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Susana Díaz denuncia privilegios del Estado a Catalunya y Euskadi en plena negociación de los Presupuestos de 2019

La líder andaluza arranca la campaña electoral reclamando a Pedro Sánchez un “sistema de convergencia regional” que garantice el equilibrio entre regiones ricas y pobres. “Los Presupuestos Generales siempre forman parte de la subasta de la aritmética parlamentaria”, denuncia. Díaz promete que no bloqueará la formación del Gobierno andaluz después del 2-D y avisa de que tiene “banda ancha” para contar con independientes de izquierda y derecha.

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Susana Díaz pide que la Justicia se pronuncie “cuanto antes” sobre el caso Faffe y dice haber mejorado los controlesS

Justo cuando el Gobierno de Pedro Sánchez empieza a negociar los Presupuestos Generales de 2019 con los partidos nacionalistas catalanes y vascos,  Susana Díaz ha avanzado su primera propuesta de campaña para las elecciones andaluzas del 2 de diciembre. Se trata de un planteamiento que cuestiona abiertamente los acuerdos bilaterales de los distintos Gobiernos de España con los nacionalistas y que, según Díaz, han ido en detrimento de las regiones más pobres del país.

La presidenta andaluza ha explicado este miércoles en Sevilla que hay un artículo de la Constitución española, el que debe garantizar el equilibrio en el reparto de riqueza entre las comunidades autónomas, “que no se ha desarrollado” en su totalidad (artículos 138.1 y 138.2). Díaz denuncia que “el ranking de comunidades antes y después de la democracia no ha variado”. “Las que eran ricas antes y lo son ahora, y las que son pobres siguen siéndolo”, avisa.

La sevillana ha anunciado que, si gana los comicios, pedirá al Gobierno de Sánchez “un sistema de convergencia regional” para lograr más equilibrio territorial entre regiones ricas y pobres, una herramienta similar a la que utiliza Bruselas para el reparto de fondos europeos. Andalucía obtiene ahora dinero extra de la Comisión Europea por estar en el grupo de regiones menos desarrolladas, cuyo PIB se sitúa por debajo del 75% de la media comunitaria. En la Constitución hay algo parecido -el Fondo de Compensación Interterritorial (FCI), pero según la Junta no se ejecuta bien.

Díaz se queja de la falta de compromiso de los distintos Gobiernos con Andalucía y pone como ejemplo dos partidas presupuestarias que nunca satisfacen las demandas de la Junta:  Compensación Interterritorial (FCI), que sirve para garantizar la solidaridad entre comunidades, y obra pública.

La presidenta de la Junta denuncia que los distintos Gobiernos de España, sean del color que sean, llevan años sin ejecutar correctamente ese fondo de solidaridad interterritorial, que en origen estaba pensado para “cohesionar el país”. Hace 30 años, el FCI representaba el 0,87% del PIB anual, unos 9.700 millones de euros, bastante más de lo que se reparte en la actualidad. Díaz calcula que si en el último ejercicio presupuestario el FCI hubiera contado con el mismo porcentaje del PIB, a Andalucía le habrían correspondido 3.600 millones de euros, y no los 160 millones que va a obtener.

La candidata socialista relaciona implícitamente este “mal uso” del Fondo de Compensación Interterritorial con el peso de los “partidos nacionalistas” en el Congreso, aunque no ha nombrado a ninguna formación en concreto. O bien desde Euskadi o bien desde Catalunya, estos grupos siempre han condicionado los Presupuestos Generales del Estado, logrando grandes beneficios para sus territorios a cambio del apoyo de los nacionalistas a las cuentas del Gobierno.

Andalucía, con un peso poblacional mayor que el País Vasco y similar a Catalunya, nunca ha logrado contrapartidas tan sustanciosas. “La sensibilidad política de todos los Gobiernos de España para la igualdad de oportunidades no ha sido posible, porque los Presupuestos están sujetos a los acuerdos del arco parlamentario. Las cuentas generales han formado parte siempre de la subasta de esa aritmética parlamentaria. Ha faltado patriotismo de país y ha sobrado mucha impostura de algunos”, sentencia. Los Gobiernos de PSOE y PP han negociado históricamente las cuentas del Estado con el PNV o con CiU (hoy reconvertido en el PDeCat).

La situación que describe   Susana Díaz  no está en el pasado, se encuentra ahora mismo en pleno debate sobre el acuerdo presupuestario que ha alcanzado el Gobierno de Sánchez con Podemos, y que necesita sumar el apoyo de los nacionalistas e independentistas catalanes y vascos para salir adelante. La presidenta de la Junta no ha cuestionado directamente que Sánchez vaya a negociar con los catalanistas, pero sí denuncia que “la aritmética parlamentaria ni los lobbies determinen el reparto de fondos” entre los territorios. “Andalucía se ha ganado por derecho propio, aquel 28 de febrero de 1981, el poder liderar estas reclamaciones”, sentenció.

Pero el debate no se limita únicamente a los nacionalismos. También tiene mucho que ver con el reciente debate en torno a la atención a los menores inmigrantes, que ha desbordado los recursos de Andalucía. El Gobierno dio 15 días al resto de comunidades para que ofrecieran su apoyo solidario y voluntario a las regiones que más sufrían la presión migratoria, pero la mayoría ha dado la espalda a este llamamiento.  Según avanzó El País, en conjunto las comunidades ofrecieron 150 plazas  para acoger a menores inmigrantes, cuando Andalucía esperaba poder redistribuir a unos mil de los más de 5.000 a los que ahora atiende. 

