Puigdemont afirma que “el Estado español ha declarado un Estado de excepción” y sigue adelante con el 1-O

El Govern mantiene el referéndum pese a la operación policial: “El día 1 de octubre saldremos de casa, llevaremos una papeleta y la usaremos”. “El Gobierno tiene legitimidad democrática, y esta acción está fuera de todo amparo legal, vulnerando los derechos constitucionales”, ha afirmado el president de la Generalitat. La Guardia Civil detiene al número dos de Junqueras y a otras 11 personas en una operación contra el 1-O

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El president de Catalunya, Carles Puigdemont.

El referéndum del 1 de octubre sigue adelante, según ha anunciado este miércoles el president de la Generalitat. Carles Puigdemont ha realizado una comparecencia, acordada en la reunión extraordinaria del Govern, con la que ha respondido a la ofensiva contra el referéndum por la que este martes la Guardia Civil ha detenido a 12 altos cargos de la Generalitat tras irrumpir en diversas sedes gubernamentales.

“El Govern ha sido víctima de una agresión coordinada para evitar de que el pueblo de Catalunya se pueda manifestar con libertad el 1 de octubre”, ha comenzado el president, tras lo que ha afirmado que “en estas horas, el Estado español ha suspendido de facto el autogobierno de Catalunya y ha decretado un Estado de excepción”. MINUTO A MINUTOCatalunya, hacia el 1 de octubre

Tras los hechos sucedidos en la mañana de este miércoles en Barcelona, que han suscitado la respuesta de miles de personas con concentraciones espontáneas por la calle, el president ha reunido de urgencia a su Govern para consensuar una respuesta. En la reunión los consellers han acordado una declaración solemne del president, tras ratificarse en la necesidad de continuar adelante con el 1-O.

Pese a que en la operación policial se ha detenido al secretario general de Economía, Josep Maria Jove, encargado de los preparativos del referéndum, e n su comparecencia el Govern se ha mostrado firme en su voluntad de proteger el voto de los catalanes el día 1 de octubre. “Estamos convocados a defender la democracia”, ha asegurado Puigdemont. “El día 1 de octubre saldremos de casa, llevaremos una papeleta y la usaremos. Esta acción debe responder democráticamente a los que sólo hablan con el lenguaje del autoritarismo”.

Puigdemont además ha enumerado las actuaciones políticas, judiciales y policiales que se han llevado en las últimas horas contra la Generalitat. Entre las destacadas por el jefe de la Generalitat: la imputación de alcaldes, las irrupciones policiales en sedes de la Generalitat, las detenciones de altos cargos, los registros “incluso en casas particulares”, la actuación de la Fiscalía, a la que ha descrito como “al margen de la autoridad judicial”, el bloqueo de las cuentas o la violación del secreto. “Es impropio de una democracia y propio de un Gobierno que ha cruzado la línea roja que separa los Estados totalitarios”, ha descrito.

El Govern también ha reafirmado su legitimidad surgida de las urnas. “El Gobierno tiene legitimidad democrática y esta acción está fuera de todo amparo legal, vulnerando los derechos constitucionales”, y ha asegurado que, ante esto, estudiarán “las respuestas conjuntas” convocando a los agentes económicos, sociales y cívicos del país.

“Lo que esta viviendo Catalunya no lo vive ningún estado de la UE”, ha asegurado Puigdemont. “Condenamos y rechazamos la actitud totalitaria del Estado español y de un Gobierno que ha mostrado su cara más intolerante”. El president ha cerrado su comparecencia asegurando que el Govern “ratifica el compromiso de que defenderá siempre los valores democráticos”.

ETIQUETAS: Catalunya,  Referéndum 1-O,   Carles Puigdemont

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El juez que ha ordenado las detenciones reactiva por su cuenta una causa iniciada en febrero por una denuncia de Vox

La Fiscalía no ha sido consultada, pero no se ha opuesto a las detenciones de una docena de cargos de la Generalitat y a los nueve registros. Fuentes judiciales muestran su malestar por la decisión del juez Ramírez Sunyer de no inhibirse en favor de la investigación iniciada por el TSJC.

