en una entrevista en Politico, el presidente admitió que si él fuera el jefe del Ejecutivo británico apostaría por una segunda consulta.

Sánchez ha asegurado que tras las votaciones en contra del acuerdo del Brexit en el Parlamento Británico “podemos concluir lo que el Reino Unido no quiere, pero no lo que el Reino Unido quiere”. “Tenemos un acuerdo de retirada que es el mejor posible, el único posible”, ha defendido Sánchez, para quien Reino Unido se anticipó al echar a “cara o cruz” su futuro. Bajo su punto de vista, debería haber apostado por una tercera “opción” que “no tuvo en cuenta” que fue abogar por quedarse en una “Europa mejor”.

El secretario de Estado para Europa en el Ministerio de Exteriores alemán, Michael Roth, ha reconocido este martes en Bruselas que su país está “realmente agotado. El tiempo se está agotando y estamos realmente agotados por estas negociaciones y espero propuestas claras y precisas del Gobierno británico: por qué tal extensión [de la negociación] es necesaria”.

Por su parte, la ministra francesa de Asuntos Europeos, Nathalie Loiseau, admitió que “si el Reino Unido pide un retraso, debe decir por qué. Hace falta una iniciativa creíble y por el momento no sabemos cuál es. Una prórroga corta para finalizar la ratificación del acuerdo de retirada, evidentemente, sería acordada. Han dicho no a una salida sin acuerdo y han dicho no a un acuerdo realista. Deben cambiar de opinión sobre una de las dos opciones”.

Como ha reconocido este lunes en Bruselas el ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell: “Ya sabemos lo que Reino Unido no quiere, nos gustaría saber qué quiere. Y no lo saben. Lo ideal sería que el Parlamento británico, puesto que la señora May le va a volver a preguntar por el acuerdo de retirada, lo aceptara, francamente”, ha dicho Borrell, “así saldríamos todos de dudas y se podría conceder una prórroga meramente técnica, de algunos días, para instrumentarlo. Esto sería lo ideal. De lo contrario, mucho me temo que esto se va a alargar más de la cuenta”.

Como daño colateral, están las elecciones europeas: si Reino Unido es un Estado miembro de la UE, debe participar. ¿O no? Depende de los plazos de la prórroga, y de la institución que conteste. Según el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, Reino Unido debe participar en las elecciones si está en la UE en la fecha en la que se celebran –26 de mayo–; según el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE, deberían participar si no se han ido para cuando se constituya la nueva Cámara, el 2 de julio.

eldiario.es/autores/Andres_Gil/

Un guardia civil afirma que hubo “un asedio” en Economía el 20-S pero que el registro se efectuó “con normalidad”

El agente destaca que el número dos de Junqueras en Hacienda ordenó a su secretaria destruir papeles el 20-S ante la llegada de los investigadores. La antigua mano derecha de Montoro sigue la línea del exministro y apunta sin pruebas a que la Generalitat pudo burlar los controles de Hacienda para pagar el 1-ODIRECTO | El juicio del procés y el resto de la actualidad política

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Registros del 20-S EFE / ARCHIVO

El desfile del centenar de policías y guardias civiles como testigos en el juicio del procés ha arrancado este martes con los agentes que participaron en los registros del 20 de septiembre de 2017. Su declaración no ha traído grandes novedades salvo en el caso de un guardia civil que estuvo en la conselleria de Economía el 20-S y que ha relatado, en contra de la secretaria judicial, que el registro se pudo hacer “con normalidad” pese a la protesta.

El agente solo ha pronunciado la palabra “asedio” cuando ha explicado que fue él quien visionó más de 80 horas de programas de Atresmedia, Mediaset y TV3 para confeccionar un atestado sobre los hechos del 20-S. A preguntas del penalista Jordi Pina, que defiende al expresidente de la ANC Jordi Sànchez, el guardia ha reconocido que descartó del conjunto de grabaciones las que mostraban los conciertos que se organizaron frente al departamento y que se decantó por “imágenes del asedio” porque eran “las más significativas”.

Con esta respuesta Pina buscaba evidenciar que el guardia civil no actuó con imparcialidad en la elaboración del informe y que optó por seleccionar las imágenes que más podían incriminar a Sànchez, señalado junto a Jordi Cuixart por las acusaciones como el responsable de impedir la salida de la comitiva judicial el 20-S de la conselleria. “Las imágenes mas significativas no fueron un concierto, fueron del asedio”, ha reiterado el agente, que ha negado que el ambiente de la protesta analizados los vídeos pudiera describirse como “festivo”. Lo contrario opinan los acusados, que remarcan el pacifismo de la protesta.