Los artículos de la Constitución a los que alude Díaz para denunciar los “privilegios” que los distintos Gobiernos de España han concedido a las comunidades pilotadas por partidos nacionalistas con peso específico en el Congreso de los Diputados son el 138.1 y 138.2 del Título VIII, sobre la Organización Territorial del Estado. Dicen así: “El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular” (138.1). “Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales”.

“Gobierno de banda ancha”

Susana Díaz encara las elecciones andaluzas del próximo 2 de diciembre con aparente optimismo. “Yo estoy contenta, porque veo lo que hay en la calle”. La presidenta de la Junta y próxima candidata del PSOE a la reelección asegura que “percibe más apoyos ahora que hace cinco años”, de modo que espera una recuperación de los votos que los socialistas perdieron en las últimas elecciones, en parte, por el auge de los partidos emergentes: Podemos y Ciudadanos.

Díaz ha participado este miércoles en un desayuno informativo de Europa Press, en el restaurante Abades de Sevilla, donde le han preguntado insistentemente si se siente más próxima a pactar con la izquierda -Podemos e IU- o con la derecha representada por Ciudadanos, que ha sostenido su Gobierno en esta legislatura. La presidenta aspira a gobernar en solitario, pero abre la puerta a cualquiera que “desde su independencia”, desde cualquier identidad política o sector profesional, quiera “comprometerse con Andalucía” y sumarse al proyecto socialista. “Tienen sitio en el PSOE y en este Gobierno”, subrayó.

“Soy del PSOE hasta las entrañas, pero represento a un Gobierno de banda ancha, donde caben todos”, ha dicho, poniendo como ejemplo a dos independientes de su gabinete, la responsable de Universidades ( Lina Gálvez, catedrática de la Pablo Olavide), y el consejero de Economía y Hacienda (Antonio Ramírez de Arellano, ex rector de la Hispalense). “Este proyecto cada día atrae a más gente, está más cerca de los sindicatos, las cooperativas, las ONG, que participan con nosotros a primer nivel”, avisa.

La presidenta de la Junta pretende subrayar su perfil más institucional en esta campaña, ofrecer y reclamar propuestas para Andalucía, y huír del duelo directo con los líderes de PP, Ciudadanos y Podemos. “Nunca utilizaré el voto de los ciudadanos para bloquear las instituciones”, avisa, en clara alusión a su ex socio de Ciudadanos, que ya ha anunciado que prefiere la repetición de las elecciones andaluzas antes que volver a permitir al PSOE formar Gobierno. Díaz dice que sus vecinas, “al fresquito”, le piden que no entre en las provocaciones ni en la confrontación con sus rivales políticos. “Cuando vuelvo a mi barrio veo a mis vecinas, al fresquito, y me dicen: Susana, no te vayas a meter con nadie. Y así es, no me voy a perder en debates estériles”.

Sin embargo, Díaz está convencida de que sus oponentes “van a enfangar la campaña electoral”, “con amenazas de bloqueo institucional o de notarios”, o con asuntos de corrupción “del pasado”, como el caso ERE o el de la Faffe, que investiga el uso de fondos públicos de la Junta en prostíbulos. “Estamos en el mundo de las fake news. Hablamos de cosas de hace 15 años pero me piden explicaciones ahora y, oiga, es que yo entonces estaba en el COU”, advierte.

La líder socialista -que hasta el comité director del sábado no será ratificada oficialmente como candidata a la Presidencia de la Junta- espera que Pedro Sánchez participe junto a ella en varios mítines de campaña, y espera contar con la presencia de los ministros del Gobierno, “que esta vez vendrán con el trabajo hecho”.

eldiario.es/autores/Daniel Cela/

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PP y Ciudadanos tachan los presupuestos de “ilegales” con argumentos falsos

Rivera acusa al Gobierno de pretender presentar unas cuentas con una senda de déficit del 1,8% a pesar de que esta no fue aprobada por el Congreso. Sin embargo, el Ejecutivo ha dejado claro que llevará al Congreso unos presupuestos elaborados con la senda del 1,3%, que es la que está vigente. Casado asegura que “esta es la primera vez que se presentan unos Presupuestos sin aprobar un techo de gasto en esta cámara, de forma ilegal”. El gasto público y la presión fiscal en España continuarán por debajo de la media europea

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Albert Rivera y Pablo Casado durante el desfile del 12 de Octubre. EFE

PP y Ciudadanos han decidido este miércoles azuzar la idea de que los Presupuestos acordados entre el Gobierno y Unidos Podemos son unas cuentas “ilegales”. Durante la sesión de control al Gobierno que ha tenido lugar en el Congreso tanto el líder de los populares, Pablo Casado, como el del partido naranja, Albert Rivera, han hecho mención a esa supuesta ilegalidad de las cuentas públicas que Pedro Sánchez envió el lunes a Bruselas. 

El argumento empleado por el presidente de Ciudadanos para lanzar esa acusación es que el Ejecutivo plantea sus Presupuestos con una senda de déficit del 1,8% a pesar de que Sánchez no consiguió aprobarla en el Congreso de los Diputados, por lo que, según Rivera, el presidente del Gobierno presentará en Bruselas y en el Parlamento unos presupuestos con una senda que no ha sido aprobada en España. Sin embargo, ese dato es falso, ya que el Gobierno ha dejado claro que las cuentas de 2019 que se registrarán a principios de diciembre estarán basadas en la senda de déficit aprobada por el PP, del 1,3%, a pesar de que a Bruselas sí le ha enviado el marco presupuestario con el 1,8%.

