Puigdemont: “Si el Constitucional me inhabilita, no aceptaré la decisión; solo el Parlament me puede suspender”

“No renunciaremos al referéndum aunque lo prohíba el Tribunal Constitucional”, ha afirmado el presidente de la Generalitat. Ha informado de que Gobierno catalán “no hará campaña en favor de la independencia” y equipara una “participación ridícula” con la pérdida del referéndum.  Puigdemont pide al Gobierno que devuelva los intereses del FLA y dinero de la “guerra sucia”

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El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha asegurado en una entrevista a ‘ Le Figaro: “Si el Tribunal Constitucional me inhabilita, como puede hacer, no aceptaré esta decisión. Solo el Parlament me puede suspender”.

Puigdemont también ha avisado: “Una inmensa mayoría del pueblo catalán quiere votar. Suspendiéndome o expulsándome de mi despacho, Madrid no va a anular esta voluntad. No existe un poder suficientemente fuerte para cerrar el gran colegio electoral que será Cataluña el 1 de octubre”.

“No renunciaremos al referéndum aunque lo prohíba el Tribunal Constitucional” y ha sentenciado e l presidente de la Generalitat. Además ha informado que ignorarán al TC si suspende la ley del referéndum.

“Nuestro compromiso con el pueblo y con el Parlament es claro: debemos resolver nuestras reivindicaciones en las urnas. Ninguna suspensión, ninguna amenaza podrá impedir que los catalanes decidan su futuro de manera democrática”, ha advertido.

Ha admitido que una “participación ridícula equivaldría a perder el referéndum”, y ha asegurado que durante la organización de esta consulta el Gobierno catalán y los ayuntamientos mantendrán una neutralidad escrupulosa sometida a un control de los observadores internacionales.

“El Gobierno catalán no hará campaña en favor de la independencia”, ha asegurado al preguntársele por la neutralidad del escrutinio.

Sobre la remodelación de su gobierno, ha explicado que la salida de tres consellers en las últimas semanas no tiene nada que ver con el referéndum del 1-O: “Todos me han manifestado su apoyo en este tema. Respeto sus decisiones personales”.

Puigdemont ha explicado que si el ‘sí’ a la independencia gana el 1 de octubre, 48 horas después de la proclamación de los resultados –que puede prolongarse entre una semana y diez días– explicarán que Cataluña “se transforma en un Estado independiente” y abrirán un periodo de transición que culminará con unas elecciones constituyentes, la redacción de una Constitución y su ratificación por un referéndum.

“Cataluña empezará a actuar como estado independiente, pero no lo será de derecho hasta que esta transición culmine”, ha expresado.

ETIQUETAS: Carles Puigdemont, Cataluña

La Generalitat avanza en la compra de papeletas para elecciones mientras mantiene el misterio sobre el 1-O

El material para las elecciones al Parlament se empezó a licitar y publicitar en marzo de este año y se ha valorado en 897.000 euros. El del material electoral es uno de los últimos contratos que ha licitado la consellera de Governació, que desde el pasado martes ya no tiene competencias sobre procesos electorales, ahora en manos de Junqueras. 

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Turull, Ponsatí, Puigdemont y Junqueras entrando en la reunión de Govern el pasado martes ©SANDRA LÁZARO

La Generalitat, tras  anunciar un cerrazón informativo sobre cualquier paso hacia el referéndum previsto para el 1 de octubre, ha formalizado este lunes el proceso administrativo previo a la compra de papeletas y material electoral para unas elecciones al Parlament de Catalunya. El Ejecutivo catalán ha homologado a las cuatro empresas que optan a fabricar el material para los comicios autonómicos. Así lo ha publicado el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Se trata de un acuerdo marco que ha promovido la conselleria de Governació. Está valorado en su conjunto en 897.000 euros, según indica la web de contratación pública de la Generalitat, y lo forman cuatro lotes: uno de sobres electorales; otro de papeletas; un tercero de manuales de instrucciones para miembros de mesas electorales y un último para impresos electorales.

