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Médicos Sin Fronteras, sobre los 630 migrantes del Aquarius: “No nos olvidemos de sus vidas ahora que están en tierra”

Entre los rescatados hay dos personas muy graves: una insuficiencia respiratoria y una hipotermia. Han registrado a 21 casos de quemaduras químicas; 150 de insolación; 32 de enfermedades crónicas, y, al menos, 16 víctimas de violencia sexual. Este domingo llegaban a Valencia el barco de la ONG francesa junto a dos buques italianos después de ocho días de travesía por el Mediterráneo

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Frédéric Pénard, director de operaciones SOS Mediterranee France

“El viaje ha sido duro pero también hemos visto esperanza”, así se expresa el médico del Aquarius David Beverslui, de Médicos Sin Fronteras, al llegar a Valencia. Es su primer rescate en el mar y a los síntomas habituales de deshidratación, mareos, dolor muscular, síntomas de fatiga, que presenta cualquier persona perdida en el mar, se encontraron con dos casos especialmente graves: un chico nigeriano con una insuficiencia respiratoria que consiguieron reanimar y una hipotermia muy grave. España recibe a los 630 migrantes del Aquarius tras ocho días en el mar

Además, hay 21 personas con quemaduras químicas de 2º grado, que abarcaban entre el 2 y 10% del cuerpo; 150 con insolación, 32 con enfermedades crónicas que hay que revisar. Hay al menos 16 víctimas de violencia sexual –10 mujeres y 6 hombres–, aunque en este caso matizó que podrían haber muchas más.

De hecho, Beverslui explica que lo más difícil fue escuchar los testimonios de tortura que han sufrido la mayoría de los 630 personas en su ruta por África y en Libia –donde emigrar es un delito–, y ha contado el caso de un joven que se pasó 6 meses en una cárcel de Libia con su hermano, donde no le daban apenas comida y agua, les maltrataban. Su hermano no sobrevivió y murió allí dentro.

En ese sentido, Aloys Vimard, el coordinador de Proyectos MSF, se preguntaba en voz alta qué es diferente para esta gente para que se les quisiera dejar morir en el mar y ha pedido que “no nos olvidemos de sus vidas ahora que estan en tierra”.

“Los hombres, mujeres y niños que están a bordo del Aquarius han huido de conflictos y de la pobreza y han sobrevivido a terribles abusos en Libia. Se les ha transportado en un barco a otro como si fueran mercancía y han tenido que soportar innecesariamente un viaje más largo y más duro”, ha enfatizado Karline Kleijer, Responsable de Emergencias de MSF.

Sophie Beau, co-fundadora y vicepresidenta Sos Mediterranee ha denunciado que las condiciones del Aquarius, que estuvo dos días sin un puerto donde atracar y acabándose la comida y el agua eran “intolerables y no se puede repetir”.

“Europa es criminal, el Mediterráneo es todavía la ruta migratoria más peligrosa”, ha recordado y ha hecho un llamamiento a los estados europeos para que colaboren entre ellos y acuerden una política migratoria integral y humanitaria. “No es acceptable transferir los rescates a países como Líbia que no cumplen los derechos humanos”, ha enfatizado.

Personas atendidas por Cruz Roja

El Equipo de Respuesta Inmediata en Emergencias (ERIE) de Cruz Roja Española ha atendido, hasta las 17.00 horas de este domingo, a 317 personas en el operativo ‘Esperanza del Mediterráneo’, con el que están atendiendo a los migrantes que están llegado en la flotilla del Aquarius este domingo a València.

A la misma hora, la Generalitat Valenciana ha informado mediante un tuit de que continúa “a buen ritmo” el desembarco del Orione, y que las unidades familiares que permanecen juntas serán las últimas en bajar.

Han sido 246 hombres y 26 mujeres (5 embarazadas), 33 menores varones no acompañados y 12 acompañados. El presidente de la entidad en València, Rafael Gandía, ha señalado que el voluntariado “ha visto a estas personas con un buen estado de ánimo y esperanzadas, aunque con mucha fatiga”.

El voluntariado de Cruz Roja Española ha realizado 44 traslados a hospitales: 21 mujeres por dolencias leves y una embarazada, dos menores por heridas, y el resto, varones que presentaban insuficiencia respiratoria, dolor torácico, fractura de pie, retención de líquidos, deshidratación.

ETIQUETAS: Aquarius,    a la valenciana,     operación esperanza mediterránea

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¿Qué ha hecho con el dinero el PP?

La propaganda hizo de su gestión económica la mejor baza del PP. Pero no salen las cuentas. El Banco Central Europeo le inyectó casi 250.000 millones de euros para comprar Deuda Pública. A la vez, se produjo un aumento récord de ese endeudamiento y los recortes al Estado del Bienestar rozan lo escandaloso. Muchos ciudadanos prefieren ocuparse de banderas, les hiere profundamente en su corazón mucho español que se ayude a los refugiados, el gasto que, según ellos, cuesta tener más ministras, pero no les hables de dinero en serio porque se aburren. O no se lo creen. Rosa María Artal

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Rajoy, siempre aplaudido por los suyos.EFE. Chema Moya

Rajoy renuncia a su acta de diputado. Es el último episodio del momento que vive el PP. Un partido que, sin cabeza aún, ya ha pedido la dimisión de Pedro Sánchez, presidente desde hace 2 semanas, y estudia una moción de censura. Ha presentado 9 preguntas para la próxima sesión del Congreso y prepara más acciones. El gobierno apenas ha echado a andar. Se encuentra en fase de nombramientos, atender asuntos urgentes presupuestarios como la paga extra de los pensionistas y poner en marcha medidas llamativas –y positivas-. Como la devolución de la Sanidad universal a los residentes en España que tardará unas semanas en ser efectiva. 