El portavoz de Ciudadanos, José Manuel Villegas, planteaba esa idea de los “presupuestos ilegales” antes de entrar al Pleno. “Quien plantearía un problema al país sería el Gobierno si propone unos Presupuestos ilegales. Tiene que asumir el señor Sánchez que fue incapaz de aprobar la senda de déficit con el techo de gasto, ni sus actuales socios lo votaron. Vamos a esperar a ver qué hace el Gobierno pero esperemos que no cometa la ilegalidad de presentar unos presupuestos ilegales”, aseguraba. Rival electoral pero socio necesario: la imposible relación de PP y Ciudadanos

Después, ya durante la sesión de control, era Pablo Casado el primero en mencionar esa ilegalidad de las cuentas, si bien por su parte no se aportaba ningún argumento para sostener esa acusación. “Esta es la primera vez que se presentan unos Presupuestos sin aprobar un techo de gasto en esta Cámara, de forma ilegal”, apuntaba. Fuentes de la dirección nacional del PP explicaban después que el artículo 15 de la ley de estabilidad presupuestaria “obliga” al Gobierno a aprobar en cada primer semestre del año la senda de déficit, incluso si esta es la misma que la del año anterior. 

El Gobierno ha negado este aspecto. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado que si la senda es la misma que la del ejercicio anterior –en este caso la aprobada por el Gobierno de Rajoy para 2018, 2019 y 2020, dado que el Congreso rechazó la planteada por el equipo actual– el Ejecutivo no está obligado a aprobar una nueva cada año, sino que se prorroga durante tres años de forma automática. Esa es la tesis que defienden, según ella, los propios abogados del Estado basándose en la misma ley a la que hacían referencia los conservadores.

Rivera empleaba unos argumentos distintos a los del PP durante su turno de pregunta. El líder de Ciudadanos calificaba de “fake” el documento del marco presupuestario que España envió a Bruselas el lunes. El argumento del líder de Ciudadanos es que se ha elaborado con la senda de déficit del 1,8% que autorizó la Comisión Europea y que la derecha española ha bloqueado en el Parlamento.

“No respeta a esta Cámara. Esta Cámara no ha aprobado el 1,8%. Va a traer una senda del 1,8%”, ha dicho Rivera sobre la posibilidad de que el Ejecutivo presente unas cuentas en el Congreso con el margen para el déficit que aún no se ha aprobado. Sin embargo, el Gobierno ha dejado claro que al Parlamento llevará los presupuestos con la senda de déficit que en ese momento esté vigente.

“Vamos a presentar los los Presupuestos Generales del Estado en diciembre con una senda de estabilidad que es la reconocida por este Parlamento hasta que sea revisada y de que el PP y Ciudadanos dejen de obstruir una ley que está ganada por la mayoría parlamentaria”, le ha contestado Sánchez sobre el bloqueo de la derecha a la modificación de la ley de estabilidad presupuestaria con la que el Ejecutivo pretende eliminar la capacidad de veto al PP en el Senado.

También la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, había anticipado al anunciar el marco presupuestario que las cuentas que llevará finalmente al Parlamento se elaborarán con la senda del déficit del 1,3% que aprobó Rajoy. “No es tan crucial para los presupuestos”, dijo Montero, que insiste en que para la Administración General del Estado las cinco décimas de margen sobre la senda que consiguió Rajoy dan aire especialmente a las comunidades y la Seguridad Social (2.500 millones, respectivamente) mientras que para los presupuestos se traduce en 1.200 millones para gasto.

A la salida del Pleno, el número dos del PP, Teodoro García Egea, evitaba aclarar si su partido considera que las cuentas son ilegales. No obstante, lanzaba otra acusación al a segurar que es directamente el Ejecutivo de Sánchez el que “carece de legitimidad de origen” por haber llegado al poder gracias a los votos de los independentistas, según ha explicado en declaraciones a los periodistas. Sin embargo, la moción de censura con la que el PSOE arrebató el Gobierno al PP es un mecanismo previsto en la Constitución.

ETIQUETAS: PP,    Ciudadanos,    Pablo Casado,     Pedro Sánchez

La Iglesia ve inevitable el enterramiento de Franco en La Almudena y se prepara para limitar cánticos y banderas fascistas en el interior

Salvo que se rompa la unanimidad entre los nietos del dictador, que sería la salida preferida por el Arzobispado de Madrid, se asume que la momia de Franco acabará en el centro de la capital. La Iglesia contempla que el entierro se produzca como acto privado, sin focos y con la única presencia de la familia. También prevé impedir la exaltación del dictador o del franquismo prohibiendo la entrada de símbolos políticos a la cripta o limitando la entrada de grupos numerosos. Los obispos, sobre la inhumación de Franco en La Almudena: “Los muertos no tienen carnet político”

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Tumba de Carmen Franco Polo y Cristóbal Martínez Bordiu, en la Almudena. OLMO CALVO

Salvo gran novedad,  los restos de Francisco Franco reposarán en la cripta de la catedral de La Almudena una vez salgan del Valle de los Caídos. La Iglesia ha confirmado que la familia tiene comprada una tumba, entrando a la izquierda donde ya reposa su hija, y el decreto del Gobierno ha permitido a los Franco elegir el lugar de enterramiento. Los nietos del dictador han colado un gol al cardenal Osoro y a Sánchez y han elegido la catedral de Madrid para inhumar los restos, lo que puede convertir el centro turístico de la ciudad en un lugar de peregrinaje franquista.