El material para las elecciones al Parlament, del que ha informado en primer lugar la edición digital de La Vanguardia, se empezó a licitar y publicitar en marzo de este año. Por aquel entonces la Generalitat aseguró que no tiene que ver con la celebración del referéndum de independencia que ha anunciado para el 1 de octubre. La homologación de las empresas que optan al concurso se hizo el pasado 8 de junio. 

Fuentes del Govern han explicado que esta publicación en el BOE no supone aún ninguna compra, sino que da cuenta de las empresas que han sido homologadas para hacerles el pedido cuando se decida formalizar la adquisición del material electoral. La ley de contratación pública da un plazo de cuatro años para formalizar un acuerdo marco como el usado por la Generalitat para adquirir papeletas.

Según la web de contratación de la Generalitat, optan a quedarse con el contrato de los sobres dos empresas, Tompla Industria Internacional del sobre S.L. y Domènech Mirabet S.A., mientras que el lote de las papeletas se lo disputarán Impresiones Transkrit S.A. y Formsystem Documentos Inteligentes S.L.U.

El contrato para el manual de instrucciones para los miembros de las mesas se lo quedarán o bien la firma Impresiones Transkrit S.A. o bien Formsystem Documentos Inteligentes S.L.U. Para el último lote, el de los impresos electorales, solo se ha habilitado una única compañía: Formsystem Documentos Inteligentes, S.L.U.

Los partidos independentistas contemplan, en el articulado de la ley del Referéndum, la convocatoria inmediata de elecciones al Parlament si el ‘no’ gana el referéndum. Por otro lado, dentro del soberanismo, algunas voces como el teniente de alcaldía de Barcelona (BComú), Jaume Asens, han propuesto en el pasado celebrar un referéndum de autodeterminación organizado por la Generalitat y las elecciones el mismo día.

Del que no se sabe nada todavía es del contrato para las urnas o las papeletas del referéndum después de que el primer concurso quedara desierto –lo que no frenó la querella que interpuso la Fiscalía contra la consellera de Governació, Meritxell Borràs, y que ya investiga el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

De hecho, el pasado martes, en su primera rueda de prensa como conseller de Presidència y portavoz, Jordi Turull explicó que no se había activado la compra directa de urnas y que, en cualquier caso, informaría de la misma una vez se completara. “La administración de la información la gestionaremos nosotros en el momento en que creamos mejor para la causa”, dijo Turull.

También el pasado martes, la competencia sobre procesos electorales –que a la práctica equivale a la competencia para comprar urnas para el 1-O– pasó de las manos de Borràs (PDECat) al vicepresident y conseller de Economía, Oriol Junqueras (ERC).

ETIQUETAS: urnas, referendum1-O, Meritxell Borràs, Oriol Junqueras, Carles Puigdemont, proceso soberanistaindependencia de Catalunyareferendum

El PP continúa reuniéndose con ‘lobbies’ de forma discreta mientras impulsa una ley para su regulación

El PP presentó en marzo una proposición de ley para reformar el Reglamento del Congreso y regular los grupos de interés ante la “necesidad de aumentar la transparencia y la ética en nuestro parlamentarismo”. Sin embargo, en estos últimos meses los conservadores han participado en varias reuniones opacas con lobbies de las que no dan detalles. Unidos Podemos presentó una enmienda a la totalidad mucho más ambiciosa, pidiendo, entre otras cosas, que los diputados publiciten en sus agendas esos encuentros. El Partido Popular se reúne con un conocido lobby de la homeopatía a pesar de su demostrada ineficacia

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Diputados del PP reunidos con miembros de la Asamblea Nacional de Homeopatía

El PP quiere regular los lobbies para que sus actividades y su relación con los diputados sean “transparentes”. Con este fin, a mediados de marzo presentó una proposición de ley para reformar el Reglamento del Congreso, que fue aprobada por el Pleno y que ahora está en trámite de enmiendas. Pero mientras tanto, no predica con el ejemplo. En los últimos meses varios, diputados del PP han mantenido reuniones con algunos de estos grupos de interés sin anunciarlas previamente ni dar apenas detalles sobre su contenido. El Congreso oculta las reuniones que organiza entre diputados y grupos de presión

La reunión más reciente fue el 12 de julio con una delegación de la Confederación de Directivos y Ejecutivos (CEDE), uno de los lobbies empresariales más importantes de España en los que sus miembros ofrecen sus soluciones a los diputados en asuntos como las pensiones, la fiscalidad o la educación. El almuerzo se celebró en uno de los Comedores de Gala del Congreso y a él asistieron diputados de varios grupos y la propia presidenta de la Cámara, Ana Pastor, del PP.