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Mossos y guardias civiles, en la conselleria de Economía EFE

El titular del juzgado de instrucción 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, ha ordenado este miércoles a la Guardia Civil detener a una docena de personas, entre ellas varios altos cargos de la Generalitat, sorteando la investigación del referéndum que ya está en manos del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) y sin consultar a la Fiscalía. Webs, publicidad, mítines y dinero oculto: qué se sabe de la investigación secreta del referéndum

La orden del juez se ha cursado de oficio, es decir, sin pedir un informe a la Fiscalía para que el ministerio público valorara las detenciones y los registros. Fuentes de la Fiscalía General del Estado han explicado que a la Fiscalía de Barcelona el único documento del juez que le ha llegado es el auto en que el magistrado ordenaba a la Guardia Civil una docena de detenciones y nueve entradas y registros en consejerías de la Generalitat, entes dependientes del Govern y una nave industrial. 

Las mismas fuentes fiscales han indicado que el ministerio público, aunque no ha sido consultado por el juez, no se ha opuesto a la decisión.

Por otro lado, fuentes judiciales han mostrado su inquietud y su malestar por la orden de Ramírez Súñer. Estas fuentes han recordado  que desde hace diez días el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ya investiga a todo el Govern por el 1-O al estar imputados el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, y todos los consellers, que son aforados ante el TSJC.

Las mismas fuentes han considerado que, una vez el TSJC empezó a investigar a todo  el Govern por el referéndum, el juez de instrucción debería haberse inhibido a favor del alto tribunal catalán. Otras fuentes jurídicas van más allá y consideran que Ramírez Sunyer ya debería haber dejado la causa cuando en julio el TSJC empezó a investigar a la consellera de Gobernación, Meritxell Borràs, por la compra fallida de urnas.

El juez Juan Antonio Ramírez Sunyer lleva  desde el pasado mes de febrero investigando bajo secreto de sumario los preparativos del referéndum a partir dos denuncias, una del partido de ultraderecha VOX y otra del abogado Miguel Durán, a raíz de las polémicas declaraciones del juez y exsenador de ERC, Santiago Vidal.

En la causa de Ramírez Sunyer están imputados, por revelación de secretos y delito informático, entre otros delitos, el propio Vidal, el secretario de Hacienda, Lluís Salvadó (uno de los detenidos este miércoles), y el asesor del Govern y exmagistrado del Constitucional, Carles Viver Pi-Sunyer. No obstante, el juez no les ha citado a declarar en los siete meses que lleva abierta la causa.

Entre las diligencias que ordenó el juez antes del verano, y que generaron críticas de la Generalitat, destacan los interrogatorios de la Guardia Civil a altos cargos de la Generalitat, así como al portavoz del Pacte Nacional pel Referèndum, la plataforma de partidos y sindicatos a favor de un referéndum pactado con el Estado, el exdiputado del PSC Joan Ignasi Elena. El magistrado también mandó a la Guardia Civil acudir al Teatre Nacional de Catalunya (TNC) para recabar la factura de un mitin de JxSí a favor del referéndum.

El juez también intervino en la polémica sobre los pitidos al himno español en partidos de fútbol. Aceptó una denuncia del  abogado Emilio Rodríguez Menéndez –un letrado de trayectoria polémica que había pasado por prisión por un delito fiscal– contra el  director general de los Mossos, Albert Batlle, por no tomar medidas para impedir que se pitara el himno en la final de la Copa del Rey. Finalmente, el juez tuvo que abandonar el caso porque Rodríguez Menéndez no abonó la fianza que le exigía el magistrado para iniciar la investigación.   

