La PAH impide el desahucio de siete familias de un edificio del centro de Barcelona

En el inmueble residen siete familias con menores que ocupan los pisos vacíos desde hace tres años y medio. La Síndica de Greuges pide modificaciones en “momentos de alta especulación inmobilaria” y que haya un control del precio de los alquileres en la ciudad.

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Membres de la PAH s’han concentrat davant l’edifici del número 102 de Villaroel per aturar el desnonament

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca ha paralizado este miércoles un desahucio de un inmueble situado en el barrio barcelonés del Eixample, donde viven des de hace tres años y medio siete familias, entre las que se encuantran nueve menores de edad. Un total de 33 personas que viven en el inmueble. Al constatar la existencia de vecinos en el inmueble y la concentración convocada, los juzgados han suspendido el desalojo de las familias, sin que se comunique nueva fecha.

Entre los concentrados, se encontraba también allí la técnica municipal de la Unidad Contra la Exclusión Residencial (UCER), del Ayuntamiento de Barcelona. A la hora prevista, dos agentes de los Mossos han acompañado la comitiva judicial y dos representantes de Buiding Center, la filial inmobiliaria de Caixabank, la propietaria del inmueble. 

El portavoz de la PAH, Carlos Macías, ha denunciado que, a pesar de los intentos de ponerse en contacto con la propiedad para negociar un régimen de alquiler, esta se ha atendido la demanda. Asimismo, el Ayuntamiento ha explicado que ha intentado establecer conversaciones con la entidad bancaria sin ningún resultado. Por su lado, desde Building Centre, han mostrado su disposición para encontrar una solución para tres de las familias, que tienen acreditada situación de vulnerabilidad.

El portavoz de la PAH ha recordado la urgente necesidad de que se amplíe el parque público de vivienda y ha comentado como en la finca hay dos pisos más ocupados por inquilinos, que viven allí antes que Caixabank se hiciese con la propiedad del edificio. Uno de los inquilinos cuenta con un contrato de renta antigua y otro inmueble dispone de un alquiler de unos 400 euros. En este sentido, Macías alerta de que en medio del “boom del alquiler” este edificio es un “caramelo para la especulación” y que posiblemente al terminar los contratos de alquiler de los dos pisos que quedan en el edificio “se triplicará el precio”.

Precisamente esta mañana, la Síndica de Greuges de Barcelona (la defensora del pueblo), Maria Assumpció Vilà, ha supervisado la queja de los vecinos de otro edificio, situado en el número 37 de la calle Leiva. El caso implica al fondo de inversión Vauras Investment que tras comprar todo el edificio comunicó a las familias que no se renovarían sus contratos de alquiler.

La Síndica pide que sea reconocido por Ley el derecho al tanteo y retracto en caso de que se haga la venta de todos los pisos de una finca. Actualmente, la Ley de Arrendamiento Urbanos (LAU) excluye el derecho de tanteo y retracto en este caso, un hecho que según la síndica “no tiene ninguna justificación en unos momentos de alta especulación inmobiliaria” y que es contraria a “la función social de la propiedad “.

Fuente: eldiario.es/catalunya/barcelona

Mariano Rajoy asegura que España está a la cabeza en la lucha contra el cambio climático

El presidente aprovecha y aísla los últimos datos de emisiones de gases que fueron a la baja tras dos años consecutivos de incremento para elogiar su política ambiental. “Hemos demostrado que el crecimiento económico no está ligado al incremento de emisiones”, ha dicho en unas jornadas sobre la futura ley de cambio climático. Rajoy ha pasado de sembrar dudas sobre el calentamiento global a llamarlo “una de las encrucijadas más importantes que hemos afrontado”.

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El presidente Mariano Rajoy en las jornadas sobre la ley de cambio climático.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, considera que España está en la vanguardia de la lucha contra el cambio climático: “Hemos demostrado que el crecimiento económico no está necesariamente ligado al incremento de emisiones de gases de efecto invernadero”, ha asegurado este jueves en las jornadas sobre la futura ley de cambio climático organizadas por el Ministerio de Medio Ambiente.

Rajoy, a pesar de indicar que “no hay que caer en euforias estériles”, ha aprovechado para subrayar que “h emos apostado por la reducción de emisiones y el progreso hacia un nuevo modelo productivo y de consumo sostenible”. El presidente solo ha mirado al último indicador de emisiones que bajó un 3% en 2016…tras subir los dos años anteriores. España todavía emite más de un 100% más que el año de referencia de 1990 marcado en el protocolo de Kioto.