Con todo el lío de los emigrantes que les van a comer el pan a los mucho españoles, la Catalunya que quiere romper España y la búsqueda enfebrecida de ministros a los que pillar en falta y echar, pasan desapercibidas noticias a tener en cuenta. Por ejemplo, que  el BCE cierra el grifo. Ha anunciado que dejará de comprar deuda pública europea en Diciembre. Y de ahí viene una cascada de cuestiones. 

Confirmamos la inyección que el Banco Central de la UE ha venido suministrando a las economías de la Eurozona. Los datos facilitados nos dicen que  ha invertido a ese fin 2,5 billones de euros desde 2015. De ellos, casi 250.000 millones le han tocado a España. En realidad, falta un buen lote de dinero por contabilizar. Fue en 2012 cuando Dragui anunció que  “haría todo lo posible por salvar el euro” y se lanzó a comprar deuda. Casualmente, la ayuda del BCE empezó con la llegada de Rajoy a la presidencia de España. Recordarán  que con él se alcanzó el top de la prima de riesgo:  650 puntos en julio de 2012. Y, ahora, cesa ese soporte extra cuando se va o lo echa una moción de censura. Le llamaron “Programa de Expansión Cuantitava”. Fue cualitativa también, en la práctica. A nuestro afortunado dirigente le vinieron de cara los vientos de millones europeos. Pero ¿qué se hizo con ellos o con la Deuda que sufragaban? 

Miremos a ese foco de atención: 250.000 millones de euros confesos en 3 años y  poco. Y a la vez aumento récord de la Deuda Pública. Rajoy la cogió en 743.530 euros y el 69,5% del PIB.  La ha dejado en más de 1.000.000 euros y casi el 100% del PIB. Tan abultado endeudamiento consume una media de 31.000 millones de euros en intereses cada año. Son créditos y hay que pagarlos. Es hora de preguntarnos ¿dónde  metió el dinero el gobierno de Rajoy?

Numerosos miembros del PP aludieron como causa a facturas que se encontraron sin pagar en los cajones. Con ese dineral, habremos adquirido ¡quien sabe! si países enteros de esos que arruinan sus colegas ¿saben ustedes de alguno o de otra inversión que justifique semejante desembolso? 

Se añaden varios agujeros más como el consumado a la Hucha de las pensiones. El PP la ha dejado temblando al punto de acudir a créditos para cumplir.  El gobierno del PSOE, recién llegado, ha tenido que pedir otro para pagar la extra de verano. No ha debido encontrar las arcas llenas de la recuperación. El PP no bajó impuestos, subió algunos inicialmente. Y  los recortes al Estado del Bienestar rozan lo escandaloso. ¿Dónde ha metido el dinero el PP?, insisto.

Muchos ciudadanos prefieren ocuparse de banderas, les hiere profundamente en su corazón mucho español que se ayude a los refugiados, el gasto que, según ellos, cuesta tener más ministras, pero no les hables de dinero en serio porque se aburren. O no se lo creen. Los pensionistas sí se han enterado ya. Las mareas se comprenden mejor cuando el agua moja los pies.

Los hogares con pobreza energética (que es una forma de denominar a la pobreza completa) han aumentado con Rajoy un 62%. Han pasado a hundirse en esa limitación más de 700.000 personas. Este dato forma parte de un trabajo muy completo de Emilio de la Peña en Ctxt.es. En él destaca cómo el salario real en euros ha bajado un 5%, han aumentado los trabajadores pobres, ha disminuido la inversión en sanidad o educación.  Hemos perdido en consecuencia puestos en el ranking de los sistemas sanitarios públicos más eficientes. Los ricos son cada vez más ricos. También con datos. 

Por cierto, cabe preguntarse dónde habrá metido el PP el presunto ahorro de restringir la sanidad pública. O del copago y el medicamentazo que dejó fuera del sistema de salud más de 400 fármacos.

Más de medio millón de niños pasaron a engrosar  la pobreza infantil desde que entró Rajoy en el gobierno.  En tiempo récord además. En noviembre de 2011 había en España 2.226.000  viviendo bajo el umbral de la pobreza. La misma organización que lo evaluó, Save the Children, ya daba la cifra disparada en  2014: 2.826.549. Periodistas a sueldo, muy buen sueldo, para lavar la cara al PP, de los que vemos chillando en las tertulias, cuestionan estas cifras. A saber qué entenderán por riesgo de exclusión social, repiten, desde sus orondas vidas. 

El alza de tasas universitarias, los créditos que entrampan e hipotecan la vida, las becas en rebaja. El éxodo de jóvenes y mayores por falta de trabajo. La vivienda cara, los alquileres en ascenso prohibitivo, los desahucios.   De los de tirarse por la ventana cuando llega la policía a echarlos de casa por orden judicial de un banco y de un Fondo Buitre.

¿Qué ha hecho con el dinero el gobierno de Mariano Rajoy? La justicia está certificando los ladrones que albergan en su seno. Esos que “hace mucho tiempo ya que no están”. Sabemos de los rescates. De despilfarros a la brava. En infraestructuras, especialmente.  La propaganda hizo de su gestión económica la mejor baza del PP, pero no salen las cuentas.

Y aún así hemos de aguantar a Rafael Hernando, a quien en Twitter me permito calificar de portacoz del PP, dada su virulencia verbal. O a su colega Martínez Maíllo tergiversando el papel del Congreso que es quien otorga las mayorías. A sus voceros.