En 2004, el magistrado ordenó el ingreso en prisión de dos personas acusadas de lanzar cócteles molotov a una comisaría. Los detenidos fueron después absueltos e indemnizados por su paso por prisión, según El Confidencial.

En 2015, protagonizó otro hecho similar. Ordenó el ingreso en prisión sin fianza de una persona acusada de quemar un contenedor en una manifestación. También terminó siendo puesto en libertad tras 23 días en la cárcel por no haber pruebas en su contra.

ETIQUETAS: referéndum 1-O,    independencia de Catalunya

La Guardia Civil detiene al número dos de Junqueras y a otras 13 personas en una operación contra el 1-O

Agentes de la Guardia Civil entran en las sedes de Economía y Hacienda, Exteriores, Gobernación y Trabajo y Asuntos Sociales. Detenidos dos estrechos colaboradores de Junqueras: el secretario general de Vicepresidencia y el secretario de Hacienda. La Guardia Civil incauta alrededor de 10 millones papeletas para votar el 1-O en una nave industrial de Bigues i Riells (Barcelona) y detiene a dos de los responsables de la empresa. Junqueras cree que la actuación es una “demostración de estado policial” y varias personas se concentran frente la sede de Economía llamadas por la ANC.

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Concentración en la sede de la conselleria Economía por los registros de la Guardia Civil © SANDRA LÁZARO

Operativo de la Guardia Civil para impedir que se celebre el referéndum. Agentes de la Guardia Civil, por orden del juez, registran este miércoles varios departamentos y organismos del Govern y dos sedes de empresas privadas. También han practicado un total de 14 detenciones, en su mayoría a altos cargos de la Generalitat, por el 1-O. Son los primeros arrestos por el referéndum. Guía del frente judicial del referéndum: tres causas penales, 23 imputados y 948 alcaldes apercibidos

Fuentes policiales han indicado que entre los catorce detenidos figuran dos estrechos colaboradores de Oriol Junqueras en la Generalitat, el secretario general de Vicepresidencia y Economía y Hacienda, Josep Maria Jové; y el secretario de Hacienda, Lluís Salvadó.

Los agentes han entrado a primera hora de la mañana y están registrando las sedes de Economía y Hacienda, Exteriores, Gobernación y Trabajo y Asuntos Sociales, así como entes dependientes de la Generalitat como la Agencia Tributaria de Catalunya (ATC). Según han informado fuentes del Govern, los agentes buscan documentación relacionada con el referéndum del 1-O. Asimismo, la Guardia Civil ha incautado papeletas para votar el 1-O en una nave industrial de Bigues i Riells (Barcelona).

La operación policial ha sido ordenada por el titular del juzgado de instrucción 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, que lleva meses investigando bajo secreto de sumario los preparativos del referéndum a partir de las polémicas declaraciones del juez y exsenador de ERC, Santiago Vidal.

El juez ha sorteado la investigación del referéndum que desde la semana pasada lleva a cabo el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) al estar imputados el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, y todos los consellers, que son aforados ante el TSJC.

Fuentes judiciales han mostrado su inquietud y su malestar por la orden del juez Ramírez Súnyer. Han recordado que la investigación del referéndum ya está en manos del TSJC, un tribunal de instancia superior al de Ramírez Súñer, y han considerado que, una vez el TSJC empezó a investigar el referéndum el juez de instrucción debería haberse inhibido a favor del alto tribunal catalán.

En total, se practican 41 registros, entre ellos seis despachos de altos cargos en diferentes sedes de la Generalitat, empresas relacionadas con el 1-O, despachos profesionales –presuntamente, de abogados– y domicilios particulares, ha informado el TSJC.

Pocos minutos después de iniciarse los registros, varias decenas de personas, convocadas a través de las redes sociales por Òmnium Cultural y la Assemblea Nacional Catalana (ANC), se han concentrado frente a la sede de Economía. La concentración ha obligado a cortar la Gran Via de Barcelona.