Asimismo, el agente ha explicado que, aunque no participó en el registro de los coches que acabaron destrozados, sus compañeros encontraron un bolso y una riñonera en el interior de los vehículos de la Guardia Civil. Uno de esos efectos pertenecía a una persona que había denunciado su sustracción o pérdida ante los Mossos y el otro a un individuo que fue “de los que más hostigaron a los miembros de la Guardia Civil” esa jornada, según investigaciones posteriores. No obstante, en los juzgados de Barcelona no hay ningún procedimiento abierto contra los titulares de los DNI hallados en los coches.

Salvadó, Junqueras y la destrucción de pruebas

El mismo guardia ha explicado que el entonces secretario de Hacienda, Lluis Salvadó, ordenó a su secretaria por teléfono que destruyera documentación de su despacho y tirara los papeles “al patio”. Lo pudieron saber, concreta, porque tenían intervenido el teléfono de Salvadó. El guardia civil ha añadido que encontraron en la papelera un documento roto que pudieron reconstruir, “ocho folios en los cuales se podía leer ‘Escenarios posteriores a referéndum’” y que recogía cuatro fases: noche electoral, recuento y programación formal acompañado de actos simbólicos, transitoriedad jurídica y proceso constituyente de transición.

También ha dado cuenta del hallazgo de otros dos documentos: ‘Escenario de guerra’ y ‘Escenario de guerrilla’. Se trataba de “medidas jurídicas y financieras que podía tomar el estado español frente al desafío independentista y las vías de subsistencia que podía tomar contra las mismas Catalunya”.

También ha relatado como a primera hora de la tarde Oriol Junqueras se personó en la conselleria. “Le dijimos que Salvadó estaba detenido y no podía tener contacto alguno. Hizo caso omiso, le dio un abrazo y mantuvieron una breve conversación en catalán. Les dijimos que no podían pasar, pero hicieron caso omiso, no hubo ningún enfrentamiento, pero bueno, un pequeño forcejeo, sí”, ha narrado sobre la actitud del entonces vicepresident.

El “tal Toni”, descubierto

El segundo guardia civil que ha declarado ha servido para confirmar la identidad del “tal Toni” al que varios testigos que diseñaron e imprimieron carteles del 1-O se han referido para señalar al interlocutor que les hizo los encargos en nombre de la Generalitat. Se trata de Antoni Molons, exsecretario de Difusión del Govern y actual responsable de Comunicación.

Y es que el guardia civil que registró el domicilio de Molons ha revelado que encontró allí el teléfono móvil desechable del que el diseñador gráfico Enric Vidal dijo haber recibido una llamada del “tal Toni” con un encargo sobre los carteles del 1-O. El teléfono se encontró en la habitación de la hija de Molons, mientras que la tarjeta prepago SIM del móvil fue hallada “en un jarrón” del comedor del domicilio, ha explicado el agente. Molons se negó a declarar en el Supremo al estar imputado en el juzgado de instrucción 13 de Barcelona.

El mismo guardia civil detuvo el 20-S a la mano derecha de Junqueras, Josep Maria Jové, y lo trasladó a su domicilio de Les Franqueses del Vallès para registrarlo. El agente asegura que desde Barcelona le comunicaron que no era posible trasladar a Jové a un segundo registro en su despacho de Economía ante la protesta que ya congregaba a miles de personas frente el edificio.

No obstante, el agente ha negado que Jové o su abogado, Andreu Van den Eynde, renunciaran a estar presentes en el registro en Barcelona. Una afirmación que contradice lo que sostienen Jové y la secretaria judicial que registró su casa, que certificó que el alto cargo renunció a estar presente en el registro en Economía en su casa, ante varios agentes de la Guardia Civil y su abogado.

El tiempo que tardaron los detenidos en renunciar a estar presentes en Economía es una de las razones que en varios informes el Instituto Armado señala como motivo por el que se alagaron los registros, lo que a su vez permitió que cada vez más personas se concentraran frente al departamento.

Pocas conclusiones sobre la malversación

La sesión de este martes ha empezado con la comparecencia de la que fuera mano derecha de Cristóbal Montoro, el exsubsecretario de Hacienda y Función Pública Felipe Martínez Rico, que ha seguido la línea del exministro y ha apuntado sin pruebas a que la Generalitat pudo burlar los controles de Hacienda para pagar el 1-O.

Martínez ha sostenido que el Ministerio “puso todos los elementos” para controlar el gasto de la Generalitat y evitar que se destinara al 1-O, pero ha matizado. “Luego lo que fuera la realidad material de los hechos….”. Los controles, apunta Martínez, “llegan hasta donde llegan y tienen los limites que tienen”.

Sus respuestas han sido poco concluyentes a la hora de intentar acreditar la malversación. De hecho, ha sostenido que el Ministerio no decía si los gastos de la Generalitat estaban destinadas al referéndum, sino que se limitaba a contestar los requerimientos del juzgado de instrucción 13, como hizo con el informe que redujo la cantidad presuntamente malversada a 813.000 euros.