Queda mucho por hacer en España. Empezando por la educación de esos millones de personas que no saben ni dónde les aprietan los zapatos.

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Iñaki Urdangarin entrará este lunes en la cárcel

Este lunes expira el plazo de cinco días que le dio la Audiencia de Palma para entrar en prisión. El marido de la infanta Cristina puede ingresar en la prisión española que elija. El Tribunal supremo rebajó la condena de Urdangarin por el caso Nóos en cinco meses

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Iñaki Urdangarin EFE

Iñaki Urgangarin entrará este lunes en la cárcel. Termina el plazo de cinco días que le dio la Audiencia de Palma para ingresar en la prisión que eligiese a causa de una sentencia firme por varios delitos de corrupción por la que se le ha impuesto  una pena de 5 años y 10 meses de prisión. 

El martes de la semana pasada, el Tribunal Supremo  rebajó levemente la condena inicial de la Audiencia, en cinco meses. Ha sido impuesta al marido de la infanta Cristina por los delitos de malversación, prevaricación y fraude a la Administración. Fue absuelto de los delitos de tráfico de influencias, blanqueo y falsedad. La Audiencia de Palma da cinco días a Iñaki Urdangarin para entrar en prisión

El miércoles, Urdangarin acudió a la Audiencia Provincial de Palma acompañado de su abogado, Mario Pascual Vives, para recibir la orden de entrada en prisión. Allí se le comunicó que podría personarse en el centro penitenciario español que eligiese para iniciar el cumplimiento de la pena impuesta por el Supremo en un plazo de cinco días. El Supremo aboca a Urdangarin a la cárcel con una rebaja leve en su condena

 

Deberá pagar más de un millón de euros

Urdangarin deberá pagar en total algo más de un millón de euros si se suman las multas y las indemnizaciones a las que resulta condenado. El Supremo considera probado que Urdangarin se benefició de la malversación de 450.000 euros procedentes de las arcas del Govern balear, fondos que fueron pagados a Nóos “pese a no haberse producido” la contraprestación o, en otras palabras, pese a que “los servicios que correspondían a esos pagos no se habían llevado a cabo”.

Urdangarin fue inductor y cooperador necesario de esta malversación, sostiene el tribunal, que cree “acreditado” que “a través de su amistad” con Diego Torres, “y la situación de privilegio que disfrutaba como consecuencia de su matrimonio con una hija de quien entonces era Jefe del Estado, consiguió mover la voluntad” del presidente balear Jaume Matas para obtener contratos. Por lo tanto, también cometió tráfico de influencias. Además, para ocultar los fondos o para poner en práctica sus planes, cometió delitos de fraude y contra la Hacienda Pública, dice la sentencia.

El Govern de Baleares le retiró la Medalla de Oro

Por otra parte, el viernes de la semana pasada,  el Govern balear acordó retirar la Medalla de Oro de la Comunidad Autónoma concedida al ex duque de Palma, Iñaki Urdangarin. Se la habían otorgado en 1998, durante el gobierno de Jaume Matas.

Según explicó la portavoz del Govern, Pilar Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, el Ejecutivo autonómico actúa de oficio en cumplimiento de un artículo del decreto que regula la concesión de estos galardones, tras haber sido condenado Urdangarin en sentencia firme por el caso Nóos.

ETIQUETAS: iñaki urdangarin,   caso noos,    cárcel

La patronal gallega, condenada a devolver a la Xunta medio millón de gastos injustificados de sus ‘embajadas’

La justicia certifica que los empresarios malgastaron fondos públicos en la docena de oficinas que abrieron en el extranjero financiadas por el Gobierno de Feijóo, que sólo entre 2010 y 2013 puso a su disposición 18 millones de euros y elogiaba su “eficiencia”.

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Antonio Fontenla con Feijóo en una imagen de archivo de cuando el primero era el presidente de la patronal gallega XUNTA DE GALICIA

La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) tendrá que devolver a la Xunta alrededor de medio millón de euros gastados sin justificación a través de la red de embajadas económicas de Galicia que el Gobierno gallego le encargó gestionar poniendo a su disposición sólo entre 2010 y 2013 hasta 18 millones de euros de las arcas públicas. Así lo acaba de establecer el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Santiago al desestimar parte del recurso interpuesto por la patronal contra una resolución previa de la Xunta exigiéndole el reintegro de 647.000 euros. La sentencia,  avanzada por Faro de Vigo y a la que ha tenido acceso Praza.gal, sólo admite parte del recurso de los empresarios frente a otros varios gastos que considera injustificados.

El primer Gobierno de Alberto Núñez Feijóo al frente de la Xunta puso en marcha, a través del Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape), dependiente de la Consellería de Economía, la denominada red de Plataformas Empresariales en el Exterior de Galicia (Pexga), que en la práctica supuso dejar la internacionalización de la economía gallega en las manos de los propios empresarios, presididos entonces y hasta 2013 por Antonio Fontenla. Sólo entre 2010 y 2013 la Xunta dispuso de 18 millones de euros para que la patronal gallega abriera oficinas en Colombia, México, Argentina, Brasil, Francia, Reino Unido, Rusia, China, Alemania, Estados Unidos, Marruecos y Turquía. El Gobierno gallego se negó a detallar cuántos de esos 18 millones se gastaron realmente. En un balance del trabajo de esa red hecho en 2013 en una respuesta a una pregunta parlamentaria del BNG la Xunta aseguraba que esas oficinas en el exterior estaban trabajando con “criterios de máxima eficiencia para procurar facilitar los servicios y apoyos en destino previstos con los menores costes posibles”. Pero no fue así.