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Decenas de personas en la Gran Vía de Barcelona en protesta por los registros © SANDRA LÁZARO

Además de Jové y Salvadó,  los cargos detenidos este miércoles trabajan en cinco departamentos. Se trata de Joan Manel Gómez, responsable del voto electrónico de la conselleria de Gobernación; Francesc Sutrias, un cargo de Economía; Xavier Puig Farré, de Asuntos Sociales; Jordi Graells, director general de Atención Ciudadana, y Jordi Puignero, Josué Sallent y David Franco, del Centro de Telecomunicaciones, dependientes de Presidència; y David Palancad, de Asuntos Exteriores.

Además ha sido detenida en Madrid Rosa María Rodríguez Curto, Directora General de Servicio de la Generalitat y responsable de desarrollos informáticos.

Hay otros dos detenidos que no son altos cargos sino que están relacionados con una nave industrial de Bigues i Riells (Barcelona), donde la Guardia Civil se ha incautado de diez millones papeletas para votar en el referéndum del 1 de octubre, informa la agencia EFE. Además de las papeletas impresas con el “sí” y el “no”, los agentes han intervenido numeroso material electoral para el 1-O que todavía no ha sido contabilizado.

Poco después de comenzar los registros, el vicepresident y conseller de Economía, Oriol Junqueras, ha lamentado el registro policial en la sede de su departamento, actuación que ha tildado de “demostración de estado policial”. “Entran en el Govern como en cualquier empresa. Pueden intentar intervenirlo todo, como los carteles”, ha afirmado Junqueras.

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha convocado una reunión extraordinaria del Govern para este mediodía tras la que ha afirmado que “el Estado español ha declarado un Estado de excepción” y “actúa vulnerando los derechos constitucionales”. Puigdemont ha reiterado que, a pesar de los arrestos, el 1-0 sigue adelante. 

Concentraciones frente a las consejerías

Las protestas ciudadanas se han sucedido casi inmediatamente al inicio de los registros en las sedes gubernamentales. La más importante es la que agrupa a decenas de personas frente a Economía, en el cruce entre la Rambla Catalunya y la Gran Via, en pleno centro de Barcelona.

 

Los manifestantes cantan ‘Els Segadors’ y llevan claveles rojos. También se han concentrado ciudadanos frente a la sede de la conselleria de Gobernación en la Via Laietana. A esta protesta se han sumado trabajadores del sindicato CCOO, cuya sede se encuentra al lado de la conselleria.

Más registros en organismos oficiales

La operación incluye también la entrada en diversos organismos dependientes de la Generalitat, así como en empresas tecnológicas, como Indra y T-Systems, en el distrito 22@ del Poblenou de Barcelona.

Entre los organismos de la administración catalana en los que también se ha personado la Guardia Civil se encuentran la Agencia Tributaria Catalana (ATC), el Consorcio de la Administración Abierta y en el Centre de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI).

ETIQUETAS: Referendum 1-O,  Catalunya,   proceso soberanista,   independencia de Catalunya

Suiza investiga el atasco de los inodoros de un banco y tres bares con miles de euros triturados

Los fondos destruidos ascienden a cientos de miles de euros y pertenecerían a dos mujeres de nacionalidad española. Los investigadores tratan de esclarecer el motivo por el que se deshicieron de los billetes de 500 euros. El primer caso se registró hace semanas en la sala de cajas fuertes de una sucursal de UBS.

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Billetes de 500 euros EFE

Desde hace varias semanas investigadores de la ciudad suiza de Ginebra se enfrentan a un misterio: el atasco con billetes de banco de los inodoros de varios bares y de la sala de cajas fuertes de una sucursal del banco UBS, según informa el diario La Tribune de Gèneve. Se trata de decenas de miles de euros en billetes de 500 cuidadosamente triturados.

Este dinero pertenecería, según cita el diario suizo, a dos mujeres españolas que poseen desde hace años una caja fuerte en la sucursal de la entidad bancaria en la que se originó el primer atasco.