El Gobierno apela al derecho canónico que rige dentro de la catedral de Madrid, por lo que no puede remediar la inhumación (la vicepresidenta ya dijo que el ejecutivo es responsable solo de la exhumación) y lanza la pelota a Osoro. Y la Iglesia apela a que la tumba es de los Franco, es visible, y no puede evitar la inhumación o proponer ningún traslado acogiéndose a ninguna norma legal. Los nietos del dictador, irritados con Pedro Sánchez y con la Iglesia española por permitir la exhumación del Valle de los Caídos, han dado la vuelta a lo que consideran una traición a su abuelo.

Como ya adelantó  eldiario.es, los Franco cuentan en la cripta con una tumba, por la que pagaron 150.000 euros, que está nada más entrar a la izquierda, lo que convierte en casi imposible limitar la visita a esa parte. Tiene capacidad para entre cuatro y seis cuerpos, fue adquirida “a perpetuidad” por la hija del dictador en 1987 y donde Carmen Franco (fallecida en diciembre de 2017) está enterrada, junto con su marido, el marqués de Villaverde (que murió en 1998). Sobre la lápida no faltan nunca las flores y las cintas con los colores de la bandera de España.

En su escrito de alegaciones a la exhumación del dictador, los nietos de Franco apuntaron que, en caso de que sus recursos no prosperen y su abuelo sea sacado del Valle de los Caídos, su deseo era que fuera inhumado en ese lugar. Una acción que no contraviene ninguna ley pero que, en la práctica, supone enterrar al dictador a pocos metros del Palacio de Oriente, lo que ha desatado las alertas tanto en Moncloa como en la sede del Arzobispado de Madrid, que desea que eso no suceda pero que de momento no ve salida al problema.

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Interior de la cripta de la catedral de la Almudena. OLMO CALVO

El cardenal Osoro, quien junto al presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez, tuvo un papel protagonista para que la abadía de Cuelgamuros no pusiera pegas a la salida de la momia del dictador, teme que los intentos de parte de la Iglesia española (la más cercana al Papa Francisco) por alejarse de cuestiones políticas se vayan al traste con un enterramiento que volvería a traer a la memoria el nacionalcatolicismo y los vínculos de la Iglesia con el franquismo.

Pero Osoro alega que no puede hacer nada. De un lado, se da por hecho que no puede impedir que la familia entierre al dictador en una tumba de su propiedad. Del otro, tampoco contempla cerrar la cripta al público, pues se trata de un recinto “con actividad parroquial”, en la que hay 800 visitas al día que aportan un euro de donativo. “Si estuviera en una capilla, sí podría cerrarse, pero aquí es zona de paso”, lamentan desde el arzobispado. Enterrarlo en otro sitio no visible aunque no sea la tumba de su propiedad o negarse a la inhumación como medida excepcional ya que se trata del dictador no entra en los planes de la Iglesia.

Oficialmente, desde la diócesis aseguran no haber recibido ningún tipo de comunicación, ni por parte de la familia ni por parte del Gobierno, respecto a la futura inhumación de Franco en la cripta. El cardenal Osoro, desde Roma (donde se encuentra hasta el 28 de octubre, participando del Sínodo de la Juventud), sigue el desarrollo de los acontecimientos y ha hablado del asunto con la Secretaría de Estado del Vaticano, que concluye -como la diócesis madrileña- que la Iglesia no puede oponerse a los deseos de la familia. Así se lo transmitirá, si el tema sale en el encuentro, el cardenal Parolin a la vicepresidenta Calvo en la reunión que mantendrán en el Vaticano el próximo 29 de octubre.

Según ha sabido eldiario.es, la Iglesia madrileña ya trabaja con varias hipótesis en el caso de que el enterramiento sea inevitable, como ya dan por hecho círculos eclesiásticos y gubernamentales. La primera de ellas, la menos viable en la actualidad pero la que preferiría el arzobispado, estaría en la ruptura de la ‘unanimidad’ en el seno de la familia Franco. Distintas fuentes apuntan a que alguno de los siete nietos del dictador podría no romper con la postura mayoritaria, y abogaría por evitar conflictos y enterrar al abuelo junto a su mujer, Carmen Polo, en el cementerio de Mingorrubio (El Pardo), gestionado por Patrimonio Nacional.

Esta posibilidad es la que la Iglesia esperaba que se diese de manera natural, pero los Franco “nos colaron un gol por toda la escuadra”, subraya una de las personas que vivió de cerca la negociación para la salida de los restos del Valle de los Caídos. Si esto se produjera, el Ejecutivo podría aducir a la falta de consenso entre los familiares para ser quien decidiera el lugar de la sepultura. Algo que, a día de hoy, parece inviable, pero en lo que se afanan, discretamente, personas cercanas a varios de los nietos.

La segunda posibilidad, en el caso de que Franco finalmente llegara a La Almudena, es doble. En primer lugar, asegurar que la inhumación sería un acto privado, sin focos y con la única presencia de algún representante de la familia, de la Iglesia y, si así lo piden, de algún representante del Gobierno. En segundo lugar, el compromiso de la Iglesia de que en la cripta no se produzca ningún tipo de acto de enaltecimiento a la figura del dictador, en la medida de lo posible.