En este sentido, Martínez ha dicho desconocer si los gastos relacionados con observadores del 1-O –que desde el Diplocat se niegan y se alega que fueron para “visitantes” no relacionados con la votación”– se terminaron de pagar en el mes de enero de 2019 con el 155 en vigor y por lo tanto con el control total de Hacienda sobre las cuentas de la Generalitat.

Por: 

Els guàrdies civils pateixen al Suprem per les mentides i per l’arbre enverinat

Els testimonis dels primers guàrdies civils presenten un escenari terrífic en les protestes del 20-S, però les defenses el saben neutralitzar.

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Prepareu-vos per a tot allò que vindrà d’ara endavant en aquest judici contra el procés al Tribunal Suprem espanyol. Han començat a comparèixer com a testimonis els guàrdies civils que van participar en els escorcolls i detencions del 20-S, i hem tingut un tast magnífic de la fase en què entrem. Són agents de la Guàrdia Civil, citats per la fiscalia i l’advocacia de l’estat, que proven de dibuixar un escenari de terror aquells dies de setembre, com si volguessin sostenir el relat d’Enric Millo quan va testificar. I això ho fan sabent que el ‘factor Mossos’ per a demostrar la violència rebel, després de les declaracions de Trapero, Castellví i Quevedo, pràcticament ha desaparegut. Això posa el focus de les acusacions en allò que anomenen ‘les muralles humanes’; perquè tan solament els queda la gent com a arma violenta, i això té un límit molt clar: la realitat. Els guàrdies civils que han comparegut hi han topat, i com que han mantingut el seu discurs –el de l’acusació–, les defenses han tingut la capacitat i l’habilitat de demostrar que deien mentida. Malgrat Marchena.

TIP P35979V

A mitja tarda ha comparegut el tercer guàrdia civil del dia. A la televisió no es veuen, perquè ho han demanat ells. Roger Graells, que era dins de la sala de vistes, el descriu com un home no pas gaire corpulent, d’uns quaranta anys, amb barba ben afaitada, amb uns gests i un to més pausats que no els agents anteriors, més nerviüts i impetuosos. S’identifica amb un número, el TIP P35979V. Va participar en l’escorcoll el 20-S a la seu del Departament d’Exteriors a la Via Laietana de Barcelona, i en la detenció de Xavier Puig Farré, responsable de l’oficina d’Afers Socials. De seguida quedarà clar que l’objectiu d’aquest testimoni és de presentar un escenari gairebé pre-bèl·lic en aquell lloc, el 20 de setembre al matí.

Aquell dia la gent de Comissions Obreres, que tenen la seu ben a prop d’allà, quan van saber que hi havia els escorcolls de la Guàrdia Civil, tant a Exteriors com a la seu del Departament d’Economia i més llocs, van sortir al carrer. S’hi va afegir més gent. Com ara Jordi Pesarrodona, regidor d’ERC a Sant Joan de Vilatorrada, que es va posar un nas de pallasso al costat d’un dels agents de la Guàrdia Civil que custodiaven l’entrada de l’edifici (dies més tard, el primer d’octubre, Pesarrodona va ser objecte de la brutalitat policíaca).

Una vegada fet l’escorcoll, la Guàrdia Civil se’n va anar, amb el detingut i la secretària judicial que va assistir-hi, gràcies a un cordó policíac que va formar una vintena d’agents dels ARRO dels Mossos d’Esquadra. Hi havia gent que protestava i cridava, i també n’hi havia que romania asseguda a terra, amb els braços enllaçats. Els Mossos els van apartar. La comitiva judicial i els guàrdies civils se’n van anar sense cap més problema.

‘Cares de molta violència’

Doncs bé, avui aquest agent TIP P35979V ha fet un relat apocalíptic. Ha dit que en vint-i-cinc anys d’experiència, havent viscut situacions molt greus en molts indrets en la seva tasca de persecució de crim organitzat i del narcotràfic, no havia vist mai res d’igual. Mai una violència com aquella. Sorpresa absoluta entre tota la premsa que segueix el dia a dia del judici. Perquè el relat és del tot nou; no constava en cap atestat de la Guàrdia Civil sobre els fets d’aquell dia. L’agent ha explicat: ‘El que hi vaig veure em va sorprendre: la cara de la gent que colpejava els vidres del cotxe. Era gent que denotava violència; no eren cares normals, eren cares de molta violència. Era una ràbia descontrolada. No m’havia passat mai res així, que la població civil tingués aquesta falta de respecte que fins i tot intentés sostreure el detingut.’ Ha acabat d’amanir-ho dient que va haver-hi una pluja d’ampolles i que encara va tenir temps de veure que passava un cotxe Via Laietana amunt, amb Carme Forcadell asseguda al seient de darrere, abaixant la finestreta i ‘agitant les masses amb la mà’.