Sin embargo, tal y como informó eldiario.es, la Cámara se negó a dar detalles de este encuentro alegando que era un acto “privado”, así que no se sabe quién lo promovió, su coste, los asistentes o las conclusiones del mismo.

Es más, durante su desarrollo, los ujieres del Congreso ‘invitaban’ a los periodistas curiosos a alejarse de la planta donde se celebraba la comida, que se repite anualmente, sin difusión y de forma opaca, desde hace casi dos décadas. En concreto, desde 1998, aunque no aparece ni en la agenda de CEDE ni en la del Parlamento.

No es la primera vez que hay opacidad en este tipo de reuniones. El pasado 26 de abril, saltó a la luz que los diputados del área de Sanidad del PP estaban manteniendo un encuentro con representantes de la Asamblea Nacional de Homeopatía, un conocido grupo de presión de esta pseudociencia, justo en plena polémica sobre su eficacia.

A media mañana el grupo parlamentario popular se limitó a subir una foto a Twitter anunciado que su portavoz de Sanidad, Teresa Angulo, y otros tres diputados del área, Bienvenido de Arriba, MªCarmen Hernández e Isabel Cabezas, se encontraban reunidos con varios miembros de esta Asamblea.

Tras un primer intento para recabar información sobre dicha reunión, fuentes del grupo popular aseguraron que era una “reunión interna” y que no había planeada “cobertura informativa”. Más tarde, al ver el interés de algunos medios, accedieron a ofrecer algún detalle sobre el encuentro.

El PP “abandera” el debate de la regulación de los lobbies

A pesar de toda esta opacidad, los conservadores presumen de que gracias a ellos va a salir adelante la primera iniciativa para regular estos grupos de interés. Todos los anteriores intentos, y han sido múltiples en el Congreso, han naufragado.

El debate de la proposición de ley del PP para la reforma del Reglamento del Congreso en donde se sienten las bases de funcionamiento para estos lobbies  tuvo lugar el 29 de junio.

La diputada del PP, María Jesús Bonilla, que fue la encargada de defender la posición de su grupo, justificó la iniciativa basándose en la “necesidad de aumentar la transparencia y la ética en nuestro parlamentarismo”. “Los españoles tienen derecho a esperar que este proceso de regulación de los lobbies sea transparente y a que tenga lugar dentro del estricto cumplimiento de la ley, basados en unos principios éticos claros y de obligado respeto”, manifestó Bonilla.

La propuesta popular, que se encuentra ahora en fase de enmiendas parciales, explica que se considera ‘grupo de interés’ “a aquellas personas físicas o jurídicas que lleven a cabo de manera organizada acciones para influir en el poder legislativo en defensa de los intereses comunes de sus miembros”.

En ella se plantea “la creación de un Registro Público de carácter obligatorio en el que deban inscribirse los representantes de los grupos de interés”; “el establecimiento de un Código de Conducta al que deben someterse con plena publicidad y transparencia sus actividades en la Cámara”; y se propone que se establezca “un órgano encargado de la supervisión del Registro, que se encomienda a la Presidencia del Congreso de los Diputados con apoyo de la Secretaría General”.

Unidos Podemos consideró que el texto del PP adolecía de muchas lagunas, entre otras, que no se hacía extensivo al poder Ejecutivo –al ser una modificación del reglamento del Congreso, no afecta al Gobierno–. Los de Pablo Iglesias presentaron una enmienda a la totalidad al texto del PP que defendió la diputada del grupo confederal, Gloria Elizo.

Entre otras cosas, Elizo explicó que ellos habían añadido “medidas de inclusión democrática y transparencia, como la audiencia ciudadana”, también “la publicidad de las agendas de trabajo de los diputados y diputadas” de estos encuentros,  o “la creación de un informe de huella legislativa que muestre con claridad las transformaciones que ha ido sufriendo una normativa durante todo el proceso legislativo”.