De hecho, Mariano Rajoy ha insistido en que España “cumple con sus compromisos”, como el firmado en la ciudad japonesa y que debe ser sobrepasado por el acuerdo de París. Sin embargo, para llegar a las cifras, los distinto ejecutivos han debido gastar unos 800 millones de euros en la compra de derechos de emisión para compensar lo lanzad por las industrias españolas al aire.

Con todo, el jefe del Gobierno ya no parece dudar sobre la certeza del cambio climático: “Un desafío que está llamado a definir nuestro tiempo. Una de las encrucijadas más importantes que hemos afrontado”. Y ha añadido que “los datos son los que son” para desgranar algunos de los hechos más conocidos sobre las consecuencias del calentamiento global como la subida del nivel del mar, el retroceso de los glaciares o la multiplicación de fenómenos meteorológicos extremos.

Rajoy ha hablado en el arranque de una jornadas de debate que “deben nutrir la futura ley de cambio climático y transición energética”. El discurso del presidente ha indicado que “España está dispuesta a ser un agente decisivo en esta lucha. Nuestro país quiere estar a la vanguardia de este compromiso”.

Y para cerrar, ha puesto un broche recurrente en las intervenciones del jefe del Ejecutivo sobre acciones medioambientales: “Conseguir el doble reto de cuidar el planeta y conseguir un crecimiento sostenible”.

Fuente: eldiario.es/sociedad/Mariano-Rajoy

El Gobierno admite que Aznar subvencionó con 40.000 euros al año a la Fundación Franco

Entre los años 2000 y 2003, la organización franquista recibió dinero público para “proyectos archivísticos” que consistían en digitalizar documentos esenciales de la dictadura. Nunca se ha hecho público de qué documentos se trata, aunque sí se sabe que siguen custodiados por la organización fascista pese a estar clasificados como “secretos” de Estado. El Gobierno ha contestado a una pregunta parlamentaria de En Marea con las cantidades anuales que recibió la Fundación durante cuatro años, que suman 150.000 euros. El Congreso pide al Gobierno que investigue a la Fundación Franco por alentar el incumplimiento de la Ley de Memoria

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Hendaya (Francia), 23/10/1940.- Adolf Hitler y Francisco Franco se entrevistan en la estación de tren, en presencia del Embajador español en Alemania, general Eugenio Espinosa de los Monteros (centro) y de un interprete./ EFE

El Gobierno de Aznar, en su segunda legislatura, dio una subvención pública a la Fundación Franco. Fue entre los años 2000 y 2003, según la respuesta del Ejecutivo a una pregunta parlamentaria del grupo En Marea. Tal y como desglosa el Gobierno en el documento [ver abajo], en 2000 se dio a esta asociación fascista 41.080 euros. Al año siguiente fueron 42.070. En 2002 recibió 41.000 euros y, por último, el cuarto año las ayudas se rebajaron a 26.600 euros. En Marea pide investigar la comisión de delitos por la Fundación Francisco Franco

Este dinero, según especifica el Gobierno en su respuesta, no se concedió “de forma directa”, sino “con cargo a las convocatorias públicas de ayudas, de libre concurrencia” para “proyectos archivísticos”. Es decir, la Fundación Franco concurrió a las ayudas para digitalizar unos documentos y fue la elegida para recibir la subvención y hacer el trabajo. El Gobierno añade que desde 1990 no se le ha dado ninguna subvención directa, pero no especifica más. La Fundación Franco arremete contra eldiario.es y otros medios por “atacar” al dictador

En Marea denuncia que se ha obviado parte de su pregunta: “Queríamos conocer la cuantía de las ayudas públicas percibidas por la Fundación Francisco Franco desde su constitución, desglosadas por ejercicios fiscales y con indicación concreta de las fechas, conceptos y cuantías abonadas, sin embargo, nos encontramos con que el Ejecutivo de Rajoy solo explica las ayudas desde el año 2000 al 2003”, asegura el diputado y portavoz de En Marea en el Congreso, Antón Gómez-Reino.

Aunque no se conoce con exactitud qué documentos digitalizó la Fundación Franco y nunca se ha hecho público el resultado final de ese trabajo subvencionado, el Gobierno sí admitió en abril en otra respuesta parlamentaria a Alberto Garzón (IU ) que la Fundación tiene en su poder documentos clasificados como “secretos”. Se trataría de documentación de la Secretaría de la Jefatura del Estado y de la Presidencia hasta junio de 1973.

Qué otros documentos se han digitalizado además de estos “secretos” es algo que no se ha dado a conocer, como tampoco si la entidad privada que ensalza la dictadura va a seguir teniendo en su poder esa documentación de Estado. Entonces, el Gobierno se limitó a decir que pedirá que se custodie y no se haga pública.

