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Crónica: Aznar mete a la política española en la máquina del tiempo para volver a su época

El expresidente se presenta en la comisión de investigación de la financiación del PP con el mismo estilo que caracterizó su paso por Moncloa y que ahora hereda su antiguo pupilo, Pablo Casado. Aznar fue entre arrogante y condescendiente hasta que se enfureció con Pablo Iglesias. Aznar niega la caja B y reescribe la sentencia que expulsó al PP del Gobierno

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Aznar entra en la Sala Cánovas escoltado por Pablo Casado y otros diputados del PP. EFE

Por dos veces en la comparecencia de José María Aznar en la comisión que investiga la financiación del Partido Popular, se escuchó la frase que resumió el estado de ánimo de la anterior dirección del PP acosada por la corrupción de Gürtel:  “Nos estamos comiendo la mierda de Aznar”. Con esa dieta de tan poco valor nutritivo, no es de extrañar que perdieran 3,6 millones de votos entre 2011 y 2015. 

En la mañana del martes, el presunto origen de esa “mierda” apareció en el Congreso para dar cuenta de tantos intestinos aflojados y los rastros que han dejado en varios sumarios judiciales y en la primera sentencia de la Gürtel. Era el día de José María Aznar, de 65 años, expresidente, y de profesión actual, sus negocios.

Pero los tiempos han cambiado bastante desde mayo, cuando tantos dirigentes del PP estaban hartos del legado que había propiciado Aznar. Ahora quien dirige el partido es un antiguo protegido del hombre que eligió a Rajoy de sucesor y luego se arrepintió. Por eso, sonriente como el alumno aventajado que venera a su mentor, Pablo Casado acompañó al expresidente del Gobierno hasta la Sala Cánovas, donde se celebró la comisión. 

Luego Casado se fue, al no ser miembro de la comisión, y se quedó en la sala elnúmero dos del partido. Debieron tomar notas, porque lo que presenciaron fue una clase magistral, un máster en versión reducida y sin trabajo final –es decir, el normal– sobre cómo se hacía política desde la derecha en la época del expresidente. 

“No tengo que pedir perdón por nada”, dijo Aznar en los primeros minutos de una comparecencia de algo más de cuatro horas. Ni siquiera se manejó la idea de que “corrupción, hay en todos los sitios” de Rajoy. Se acabó el estilo campechano de Rajoy, la ideología liviana de Sáenz de Santamaría e incluso la dureza de Cospedal que se tornó vulnerable cuando le cayeron encima los papeles de Bárcenas como si fueran todos los tomos de la Enciclopedia Británica. 

Aznar marcó el camino a sus jóvenes herederos, un viaje al pasado del que tienen que copiar la pauta. Vuelve el PP del macho alfa, la cornamenta levantada para embestir a los adversarios, la negativa a reconocer el más mínimo desliz. 

Por lo visto en los últimos días, Casado sí que ha ido a todas las clases de ese máster.

Y cuanto más rabien los otros, mejor para el cuerpo. En un momento dado, Aznar puso un brazo por detrás del respaldo de la silla, sonriente y en plan sobrado, como si se lo estuviera pasando en grande en una tertulia de la tele. 

Por tesoreros no me viene nada

Tanto se aplicó el expresidente en erigir un muro ante las acusaciones que le llegaban desde los portavoces de los partidos, tanto se ocupó de negarse a admitir cualquier responsabilidad en el nombramiento de muchos imputados, en la caja B del PP o en los contratos concedidos por el partido a una organización criminal, que llegó a presentar un escenario por un lado inaudito, pero por otro muy conocido por aquellos que han seguido la investigación de la corrupción en el PP durante años. 

El diputado del PNV Mikel Legarda le preguntó qué relación tenía con tesoreros y gerentes del partido. Aznar respondió que sólo conoció a uno, y sólo era “la relación que podía tener con cualquier empleado”. Y se calló. No dijo más.

Legarda le recordó después una transcripción de las palabras del anterior tesorero Rosendo Naseiro, donde se decía que estaba “bajo supervisión y criterios de don José María Aznar”. Y que Aznar le presentó a un joven llamado Palop que se ocuparía de todo lo relacionado con la Comunidad Valenciana, no del partido, no del programa, sino de la pasta que se podía sacar de allí.

Aznar no se inmutó, porque el muro está levantado desde hace tiempo. Los estatutos estaban escritos para que supuestamente el tesorero respondiera ante el Comité Ejecutivo Nacional. En un partido tan presidencialista como el PP, casi un imperio zarista, resulta que el máximo líder se enteraba menos de las cuestiones de dinero que el presidente de una comunidad de vecinos. 