Un relat esfereïdor. ‘El detingut va viure un capítol de terror total’, ha afegit l’agent, cercant la manera de trobar paraules a uns fets tan greus i inimaginables. El fiscal l’anava acompanyant en la declaració. Aquesta ‘muralla humana’ era de dues-centes persones, ‘un tumult’ (de nou la paraula que implica la sedició), que, segons l’agent, era molt probable que assaltessin el departament. Però tot seguit ha arribat el torn de les defenses, que han posat en tensió l’agent, i l’han fet entrar en contradicció i en uns episodis ridículs. Ho han aconseguit les advocades Marina Roig (de Jordi Cuixart) i Olga Arderiu (de Carme Forcadell). Arderiu ha acabat demanant a Manuel Marchena que es deixés constància del fals testimoni que significava la declaració de l’agent, perquè Forcadell no va passar per aquell lloc en aquell moment amb cotxe, ‘agitant les masses’.

Les celles arrufades de Marina Roig

Però qui ha aconseguit desactivar amb més eficiència aquest relat acusatori i plantar cara a Marchena amb fermesa ha estat Marina Roig. Quan sap que té la convicció de tenir la raó, Marchena no l’aconsegueix arronsar. S’ajup una mica per a atansar-se al micròfon, mira fixament i formula la pregunta arrufant les celles. És aleshores que demana a l’agent TIP P35979V si està segur que els Mossos no van ajudar en la sortida de l’escorcoll de la seu d’Exteriors, si no hi va haver un passadís. I diu que no. Demana de projectar un vídeo que el desmenteix amb rotunditat. Marchena s’hi oposa, li diu que no és pertinent i que ho sap, que el vídeo ja el veurem més endavant, en la fase documental. Però molts juristes i observadors internacionals del judici critiquen aquesta decisió, com la principal decisió de Marchena que genera indefensió, perquè no permet de contrastar en el moment si el testimoni diu mentida. I Roig hi insisteix, i fa saber al magistrat que sent que pateix una situació d’indefensió. Un vídeo que no es vol projectar a la sala i que al cap d’uns minuts treu fum a la xarxa. És aquest:

Li consta que els Mossos alcessin gent que s’asseia a terra? No li consta. Quina distància hi havia entre la sortida de la conselleria i el cotxe per on havien d’entrar? La de la vorera; cinc o sis metres. Aquí hi va haver una pluja d’ampolles, li demana l’advocat Jordi Pina. De quantes? No sé si eren dues o cinc, diu l’agent. Demana Marina Roig si els van llançar clavells. No sembla recordar-ho. Perquè cap clavell ‘no va impactar contra ell’. Al final diu que sí, que al principi hi havia clavells. Es posa nerviós. Diu que els concentrats brandaven banderes d’Òmnium i CCOO. Pot descriure una bandera d’Òmnium? Quadrada, amb un pal, amb les lletres d’Òmnium, alguna ratlla… No ho recorda gaire bé. Van poder fer l’escorcoll bé? Sí. Hi va haver lesionats entre agents, comitiva judicial? No.

L’escenari terrífic es dilueix. El relat del testimoni sembla forçat, perquè acabi essent tan inculpatori com sigui possible. I l’agent s’endú un advertiment de possible fals testimoni, per haver mentit sobre la presència de Forcadell. Les defenses s’hi han lluït, han anat alhora i no s’han arronsat amb Marchena.

L’arbre enverinat

Els dos testimonis anteriors han estat també guàrdies civils que van participar en escorcolls el 20-S, els de l’ex-secretari general d’Economia, Josep Maria Jové, i de l’ex-secretari d’Hisenda, Lluís Salvadó. Aquests agents, el TIP K47019K i el TIP H11346M, respectivament, tenien per a l’acusació la importància de demostrar que Jové i Salvadó van participar en un complot, en una planificació d’una secessió. I per això han parlat de la documentació que els van decomissar en els escorcolls que van fer en els seus domicilis i els seus despatxos quan els van detenir, el 20-S. Ací és on han brandat el famós document Enfocats i les agendes Moleskine de Jové, per insinuar que es preparava un gran cop. La violència costa de trobar, i per això quan el TIP H11346M ha dit que van trobar al domicili de Salvadó un manuscrit titulat ‘Escenaris de guerra i de guerrilla’ alguns mitjans espanyols han ensumat sang de nou, s’hi han abraonat i han carregat titulars. Però resulta que els documents no parlaven de mossos armats disparant, sinó de situacions econòmiques possibles en cas d’independència.