Desde En Marea aseguran que quieren investigar las cuentas de la Fundación Franco para comprobar si recibe otro tipo de ayudas con cargo a fondos públicos para impedir, a través de diversas iniciativas en el Congreso, que esto siga ocurriendo.

“El Gobierno no está facilitando toda la información, por lo que En Marea seguirá investigando esta cuestión y pidiendo información directamente a la fundación, dado que cada año el patronato tiene la obligación de confeccionar y aprobar las cuentas anuales y depositarlas en el Protectorado de Fundaciones, organismo dependiente del Ministerio de Educación, que las examina y comprueba”, dicen desde el grupo parlamentario.

Varias  iniciativas parlamentarias en el Congreso buscan bloquear posibles subvenciones en el futuro a la Fundación Franco, investigar su actividad así como analizar sus incumplimientos de la Ley de Memoria Histórica

Ver documento: documentcloud.org/documents

ETIQUETAS: Fundacion Franco, Franco, Memoria Histórica

No es Garoña. Es la guerra nuclear en España

La decisión que debe tomar el Gobierno sobre la reapertura o no de una central atómica de 46 años reabre un viejo debate que afecta a toda la política energética del país, obligada a cumplir con sus compromisos internacionales contra el cambio climático.

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Central Nuclear de Garoña, en una foto de archivo.ENERGY.GOV

El Foro Nuclear español esgrime los resultados de un estudio realizado por el Centro Nacional de Epidemiología en 2010 como su escudo de armas: “Tras el análisis realizado a más de 8 millones de personas, la conclusión es que las instalaciones nucleares no afectan al riesgo de contraer cáncer y son las únicas capacitadas para suministrar grandes cantidades de electricidad sin emitir gases a la atmósfera”.

Un veredicto que se ha ganado las críticas unánimes de los grupos ecologistas que lo consideran demasiado escorado hacia los intereses del lobby nuclear que hoy trata de extender la vida útil de las seis centrales españolas más allá del tiempo para el que fueron diseñadas. Y el viento sopla a su favor. Por un lado, cuentan con el dictamen favorable del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) a la reactivación de la vieja central de Garoña, inaugurada en 1971 como un prodigio de la ciencia y que hoy permanece parada por unos costes de funcionamiento tan altos que hacen inviable su futuro. “Debió ser cerrada en 2009, que es cuando cumplió los 40 años de vida útil, pero cesó su producción en 2012 alegando incertidumbre regulatoria. Durante este tiempo, ha producido aproximadamente 152 millones de MWh de energía eléctrica que le han reportado ingresos suficientes para recuperar sus costes de inversión y de funcionamiento, y obtener altísimos beneficios. Por lo tanto, detrás de la prolongación o no de su actividad hay intereses económicos en juego”, sintetiza Jorge Fabra, expresidente de Red Eléctrica española y actual responsable de Economistas Frente a la Crisis.

“DEBIÓ SER CERRADA EN 2009, QUE ES CUANDO CUMPLIÓ LOS 40 AÑOS DE VIDA ÚTIL, PERO CESÓ SU PRODUCCIÓN EN 2012 ALEGANDO INCERTIDUMBRE REGULATORIA”

Es viernes primaveral. Al atardecer, la imagen de Santa María de Garoña aparece engullida por un océano verde de árboles en flor sin edificios a su alrededor que sirvan de contraste. Estrellas colgadas de un cielo raso, focos que van y vienen entre la niebla que empieza a apoderarse de un complejo sellado con una cremallera metálica. El río Ebro sigue condensando caudal para aplacar la fiebre de la central atómica por si fuese necesario. Discurre majestuoso con el agua del deshielo y de sus afluentes, el Jerea y el Purón, mientras en los embalses cercanos de Cillaperlata y Sobrón los patos juegan al escondite entre cañas y el relente que llega de la meseta. Las farolas que alumbran Tobalina y Santa María parpadean de frío, ajenas al torbellino de disputas que rodean a su cabecera industrial. No es posible encontrar una sola pista que indique lo que un día se almacenó en su interior, ni siquiera la piscina de agua pesada que albergaba el uranio empobrecido que vestían de luz.

 “Pero su huella está ahí”, asegura Alberto Frías, 47 años y dos meses de lucha infatigable contra la central nuclear más antigua de España. “Aunque lleve cinco años parada, su rastro no ha desaparecido. Está en los sedimentos, en las plantas acuáticas y en los peces del Ebro”. Isótopos radioactivos que permanecen inalterables durante miles de años, que confunden y aterran a partes iguales a quienes viven cerca, aunque las necesidades también pesan. Un vecino de Orbañanos, una aldea situada a cuatro kilómetros en línea recta de Garoña, asegura que la central le rompió la vida porque el cáncer que en 1997 acabó con la vida de su hija fue consecuencia directa del veneno radiactivo que arrojaba la instalación. “Pero daba trabajo a mucha gente de Las Merindades y eso era lo más importante. La gente de aquí dice que su futuro depende de la central”, certifica. Salud que mata.