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Aznar bebe un poco antes de volver a pasar al ataque. EFE

En una paradoja que no se molestó en explicar, se había negado antes a reconocer que existiera una caja B en el PP, acreditada en la sentencia de la Audiencia Nacional. Más tarde, dijo que no tuvo ninguna relación con los asuntos económicos del partido. Cómo puede estar seguro de lo primero si no se enteraba de nada de los temas del dinero es algo que queda a la interpretación de cada uno. 

Fue ahí cuando, para dar otra lección a los jóvenes cachorros o para pasárselo por la cara a los diputados que le interrogaban, se permitió otro gesto de chulería: “Me lo estoy pasando bastante bien esta mañana. Como para querer volver”. Como muestra de respeto a la institución, no puso los pies sobre la mesa. 

Duelos personalizados

Por lo demás, Aznar tuvo tratamiento personalizado con sus interlocutores más duros. Con el socialista Rafael Simancas, cuya carrera política se vino abajo por culpa del tamayazo, no fue demasiado duro. Le perdonó las referencias a El padrino. Se permitió ningunearle al final con la recomendación de que superara “sus frustraciones”. 

Con Gabriel Rufián, fue en general condescendiente, excepto en algún momento muy concreto (“usted es el representante de un partido golpista que quiere acabar con España y el orden constitucional”, dijo en lo que casi es una frase por defecto de la retórica aznariana habitual).

A la primera referencia a la boda de la hija de Aznar en El Escorial en 2002 –ese episodio valleinclanesco más propio de los turbulentos años finales de la monarquía de Isabel II–, el expresidente respondió sólo en plan irónico, sin perder los nervios por haberle mentado a la familia: “Yo no me casé ese día, sabe usted”. Como si no hubiera tenido nada que ver con la organización de la boda y la elección de El Escorial se hubiese hecho porque era la única iglesia libre ese día.

Sólo se sulfuró cuando Rufián le preguntó si la boda se pagó con las “mordidas de la Gürtel”. El teatral enfado le sirvió para no tener que dar una respuesta. Otra referencia a El padrino fue encajada sin furia.

Al despedirse de Rufián, que hizo lo posible para sacarle de sus casillas, le aconsejó que no siguiera por ese camino en su carrera política, el del “histrionismo”. Mientras los diputados del PP se ponían como fieras con las intervenciones de Rufián (les llamó ladrones y carceleros), Aznar prefería hacer algo de coaching

En el caso de Toni Cantó, todo fue breve y hasta relajado. El diputado de Ciudadanos fue tan respetuoso con Aznar –sí le dijo que debería haber sido “menos chulesco”– que dio la impresión de que había recibido instrucciones de Albert Rivera al respecto. No sería extraño. Aznar nunca ha sido muy duro con Rivera.  

Pero hay que recordar que gracias a una pregunta de Cantó sobre el intento de Aznar de hacer negocios como intermediario con la Libia de Gadafi, el expresidente dijo que Pablo Casado no tuvo nada que ver con esas gestiones.  El mismo Pablo Casado que aparece en el contrato para ocuparse de las comunicaciones entre las partes implicadas. 

A golpes con Iglesias

Con Pablo Iglesias, todo fue un combate cuerpo a cuerpo más áspero. A los dos les convenía sacudir duro y no les venía del todo mal encajar algunos golpes para que quedara patente las dimensiones del enfrentamiento. El líder de Podemos intentó provocarle y lo consiguió. Hasta en cuatro ocasiones, le advirtió contra el vicio de mentir: “Le recuerdo que tiene la obligación de no mentir”.

Aznar se cansó de tanto consejo y allá fueron de respuesta Venezuela, Irán, Monedero, lo que cobró en “un paraíso fiscal”… toda esa materia prima salida de informes policiales reunidos por comisarios corruptos, sin entidad para ser aceptados por un tribunal, y eso que era en la época en que los informes se afinaban, en expresión de Jorge Fernández Díaz.

Ese material sirvió para llenar algunas portadas de ABC y minutos televisivos de Eduardo Inda en La Sexta hasta que la Fiscalía del Tribunal Supremo, ese organismo lleno de islamistas ateos populistas, decidió tirarlo a la papelera.