También señaló que su grupo había “ampliado la información que los grupos de interés deberían aportar a ese registro”, como “el presupuesto con el que cuenta para realizar sus funciones o la cantidad de personas que trabajan para alcanzar determinados fines”.

Sobre el Código de Conducta, los de Iglesias defendieron que tenga “carácter vinculante”, en contraposición con lo que plantea la propuesta del  PP, que no existe una obligatoriedad en su cumplimiento ni controla a quien no lo cumple.

A Unidos Podemos tampoco le gusta que la  regulación y control de la actividad de los grupos de interés corran a cargo de la Presidencia del Congreso con el apoyo del secretario general. “Nosotros proponemos crear la figura de un comisionado del registro común; proponemos esta figura como órgano independiente de cualquier línea política para que garantice la participación de una forma ordenada y transparente en la Cámara”, mantuvo Elizo durante el debate.

Sin embargo, la diputada del PP lo dejó muy claro: “Compartimos que es esencial que regulemos la vinculación de la sociedad civil, vía grupos de interés, con los parlamentarios pero estamos hablando hoy de los parlamentarios, no del resto de las administraciones públicas”.

“Señorías, nos lo piden los ciudadanos. Tenemos un gran país y yo creo hoy que le debemos este esfuerzo de consenso para hacer más y mejor democracia en este Parlamento; se lo debemos a los españoles y se lo debemos a España”, finalizó Bonilla.

ETIQUETAS: PP, reglamento,lobbies, regulación, transparencia, Congreso

El alcalde socialista de un pueblo de Ciudad Real rechaza retirar la medalla de oro a Franco

El PSOE votó en contra de la moción presentada por IU Almadén “en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica” que también rechazó el PP. Ambas formaciones aducen que no es una cuestión “prioritaria” para los ciudadanos del municipio mientras que IU sostiene que es “de justicia”. En las actas municipales del Consistorio consta el reconocimiento a Franco como “el más justo” y el “salvador de España” que “dignificó al pueblo español”.

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Imagen del folleto distribuido en Almadén en 1955 por la visita del dictador

El Ayuntamiento de Almadén ha rechazado, con los votos en contra de PSOE y PP,  la moción presentada por Izquierda Unida en la que se solicitaba la retirada de la medalla de oro otorgada a Francisco Franco en el año 1953. También se pedía la sustitución del nombre de una calle de esta localidad de Ciudad Real, dedicada al gobernador civil franquista en los años 40 del pasado siglo, Jacobo Roldán .

IU presento la moción “en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica”, según ha explicado a eldiarioclm.es, el concejal Alfonso Bejarano, para solicitar también la constitución de un equipo de trabajo que  determinara  “las calles, escudos, placas, títulos, distinciones u honores existentes aún en la ciudad que incumplan la Ley de Memoria Histórica en Almadén” de cara aplicar “un plan de actuación tal y como dicta dicha Ley de Memoria Histórica”.

En opinión de la formación dar luz verde de la moción situaría al Ayuntamiento “dentro de la legalidad vigente”. Alfonso Bejarano explicó durante la sesión plenaria que “no se trata de una moción guerra-civilista” sino “hacer un ejercicio de justicia contra un régimen condenado por la Unión Europea por la vulneración de los derechos humanos”.

“Queremos que se retiren estos homenajes, quien quiera hacerlos a nivel privado que los haga, pero un ayuntamiento democrático no puede permitirlo”.  El concejal recordaba además que tanto Franco como el teniente general Gonzalo Queipo de Llano fueron reconocidos también como ‘hijos adoptivos’ de Almadén.