La central tomaba y devolvía el agua del río Ebro para refrigerar el reactor. El mismo agua que luego se utilizaba en el regadío de zonas rurales de Burgos, Álava, la Rioja, Navarra y Aragón. “El propio CSN confirmó en su día la presencia de cobalto-60 y de cesio-137, altamente radioactivos, en el área de influencia de la central de Garoña”, explica Frías. Y eso insufla miedo en la población, por mucho que los responsables de la central burgalesa invirtieran cientos de millones de euros en la reparación de todos sus sistemas, componentes y equipos durante los años que estuvo en funcionamiento. La prueba es que una de las múltiples obligaciones que Nuclenor, empresa coparticipada por Endesa e Iberdrola, deberá cumplir para volver a la actividad es terminar el almacén temporal individualizado (ATI) que ahora construye la empresa de ingeniería Idom por 11 millones de euros. “El argumento de Iberdrola para oponerse a la reapertura de Garoña es que no ve rentabilidad en un negocio que necesita unos 200 millones de euros de inversión, una cifra modesta si se compara con las que se ventilan hoy en el sector eléctrico, para funcionar otros 14 años. Por eso creo que el económico no es el motivo real del enfrentamiento entre Iberdrola y Endesa por el cierre o no de esta planta ya que 14 años de explotación producirían 50.200.000 MWh que proporcionarían unos beneficios supranormales estimados de 730,6 millones de euros”, indica Fabra.

Si el ministerio que dirige Álvaro Nadal, que es quien tiene ahora la última palabra, da finalmente luz verde a este proyecto, a Endesa, la más interesada en continuar con la actividad de Garoña, sólo le quedará la opción de comprar la media parte que pertenece a su socio. Algo impensable. “Nadie se compra un coche de 46 años”, señalan fuentes de la propia empresa. El motivo es el riesgo que entraña su reapertura y que supera con creces a los beneficios que pueda reportar.

Sin embargo, muchos consideran que las desavenencias surgidas entre los dos gigantes energéticos españoles en torno a la planta burgalesa es mucho más profunda, casi estratégica, porque lo que han puesto en juego es la política regulatoria de la energía en España. Es decir, política en estado puro. En el informe La energía en la España del siglo XXI (2000-2025), realizado por el Instituto de Estudios Económicos, IEE (del que procede, entre otros, el actual ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro), se afirma que “en la actualidad, resulta imposible que España prescinda de la producción eléctrica de origen nuclear y, en caso de que se produzca un crecimiento económico elevado, tendremos que pensar en la ampliación del parque de generación nuclear como energía base estratégica del sistema eléctrico español a partir del periodo 2008-2012”. Además, el sospechoso dictamen del CSN favorable a la extensión de la vida de Garoña durante otros 14 años salió adelante con los votos de los tres miembros del organismo propuestos por el PP y uno por el PSOE, mientras que la quinta representante en el pleno, la exministra socialista Cristina Narbona, lo hizo en contra. Las razones de sus divergencias con el resto de miembros que componen el máximo órgano de la seguridad nuclear en España se debieron a las diferencias en la concepción de lo que son “las buenas prácticas regulatorias en materia de seguridad”, según explicó. Pero el apoyo teórico ya está hecho.

El precedente de Garoña

El diagnóstico oficial sobre la viabilidad técnica de una central de 46 años como Garoña sienta un precedente para otras dos plantas atómicas, la de Almaraz en Cáceres y la de Vandellós II en Tarragona, que este año también deciden su futuro. El plazo de explotación de la actividad de estas dos instalaciones concluye en 2020 pero están obligadas a presentar la solicitud para ampliar su actividad con tres años de antelación, es decir, deben hacerlo entre los meses de junio y julio próximos. Y como sucede en la planta burgalesa, sus propietarios también son Iberdrola y Endesa, con una participación minoritaria de Gas Natural Fenosa en el caso de la central nuclear extremeña. El choque, por lo tanto, es inminente y decisivo entre las grandes compañías energéticas cuya evolución estratégica en los 30 años transcurridos desde la construcción del parque atómico español ha sido antagónico. La gran fortaleza de Iberdrola, por ejemplo, son las hidroeléctricas, con 9.715 megavatios de capacidad instalada, más 6.100 Mw en otras renovables, además de 5.695 Mw en ciclos combinados.  Endesa tiene 5.445 Mw en ciclos, 4.721 Mw en hidroeléctricas y 8.130 Mw en térmicas. Y Gas Natural Fenosa, 7.000 Mw en ciclos combinados y 2.000 Mw en centrales de carbón. Todo un complejo laberinto de intereses contrapuestos ante el enigma de qué hacer con la nuclear.