La tasca dels advocats s’ha basat a desarticular la base de la prova. En un procés penal hi ha una cosa que s’anomena la doctrina del fruit de l’arbre enverinat. Me’n parlava en un passadís del Tribunal Suprem, durant un descans de las sessió del matí, un jurista que segueix cada detall d’aquest judici contra el procés, per a detectar totes les anomalies, paranys i estratègies. Aquesta doctrina ve a dir que les proves d’un delicte que s’han obtingut d’una manera il·lícita contaminen, enverinen, tot el procediment d’investigació i d’acusació que en pengen. És a dir, que qualsevol prova que se’n derivi, directament o indirecta, pot ser considerada nul·la. Per això han posat l’accent en el fet que la detenció de Lluís Salvadó es fes sense la seva advocada; que la investigació del jutjat número 13 de Barcelona contra la hisenda pròpia, i que va portar a aquestes dues detencions, ja s’investigués des del 2016 sense que hi hagués hagut cap actuació semblant; que les detencions d’aquell dia no fossin comunicades al Col·legi d’Advocats, com seria preceptiu; que l’estiu del 2017 se cités a declarar alts càrrecs del govern per part de la Guàrdia Civil, sense coneixement del TSJC, quan enmig de l’interrogatori els deien que eren investigats per sedició, desobediència i malversació; o que les diligències del 20-S fossin per ordre del jutjat 13 contra el referèndum per bé que el jutjat 13 aquell estiu havia negat que investigués el referèndum… I així tants exemples d’unes actuacions irregulars que haurien d’invalidar les diligències, les proves obtingudes i totes les que se’n van derivar.

L’arbre enverinat. El problema d’aquesta causa –tal com s’ha vist amb tants testimonis, i tal com es pot veure en els escrits de les acusacions i en l’actitud de Marchena envers les defenses– és que no és tan sols un arbre, sinó tot el bosc de cap a cap.

VIST I SENTIT

Que el judici acabi abans de cap campanya electoral és quelcom que al Tribunal Suprem espanyol ara mateix tothom descarta. Manuel Marchena va voler fer via i enllestir una vista oral amb més de cinc-cents testimonis cridats a declarar i un volum enorme de proves documentals en poc més d’un parell de mesos. I ha vist que això és impossible; que els testimonis, pràticament tots, són cabdals, que les defenses no deixaran passar cap declaració de càrrec sense haver-la contradit, i de manera que s’allarga molt cada prova testifical. Marchena sembla haver llançat la tovallola per a escurçar el judici. I tots els rumors coincideixen a dir que durarà fins ben bé el mes de juny.

MÉS INFORMACIÓ

Els agents de la Guàrdia Civil que han declarat avui tenien apresa la lliçó d’afegir càrrega dramàtica als seus testimoniatges. Però en el torn de les preguntes de les defenses han perdut força les formes. Roger Graells, en aquesta crònica feta dins la sala, explica el testimoniatge del primer guàrdia civil que ha declarat: ‘De l’arrogància als nervis i la incomoditat: el primer guàrdia civil declara al Suprem

QUÈ PASSARÀ DEMÀ?

Avui només han declarat quatre dels set agents de la Guàrdia Civil que havien de testificar. Els altres tres ho hauran de fer demà al matí, i s’hi hauran d’afegir els altres set que ja hi havia prevists. Són tots agents que van participar en escorcolls del 20-S i també que van intervenir correus electrònics d’alguns acusats.

DIARI D’UN JUDICI POLÍTIC

PerJosep Casulleras Nualart

CRÓNICA | Juicio del procés – Día 18

Terror en Via Laietana, horror en el Tribunal Supremo

Un guardia civil afirma que los incidentes ocurridos ante la Conselleria de Acción Exterior de la Generalitat el 20 de septiembre de 2017 fueron más violentos que todo lo que vio en su época durante 25 años de su trabajo en un grupo policial antidroga. Los primeros agentes de la Guardia Civil en testificar relatan episodios de violencia el 1-O y en las semanas previas

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Incidentes producidos ante la Conselleria de Exteriores de la Generalitat el 20 de septiembre de 2017 al terminar los guardias civiles el registro. MARTA PÉREZ / EFE

Más tarde o más temprano, en un juicio llega el momento de internarse en la jungla. El protagonismo pasa a la guerra de guerrillas, las pequeñas escaramuzas con el enemigo que no tienen como objetivo la victoria total e inmediata, sino provocar un cierto número de bajas con las que minar al rival. Es una guerra de desgaste.

Veamos un ejemplo en el inicio de la declaración del guardia civil K47019K (es su número de identificación, ya que el nombre de los agentes no se revela en la vista). Participó en el registro del domicilio de Lluís Salvadó, secretario de Hacienda de la Generalitat. El teléfono de Salvadó estaba intervenido. Con los agentes en la puerta, llamó a su secretaria para pedirle que se deshiciera de algunos documentos comprometedores: “Coge la pila de papeles que hay encima de la mesa de reuniones y tíralos al patio”.