Para ello, el arzobispado podría comprometerse a elaborar, en coordinación con las autoridades públicas, un sistema de seguridad que impida la entrada en el templo de grandes grupos, de personas que portaran símbolos políticos o banderas y símbolos franquistas. Al tiempo, al tratarse de un lugar de recogimiento, oración y silencio, se impedirían cualquier tipo de cánticos o tumultos en el interior del templo. No podría impedirse, no obstante, que algún fiel quisiera arrodillarse y rezar por el alma del dictador o fotografiarse, o dejarle flores. 

Otro problema sería la seguridad en el exterior, que no dependería de las autoridades eclesiásticas, sino, en su caso de la Policía Nacional o Municipal. “La Iglesia puede impedir que alguien grite ‘Viva Franco’ en la cripta, pero no que lo haga fuera. Ése es un problema de las Fuerzas de Seguridad” apunta a eldiario.es un experto en Derecho Canónico que está siguiendo de cerca los acontecimientos.

El arzobispado de Madrid reitera que la familia tiene derecho a enterrar a Franco allí y de momento parece que nada ni nadie lo va a impedir.

ETIQUETAS: Francisco Franco,   exhumación de Franco

Casado asegura que la subida del salario mínimo provocará “colas” en las empresas para pedir aumentos de sueldo

El líder del PP calcula que si se pone en marcha la iniciativa del Gobierno los salarios se incrementarán un 20%, lo que a su juicio es insostenible. Dice que el suyo es un “partido responsable” y que no irá a Bruselas a “hablar mal” del país, pero insiste: “El Gobierno tiene a España hecha un desastre”. Casado irá a Bruselas a “tranquilizar” a la UE ante los Presupuestos y a decir que está “preparado para gobernar”

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Casado pide a Europa que exija a Sánchez lo mismo que a Rajoy en presupuestos EFE

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, se ha sumado este martes a la ola de alarmismo generada ante el acuerdo presupuestario entre el Gobierno y Unidos Podemos que prevé una subida del salario mínimo a 900 euros. El líder de los conservadores ha asegurado que ese incremento provocará “colas” en las empresas de trabajadores que reivindicarán subidas de sueldo “de forma gradual”, provocando un aumento del 20% en el conjunto de salarios de los españoles.

Casado ha realizado estas declaraciones en un desayuno informativo organizado por Europa Press al que han asistido numerosos dirigentes de su partido pero también empresarios. A ellos se ha dirigido para criticar la subida del salario mínimo prevista por el Ejecutivo: “Estamos todos de acuerdo en que cuando el salario mínimo sube vuestros directores de recursos humanos van a tener colas en sus despachos para que los otros salarios suban de forma proporcional”, les ha dicho. El alarmismo sobre los efectos en el empleo del aumento del salario mínimo no se sustenta en datos

A su juicio, “la subida del salario mínimo de un 22%” como la pactada entre PSOE y Unidos Podemos será “la precursora” de un incremento general de todos los sueldos de un 20%, algo que, a juicio del líder del PP, es “insostenible”. “¿Está la economía española preparada para una posible subida de salarios del 20%?” se ha preguntado. Él cree que no, y por eso ha vuelto a insistir en que “estos presupuestos nos van a llevar a más déficit, a más deuda y a más paro”.

Las cuentas del Ejecutivo son “muy negativas” para Casado. Y esa es la idea que defenderá el miércoles en Bruselas, donde tiene previsto reunirse con los líderes europeos para denunciar los planes del Gobierno y para decirles que España está “en el camino de una nueva recesión”. “Solo pido a la Comisión que exija tanto a Sánchez como exigió a Rajoy”, ha advertido. “El PP es un partido responsable. Esto no es ir a hablar mal de España. El Gobierno es un desastre y tiene a España hecha un desastre. No es que hablemos mal de España lo que queremos es que no vaya por el mal camino”, ha matizado.

ETIQUETAS: Pablo Casado,    PP,    salario,     mínimo

Dos estudiantes premiados por la Universidad de Oviedo dan plantón a Felipe VI

Diego Fernández y Juan Martínez, premios fin de grado, no acudirán a la recepción del rey este viernes, previa a la entrega de los Princesa de Asturias. “Los y las estudiantes no le debemos nada a la Monarquía”, señalan en un comunicado. PROTESTA Álvaro Villegas, el estudiante cántabro que dio plantón al rey

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Felipe VI en una entrega de los Premios Princesa de Asturias EFE

Dos ausencias protagonizarán la tradicional recepción de los reyes de España a estudiantes de la Universidad de Oviedo distinguidos con el premio de fin de grado. Se trata de Diego Fernández y Juan Martínez: ambos han anunciado que darán plantón al jefe del Estado y a Letizia Ortiz en el encuentro que cada año se organiza en la capital asturiana horas antes de la entrega de los Premios Príncipe de Asturias.

“No le debemos nada a la Monarquía. Consideramos que el evento de los Premios Princesa es usado todos los años para hacer un lavado de cara a una institución como la Monarquía que cada vez representa a menos personas, sobre todo a las generaciones más jóvenes”, cuentan en un comunicado difundido por La Nueva España. Y añaden: “Nos negamos a entrar en un juego en el que se nos usaría como floreros de una institución a la que, lejos de rendirle honores, saludos o vasallaje, no debemos nada”.