EL DIAGNÓSTICO OFICIAL SOBRE LA VIABILIDAD TÉCNICA DE UNA CENTRAL DE 46 AÑOS COMO GAROÑA SIENTA UN PRECEDENTE PARA OTRAS DOS PLANTAS ATÓMICAS, LA DE ALMARAZ EN CÁCERES Y LA DE VANDELLÓS II EN TARRAGONA

Diferencias que surgen cada vez que se atiza el debate sobre el futuro energético en España y al Gobierno le vienen a la memoria las obligaciones contraídas con Kioto y París. “Todas las fuentes son imprescindibles para caminar hacia la transición energética. La hidráulica, la eólica, el carbón, los ciclos combinados y también la nuclear, a pesar de que algunas tengan inconvenientes”, aseguró Alberto Herrero, portavoz del PP en la Comisión de Energía, Industria y Agenda Digital, durante el reciente debate parlamentario sobre el futuro nuclear en España. Su lectura de la situación fue aprovechada por el resto de partidos para flagelar una política energética que, desde su liberalización en 1997, se ha convertido en la bestia negra para millones de españoles y en una mina de oro para las empresas.

La puntilla para las nucleares llegó a finales de 2012, cuando el Ejecutivo de Rajoy aprobó una batería de medidas para atajar el déficit eléctrico –la diferencia entre ingresos del sistema y los costes que asumía– que superaba los 24.000 millones. La más indigesta fue el impuesto sobre la producción de residuos radiactivos, que grava en 2.190 euros cada kilogramo de uranio consumido. Según los afectados, esta carga resta aproximadamente un 18% los ingresos que obtenían con anterioridad. También se actualizó otro tributo sobre el almacenamiento de residuos –Enresa es la sociedad que los gestiona–, que se lleva otro 15%. Y para colmo, se introdujo otro más del 7% para todas las fuentes de generación eléctrica.

No es de extrañar que quienes aún confían en la limpieza de la producción atómica de energía aireen sus quejas. Y el que más, el exdirector de la central de Almaraz y nuevo presidente del Foro Nuclear Español, Ignacio Araluce. “La energía nuclear ya no es rentable porque le han ido metiendo impuestos de todo tipo que le han comido todos los márgenes. No solo no está subvencionado, como las renovables, sino que el sector está penalizado”, dijo el pasado mes de abril durante el debate sobre el futuro nuclear organizado en el Congreso. No son del todo ciertas las frases del presidente del Foro Nuclear referentes a la ayuda estatal de que gozan las renovables. España tiene acumuladas hasta 26 denuncias en la Corte Internacional de Arreglo de Diferencias del Banco Mundial, el Ciadi, de las que ya ha perdido una por valor de 128 millones de euros por los recortes aplicados en 2010 por el PSOE y en 2013 con la aprobación de la reforma del sector eléctrico del PP a las ayudas que otorgaba a las energías renovables.

Aun así, el argumento fiscal de Araluce es lo único que parece poner de acuerdo a todas las grandes compañías con intereses atómicos: si el Gobierno no reduce la carga fiscal, el apagón nuclear será inevitable a lo largo de la próxima década. ¿Y cómo sustituir una producción energética que hoy alimenta a una de cada cuatro bombillas que se encienden en España? “Sería un gravísimo error porque la energía nuclear está jugando un papel relevante en la transición energética iniciada contra el cambio climático y para cumplir con los compromisos del Acuerdo de París”, sentenció Araluce.

La lucha contra el cambio climático

Un dato. El pasado mes de abril, el observatorio de Mauna Loa, en Hawai, detectó que la concentración de CO2 en la atmósfera del hemisferio norte había superado las 410 partes por millón, casi el doble del nivel que existía antes de que el hombre comenzara a quemar sistemáticamente combustibles fósiles que provocan el calentamiento global del planeta. Los efectos ya son visibles: desde la capa de nieves perpetuas que coronan el Kilimanjaro, en proceso de imparable licuación, hasta glaciares andinos o campos de hielo de los polos que nunca se habían convertido en agua. “La lucha contra el cambio climático es uno de los argumentos que el sector nuclear esgrime para defender su funcionamiento porque dicen que no emiten dióxido de carbono. Es una tesis que tiene ciertos puntos de falsedad: de entrada, sí emiten CO2; y en segundo lugar hay que tener en cuenta que la lucha efectiva contra el cambio climático requiere del despliegue de las energías renovables”, asegura un reconocido investigador a nivel internacional, el físico nuclear español Francisco Castejón.