Al tiempo que la patronal gallega ahondaba en los últimos años en su propia crisis económica e institucional, la red Pexga y las relaciones de la Confederación de Empresarios con la Xunta fueron deteriorándose, y el Gobierno gallego fue rebajando progresivamente su aportación económica anual hasta el punto de que en marzo de 2016 la Xunta exigió el reintegro de diversos gastos que consideraba injustificados. Los empresarios recurrieron en la vía administrativa y en noviembre de ese año la Xunta estableció finalmente en 647.000 euros el importe que les reclamaba. La CEG tampoco estuvo de acuerdo y recurrió a la Justicia ordinaria por considerar que 241.000 euros de esa cantidad que les exigía la Xunta sí estaban justificados. Y ahora la Justicia resuelve y, en la citada sentencia, valida unos gastos y rechaza otros, de manera que, a falta de que en la ejecución de la sentencia se concreten las cuantías, los empresarios tendrán que devolver a la Xunta alrededor de medio millón de euros. Las ‘embajadas’ de la patronal gallega cuestan 18 millones de euros públicos

En la sentencia ahora emitida, con fecha de 15 de mayo, el juez considera que algunos gastos fueron “decisión unilateral de la entidad recurrente [la CEG], no habiendo en este caso fundamentado debidamente que la circunstancia que afirma justificase la necesidad de tal gasto”. El juez también rechaza el argumento de la patronal de que la Xunta no tenía un criterio establecido para autorizar los gastos porque dice que los empresarios no fueron capaces de probar esa supuesta falta de criterio. La sentencia también dice, sobre el gasto en “obsequios” por parte de la patronal a través de la red Pexga, que “pese al esfuerzo realizado, no se justifica que fuesen precisos ni necesarios para la consecución de los objetivos y finalidad del convenio” entre la Xunta y la CEG que puso en marcha esas oficinas internacionales. Vecinos de un pueblo coruñés pierden sus solares por un embargo del presidente de la patronal

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Fragmento de la sentencia que condena a la patronal gallega a pagar a la Xunta gastos injustificados PRAZA PÚBLICA

La sentencia llega en plena nueva crisis institucional de la CEG, después de la dimisión del que fue su último presidente, el ourensano Antón Arias, tras maniobras de sus críticos al frente de las patronales provinciales, que son las que ahora controlan la gallega hasta que se celebren nuevas elecciones. Arias llegó al cargo con un discurso renovador tras varios años de inestabilidad desde que en 2013 dejó el puesto el coruñés Antonio Fontenla, que llevaba más de una década en él, período en el que impulsó la red Pexga. Sucesores y críticos de Fontenla censuraron el aumento de los gastos en la CEG durante su mandato, que la llevaron a tener que implantar un plan de viabilidad económica para reducir sus deudas.

A pesar de esos antecedentes, Fontenla es hoy portavoz de la denominada Junta de Vicepresidentes de la CEG, lo que en la práctica hace que siga ejerciendo como máximo responsable de la organización. Este jueves Fontenla, en una entrevista en la Radio Galega, además de ponerle deberes al nuevo Gobierno central socialista, también se pronunció sobre la situación de la patronal gallega. Segundo dijo, “hay varios nombres” para asumir la dirección de la CEG y “de momento están consensuados entre tres confederaciones provinciales, falta convencer para que se adhiera a otra”. En la entrevista Fontenla también se pronunció sobre su propio papel: “Todo el mundo me dice ‘Antonio, esto tienes que arreglarlo tú’, pero yo no puedo hacer milagros, sólo puedo hacer lo que me dejan los demás y, además, sería malo que fuera yo lo que pusiera un presidente”.

ETIQUETAS: Confederación de Empresarios de Galicia,   Antonio Fontenla,   Feijóo

La Confederación del Duero desvela ahora otras 18 multas a las obras del AVE a Galicia por dañar ríos durante años

La media de las sanciones, de 1.650 euros, es aún inferior a las impuestas en la demarcación Miño-Sil a constructoras que recibieron contratos millonarios y cuyos nombres ahora se ocultan. Sólo 48.000 euros en multas a las constructoras del AVE gallego por dañar ríos durante años con obras de 2.000 millones

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Valle del Teixeiras, en Laza (Ourense), uno de los más afectados por vertidos y en el que se está a construir el viaducto más retrasado de toda la línea PRAZA PÚBLICA

La Confederación Hidrográfica del Duero ha impuesto desde 2011 a las constructoras del AVE entre Galicia y la Meseta un total de 18 sanciones por dañar ríos en las provincias de Ourense y Zamora por un importe que suma unos 30.000 euros, a poco más 1.650 euros de media por sanción. El promedio es aún inferior a los  2.000 euros por multa de las 24 sanciones impuestas en el mismo período en la demarcación Miño-Sil a unas constructoras que recibieron contratos millonarios del Ministerio de Fomento y cuyos nombres ahora oculta la Confederación del Duero.

Praza.gal formuló hace varios meses una petición de transparencia al anterior Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente que fue a su vez remitida a las confederaciones hidrográficas del Miño-Sil y Duero. La primera contestó a las pocas semanas  detallando cada sanción (descargable aquí) que impuso mientras que la segunda sólo lo hace ahora después de que en la última semana este diario, superados los plazos legales para esa contestación, publicase los datos de Miño-Sil e interviniese el nuevo Ministerio de Transición Ecológica.