En lugar de responder a la invitación cursada por la Casa Real y la Fundación Princesa de Asturias, Diego y Juan (estudiantes de Pedagogía y Psicología, respectivamente) se sumarán a la concentración de protesta que cada año frente al teatro Campoamor, en la Plaza de la Escandalera, critica a la institución monárquica.

No es la primera vez

En 2016, el estudiante Álvaro Villegas, premio fin de carrera por sus estudios en Psicología, también se negó a acudir a la audiencia con los reyes. En su rechazo de la invitación, Villegas pidió a la Presidenta de la Fundación, Teresa Sanjurjo, que transmitiera “a los reyes, demás invitados y patronos” que, si quieren felicitarle, “dejen de robar, recortar los servicios públicos y negar un futuro a la juventud”.

ETIQUETAS: Premios Princesa de Asturias,    Felipe VI,   estudiantes,    República

La campaña electoral europea de Ciudadanos

Empresarios vinculados a los servicios de inteligencia de EEUU financiaron el partido de Albert Rivera para convertir Ciudadanos en la marca española de la ultra conservadora ‘Libertas’ para las elecciones europeas, cuya candidatura encabezó Miquel Durán, actual abogado del número dos de Gürtel, Pablo Crespo, y persona de confianza de Bárcenas.

LIBERTAS

Contratistas militares de EEUU financiaron en 2009 la campaña electoral europea de Ciudadanos.

Entre dos y tres millones de euros se estima que el magnate inglés de origen irlandés Declan James Ganley puso sobre la mesa para que Albert Rivera aceptase en 2008 vender su marca Ciudadanos a la operación electoral “Libertas”, diseñada y puesta en marcha por un lobby anti europeísta, compuesto en su mayoría por organizaciones de extrema derecha y ultra católicas, con el respaldo de los propietarios irlandeses de sendas empresas contratistas militares de Estados Unidos.

El objetivo oculto de esta operación Libertas liderada por Ganley y otros era persistir en su intención de acabar definitivamente con el Tratado de Lisboa desde dentro de las instituciones de la UE. De hecho las movilizaciones financiadas por su lobby contra la Constitución europea –que incluía entre otras cosas que la UE dispusiera de un Ejército Europeo común propio para tener autonomía y no depender de terceros, en clara referencia a actual formato OTAN/EEUU– dieron sus frutos en Irlanda. El voto negativo irlandés al Tratado de Lisboa dio al traste con el proyecto, dada la condición de que para que este siguiera a adelante todos los países miembros –sin excepción– debían votarla favorablemente.

Contratista militar del Gobierno de Estados Unidos

Pero Declan Ganley no es un simple empresario que se hizo rico, según las crónicas, con la exportación al puerto de Rotterdam de aluminio siberiano, a través de Letonia, en 1990 tras la Caida del Muro de Berlín. No. Ganley es uno de los principales contratistas militares del Gobierno de Estados Unidos a través de su empresa Rivada Networks LLC, fundada en 2004, especialmente dedicada a suministrar redes de comunicaciones de emergencia para la comunidad de inteligencia civil y militar en cualquier situación.

Ganley es uno de los principales contratistas militares del gobierno de Estados Unidos a través de su empresa Rivada Networks LLC, fundada en 2004

El socio de Ganley en Libertas es otro contratista militar de Estados Unidos. Ulick MacEvaldy, oficial en la reserva de la inteligencia militar de Irlanda tras diez años en el Ejército de su país. En la actualidad es CEO de “Omega Air”, que suministra los aviones de carga y servicios de reabastecimiento de combustible en vuelo a cazas, bombarderos y otros aviones militares o gubernamentales de Estados Unidos.

Tanto Ganley como MacEvaldy empezaron sus negocios como contratistas oficiales de los Estados Unidos bajo el Gobierno de George Bush. En la plantilla de directivos de Revada Networks hay varios generales, almirantes, contraalmirantes, asesores económicos de la era Reagan, entre otros muchos, además de un vicepresidente de la Seguridad Nacional de Estados Unidos

“Cinco de los siete miembros fundadores de Libertas Ltd. son empleados de Rivada Networks LLC y muchos de los directores de Rivada Networks son antiguos miembros del personal militar de los EEUU. Rivada Networks suministró tecnología de comunicaciones a la Comandancia Norte del Ejército de EE.UU. así como a la Guardia Nacional en 16 estados, y tres organismos federales. Se ha esgrimido que tiene más de 200 millones en contratos de defensa en los EEUU”, señalan Josep Campabadal y Francesc Miralles coautores del libro De Ciutadans a Ciudadanos. La otra cara del neoliberalismo.

LIBERTAS 01Las sospechas de que el dinero para financiar la creación de Libertas y financiar sus alianzas con partidos europeos –entre ellos Ciudadanos– en su campaña de 2009 hubiera salido de las arcas de las empresas irlandeses registradas como contratistas militares de los Estados Unidos eran más que evidentes. No obstante tales extremos serian desmentidos, precisamente, por los propios promotores de Libertas y máximos responsables de estas empresas contratistas. Tales hechos son recogidos en un cable/telegrama capturado por WikiLeaks.