Almadén reconoció a Franco como “el más justo, salvador de España”

Según recogen las actas municipales de la época, Franco visitaría Almadén en 1955 para recoger el reconocimiento otorgado dos años antes. El alcalde de aquel entonces, Felipe de Rivas, se dirigió al dictador para expresarle que la medalla (la primera que otorgaba el municipio) “no ha hecho nada más que reconocer el sentimiento de Almadén y toda su comarca (…) Es un tributo al más justo, a vuestros méritos”. El alcalde calificaba al dictador de “salvador de España”, a quien los mineros de la localidad le debían “gratitud”. A un “jefe de Estado que ha hecho que la patria, el pan y la justicia sean tres conceptos tan dignos” y que “ha dignificado a todo el pueblo español”. El discurso terminaba con la exaltación de una fecha: la del 18 de julio de 1936  cuando, decía el alcalde de la época, “empezó en España una nueva era con más brillo que todo el Siglo de Oro”.

Las ‘razones’ del alcalde: “En Almadén no hay heridas abiertas”

El alcalde socialista, Siro Ramiro, dijo “congratularse” de una ley que había sido aprobada por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para añadir a continuación no compartir la moción presentada por IU. El motivo, dijo, “es de justicia y de conciencia” porque “han pasado más de 40 años” y aunque reconocía que en otros lugares de España “puede haber heridas abiertas, no es el caso de Almadén”, donde, aseguraba, “no hubo ni bombardeos ni episodios sangrientos” y, añadía, “hubo un pacto para facilitar la convivencia, independientemente de la ideología que cada uno tuviera”.

Ramiro añadía en su argumento para rechazar la propuesta que “no es el momento porque hay 500 problemas en este pueblo antes”. No es una cuestión “prioritaria”, sostiene. Una posición ante la que dijo mostrar su “sorpresa” el concejal de IU. “Hay otros temas importantes en el pueblo pero levantar el brazo para decir sí cuesta lo mismo que para decir no”.

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Calle dedicada a un gobernador civil franquista en Almadén (Ciudad Real) FOTO: IU ALMADÉN

Eva Noguero, concejala del PP, defendió las mismas tesis que el alcalde para rechazar la propuesta de IU. “Las familias de Almadén tienen otro tipo de preocupaciones y no la de revivir antiguas heridas y avivar rencillas que, a nuestro juicio, no serán positivas para los ciudadanos”, decía durante el pleno.

Izquierda Unida  ha recordado al alcalde que “en su día juró  la Constitución  y su obligación es cumplir y hacer cumplir la Ley, incluida la de la Memoria Histórica” y creen que la decisión tomada “coloca a nuestro Ayuntamiento en muy mal lugar respecto a muchas personas y vecinos  que fueron perseguidos, torturados, exiliados y hasta asesinadas como los ‘Nueve de Chillón’ desenterrados de una cuneta hace casi  seis años  en las cercanías de Almadén”.

Fuente: eldiario.es/clm/alcalde-socialista

El Gobierno incluye a seis condenados por prevaricación en sus 20 indultos concedidos en 2017

La subsecretaria de Justicia justifica que se hayan concedido las conmutaciones de pena a seis funcionarios acusados de prevaricación administrativa en que no hubo “enriquecimiento personal”. El Gobierno incumple la Ley al no informar al Congreso sobre los indultos desde 2015

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El ministro de Justicia, Rafael Catalá. EFE

“No se ha concedido ningún indulto por corrupción política”. La subsecretaria de Justicia, Áurea Roldán, insistió este jueves que el Gobierno no ha concedido ningún indulto a condenados por delitos de corrupción, violencia de género, seguridad vial ni contra la Hacienda Pública en 2016 y el primer semestre de 2017 durante la comparecencia para explicar en el Congreso la política de conmutación de penas del Gobierno.

Sin embargo, de las 20 medidas de gracia —de 1.943 peticiones— que concedió el ministerio de Justicia bajo la dirección de Rafael Catalá en 2017, seis están consideradas por el Consejo General del Poder Judicial como corrupción. 

Ante las críticas del diputado de En Comú Podem Jaume Moya, Roldán tuvo que defender que no consideran un delito de corrupción la prevariación administrativa que cometieron seis funcionarios del Ayuntamiento de Rota, gobernada por el PP, cuya pena fue conmutadas este año.  Sin embargo, el informe que presentó la subsecretaria en el Congreso admite la diferencia de criterio “del Consejo General del Poder Judicial, que no distingue entre corrupción propiamente política y corrupción administrativa en términos generales”.