Y ahí acabó todo. No había que esperar más porque a fin de cuentas se trataba de una comisión de investigación del Congreso y nadie ha descubierto que la Cámara haya podido investigar algo nunca.

ETIQUETAS: José María Aznar,    PP,    Partido Popular,     corrupción,Gürtel

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ERC avisa: “Será casi un imposible” aprobar los presupuestos si la Fiscalía no retira las acusaciones por rebelión contra los independentistas

El portavoz de ERC reitera la advertencia cuando Pedro Sánchez veía más cerca sacar adelante las cuentas gracias a la aceleración del cambio de la ley de estabilidad. El dilema de ERC: apoyar a Sánchez para influir en Madrid o bloquear la legislatura

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Joan Tardà, portavoz de ERC. EFE

Una de cal y una de arena. Pedro Sánchez ha llegado este miércoles a la sesión de control con el convencimiento de que está un poco más cerca de sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado gracias a un atajo legal que le permitirá reformar la Ley de Estabilidad para sortear el Senado para sacar adelante la senda de déficit que le da un mayor margen de gasto. Pero ERC le ha reiterado su aviso: vincula su respaldo a las cuentas a la posición que tenga la Fiscalía en el juicio del procés

“Si no insta a la Fiscalía General del Estado a retirar la acusación de rebelión, ¿cómo será posible pactar los presupuestos? Será casi un imposible”, le ha avisado Joan Tardà. Sánchez es contrario a dar órdenes al Ministerio Pública y recuerda, además, a los independentistas que les parecería mal que el Gobierno actuaría de esa forma en otros casos. 

Además de plantear las dificultades que encontrará el Ejecutivo para aprobar las cuentas si la Fiscalía no elimina las penas más duras contra los presos independentistas, Tardà le ha reclamado la celebración de un referéndum pactado como solución para el conflicto catalán. “Es un tanto hipócrita en tanto en cuanto insta a dialogar, pero lo que hace es excluir a 1,5 millones de catalanes que hace un año nos autodeterminamos”, le ha dicho el portavoz de ERC.

“La solución solo puede ser el diálogo, la negociación y los acuerdos para que finalmente los catalanes puedan decidir si el futuro pasa porque Catalunya sea más autónoma o si Catalunya tiene que ser una república”, ha rematado Tardà, que ha avisado a Sánchez de que lo contrario será “su tumba política”. 

El presidente se ha reafirmado en la necesidad de mantener el diálogo iniciado con la Generalitat, pero ha insistido en que la solución tiene que “obedecer” al mandato de las elecciones del pasado 21 de diciembre en las que, a su juicio, los catalanes se mostraron mayoritariamente favorables al autogobierno y no a la independencia. 

ETIQUETAS: ERC,    Joan Tardà,   Pedro Sánchez,    Presupuestos Generales 2019

Recentralización y más mano dura en Catalunya: las exigencias del PP para reformar la Constitución

Casado cree que “España no está para modificaciones” de la Carta Magna, aunque pone sus condiciones ante la intención del Gobierno de abrir el melón. Los conservadores se escudan en la necesidad de “un análisis sereno” para rechazar la limitación de los aforamientos planteada por Sánchez. El PP descarta que la reaparición de Aznar negando su responsabilidad en la financiación ilegal del partido haya dañado su imagen.

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Pablo Casado interviene en el Congreso de los Diputados. FLICKR PP

El PP de Pablo Casado considera que en este momento no se dan las condiciones para poder poner en marcha una reforma de la Constitución. El partido no la ve factible por la ausencia de mayorías claras en el Congreso de los Diputados y por la falta de interlocutores válidos para buscar los consensos que exige el proceso. Pero tras la intención del Gobierno de abrir el melón con la propuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para poner en marcha una reforma exprés de la Carta Magna que limite los aforamientos –una iniciativa que los conservadores ya han anunciado que rechazarán–, la formación quiere dejar claras cuáles serán sus peticiones si el Ejecutivo le pide su adhesión formalmente en las próximas horas. 

Casado quiere que en esas posibles negociaciones con Moncloa y con otras fuerzas políticas se contemple la puesta en marcha de políticas de recentralización o la aplicación de una estrategia de mano dura con el independentismo catalán que implique la reactivación del artículo 155 de la Constitución como fórmula que podría recuperar la “unidad” de PP, PSOE y Ciudadanos frente a la crisis en Catalunya. 