Este cable confidencial fechado el 2 de marzo de 2009 a las 17:58h está enviado por las autoridades de Irlanda a la Secretaria de Estado de EEUU y a su Misión en la Unión Europea en Bruselas. En este documento se explica que Ganley negó reiteradamente que la creación de Libertas tuviera algo que ver con una operación electoral para movilizar a la ciudadanía europea contra el Tratado de Lisboa con el argumento de que es perjudicial para los Estados Unidos y negó también que la CIA estuviera detrás de la operación.

El cable confidencial desvelado por Wikileaks se titula “LIBERTAS: A ONE HIT WONDER?” (Libertas: Una maravilla efímera?) “Teorías de la conspiración 7.(C) Como ref reportado A, Ganley de y enlaces de Rivada a los EE.UU. han alimentado, como que las facciones neo-conservadores en el Gobierno de Estados Unidos estaban financiando el Movimiento Tratado anti-Lisboa, en un intento de evitar la aparición de un Europa unida que podría desafiar el poder estadounidense”.

Más adelante el cable cita de nuevo Ganley y al director ejecutivo en Libertas llamado John McGuirk, que curiosamente trabaja a tiempo completo de Rivada Networks. En este caso –como cabía esperar– dijeron no haber recibido instrucciones ni apoyo alguno de la CIA para potenciar las candidaturas de Libertas en las elecciones al Parlamento Europeo de 2009:

Ganley y McGuirk negaron estas supuestas teorías de la conspiración y subrayaron que “Libertas” no ha recibido ninguna financiación de Rivada Networks

“Ganley y McGuirk negaron estas supuestas teorías de la conspiración y subrayaron que Libertas no ha recibido ninguna financiación de Rivada Networks. Libertas niega que comparta los valores de americanos neoconservadores ya que cree en un orden internacional basado en el respeto y la cooperación entre los pueblos libres del mundo.” La organización también afirma que las denuncias de financiación por la CIA son “una mentira y calumnia política”, y que “Declan Ganley, Libertas, o cualquier asociado de Libertas nunca han recibido ninguna financiación, el apoyo o el contacto de cualquier tipo de la CIA o cualquier otra entidad similar “.

Sin embargo, desde Ganley se niega a explicar cómo Libertas ha financiado su campaña contra el Tratado de Lisboa. Las teorías de la conspiración continúan. “McGuirk dice que Libertas no está dispuesto a publicar su lista de donantes debido a las preocupaciones de éstos que sólo conseguirán ser acosados o enfrentarse a una presión indebida de la clase política”, asegura ese cable confidencial de la Embajada de EEUU en Dublín, firmado por el entonces encargado de negocios, Robert Faucher, y dirigido al secretario de Estado y a la misión estadounidense ante la UE.

No obstante McGuirk aseguró, según Faucher, que “el 10% de la financiación de Libertas se genera mediante fuentes de Internet, mientras el 90% de la financiación proviene de individuos ricos que comparten las visiones políticas de Libertas. Libertas espera conseguir 150-200 millones de euros para las elecciones europeas, bastante por encima de las propias estimaciones de Ganley sobre los 75 millones que constituirían el mínimo necesario para montar una campaña exitosa”.

La operación Libertas-Ciudadanos

Antes de ofertar su integración en la operación Libertas el contratista militar de origen irlandés había recabado mucha información acerca de Ciudadanos, de su líder y sus finanzas, gracias a sus contactos políticos, empresariales, lobbies periodísticos vinculados al Tea Party hispano y de otra índole, según han informado diversas fuentes a Público. De esos contactos el empresario Declan Ganley supo que el partido de Rivera tenía serias dificultades económicas, y que apenas había contado con 300.000 euros para financiar su campaña para las elecciones generales de 2008, y que los resultados electorales fueron un estrepitoso fracaso. Su candidatura al Congreso de los Diputados solo había cosechado poco más 46.000 votos. Y a Ganley le informaron también de que a Rivera le gustaba mucho el poder y el dinero, aunque sus gargantas profundas no le aclararon cuál era el orden de sus preferencias.

Con esta información, el contratista militar decidió ponerse en contacto con el presidente de Ciudadanos, con quien se reuniría poco después, a principios de marzo de 2009. En ese encuentro, el irlandés le puso sobre la mesa que tendría dinero y mucho si sumaba su partido (Ciudadanos) a su “proyecto Libertas”, para ir juntos a las elecciones europeas con organizaciones contrarias al Tratado de Lisboa –hasta 15 en ese momento– y siempre bajo el paraguas de la formación presidida por Ganley. Y Albert Rivera tardó apenas unos minutos en decir que si, a pesar del pelaje de los que iban a ser sus futuros compañeros de viaje, como los movimientos antiabortistas y los ultra católicos más inmovilistas.

Entre ellos “La Liga de las Familias Polacas” (LPR), partido de marcada impronta católica que formó parte del Gobierno de los gemelos Kaczynski, y además debía incluir en su lista europea al dirigente de “Provida” imputado en varias causas por actos violentos Jesús Poveda. La oferta económica de Ganley para Rivera era de entre dos y tres millones de euros por aceptar. Llegado al acuerdo sólo faltaba encontrar un cabeza de lista mediático para a candidatura Libertas-Ciudadanos.

El propio Rivera reconoció en 2009 esta negociación y su aceptación: “Cuando se pone sobre la mesa esa cantidad de dinero te lo planteas. Es uno de los parámetros que hemos tenido en cuenta”

El propio Rivera reconoció en 2009 esta negociación y su aceptación: “Cuando se pone sobre la mesa esa cantidad de dinero te lo planteas. Es uno de los parámetros que hemos tenido en cuenta”, manifestó al periodista de Crónica Javier Gómez.