Hubiera sido una buena escena para la serie que haga Netflix sobre el juicio, al menos para comenzar un capítulo. Esos papeles volando mientras los agentes golpean la puerta del despacho. La Guardia Civil ya estaba encima y no hubo tal lluvia de papeles. Alguien sí rompió algunos documentos que se encontraron en la papelera. La papelera es uno de los sitios donde siempre mira la policía. Eran unos ocho folios sobre “escenarios posteriores al referéndum”, el ejercicio de ensoñación independentista que nunca se convirtió en realidad, porque nunca hubo independencia.

La frase ‘coge la pila de papeles’ no condujo a nada, no sirvió para ocultar pruebas. Pero era una oportunidad que el agente K47019K no iba a desaprovechar. Los malos son los que intentan destruir pruebas tirándolas por la ventana o el inodoro, o comiéndoselas si están muy desesperados. Los testigos profesionales también actúan ante un tribunal. O lo intentan para desgastar al enemigo.

Los cuatro guardias civiles que declararon el martes en el juicio formaron parte de la investigación realizada por el Juzgado número 13 de Barcelona, que surtió de materia prima a la instrucción hecha en el Tribunal Supremo. Gracias a la verborrea del juez y senador de ERC Santiago Vidal, esa investigación se inició mucho antes del referéndum y es fuente de muchos problemas para los acusados.

Suyos fueron los registros llevados a cabo en departamentos del Govern el 20 de septiembre de 2017 y en despachos y domicilios de los detenidos ese día. También las investigaciones sobre las investigaciones relacionadas con el referéndum con las que la Fiscalía quiere sustentar el delito de malversación.

Los sucesos ante la Conselleria de Exteriores

El tercer guardia civil, P35979V, introdujo en la sesión el elemento más terrorífico, eso para el caso de que Netflix quiera hacer una versión gore. Sabíamos de los incidentes ocurridos ese día ante la Conselleria de Economía con decenas de miles de personas protestando contra las detenciones. Resulta que todo eso no fue nada comparado con el registro de la Conselleria de Acción Exterior, donde estaba P35979V. Allí unas 200 personas se manifestaron ante el edificio situado en Via Laietana, en Barcelona.

Por lo que contó el guardia civil, parecían 200 espartanos muy enfurecidos. “Si todo este tumulto asalta el departamento, los efectos habrían sido devastadores”, dijo al principio. Tumulto, esa palabra que aparece en el escrito de acusación de la Fiscalía. Después tuvo que sacar del edificio a la secretaria judicial cuando “las amenazas de muerte ya eran algo suave comparado con lo que estaba ocurriendo”. Es difícil pensar en un contexto en el que haya algo peor que amenazas de muerte, excepto la muerte o daños físicos muy graves.

Cuando metió a la secretaria en un coche, los manifestantes zarandearon el vehículo y ella se echó a llorar, según el agente. Luego sacó al detenido y algunos de ellos quisieron llevárselo, se supone que para liberarlo. El detenido también tuvo derecho a frase en el relato: “El detenido no daba crédito a lo que estaba viviendo. Sólo decía: sáquenme de aquí”. Había entre cinco y diez metros entre la puerta del edificio y el coche, según el agente. Las fotos indican que la distancia era muy inferior.

¿Qué hacían los mossos que estaban en la zona?, preguntó el fiscal. “Miraban”, respondió el testigo. Es como decir que no hacían nada.

Las imágenes de ese día demuestran que eso no es cierto. Los mossos intentaron proteger a los guardias civiles y desalojar a los manifestantes que estaban tirados en el suelo. Las fotos confirman que hubo momentos de auténtica tensión con manifestantes, guardias civiles y mossos, casi juntos cuando los segundos dejaron el edificio. Un grupo de personas se tiró a la calzada para impedir que los guardias civiles abandonaran la zona con sus vehículos hasta que los mossos los levantaron del suelo.

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Los mossos retiran a los manifestantes sentados en la calzada ante la Conselleria de Exteriores en Via Laietana el 20 de septiembre. TONI ALBIR / EFE

Pero no era suficiente con revelar unos hechos muy poco conocidos hasta ahora, a diferencia de los de la Conselleria de Economía. P35979V dio a entender que nunca antes había pasado por una situación tan violenta y eso que había tenido una experiencia de 25 años en un grupo policial antidroga, en la investigación de grandes narcotraficantes y en registros en “barrios muy conflictivos”.

Ninguno de los protagonistas de los incidentes de Via Laietana sufrió lesiones. Ni guardias civiles, ni mossos, ni manifestantes.

Aún hay más. P35979V alegó que pasó por la calle en un coche oficial la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, hoy en el banquillo de los acusados. La acusó de “agitar a la masa” desde el vehículo. El coche no paró, pero él dice que reconoció a Forcadell. Fue una revelación sobrevenida. En el atestado policial no dijo que la había visto. Tampoco al juzgado. La abogada de Forcadell le preguntó por qué no lo contó entonces. “Pues me ha salido ahora”, respondió. 