De hecho, el ministerio incluye estos perdones dentro de la categoría de “Delitos contra la Administración Pública y de Justicia”, pero hace una distinción entre corrupción política y el resto, donde incluye lo delitos sin enriquecimiento personal. 

El Gobierno llevaba sin informar sobre la concesión y denegación de indultos en el Congreso desde 2015. Esto supone el incumplimiento de la Ley de indultos que obliga a un representante del ministerio de Justicia a trasladarse cada seis meses a la Cámara Baja para explicar las razones para conceder o denegar el perdón a los convictos y entregar un informe sobre este asunto. Solo Ciudadanos y Unidos Podemos criticaron el retraso en la presentación de la información por parte del ministerio de Justicia. 

Según los datos de El Indultómetro, el Gobierno de Mariano Rajoy concedió 11 indultos por delitos de corrupción entre 2011 y 2016. Esta cifra incluye los delitos clasificados como corrupción por el Consejo General del Poder Judicial. Si incluimos los 6 funcionarios indultados del Ayuntamiento de Rota, el número de indultados por corrupción por Mariano Rajoy se ampliaría hasta los 17.

Los diputados de la oposición ha resaltado la necesidad de estudiar caso por caso las medidas de gracia que aplique el Gobierno ante la fuerte caída de conmutación de penas que se ha dado en los últimos años. La subsecretaria de Justicia ha subrayado que el Gobierno ha sido “extremadamente cauteloso” a la hora de conceder indultos.

Roldán señaló que el Ejecutivo sigue una política de “carácter excepcional” a la hora de la concesión de indultos. “Se trata de una acto político, que supone una interferencia en otro poder del Estado, la injerencia pretende que sea lo más estricta y rigurosa posible, en consonancia con la realidad social del momento, que es cambiante”, resaltó el cargo del ministerio de Justicia.

De hecho, la subsecretaria ha especificado que si en 2012 se concedían una media de 400 indultos anuales se ha bajado progresivamente hasta los 27 en 2016 y los 20 que se contabilizaron en el primer semestre de 2017.

La “alarma social” que genera el perdón de las condenas ha conducido al departamento de Rafael Catalá  a reducir a un 1% la admisión de las solicitudes de indulto que se resolvieron en 2015 frente al 11,26% que se concedió en 2007, lo que consideró como “una buena noticia”.

Otra de las críticas han llegado desde el diputado de En Comú Podem que recriminó que en un Estado laico haya “un enorme porcentaje de indultos a instancias de cofradías” de Semana Santa. La subsecretaria rechazó que las cofradías tengan algún privilegio.

La reforma de la Ley de Indultos se encuentra ahora trabada en la Comisión de Justicia tras la inclusión de una proposición de Ley del PSOE hace seis meses con la idea de prohibir la conmutación de penas a condenados por delitos de corrupción y violencia de género. Los grupos parlamentarios ha presentado enmiendas para que se denegue también el perdón a condenas por terrorismo, pederastia o trata de personas, lo que está retrasando su aprobación.

ETIQUETAS: Justicia, IndultosÁurea Roldán, Rafael Catalá

Fuente: eldiario.es/politica/Gobierno

El Congreso da con el disfraz de la policía política: los falsos destinos para sus agentes

Concluye que Interior escondió la brigada política mediante el uso “fraudulento” del catálogo de puestos de trabajo de la Policía. Eugenio Pino dio la “orden” de destinar a la Casa Real a su mano derecha, pero no pisó Zarzuela y viajó continuamente a Barcelona. Señala al director operativo como responsable, junto a Fernández Díaz y Cosidó; las víctimas: el “nacionalismo catalán”, Podemos y PSOE  La policía política queda en manos de tres jueces de Madrid tras el fiasco del Congreso

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Fernández Díaz, Ignacio Cosidó y Eugenio Pino

Tres nombres de culpables y otros tantos de víctimas en apenas un folio de extensión. En eso han quedado las conclusiones de la comisión del Congreso sobre el uso partidista de la Policía durante la primera legislatura de Mariano Rajoy. Y en el breve texto, una de las claves de cómo sobrevivió esa estructura paralela en el seno de la cúpula del Cuerpo durante más de cuatro años: el uso “fraudulento” del catálogo de puestos de trabajo. O lo que es lo mismo, destinar formalmente a los policías a un puesto que no pisaban mientras estaban liberados para espiar a la oposición.