Aceptado el acuerdo de concurrir juntos con los euroescépticos Rivera se puso en contacto con Julio Ariza, de Intereconomía, para que le facilitara el teléfono de Miguel Durán, contertulio habitual de El Gato al Agua, ya que quería proponerle ser el cabeza de lista al Parlamento Europeo de Libertas-Ciudadanos. Y tras cenar juntos en el restaurante Príncipe y Serrano de Madrid el 25 de marzo de 2009 –perteneciente al Grupo Arturo propiedad del ex presidente de la patronal madrileña Arturo Fernández– el acuerdo quedó cerrado. Sólo restaba el encuentro entre Durán y el contratista militar irlandés Ganley.

El 14 de abril, apenas 20 días después, Miguel Durán se reunía a comer con Ganley en presencia de Albert Rivera y el director de Intereconomía Julio Ariza, que actuaron como testigos de la firma de aceptación de la candidatura con Libertas, en sendos ejemplares redactados en inglés y castellano, según recuerda Enrique de Diego. Más que un acuerdo electoral, todo apuntaba a un contrato empresarial. El almuerzo se celebró en un reservado del mismo restaurante ubicado en el número 240 de la calle Serrano.

Lo siguiente ya lo sabemos, la candidatura “Libertas-Ciudadanos” fracasó estrepitosamente: apenas obtuvo un 0,18% de los votos. Y al no tener representación parlamentaria tampoco se benefició de las bonificaciones económicas electorales europeas.

A tenor de la ausencia de cuentas de Ciudadanos acerca de las elecciones europeas de 2009 nada se sabe sobre adónde ha ido a parar y en qué se gastó Rivera esa millonada de los contratistas militares de los servicios de inteligencia norteamericanos.

Arcadi Espada, uno de los padres de la criatura política Ciudadanos, no se anduvo por las ramas a la hora de criticar con dureza tanto el acuerdo político con Libertas como al propio Albert Rivera en un artículo publicado en El Mundo: “Esta coalición es un epitafio. Han creado un paquebote de losers [perdedores]. Una deriva grotesca que les alía con lo peor del nacionalismo europeo. Con la hez europea. Y todo por una persona [Albert Rivera] sin capacidad de análisis político ni ético“.

Según otro dirigente de Ciudadanos al que no identifica, Crónica señala que “estamos aquí por la ambición de un niño con cara bonita, sin ideología ninguna y capaz de casarse con quien le garantice poder y una portada”.

Este martes, durante el programa La noche en 24 horas de TVE, Albert Rivera ha asegurado que nunca ha aceptado donaciones de ninguna empresa armamentística, que siempre ha devuelto los créditos y que se paga las campañas con las cuotas de afiliados y lo que recibe de los diputados.

© Diario Público.

La Audiencia Nacional abre juicio a Trapero y da cinco días a la Fiscalía para que presente la acusación

Se confirma asimismo el procesamiento y el paso a juicio oral de la intendente Teresa Laplana y los exjefes políticos de la policía autonómica Pere Soler y César Puig. La jueza Lamela procesa al major Trapero por sedición y organización criminal

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Josep Lluís Trapero EFE

La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado este martes el auto que pone fin al sumario sobre el procesamiento del ex responsable de los Mossos d’Esquadra Josep Lluis Trapero, a quien manda a juicio al tiempo que da cinco días a la Fiscalía para que presente su escrito de acusación, de acuerdo a la resolución a la que ha tenido acceso Europa Press.

El auto, dictado este lunes y del que ha sido ponente magistrado Ramón Sáez, expone que una vez esta misma sala ha confirmado el auto de procesamiento, que fue recurrido por las defensas, “parece razonable entrar en el juicio oral para examinar la solvencia de los indicios de criminalidad que en dicha resolución se acordaban”. Las cartas de Trapero a jueces y fiscales tras la DUI: “Los Mossos se ponen a su disposición”

De este modo, el fiscal tendrá cinco días de plazo -hábiles y que han empezado a contar este martes, 16 de octubre- para presentar su escrito de acusación contra Trapero, pero no sólo. Se confirma asimismo el procesamiento y el paso a juicio oral de la intendente Teresa Laplana y los exjefes políticos de la policía autonómica Pere Soler y César Puig. La carta de Puigdemont a Trapero: “Un policía que usa el civismo como parte de su armamento merece honores y no castigos”

Todos ellos fueron procesados en un auto dictado el pasado mes de abril por la magistrada de la Audiencia Nacional y ahora en el Tribunal Supremo Carmen Lamela, quien ordenó sentar en el banquillo a Trapero por dos delitos de sedición y uno de organización criminal presuntamente cometidos durante los sucesos del 20 y el 21 de septiembre frente a la Consejería de Economía en Barcelona y en la jornada de referéndum independentista del 1 de octubre de 2017.

Soler y Puig, por su parte, han sido procesados por organización criminal y un único delito de sedición que habría tenido lugar por el referéndum ilegal del 1 de octubre, mientras Teresa Laplana afrontará un delito de sedición en relación con los incidentes del 20 y 21 de septiembre.

ETIQUETAS: Josep Lluis Trapero,   Catalunya,    Audiencia Nacional

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El hombre no posee el poder de crear vida. No posee tampoco, por consiguiente, el derecho a destruirla. (Mahatma Gandhi)

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