La letrada pidió al tribunal que lo considerara como un posible delito de falso testimonio. Era la forma elegante de decir: no me creo nada de lo que ha dicho.

Duelo con Marchena

El magistrado Marchena no dejó que en ese momento se vieran los vídeos para contrastar esta declaración con la realidad de lo ocurrido ese día. Como en otras ocasiones, ha decidido que ahora sólo toca hacer preguntas a los testigos y más adelante será el momento de la prueba pericial en la que ambas partes ofrecerán numerosos vídeos y documentos.

Las defensas discrepan por completo y creen que se les debería permitir ofrecer vídeos que constan en la causa para comprobar si los testimonios de los testigos “se contradicen con las imágenes”; en otras palabras, si alguien se monta una película. Es su forma de desgastar la credibilidad de los testigos que acusan a sus clientes. 

Marchena no cedió en este punto, como no lo hizo en otras ocasiones similares, aunque el testimonio de P35979V no le pone precisamente las cosas fáciles. El magistrado intenta acelerar el juicio en la medida de lo posible, lo que es difícil cuando la Fiscalía hace interrogatorios interminables a los testigos. El martes estaba señalado para la declaración de siete guardias civiles. Seis horas y media de sesión sólo dieron para cuatro. La guerra de desgaste exige su tiempo.

Vuelve el Fairy, pero sin nombrarlo

El último guardia civil en declarar no era cualquiera. P96540Q es un comandante que dirigía la unidad de policía judicial de la Comandancia de Barcelona. Describió hechos violentos cometidos contra agentes el día del referéndum, incluido al que Enric Millo se refirió con el uso de Fairy, la conocida marca de lavavajillas. El comandante lo llamó “producto deslizante”. Ofreció varios ejemplos en los que lo que llamó “la masa” atacó a guardias civiles. A uno de ellos, le quitaron el casco, el escudo y la porra para después golpearle.

Él no vio esos ataques. Todos le fueron comunicados por sus agentes. Él definió su actuación como proporcionada y dijo que no sabe cuántos de ellos están imputados por su actuación el 1-O en los juzgados de Barcelona.

eldiario.es/autores/Inigo_Saenz_de_Ugarte/

Aznar: “Algunos quieren ganar 80 años después guerras que los españoles ya no libran”

El expresidente del Gobierno sostiene que “la campaña de indultos ya se hizo en el 34 con los antecesores de los que se sientan en el banquillo del Supremo”. Sin pedir expresamente el voto al PP, Aznar considera que no se puede “confiar el futuro a la conjunción de la izquierda y los nacionalistas”. Aznar le ve las orejas a Vox

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El presidente de FAES y exjefe del Ejecutivo, José María Aznar.

El expresidente del Gobierno y máximo dirigente de la Fundación FAES, José María Aznar, ha aprovechado este martes su participación en la presentación de un libro sobre el que fuera presidente del Consejo de Ministros de la II República Alejandro Lerroux, para cargar contra las políticas que buscan recuperar la memoria histórica y resarcir a las víctimas del franquismo. 

“Hay quienes no quieren superar el pasado, sino que por el contrario quieren recrearlo. Quieren ganar 80 años después guerras que los españoles ya no libran, con estigmas que ya no reconocen y con un relato de división y descrédito”, ha asegurado Aznar durante un acto que ha tenido lugar en la Fundación Rafael del Pino de Madrid y a la que han asistido figuras destacadas del aznarismo como la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre o los exministros Josep Piqué y Pío Cabanillas. 

El expresidente ha mostrado su “confianza en la unidad de España” y en la “solidez de la nación”. Ha advertido, no obstante, que “sobre el futuro sigue planeando el intento de ruptura, la apuesta por el golpe de Estado”. Hoy, en su opinión, “ese futuro se juega en Catalunya”. “No termino de entender cómo es posible que el mismo fracaso se repita una y otra vez, no solo político, sino social e histórico, la derrota como triunfo y la deslealtad como virtud política”, ha considerado.

A renglón seguido, Aznar ha hecho alusión al juicio que se sigue en el Tribunal Supremo contra los dirigentes independentistas por la celebración del referéndum del 1-O de 2017 y la posterior declaración unilateral de independencia, y ha lanzado la idea de que se esté planteando una suerte de indultos para todos ellos, en el caso de que sean condenados.

“La campaña de indultos ya se hizo en el 34 con los antecesores de los que se sientan en el banquillo del Tribunal Supremo”, ha zanjado el presidente de FAES.

Aunque ha evitado pedir de forma explícita el voto para el PP, Ciudadanos o Vox, Aznar sí ha considerado que no se puede “confiar el futuro” a la “conjunción de la izquierda y los nacionalistas que nos han llevado a esta situación”. Ha criticado también que se propongan “diálogos con quienes carecen de buena fé para el dialogo”.