Al parecer el abogado de las sospechosas, que se personó en comisaría requerido por las autoridades helvéticas, fue obligado a pagar los costes de reparación de las instalaciones de fontanería de los locales afectados. 

El letrado no explicó las razones por las que su clientas presuntamente intentaron deshacerse de la elevada suma de dinero.

Fuentes de la investigación conjeturan que quizá la próxima entrada en vigor, el año que viene, de la nueva ley de intercambio de información bancaria entre países (una legislación que busca luchar contra la evasión fiscal) podría haber precipitado la decisión tomada por las sospechosas. Sin embargo, los motivos de este suceso permanecen, de momento, en el misterio.

El Gobierno convierte a bancos, autónomos y empresas en ‘policías económicos’ del referéndum

La orden de Hacienda traslada a las entidades de crédito y a las personas físicas o jurídicas que tengan trato con la Generalitat la responsabilidad de verificar que con su actividad no están colaborando con el 1-O. El texto dice que estas medidas actúan “de forma proporcional” a la situación de ilegalidad en la que opera la Generalitat  y que seguirán vigentes hasta que se declare que ha desaparecido “la situación de riesgo” El Gobierno asume el control financiero total de Catalunya

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Cristóbal Montoro explicó las medidas por las que toma la tutela económica de Catalunya EFE

Con mucha más urgencia de la anunciada el viernes por Cristóbal Montoro en el Consejo de Ministros, el BOE ha reflejado la nueva disposición por la que la Administración Central toma las riendas financieras de Catalunya. El texto, de 8 páginas, recoge en más de cinco folios un argumentario entremezclando la estabilidad presupuestaria y la legalidad constitucional, que ha llevado al ministerio de Hacienda a tomar esta decisión: la de tutelar a Catalunya. El BOE publica el mecanismo de control del Gobierno de las cuentas de Catalunya

Entre las novedades del texto, está la de aclarar no solo el papel de los bancos sino también el de los propios proveedores de la Generalitat, sean personas físicas o jurídicas, esto es, empresas o autónomos. La norma hace corresponsables a todos estos agentes que contraten con la Generalitat de asegurar que las actividades que la comunidad está llevando a cabo no sirven para colaborar en la puesta en marcha del 1-O.

Así, el Gobierno explica que “debe tenerse presente la necesaria cooperación y colaboración del sector privado para lograr el cumplimiento de los fines, principios y objetivos hasta ahora señalados, que afectan al interés general y a la adecuada prestación mínima de los servicios públicos que exige la Constitución y las leyes. La colaboración del sector privado en la prestación de los servicios públicos es clave, pues suministran bienes y prestan servicios esenciales para que la Administración cumpla con sus obligaciones y garantice los derechos de los ciudadanos, especialmente en lo que se refiere a la prestación de los servicios públicos fundamentales”.

Bajo esta premisa, el punto séptimo reza: “Desde la publicación de este acuerdo, cualquier persona física o jurídica que entregue bienes o preste servicios a la Administración de la Comunidad Autónoma de Cataluña o cualesquiera de sus entidades vinculadas o dependientes, podrá adjuntar a la correspondiente factura que emita, una declaración responsable, en los términos que establezca el MINHAFP, en la que quede constancia de que dichos bienes o servicios no tienen relación con la financiación de actividades ilegales, ni contrarias a las decisiones de los tribunales”.

Pero no solo será necesaria la declaración responsable de los agentes privados sino que, además, se dice que si el prestador del servicio “tiene dudas sobre si ello puede tener relación con la financiación de actividades ilegales, o contrarias a las decisiones de los tribunales, podrá comunicarlo, junto a la documentación correspondiente que lo acredite, al Ministerio de Hacienda sin perjuicio de su eventual comunicación al Ministerio Fiscal. En el caso de haberse prestado el servicio o el suministro, a la fecha de publicación del presente Acuerdo, que pudiera generar esa duda, se comunicará igualmente al MINHAFP y en su caso, al Ministerio Fiscal”.