LOS EFECTOS YA SON VISIBLES: DESDE LA CAPA DE NIEVES PERPETUAS QUE CORONAN EL KILIMANJARO, HASTA GLACIARES ANDINOS O CAMPOS DE HIELO DE LOS POLOS QUE NUNCA SE HABÍAN CONVERTIDO EN AGUA

Quizá no sea ni técnica ni políticamente correcto recordar Chernóbil cuando se habla de esta industria pero ese nombre ya forma parte del mal que acompaña brutalmente a la leyenda de las centrales nucleares, como después aprendieron en Fukushima, una central que comparte con Garoña algo más que la tecnología de su reactor dañado: ambas entraron en funcionamiento el mismo año. Pero incluso en este terreno existen divergencias. Algunos científicos, como el físico británico y ecologista James Lovelock, creador del proyecto Gaia para la autorregulación de la Tierra, se han mostrado fervientemente partidarios de la energía atómica. “La oposición se basa en el temor irracional alimentado por la ficción a lo Hollywood creada por los grupos de presión ecologistas y los medios de comunicación. Se trata de unos temores injustificados y, desde su inicio en 1952, ha demostrado ser la más segura de todas las fuentes de energía”, explicaba en un artículo publicado hace unos años en el diario The Independent.

Las alusiones a capítulos horrendos de la historia nuclear son calificadas de “malintencionadas y perversas” por quienes defienden su presencia en el negocio eléctrico de España y aseguran estar dispuestos a discutir sobre datos y argumentos que contribuyan a aclarar la verdadera situación de un parque energético pero no sobre “infamias injustificadas”. El propio exdirector de Comunicación de Garoña, Antonio Cornadó, denunció que algunos grupos se dedicaron a propagar falsedades entre la población que provocaron graves alarmas. “Una catástrofe no es ya impensable, sino imposible”, certificó. Francia es el modelo, donde las 58 centrales en funcionamiento producen el 77,7% de la energía eléctrica que consume el país. Y, además, bajo la gestión de la empresa público-privada Électricité de France (EDF), lo hace a bajo precio.

Pero desde los terribles accidentes de Chernóbil y sobre todo Fukushima, los vientos energéticos han cambiado. “La central ucraniana convirtió en antinuclear a la socialdemocracia europea; la japonesa a Merkel”, afirma con cierta sorna Francisco Castejón. La prueba es que Alemania ha comenzado a sustituir la energía generada por sus 17 instalaciones atómicas en 2011, algo más del 17% de la producción eléctrica nacional, por una combinación de centrales abastecidas por fuentes renovables subsidiadas por el Estado y aunque su dependencia del carbón sigue siendo alta, el revolucionario plan energético diseñado, el Energiewende, prevé una disminución en la emisión de gases del 40% antes de que en 2022 apaguen el último reactor nuclear. Y por el momento están luchando a brazo partido por cumplir con el escrupuloso calendario. Las energías renovables generan ya el 27% de la electricidad del país frente al 10% que producían en 2007. Una de las claves del pequeño éxito logrado por esta revolución energética alemana es que implicó a ciudadanos y a cooperativas en contra de la opinión de las grandes corporaciones eléctricas, que no han cejado de presionar al Gobierno para que pise el freno. El resultado es que hoy más de 1,5 millones de alemanes, el 2 % de la población, vende electricidad a la red. Un milagro.

¿Por qué no aplicar este modelo en España? “Porque aquí no se piensa en un cambio energético global. Hablo, por supuesto, de retomar el despliegue de renovables realizado hasta 2010 que el PP paralizó pese a que éramos un país líder a nivel mundial tanto en potencia instalada como en tecnología propia. Me refiero también a que la evolución que han experimentado la energía solar/fotovoltaica y la eólica durante los últimos años las convierten en fuentes de energía perfectamente competitivas sin ningún tipo de subvenciones”, responde con contundencia el físico nuclear Francisco Castejón.