Los datos ahora facilitados por la Confederación del Duero (descargables aquí) detallan 19 expedientes sancionadores incoados desde 2011, de los que uno acabó sobreseído. Los otros 18 (10 en Zamora y 8 en Ourense), uno de ellos aún pendiente de recurso, recogen multas que suman poco más de 30.000 euros, lo que supone una media de poco más de 1.650 euros por sanción. La mayoría de las multas se impusieron por vertidos a ríos, seguidas de derivaciones de agua no autorizadas e incumplimientos de autorizaciones, pero el listado facilitado por la Confederación del Duero es bastante menos detallado que el de la Miño-Sil. En él no se indican los nombres de las constructoras sancionadas ni se detalla el tipo de daño, como sí hizo Miño-Sil. Igualmente, el listado no detalla con la misma precisión el lugar de los daños y tiene errores en fechas y topónimos.

 

La sanción más cuantiosa, de 10.001 euros, fue impuesta en Cerdedelo, en el término municipal de Laza, tras una toma de muestras que mostró un incumplimiento de una autorización de vertidos al arroyo Teixeiras, en el que también hubo otros daños reiterados, pero la mayoría de las multas no superan los mil euros. En la provincia de Ourense, es Laza el ayuntamiento con más sanciones, cinco, seguido de Castrelo do Val, A Gudiña y A Mezquita, con una sanción en cada término municipal. En la provincia de Zamora, Lubián y Otero de Bodas, con dos sanciones en cada caso, van seguidos por Padornelo, Requejo, Coreses, Asturianos, Roales del Pan, Toro y la propia ciudad de Zamora, con una sanción en cada municipio.

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Sanciones impuestas por la Confederación Hidrográfica del Duero PRAZA PÚBLICA

ETIQUETAS: AVE,   Galicia,   sanciones,    contaminación,    ríos

El Sinaí, el paraíso prohibido de los israelíes

eldiario.es visita varios de los casinos egipcios, al otro lado de la frontera con Israel, donde la mayoría de los clientes son israelíes que no encuentran centros de juegos de azar en su país porque contraviene los principios de la ley judía o Halajá. El sur de la Península es un un paraíso de playas, buceo y drogas para el turismo mientras el norte se hunde en la pobreza y la represión puesta en marcha por el Presidente Al-Sisi que ha hecho de la lucha antiterrorista el principal objetivo de su nuevo mandato.

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Vistas desde el hotel Mövenpick Taba, cercano a la frontera con Israel ANA GARRALDA

“Laila Tov” (o “Buenas noches” en hebreo) dice uno de los guardias de seguridad del hotel-casino Taba Sands a dos clientes que se disponen a pasar el arco de seguridad para acceder al interior del recinto, situado a escasos 300 metros de la frontera de Taba, entre Israel y Egipto. Israel y Egipto, una alianza forjada en Washington

El vigilante asume que los visitantes son israelíes. No se equivoca, también lo son las dos docenas de personas que ya están en el interior jugando al blackjack, a la ruleta o las máquinas tragaperras. Un hecho que sorprende al visitante que no esté familiarizado con la presencia de israelíes en el Sinaí, península que el Estado hebreo ocupó tras la guerra de los Seis Días -además de Jerusalén Este, Cisjordania y los Altos del Golán- y que solo abandonó en 1982, una vez firmado el Tratado de Paz con Egipto (1979). Un pacto que fue posible tras la rúbrica previa de los Acuerdos de Camp David que contemplaban, entre otras cosas, la retirada israelí de la Península, de la que este año se cumple el trigésimo sexto aniversario.

“Aquí no tenemos ningún problema. La sensación de seguridad es total. ¿Por qué no vamos a venir?”, cuenta Ariel, un empresario israelí que ha cruzado al otro lado para echar unas apuestas y pasar el fin de semana en una zona que ofrece juego, playas y precios mucho más asequibles que la vecina Eilat, visible desde las habitaciones del Taba Sands.

Una vez dentro, en la recepción del casino, pequeños carteles con los horarios de apertura y cierre también están en hebreo. “Aquí todos los clientes son israelíes, incluso vienen religiosos. Ver kipás en el casino es de lo más habitual”, explica a este diario Tamer, responsable de relaciones públicas desde su oficina situada frente a la principal sala de juegos, iluminada con estridentes luces blancas. 

Según la ley judía, Halajá, los juegos de azar están prohibidos para los judíos en cuanto que son vistos como una actividad inmoral que además incita a la adicción. En consecuencia, los casinos son ilegales en Israel, motivo por el que sus ciudadanos viajan a otros países para satisfacer sus vicios más inconfesables.

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Clientes en el casino Hotel Taba & Nelson Village del Sinaí ANA GARRALDA

“Lo tendrán prohibido o estará mal visto en su sociedad, pero a nosotros no nos faltan clientes cada fin de semana”, explica Samer, jefe de sala del hotel-casino Taba/Nelson Village –hasta 2017 parte de la cadena hotelera Hilton–, situado a escasos 100 metros de la frontera y justo enfrente del Taba Sands.

En sus instalaciones, más modestas que las del establecimiento contiguo, grupos de hebreos ortodoxos se agrupan en torno a las mesas de juego mientras varias señoras laicas de edad avanzada echan monedas en las máquinas recreativas. Sobre sus cabezas más de una decena de cámaras de seguridad vigilan cada metro de la sala, en la que está  terminantemente prohibido tomar fotografías o grabar con el móvil. Israel y Egipto, una alianza forjada en Washington

El estatus territorial de este hotel, construido por un israelí en los tiempos de la ocupación del Sinaí y muy popular hasta el año 2004 en que un atentado terrorista acabó con la vida de una treintena de sus huéspedes, formó parte de las negociaciones posteriores a la firma del acuerdo de paz.