Es decir, incluso si el proveedor tiene la mera sospecha de que el servicio que presta o el bien que suministra van a ir destinados a la consecución del 1-O, debe comunicarlo a Hacienda. Y si ya lo ha prestado en días pasados, lo puede delatar también.

En el caso de los bancos, el texto de la referencia publicado el viernes tras el Consejo de Ministros adelantaba ya cómo debería ser su labor fiscalizadora. Como la elaboración del referéndum es ilegal según el Tribunal Constitucional, el Gobierno se ampara en la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales para que tanto bancos como auditoras tengan que comunicar cualquier operación sospechosa de tener como soporte una actividad ilegal. Tanto es así, que si un banco detecta una transferencia que cree puede ser para pagar alguna factura relacionada con el referéndum, se lo puede comunicar o al Ministerio Fiscal o al SEPBLAC, el servicio que vigila el blanqueo de capitales en España. Los bancos ya tenían obligación de comunicar cualquier operativa de un cliente que fuera sospechosa de estar utilizando dinero negro.

Como paso previo a estas denuncias, Hacienda le pide a la Generalitat que le remita motu proprio un listado con todas las entidades bancarias, auditorías o proveedores con los que contrata para que el ministerio se comunique con ellos y les ponga al corriente de esta orden. Para facilitar el conocimiento de esta medida entre las entidades de crédito las entidades supervisoras, esto es, el Banco de España, deberá colgarlo en su página web en el plazo de 48 horas.

Este plazo de 48 horas corre desde la publicación el sábado por la mañana en el BOE del acuerdo de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos. También tiene 48 horas la Generalitat para firmar un acuerdo de no disponibilidad de todo su presupuesto pendiente de desembolsar excepto de las partidas concernientes a servicios fundamentales, esto es, sanidad, educación y servicios sociales.

Estas partidas se seguirán pagando pero se harán a cargo del Estado. El texto publicado asegura que, “de forma excepcional” se toman estas medidas para “asegurar que la financiación que tiene como origen la Hacienda del Estado, se destina al pago de los sueldos y salarios de los empleados públicos, la sanidad, la educación y los servicios sociales, como servicios públicos fundamentales”. El mismo texto asegura que las medidas que se toman actúan “de forma proporcionada, y salvando las competencias de la Comunidad Autónoma en la gestión de los recursos propios” de forma que se libra “un sistema de certificación previo al pago para garantizar que no se están financiando actividades contrarias a la ley, junto con un mecanismo para la ordenación de pagos que garantice que todos los recursos económicos que el Estado transfiere a la Comunidad Autónoma sean utilizados de acuerdo con lo previsto en la Constitución, y que el Estado garantice que se respeta el nivel mínimo de prestación de servicios públicos fundamentales”.

Todas estas medidas estarán vigentes “hasta que desaparezca la situación de riesgo para el interés general en la Comunidad Autónoma de Cataluña o sea necesario para garantizar la prestación de los servicios públicos en la Comunidad Autónoma, en los términos descritos en este Acuerdo”, y será la Comisión Delegada la que dictamine que esta situación de peligro ha pasado.

ETIQUETAS: 1-O,  Cristóbal Montoro

El Supremo niega que haya paralizado la intervención de las cuentas catalanas

La admisión a trámite del recurso de la Generalitat contra la intervención de sus cuentas ha sido interpretada por el Govern como una suspensión cautelar del acuerdo. Junqueras anuncia que seguirán actuando con normalidad y como si no estuvieran bajo el control del Ministerio de Hacienda. Sin embargo, el Supremo insiste en que admitir a trámite un recurso no implica paralizar la norma que se recurre, y Hacienda remata con que “todo sigue igual”. Los bancos bloquearán las tarjetas de crédito de la Generalitat para cumplir la orden de Hacienda

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Vista aérea del Tribunal Supremo EFE

El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso que interpuso la Generalitat contra la intervención de sus cuentas por parte del Gobierno central que entró en vigor el pasado sábado. Esto ha provocado el anuncio del vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, de que la medida quedaba suspendida cautelarmente. Sin embargo el propio Tribunal Supremo, y el Ministerio de Hacienda, han desmentido que la admisión a trámite paralice la intervención en ningún caso.