AUTOR / Gorka Castillo

Sánchez nombra a Ábalos portavoz parlamentario para que intervenga en el debate de la moción de censura

El coordinador de la campaña de las primarias de Sánchez será portavoz provisional tras la dimisión de Antonio Hernando. Tras el Congreso que ratificará a Sánchez como secretario general se elegirá al nuevo portavoz de una bancada que apoyó mayoritariamente a Susana Díaz. El líder del PSOE no incluirá a los barones regionales en la ejecutiva que salga del congreso de junio. Adriana Lastra y José Luis Ábalos, los dos nombres fuertes del nuevo PSOE de Pedro Sánchez

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Sánchez, a su llegada a Ferraz, acompañado de Adriana Lastra y José Luis Ábalos. EFE

José Luis Ábalos será el nuevo portavoz parlamentario del PSOE, de manera provisional, en sustitución de Antonio Hernando, que presentó su dimisión el pasado domingo tras la victoria de Pedro Sánchez en las primarias. Ábalos, que ha coordinado la campaña de Sánchez, será el encargado de replicar a Pablo Iglesias durante el debate de la moción de censura presentada por Unidos Podemos. Antonio Hernando dimite como portavoz parlamentario tras la victoria de Pedro Sánchez

Diputado por Valencia, Ábalos es una de las personas más cercanas a Sánchez. Junto con Adriana Lastra ha coordinado la campaña a las primarias.  En teoría, es la dirección del partido la que propone al grupo parlamentario esas designaciones, pero dada la situación de que ya hay un secretario general electo y una gestora en un periodo de interinidad se esperaba que esta trasladase la propuesta de Sánchez.

Ábalos forma parte de la dirección del grupo parlamentario y con este nombramiento provisional será el encargado de defender la posición del PSOE durante el debate de la moción de censura, que tendrá lugar el próximo día 13 de junio.

Tras el Congreso Federal del PSOE que nombrará a Sánchez como nuevo secretario general, se reordenará la dirección del grupo parlamentario y se elegirá a un nuevo portavoz. Los ‘sanchistas’ esperan recuperar posiciones en una bancada que apoyó mayoritariamente a Susana Díaz.

Una ejecutiva “integradora” y sin barones

Sánchez ha mantenido un encuentro con periodistas tras reunirse con los trabajadores de Ferraz. Ha hablado sobre los siguientes pasos que tiene por delante. Uno de los fundamentales es preparar el congreso del mes de junio en el que Sánchez espera llegar a acuerdos para que los delegados sean proporcionales al resultado de las primarias. Por el momento, en su equipo solo encuentran reticencias en Andalucía. Susana Díaz se niega a pactar “por arriba” quiénes serán los compromisarios.

Además, el secretario general electo está pensando en la ejecutiva que propondrá en el congreso. Hará cambios de estructura que no ha querido adelantar y, en cuanto a los nombres, pretende que la dirección sea “integradora” de la “pluralidad”, pero no quiere que se reparta la tarta por territorios sino por valía. 

Sánchez dice que será “intergeneracional”, es decir, que incluirá a socialistas de distintas edades. En su núcleo duro ha tenido a veteranos socialistas como Josep Borrell, Cristina Narbona, José Félix Tezanos o Manuel Escudero. 

También tiene claro que los barones no formarán parte esta vez de la dirección federal. En la anterior ejecutiva estaban Ximo Puig, Emiliano García-Page, Francina Armengol, Eva Díaz Tezanos y Tomás Gómez, que en el momento de ser nombrado era el secretario general de Madrid, aunque fue destituido. 

Rajoy sigue sin llamarle

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sigue sin llamar al recién elegido líder del PSOE. El lunes el líder conservador dijo que no lo hacía para “no molestarle”. Ningún miembro del PP ha felicitado a Sánchez. Los exsecretarios generales del PSOE, como Felipe González o José Luis Rodríguez Zapatero, que estaban con Díaz, tampoco se han puesto en contacto con él. 

Sí ha hablado con el rey Felipe VI y los principales dirigentes de otras formaciones, como Pablo Iglesias, Albert Rivera, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, entre otros. Los dirigentes territoriales de su partido también le han escrito para felicitarle y algunos lamentan que no les ha contestado aún. Sánchez promete que se pondrá en contacto con ellos pronto y que tendrán su apoyo, aunque deja en manos de los militantes su continuidad. 

ETIQUETAS: PSOE, Pedro Sánchez, Adriana Lastra, José Luis Ábalos

Rajoy anuncia que no participará en el debate de la moción de censura de Unidos Podemos

El presidente ironiza con la fecha de la moción: “Hay que celebrar el buen humor de la presidenta por ponerla en martes y 13”. Fuentes del Partido Popular anuncian que serán el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, y la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, las personas que participarán en el debate en el Congreso de los Diputados.  La moción de censura a Mariano Rajoy se debatirá a partir del 13 de junio

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El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado este martes que no participará en la moción de censura de Unidos Podemos. “Hay que celebrar el buen humor de la presidenta por ponerla en martes y 13. Revela cierto humor. ¿Yo replicar? Yo no le replico a nadie”, ha señalado.