En 1986, un comité internacional estableció que la tierra donde estaba construido –junto a la del pequeño pueblo de Taba– sería devuelta a Egipto, aunque los israelíes serían libres de visitarlo, sin pagar impuestos, una vez cruzasen desde la ciudad de Eilat. Una exención que se mantiene hasta hoy para ellos y para los turistas extranjeros que entren en Taba siempre y cuando se hospeden en el Nelson Village o en otro de los hoteles cercanos a la frontera.

“Es cierto que ha habido un bajón tremendo de turistas, pero aún así a nosotros no nos va del mal gracias al casino”, dice Tamer. “¡Aunque sus visitantes a veces sean maleducados y difíciles de tratar!”, bromea en voz baja el egipcio, que al poco acude a una de las mesas de juego al reclamo de uno de sus miembros.

La costa del Sinaí, un remanso de paz

Aunque la mayoría de los israelíes que entran a Egipto se quedan en Taba, algunos se aventuran más al sur, especialmente en los modestos campamentos beduinos que proliferan desde la ciudad de Nuweiba hasta la de Dahab, ambas poblaciones igualmente provistas de complejos hoteleros convencionales, frecuentados por israelíes, europeos y rusos de clase media que ven en el Sinaí un destino vacacional barato y razonablemente seguro en un entorno natural único, el del Mar Rojo.

Hasta octubre de 2015, en que el avión de pasajeros de la compañía rusa Metrojet se estrelló contra las montañas de la Península, al poco de despegar de la ciudad costera de Sharm el Sheikh –causándole la muerte a sus 224 ocupantes en un atentado que reivindicó la rama local del autodenominado Estado Islámico (EI)–, Egipto era el destino vacacional elegido por el 30% de los turistas llegados de Rusia, según datos de la Agencia de Turismo de la Federación Rusa.

Si bien el mortal incidente provocó el desplome del turismo extranjero, sector tradicionalmente clave en la economía egipcia y ya hundido tras los vaivenes políticos que sucedieron a la caída de Hosni Mubarak en 2011, los israelíes nunca dejaron de “cruzar” al pequeño oasis costero del país vecino.”Desde hace años nos sentimos totalmente seguros y bienvenidos aquí”, cuenta Eleonor Satlow, una israelí-estadounidense desde el complejo de bungalows de estilo beduino Nakhil, en la parte norte de Nuweiba.

Aquí pasa unos días relajados junto a su marido Michael y unos amigos. “Conocemos a mucha gente que piensa que estamos locos por venir sin tener miedo, pero les ignoramos”, relata esta residente en Jerusalén. “He intentado convencerles sin éxito de que es seguro, pero ahora hasta agradezco que no vengan, así somos menos”, continúa. Según Satlow, durante su estancia todos los huéspedes del hotel eran israelíes y el establecimiento ya tiene reservadas habitaciones para las fiestas de la Pascua judía (Pésaj) del año que viene.

Los Satlow pertenecen a una generación que conoció el Sinaí en los años 70 del pasado siglo, durante la fiebre sionista y el impulso colonizador que siguió a la victoria de Israel en la guerra de los Seis Días (1967). Incluso en los años de la guerra de Yom Kippur (1973), en que tropas israelíes se enfrentaban a las egipcias en el área del Canal de Suez, los hippies hebreos, que presumían de apolíticos, continuaron viajando a la costa oriental del Sinaí, únicamente habitada por tribus beduinas, en un paraíso cercano a casa de buceo, escalada, amor libre y drogas –sobre todo marihuana–, que entonces llegaba por contrabando desde otras áreas de Egipto, Arabia Saudí o Jordania.

Hoy las mismas tribus beduinas del centro y del sur del Sinaí que entonces comerciaban con la marihuana lo hacen también con opio, pero con cultivos propios en las rojizas y áridas montañas de esta zona de la Península. Un negocio extremadamente lucrativo que en los últimos años está amenazando sumodus vivendi, escandalizando a los mayores de las tribus que observan cómo sus vástagos están más preocupados en adquirir el último grito en tecnología que en conocer las complejas rutas de las montañas que, durante tantos siglos, garantizaron su supervivencia. Un  conocimiento al que hoy siguen recurriendo los oficiales del ejército egipcio, conscientes de que nadie como los beduinos conoce el Sinaí.

Un “paraíso” para los israelíes de los 70 y para los de ahora que, aunque siguen cruzando, ya no tienen las mismas libertades que antes ni pueden desplazarse al norte de la Península, hoy uno de los refugios y bastión del grupo yihadista Wilayat Sina –como se denomina la filial egipcia del EI– y bajo estado de emergencia –incluidos toques de queda–, desde que el Presidente Al Fatá al-Sisi iniciase el pasado mes de febrero la enésima campaña (Sinaí 2018) para acabar –hasta ahora sin éxito– con la insurgencia yihadista que promete no remitir sin las ambiciosas inversiones necesarias en una zona históricamente deprimida y abandonada por El Cairo.

El ejecutivo del mariscal egipcio responsabiliza a la filial local del Estado Islámico de los atentados más graves de los últimos años contra varias iglesias y una mezquita, que han dejado centenares de muertos, así como de los ataques que, desde 2014, han provocado la muerte de más de 2000 soldados y policías egipcios, según datos proporcionados por la revista Foreign Affairs en su artículo “La fallida guerra contra el terrorismo de Egipto”.

Al Sisi, que acaba de estrenar su segundo mandato por otros cuatro años, ha prometido continuar con “la lucha antiterrorista”, un paraguas verbal, que, según varias organizaciones de Derechos Humanos como Human Rights Watch (HRW), también incluye a miembros de la oposición y voces disidentes a las que el Presidente parece no estar dispuesto a escuchar.