En rueda de prensa, Junqueras ha explicado que la admisión a trámite de su recurso tiene “efectos suspensivos” sobre el acuerdo adoptado por el Ejecutivo central, por lo que la Generalitat seguirá actuando con “normalidad” en relación con la gestión de sus cuentas. Así, el Govern se comportará como si sus gastos no estuvieran intervenidas y comunicará por “vía administrativa y notarial” a las entidades financieras que no hay ninguna variación y que deben continuar relacionándose con “normalidad” con la Generalitat.

En este contexto en el que sus cuentas no estarían bajo la tutela del Ministerio de Hacienda, el Govern ha afirmado que “dispone de todos los recursos” para hacer frente a todos sus obligaciones, como las nominas de sus trabajadores o pagar a los proveedores. 

Sin embargo, fuentes del Alto Tribunal han explicado que  la presentación del recurso no conlleva la suspensión automática del acuerdo recurrido. La Generalitat en su recurso solicita la medida cautelar de suspensión y eso obliga a dar traslado a la parte demandada (en este caso la Abogacía del Estado) para que alegue sobre esa petición de suspensión cautelar que solicita el gobierno de Carles Puigdemont. La ley da diez días de plazo para que la Abogacía del Estado informe sobre esa petición de suspensión cautelar. Sólo será entonces cuando, en caso de que el tribunal lo decida, se suspenda cautelarmente el acuerdo recurrido. 

Fuentes jurídicas explican a eldiario.es que este tipo de recursos contenciosos ni siquiera tienen una decisión sobre la “admisión a trámite” como ocurre por ejemplo los penales, y se admiten de por sí, ya que se trata de una decisión gubernamental (la recurrida) cuya existencia se da por cierta. En ningún caso esto implica que anule tal decisión, ya que entonces se paralizarían constantemente los acuerdos que adoptan los gobiernos y que son recurridos, incluida la Generalitat.

Añaden que la Generalitat hubiera tenido la oportunidad de forzar a responder al Supremo en 48 horas de haber pedido medidas cautelarísimas, que implican una respuesta sin pedir alegaciones a las partes, pero como no lo ha hecho y solo ha pedido cautelares, se pronunciarán en el plazo máximo de 10 días tras pedir dichas alegaciones.

Para Hacienda “todo sigue igual”

Fuentes del Ministerio de Hacienda han añadido que “todo sigue igual” y que las medidas de control sobre el gasto de la Generalitat que se aprobaron el sábado con su publicación en el BOE siguen vigentes, y seguirán salvo que el Supremo decida lo contrario dentro de los plazos previstos. 

Hoy finalizaba el plazo de 48 horas dado al Gobierno catalán para aprobar un acuerdo de no disponibilidad presupuestaria sobre  de todo su presupuesto pendiente de desembolsar excepto de las partidas concernientes a servicios fundamentales, esto es, sanidad, educación y servicios sociales.