Uno de los ejemplos más claros de ese uso fraudulento aparece en la documentación enviada al Congreso por el actual Ministeiro del Interior. Se trata del caso del inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, quien entre el 13 de enero y el 8 de octubre de 2015 figuró en el catálogo de puestos de trabajo como jefe de sección operativa en Casa Real. Fuentes Gago no pisó jamás Zarzuela, pero en ese periodo de tiempo viajó a Barcelona una decena de veces.

En la nómina de responsables de la “persecución de adversarios políticos” que señala la Comión están el ministro del Interior de la época, Jorge Fernández Díaz, al que atribuyen “conocimiento y consentimiento”; el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, quien impartió “instrucciones”; y el número dos de éste, el director adjunto operativo, Eugenio Pino, responsable de las órdenes para la creación de la policía política.

Los tres comparecieron ante la comisión de Interior. El uso tramposo del catálogo de puestos de trabajo apareció de forma reiterada en el interrogatorio a Pino, quien aseguró que esa práctica entraba dentro de la normalidad más absoluta del funcionamiento de la Administración. Es más, aseguró que destinó a Casa Real a Fuentes Gago porque algunos sindicatos y el PSOE se habían quejado de los 16.000 euros en dietas que costaba tener a Fuentes Gago en Madrid cuando su destino era un puesto anodino en Santander. La portavoz del Grupo Unidos Podemos, Irene Montero, no lograba salir de su asombro.

La presentación de una fachada como algo totalmente regular es un argumento del Ministerio del Interior desde que eldiario.es desvelara en noviembre de 2014 que una estructura secreta se escondía en la Dirección Adjunta Operativa de Eugenio Pino. Su principal función entonces eran las investigaciones prospectivas de casos de corrupción en políticos separatistas.

En aquella información se mencionaba la Unidad de Asuntos Internos y la Unidad de Planificación Estratégica y Coordinación (UPEC), otro ejemplo de pirueta burocrática para esconder su verdadera función. La UPEC es la fusión en tiempos de Pino de dos estructuras ya existentes. Donde antes había una veintena de funcionarios, se pasó a 110 tras la fusión. Las atribuciones de la UPEC, sin embargo, fueron las mismas que antes de la fusión, supuestamente.

Asuntos Internos, la opacidad

Otro ejemplo de fraude fue la manipulación de la unidad más opaca de la Policía, Asuntos Internos, para cometidos distintos del que tenía atribuido en exclusiva: investigar delitos con policías implicados. En su seno se alojó la Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC), puesta en marcha en 2012, pero que no fue regularizada hasta una instrucción de 2015 que causó estupor en el seno de la Policía. La BARC de Asuntos Internos podía acceder a la información de cualquier caso que considerara conveniente.

La excusa de su existencia era revisar actuaciones policiales erróneas o deficientes. Se da la circunstancia de que el Eugenio Pino consideró rápidamente que dos de ellas podían ser la investigación del 11-M, el atentado ocurrido tres días antes de la victoria electoral de Zapatero, y el caso Faisán, el chivatazo policial a una red de cobro del impuesto revolucionario de ETA en pleno proceso de paz de 2006.

La actuación de la BARC, por tanto, sitúa al PSOE como una de las tres víctimas de la policía política, según las conclusiones de la comisión del Congreso. Los otros dos perjudicados a los que se nombra en el folio de las conclusiones son “el nacionalismo catalán”, y es aquí donde se cita el caso de Xavier Trias por la cuenta falsa en Suiza, y Podemos, por la redacción y difusión en determinados medios del informe PISA sobre la falsa financiación irregular de Podemos, según determinó la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.