Dos caras de una misma moneda. Por un lado, la del relativamente tranquilo sur del Sinaí, el de los isralíes y extranjeros, las playas, el buceo, la escalada o los casinos. Por otro, la del árido y depauperado Norte, que condenado al ostracismo y la represión, podría acabar contagiando al onírico sur, la frágil gallina de las huevos de oro para los sucesivos gobiernos cairotas, desde los tiempos de Anwar Sadat, pasando por Hosni Mubarak y por Al Fatá al-Sisi. 

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La financiación de la Iglesia y el Gobierno que prometió sin crucifijo ni Biblia

Los obispos repiten que su actividad ahorra miles millones al Estado sin que la administraciones cuestionen o contrasten la balanza económica con la Iglesia. La organización Europa Laica ha puesto contrapeso a las aportaciones en educación, asistencia social o creación de empleo que se atribuye la Conferencia Episcopal. El nuevo Gobierno, que no usó Biblia ni cruz al asumir sus cargos, puede abordar la financiación de la Iglesia que le llega desde el IRPF, Cultura, Educación, Patrimonio o Defensa. El Ministerio de Educación lleva tres años pagando a maestros de Religión que no imparten clases

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La Iglesia ahorra al Estado, cada año, miles de millones de euros, con su trabajo social, caritativo, educativo y hospitalario”. La sentencia proviene de las altas esferas de la Conferencia Episcopal española que estos días, coincidiendo con el último tramo de la Declaración de la Renta, saca pecho a través de su campaña Xtantos. Cospedal gastó más de cuatro millones de euros en los curas e iglesias de las Fuerzas Armadas en 2017

La Iglesia española ofrece numerosos datos que muestran su músculo ante la sociedad española, sin que ningún organismo oficial le lleve la contraria. Sin embargo, la imagen da completamente la vuelta cuando otras instituciones, como Europa Laica, desmiente, punto por punto, las cifras.

En su último informe, correspondiente a 2017, asegura que “el Estado español (central y periférico) aporta a la Iglesia católica, a través de subvenciones directas y exención de tributos una cifra que supera los 11.000 millones de euros anuales”, lo que supone más de 1% del PIB. “Ello significa -añade Europa Laica- que a cada persona residente en España, sea católica o no,  le corresponde una “cuota o dádiva” indirecta a la Iglesia católica de unos 240 euros al año”.

El nuevo Gobierno Sánchez, que ha apostado decididamente por el Estado laico, como se pudo comprobar, por primera vez en nuestra historia democrática, con la toma de posesión en la que no hubo presencia de Biblia ni crucifijos, habrá de abordar, en los próximos meses, el debate sobre la financiación de la Iglesia, dentro de un marco más amplio (y más difícil de romper, pues vincula su relación con otro Estado, el Vaticano), el de los Acuerdos Iglesia-Estado de 1979, y sus marcos reguladores, que desgranan los emolumentos que reciben las instituciones de la Iglesia católica a través de distintos conceptos: Sanidad, Asuntos Sociales, Educación, Cultura, Patrimonio o Defensa, sin contar las subvenciones por conceptos directamente religiosos, o la cuestionadísima permanencia de la casilla del 0,7% en el IRPF. Las entidades religiosas se han ahorrado 45 millones por no pagar el IBI en Madrid desde 2007

Patrimonio cultural

Uno de los principales puntos en conflicto es el el imperio cultural y material de la Iglesia. 23.000 parroquias, más de un centenar de basílicas y catedrales, monasterios, conventos….  sin hablar del ingente patrimonio inmobiliario de la Iglesia, exento (no en virtud de los Acuerdos Iglesia-Estado, sino de la Ley de Fundaciones) del pago del IBI y otras prebendas.

La Iglesia saca pecho y anuncia que las diócesis de España han dedicado 55,5 millones de euros a 322 proyectos de rehabilitación y conservación de edificios de valor patrimonial en 2015, y que “el impacto global estimado de los bienes de interés cultural de la Iglesia (3.168 según la institución) es equivalente al 2,17 % del PIB de España”, con un “impacto sobre el empleo de 225.000 puestos de trabajo”.

Según un informe elaborado para los obispos por la consultora KPMG, si a ello le sumáramos el impacto de las semanas santas, peregrinaciones o romerías, la Iglesia aportaría al Estado más de 32.000 millones de euros (el 3,1 % del PIB) y 360.000 empleos. En total, 40 fiestas religiosas de interés turístico internacional, con 592.000 visitantes de media y 153 euros de gasto medio/visitante; y 85 fiestas de interés turístico nacional, con 84.000 visitantes y 218 euros de gasto/visitante, que suponen alrededor de 135.000 empleos vinculados directa o indirectamente, con un impacto de unos 9.900 millones de euros, lo que supone el 0,95% del PIB. Según los datos, sólo con las procesiones y romerías las arcas públicas se llevan 703 millones de euros. 

Unas cifras que son ciertamente engañosas, pues el principal gasto va al alojamiento (29%), la alimentación (21%), el transporte (19%) y gastos de ocio (17%), y no directamente en el templo, museo o catedral en sí, que únicamente suponen el 5%.

Sin embargo, según el informe 2017 de Europa Laica, a través de sus más de 40.000 instituciones, la Iglesia “conforma un enorme patrimonio, consistente en bienes mobiliarios e inmobiliarios”. Entre ellas, más de 110.000 propiedades, entre lugares de culto, pisos, locales, etc. (vacíos, ocupados o alquilados a terceros, por los cuales no pagan impuestos, ni son declarados como negocio).