ETIQUETAS: Referéndum 1-O,  Tribunal Supremo

Los tres primeros alcaldes se niegan a declarar en los interrogatorios organizados por la Fiscalía

“El hecho de que me cite directamente el fiscal y no el TSJC supone una vulneración del derecho a un juicio justo”, dice Marc Solsona a su salida de la Fiscalía. El fiscal ha indicado a Solsona que, de haber empezado, el interrogatorío se haría en castellano ya que la causa “acabaría en Madrid”. Carme Forcadell, diputados de JxSí y vecinos de Mollerussa apoyan a Solsona ante la Fiscalía Superior de Catalunya.  Ayuntamientos prorreferéndum piden anular la orden de la Fiscalía que obliga a requisar material electoral

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El alcalde de Oliana (Lleida), Miquel Sala (d), junto al alcalde de alcalde de Pont de Suert (Lleida), José Antonio Troguet (i). EFE

Primeros interrogatorios de la Fiscalía a más de 700 alcaldes por su colaboración con el referéndum, que se producen en paralelo a las causas judiciales del 1-O. El alcalde de Mollerussa, Marc Solsona (PDECat), ha acudido a su citación este martes a la Fiscalía Superior de Catalunya para ser interrogado. Tras su negativa a declarar, el fiscal ha impedido pronunciar un alegato en que Solsona pretendía argumentar que el ministerio público no debe actuar contra él porque el referéndum está ya en manos de los jueces.

Según han informado fuentes judiciales, la declaración como investigado de Solsona ha empezado con el edil queriendo explicar su motivo para no declarar ante la Fiscalía, que es precisamente el hecho que el referéndum ya se está investigado judicialmente en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). Guía del frente judicial del referéndum: tres causas penales, 23 imputados y 948 alcaldes apercibidos

Este alegato finalmente no se ha producido, ya que el fiscal José Joaquín Pérez de Gregorio ha impedido a Solsona pronunciarlo. El fiscal ha indicado al alcalde que solo procedería a empezar el interrogatorio si Solsona contestaba a sus preguntas ‘sí’ o ‘no’. Solsona se ha ido de la Fiscalía sin firmar el acta de declaración.

La conversación entre el fiscal y el alcalde, que se ha alargado unos diez minutos, se ha producido en tono cordial, han indicado las mismas fuentes. La abogada de Solsona, Judit Gené, no ha intervenido en ningún momento. Tampoco el fiscal ha comunicado si pediría documentación a Solsona sobre los acuerdos del ayuntamiento de Mollerussa para colaborar con la Generalitat para el 1-O.

Además, según las mismas fuentes, el fiscal ha indicado a Solsona que, de empezar, el interrogatorío se haría en castellano ya que la causa “acabaría en Madrid”, y que lo había citado siguiendo órdenes del fiscal general del Estado.

Los otros dos alcaldes citados este martes, de Oliana (Lleida), Miquel Sala, y de El Pont de Suert (Lleida), José Antonio Troguet, también se han negado a declarar ante el fiscal de La Seu d’Urgell.

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Concentración ante la Fiscalía Superior de Catalunya O.S.

Solsona estaba citado en la Fiscalía Superior de Catalunya y no en la de Lleida por su condición aforado dado que es diputado en el Parlament. “El hecho de que me cite directamente el fiscal y no el TSJC supone una vulneración del derecho a un juicio justo y de mi derecho a participar en cualquier manifestación política”, ha afirmado el alcalde a su salida de la Fiscalía.

Decenas de personas, en su mayoría provenientes de Mollerussa (Lleida), se han concentrado este martes ante la sede de la Fiscalía Superior de Catalunya en Barcelona para apoyar al alcalde de la localidad, Marc Solsona antes de su declaración como investigado ante el ministerio público.

Además de vecinos de Mollerussa, en la concentración de apoyo también estaban diputados del PDECat, ERC y de JxSí como Lluís Corominas, Lluís Guinó, Maria Senserrich, Roger Torrent y Germà Bel, así como la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Los concentrados han apoyado a Solsona con gritos de “no estás solo” y han cantado ‘Els Segadors’.

ETIQUETAS: Referendum 1-O,  fiscalia,   alcaldes soberanistas,  proceso soberanista,  independencia de Catalunya

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El hombre no posee el poder de crear vida. No posee tampoco, por consiguiente, el derecho a destruirla. (Mahatma Gandhi)

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