Las citadas conclusiones, según las fuentes que han tenido acceso a su textual, reprocha al Gobierno su falta de colaboración con la comisión de investigación. “Debe señalarse que la información requerida ha sido atendida de forma impuntual e incompleta. No ha estado disponible de manera esencial para las comparecencias del exministro del Interior y del exdirector general de la Policía”, se quejan la mayoría de los partidos que han votado el texto. El PP ha votado en contra y Ciudadanos se ha abstenido.

ETIQUETAS: policía políticaCongreso de los Diputados, Jorge Fernández Díaz, Eugenio PinoJosé Ángel Fuentes Gago, Podemos, PISA, Xavier Trias

El Gobierno impone a la Generalitat un control de gastos semanal para impedir pagos para el referéndum

Los cargos con responsabilidad económica y financiera de la Administración autonómica estarán obligados a informar semanalmente al ministerio de Hacienda de las partidas de gasto aprobadas por la Generalitat catalana. En caso de que el Ejecutivo de Carles Puigdemot desobedezca el acuerdo adoptado por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos dejaría de recibir el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). El Constitucional suspende las partidas de los presupuestos catalanes para el referéndum

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El ministro de Educación y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo.

El Ejecutivo de Mariano Rajoy aumenta el control sobre las actuaciones del Gobierno de Carles Puigdemont. La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos ha aprobado este viernes un acuerdo por el que obliga a la Generalitat de Cataluña a informar semanalmente sobre los expedientes iniciados o tramitados de pago para evitar que se aprueben gastos relaciones con el referéndum del 1 de octubre. La información deberá ser remitida al Ministerio de Hacienda. El Tribunal de Cuentas abre el procedimiento para que Artur Mas pague los 5,1 millones que costó el 9-N

El ministro de Educación y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha explicado que en caso de que la Administración catalana no dé información cada semana sobre las partidas de gasto podrían dejar de recibir el  Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). La Generalitat anuncia que no dirá nada sobre las urnas del referéndum hasta que las haya comprado

Méndez de Vigo ha recordado que la Generalitat ha recibido más de 67.000 millones de euros desde la puesta en marcha de este mecanismo de financiación y que para 2017 Cataluña podría cobrar unos 3.600 millones.  “La entrada en vigor de este acuerdo es inmediata. Será el ministerio de Hacienda el encargado de velar por su cumplimiento”, ha explicado el ministro portavoz. 

Los funcionarios que están sujetos a esta obligación son “los interventores de las consejerías, los responsables económico-financieros de los organismos y entidades de la administración catalana, el director general de Presupuestos y el director general de Política Financiera, Seguros y Tesoro”.

Méndez de Vigo no quiso entrar en “las posibles sanciones” que podría acarrear para los funcionarios “negar la información o la falta de firma en alguna partida de gasto” pero hizo “una llamada a la cordura” para que “el dinero se dedique a garantizar los servicios públicos y en defensa del interés general”  y no para “un referéndum que es ilegal”.     

La exigencia del Ejecutivo central con esta “actuación preventiva”, como la denómino el portavoz del Gobierno, responde a la nueva estrategia de secretismo que se impuso la Generalitat tras  el concurso fallido para las urnas, que quedó desierto en su primera fase sin que ninguna empresa pudiera formalizar su oferta económica. Por contra, sí que se han sucedido varios actos simbólicos pero en los que no se ha firmado nada oficial, como   el compromiso por el referéndum  de los altos cargos de abril o  el acto en el TNC de hace dos semanas.

La normativa aprobada por la  Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos también es un posicionamiento paralelo a la resolución del Tribunal Constitucional que admitía a trámite la denuncia el recurso del Gobierno a los presupuestos catalanes  contra la parte de los presupuestos de la Generalitat para 2017 que incluían partidas para la convocatoria de un referéndum de independencia.

La suspensión dictada por el TC y el recurso del Gobierno afectan a la disposición adicional 40, que recoge la convocatoria de un referéndum, y a tres partidas presupuestarias que suman 5,8 millones y que hacen referencia a “procesos electorales y consultas populares” y a “procesos de participación ciudadana”.

ETIQUETAS: Iñigo Méndez de Vigo, Cataluña

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El hombre no posee el poder de crear vida. No posee tampoco, por consiguiente, el derecho a destruirla. (Mahatma Gandhi)

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