Para la organización, la Iglesia “aproximadamente es propietaria del 70% del suelo habitable de Toledo, Ávila, Burgos y Santiago y porcentajes menores en los más de 8.000 municipios del Estado. Además posee más de 150.000 hectáreas en tierras agrícolas (muchas de ellas son tierras muertas y sin uso). También, bienes suntuarios (como el enorme patrimonio en joyas, trajes, etc.), posee innumerables obras de arte, participaciones en bolsa, depósitos, letras del tesoro, capital en fundaciones”. Además, las exenciones de impuestos las distintas administraciones del Estado “dejan de ingresar aproximadamente unos 2.000 millones de euros”. 

Educación

En lo tocante al ámbito educativo, y tal y como apuntaron los obispos en una rueda de prensa reciente, “los 2.450 Centros Católicos Concertados le ahorran al Estado más de 2,5 millones de euros al año”, afirman, citando datos del Ministerio de Educación. A su vez, insisten, en un estudio de impacto socioeconómico elaborado por Price WaterHouse, que en 2016 se invirtieron en los centros de estudios de orientación católica en España 4.866 millones de euros y que la sociedad recibirá en valor actual un retorno de la inversión calculado en 19.735 millones de euros, lo que supone que la inversión en educación de orientación católica se multiplica por cuatro cuando se calcula su retorno a la sociedad.

O, lo que es lo mismo, por cada euro que se invierte en la educación de orientación católica la sociedad recibe 4,1 euros. Este cálculo asume que todos los beneficios que una persona que haya estudiado en colegios religiosos pueda aportar a la sociedad durante su vida laboral tengan que ser única y exclusivamente vinculados al tiempo que estudiaron con la Iglesia.

El informe de Europa Laica, no obstante, no dice lo mismo. Así, aunque coinciden en la cifra destinada a los centros concertados católicos, suman el pago de los salarios y costos sociales de unas 19.000 personas que imparten religión católica (designadas por los obispados, pero pagados por la Administración), que supondrían unos 600 millones de euros.

Actividad asistencial

En su perfil de Twitter, la campaña Xtantos afirma que “Las diócesis españolas destinaron 57,8 millones de euros a actividades asistenciales (un 10% más que en el año anterior)”. Es cierto que la Iglesia posee miles de hospitales y dispensarios, y que la labor de instituciones como Cáritas o Manos Unidas (financiadas, en su mayor parte, con fondos privados, y que reciben financiación a través de la casilla de Otros Fines, y no de la X de la Iglesia católica), es muy relevante.

Pero también lo es, como denuncia Europa Laica, que “la actividad social y de beneficencia de la Iglesia católica es utilizada para hacer proselitismo y propaganda católica”, y que en este apartado, las congregaciones religiosas, diócesis y ONG católicas reciben vía subvenciones, conciertos y donaciones directas de las distintas administraciones más de 2.000 millones de euros.. A ello hay que aumentar las subvenciones directas y convenios con actividades hospitalarias por parte de las Consejerías de Sanidad (unos 900 millones de euros anuales), según los cálculos de Europa Laica.

Pastoral

En lo tocante a las actividades pastorales, que habrían de considerarse como actos privados (Bautizos, Comuniones, Bodas, Funerales, etc..), la Iglesia católica apunta que supusieron un impacto socioeconómico de casi 5.000 millones de euros de impacto total en el IPB (0,47%) y la creación de 62.382 empleos totales generados. Ahí entran, literalmente, los beneficios para empresas de catering, tiendas de moda y todo lo relacionado con los gastos familiares. Sólo bautizos, comuniones y bodas genera, según la Igelsia, un gasto asociado de 2,44 billones de euros a España, y que de ellos el Estado “recauda” más de 500 millones en impuestos.

Pero además, los obispos consideran que la labor estrictamente sacramental (misas, atención personal, confesiones, unción de enfermos, entierros…), según el mercado laboral, “tendrían un valor de 1.971 millones de euros. Sin embargo, tiene un coste de 882 millones para la Iglesia”, y recuerdan que “el 36% de los recursos de las diócesis provienen de aportaciones directas y voluntarias de los fieles”, mientras que la casilla del IRPF “representa sólo el 24% del total”.

Para Europa Laica, no obstante, esos gastos no son ciertos y, en todo caso, no se deberían atribuir a la Iglesia sino a los ciudadanos y familias que deciden hacer ese gasto, como actividad privada. Del mismo modo, recuerda la vigencia de la desgravación fiscal de los donativos y limosnas que la Iglesia católica recibe por parte de empresas o fieles, que supone una cantidad incalculable (la Iglesia no tiene que dar cuenta de cuánto dinero recibe por esta vía).

Esa caja sin control está subvencionada por el Estado, que devuelve, en forma de desgravación, un 25% del IRPF en el caso de las personas físicas, y hasta un 35% en Impuesto de Sociedades.

Todo ello, sin citar el impacto directo de los 251 millones que este año recibirá la Iglesia vía IRPF (los obispos defienden que no es dinero del Estado, sino libremente aportado por los ciudadanos), o la nómina del millar de capellanes en hospitales, centros penitenciarios, universidades o las Fuerzas Armadas, cuyo coste, para Europa Laica, podría rondar los 50 millones al año. Y una razón más que desmonta la teoría, amparada por los obispos, de que no es la Iglesia la que es financiada, sino que su labor (que, hay que reconocer, en muchos casos es reconocida por la sociedad) ahorra dinero al Estado. Poco menos que es el Estado quien debería estar agradecida a la institución, y no al contrario.

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Jaume Satorra

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El hombre no posee el poder de crear vida. No posee tampoco, por consiguiente, el derecho a destruirla. (Mahatma Gandhi)

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