En clara alusión a la aplicación del artículo 155 en Catalunya, Aznar también ha pedido que “el Estado ponga fin a este desafío continuo al Estado democrático”.

eldiario.es/autores/Inigo_Aduriz/

La Audiencia Nacional imputa al responsable de vigilar la corrupción en el PP de Casado

El juez que investiga las irregularidades de la Ciudad de la Justicia ha citado como imputado a Alfredo Prada, principal responsable de ese proyecto. El PP mantendrá al exconsejero al frente de la Oficina del Cargo Popular, donde fue colocado por Casado, hasta el momento en que se abra juicio oral porque “no ocupa ningún cargo público”. La investigación está centrada en delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias y delito societario, entre otros. Metro, agua, hospitales, colegios y ahora la Ciudad de la Justicia: la corrupción inundó toda la gestión de Aguirre

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Alfredo Prada.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha imputado al exvicepresidente segundo y exconsejero de Justicia madrileño Alfredo Prada (PP) en la causa en la que investiga irregularidades en el proyecto del Campus de la Justicia de Madrid y le ha citado a declarar el próximo 27 de marzo.

El presidente del PP, Pablo Casado, colocó a Prada al frente de la Oficina del Cargo Popular del partido, un órgano que trata de detectar prácticas corruptas dentro de la formación. Prada es uno de los padrinos políticos de Casado. Le dio su primer sueldo público -50.000 euros anuales- como asesor parlamentario de la Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid cuando el actual presidente del PP no había acabado todavía la carrera de derecho.

La Fiscalía había pedido su imputación porque fue el presidente y consejero delegado de la Ciudad de la Justicia, un macroproyecto para aunar todas las sedes judiciales de la Comunidad de Madrid. Solo se construyó un único edificio que no tiene uso, pero el proceso se tragó al menos 100 millones de euros de dinero público.

Tras conocerse la imputación, el PP ha manifestado que solo actuará contra el exconsejero en el momento en que se abra juicio oral. La formación justifica que Prada “no ocupa ningún cargo público” y remite a los Estatutos, que especifican que  “hasta que nos se haya dictado un auto de apertura de juicio oral por un delito relacionado con la corrupción no se procederá a suspenderle provisionalmente de afiliación, precisamente para garantizar todos sus derechos”, han informado fuentes del partido a Europa Press. 

De la Mata señala en su auto que la Ciudad de la Justicia no seguía ningún criterio de racionalidad económico-organizativo y presentaba un claro desequilibrio que se manifestaba en la existencia de un potente ámbito de personal directivo y una infraestructura de personal administrativo sumamente débil. Algunos de esos miembros de la dirección cobraban 5.000 euros al mes, como denunció en su informe la Cámara de Cuentas de Madrid. Algunos se subieron el sueldo hasta un 80% cuando la sociedad ya estaba en quiebra.

El juez recuerda que ese informe señala que esos cargos directivos se ocuparon con personas afines a los responsables del proyecto y que en materia de contratos públicos no se respetaron las reglas básicas del sector público. Además incide en la falta de documentación que constató la Cámara de Cuentas cuando trató de fiscalizar la actividad de la Ciudad de la Justicia.

El auto pone un ejemplo de la forma de actuar de los responsables de la Ciudad de la Justicia. La sociedad encargó un informe de valoración de ofertas para la construcción de la primera fase del proyecto a Isabelino Baños, que había estado vinculado con la empresa que resultó adjudicataria.

El auto también hace referencia a otros gastos del proyecto, como las retiradas de efectivo o el uso de una tarjeta Visa Platinum cuyos desembolso asciende, al menos, a 15.647 euros y en los que se aprecia una falta de información y documentación básica sobre la cobertura de dichos movimientos. También se menciona que la Ciudad de la Justicia abonó un máster por 38.050 euros a un trabajador que había contratado, el subdirector técnico de la entidad, Mariano José Sanz Piñar. 

Por eso, el juez ha adoptado la decisión de imputar a Prada en un auto en el que llama también a declarar ese día como investigados a Isabelino Baños Fernández, Mariano José Sanz Piñar y Alicio de la Heras Rodríguez.

Según el juez, que investiga delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias, delito societario y otros, “la sociedad Campus de la Justicia de Madrid no seguía ningún criterio de racionalidad económico-organizativo”, y presentaba “un claro desequilibrio que se manifestaba en la existencia de un potente ámbito de personal directivo y una infraestructura de personal sumamente débil”.

eldiario.es/autores/Marcos_Pinheiro/

Jaume Satorra

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El hombre no posee el poder de crear vida. No posee tampoco, por consiguiente, el derecho a destruirla. (Mahatma Gandhi)

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