El irónico comentario del presidente responde a que la presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha anunciado este martes la fecha de inicio del debate de la moción de censura presentada por Unidos Podemos-En Comú-En Marea contra Mariano Rajoy: será el próximo 13 de junio, casi un mes después de que registrara la iniciativa el grupo confederal . El Gobierno llegará así con los Presupuestos Generales del Estado previsiblemente aprobados en la Cámara baja.

Fuentes del Partido Popular han explicado que probablemente en el debate de la moción participarán el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, y también la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.

Aunque Rajoy ha señalado: “¿Yo replicar? Yo no le replico a nadie”, para anunciar que no se batirá con Pablo Iglesias en la Cámara Baja. Sin embargo, el jefe del Ejecutivo le pedía este lunes al presidente de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont, que compareciera en el Congreso para debatir su plan independentista.

ETIQUETAS: Mariano Rajoymoción de censura, Unidos Podemos, Pablo IglesiasPodemos, Unidos Podemos-En Comú-En Marea

Cifuentes pone en duda el acuerdo con Ciudadanos por su “estrategia de doble mano”

Ante las continuas críticas de la formación naranja la presidenta de la Comunidad de Madrid asegura que “no apoyaría” a un partido “si pienso que es corrupto o su presidenta es corrupta”. Cifuentes, sobre su comparecencia en la comisión de corrupción: “Quieren una especie de linchamiento”

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.

“Hay días que me parece contradictorio cuando escucho a los líderes de Ciudadanos. Si eso piensan de nosotros por qué nos apoyan. Yo no apoyaría a un partido si pienso que es corrupto y su presidenta también es corrupta. Yo no lo haría”. Con estas palabras, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha mostrado la actitud “incompatible” que a su juicio tiene Ciudadanos, con su apoyo de Gobierno y, a la vez, con sus críticas y acusaciones constantes sobre la presunta corrupción del Partido Popular de Madrid. El PP en la Asamblea no prevé que Cifuentes comparezca en la moción de censura porque no lo contempla el Reglamento

Cifuentes ha denunciado la “estrategia política de doble mano” del partido de Albert Rivera: “Con una mano firma acuerdos y con otra tengo el palo para justificar la firma de esos acuerdos y sacar rentabilidad política”. Podemos presenta su moción de censura contra el Gobierno de Cifuentes porque “no pueden borrar su pasado”

La presidenta de la Comunidad de Madrid salía al paso así de las declaraciones del portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, en las que señalaba en una entrevista a El Español sobre ella que “e s complicado que una persona hundida en el lodazal sea la que lo limpie”.

El Partido Popular de Madrid mantiene un acuerdo de investidura con Ciudadanos que mantiene a Cifuentes en la presidencia de la Comunidad de Madrid desde las últimas elecciones autonómicas de 2015.

La crítica de la presidenta a la formación naranja tienen lugar cuando se enfrenta a una moción de censura registrada por Podemos. Aunque Ciudadanos ya ha anunciado que no apoyará la iniciativa de la confluencia de izquierdas, la minoría parlamentaria del PP en la Asamblea de Madrid puede causar problemas a la formación conservadora.

Para Cifuentes la moción de Podemos “es una pura performance de estrategia propagandística que trata de ocultar la falta de alternativas y lidereazgo en Podemos, al menos, hasta que Íñigo Errejon desembarque”.

Sobre su participación en el debate de la moción ha insistido en que no tienen una decisión tomada porque no se sabe la fecha ni si habrá más candidatos. Cifuentes ha aclarado que no se esconde y ha recordado que ha respondido a “43 preguntas sobre la corrupción en la Asamblea de Madrid”.

Respecto a su presencia en la comisión de corrupción de la Asamblea de Madrid el próximo día 2 de junio, la presidenta de la Comunidad ha querido destacar que en el informe de la UCO de la Guardia Civil en la que se la relaciona con una supuesta adjudicación ilegal a cambio de financiar al partido “no hay personas investigadas. Se ha dicho de manera reiterada que había personas investigadas pero es incierto, se investiga un contrato”.

Cifuentes ha recalcado que irá a declarar a la Asamblea “todas las veces que sea necesaria”. También ha acusado a la oposición de obstaculizar la asistencia a la comisión de otras 30 personas que intervienen en el proceso de adjudicación. “El tripartito de inquisición [en referencia a Podemos, PSOE y Ciudadanos] solo pide mi comparecencia para que tenga que hacer el paseillo, poner en marcha la máquina de picar carne y sentarme en un banquillo paralelo”.

ETIQUETAS: Cristina Cifuentesmoción de censura, Podemos

Jaume Satorra

Jaume Satorra

El hombre no posee el poder de crear vida. No posee tampoco, por consiguiente, el derecho a destruirla. (Mahatma Gandhi)

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