“España no está para reformas constitucionales con los interlocutores políticos que tenemos”, aseguraba este martes el líder del PP en una  entrevista en la Cadena Cope, donde era preguntado por la propuesta de Sánchez. “No hay mimbres ni interlocutores para hacer una reforma constitucional. Donde estaba en el 78 Solé Turá, está ahora Pablo Iglesias. Donde estaba el señor Roca, ahora está Rufián. Y donde estaba Peces-Barba, ahora tenemos a Pedro Sánchez”, lamentaba.

Esta tesis choca con el programa electoral con el que el PP concurrió a las últimas elecciones generales. El partido incluyó la eliminación de los aforamientos, algo que en todo caso implica la reforma de la Carta Magna. Los conservadores matizan ahora que quieren que esa modificación se realice tras un “replanteamiento sereno y constructivo” y no de forma exprés, como plantea el Ejecutivo. Sin conocer aún la propuesta exacta del Gobierno, que está previsto que se ponga negro sobre blanco el viernes en el Consejo de Ministros, los conservadores ya tienen preparada su negativa. “Sí a la pregunta sobre los aforamientos, pero la reforma constitucional, tal y como está planteada, nos genera muchas dudas”, apuntaba el vicesecretario de Organización del PP, Javier Maroto, en otra entrevista en Telecinco.

“Temas más importantes”

A pesar de que durante las primarias de julio Casado se erigió en adalid de la renovación y la regeneración política, el hoy líder de los populares considera ahora que existen asuntos más relevantes que la limitación de los aforamientos: “Si hablamos de reformar, que ya adelanto que el PP no está en disposición de abrir en canal la Constitución, debo decir que hay temas más importantes, como modificar la disposición adicional cuarta, que permitiría una anexión de Navarra al País Vasco de forma legal y sin forma de ser recurrida en los tribunales. O el título octavo, donde el PP igual dice que las competencias en Educación tienen que estar garantizadas por el Estado”. 

Esas políticas recentralizadoras deben ir acompañadas, en el corto plazo, de un endurecimiento de la política en Catalunya. El líder del PP cree que el 155 tiene que ser “duradero y amplio”. “No hay margen para el apaciguamiento o la negociación. [El exprimer ministro británico Tony] Blair tomó la autonomía del Ulster cuatro años. El 155 no pudo ser más amplio cuando nosotros la aplicamos porque Ciudadanos dijo que tenía ser instrumental para convocar elecciones y el PSOE se negó que llegara a TV3”, remarcaba. Y concluía: “No podemos seguir viendo ultrajes al gobierno o a los ciudadanos llegando a las manos por culpa de la inacción del Gobierno. Hay que actuar ya”. 

El PP mantiene su intención de marcar la agenda al Ejecutivo, tras el traspié que supuso el lunes la propuesta de Sánchez sobre los aforamientos que a juicio de Casado es otro “anzuelo” lanzado por el Gobierno para que el PP “pique”. “Como no tienen votos ni para legislar ni para gobernar, quieren que el PP lo muerda. Y decir sobre el PP que estos señores tan de derechas no quieren exhumar a Franco o no creen en la regeneración porque no quieren quitar los aforados”. Por eso el mismo lunes el presidente de los conservadores quiso contrarrestar el planteamiento del presidente del Ejecutivo con su propuesta para quitar competencias de Educación a las Comunidades Autónomas. 

Casado, “orgulloso” del pasado

En el partido también consideran que su credibilidad no se ha visto en absoluto dañada tras la  declaración del expresidente del Gobierno José María Aznar en la comisión del Congreso que investiga la financiación ilegal del PP. Aunque tras la victoria de Casado en las primarias los populares hayan perdido el miedo a las apariciones del exmandatario –al que el líder de los conservadores reivindica y a quien recuperó tras años de desavenencias con Mariano Rajoy–, a nivel interno existía la duda sobre la posibilidad de que en la sesión del Parlamento de este martes la imagen del partido pudiera resultar dañada.

Fuentes de la dirección nacional rechazan cualquier consecuencia negativa de la reaparición de Aznar para sus intereses, a pesar de que el exmandatario negaba cualquier responsabilidad política en la financiación ilegal del PP acreditada por los tribunales. “Hoy he acompañado a José María Aznar en el Congreso. Ha demostrado su honorabilidad y su legado de 5 millones de empleos en la etapa de mayor relevancia internacional de España. Estoy orgulloso de mi partido y de quienes lo han liderado, prestando un gran servicio a los españoles”, zanjaba Casado tras la comparecencia del expresidente.

eldiario.es/autores/Inigo Aduriz

Anticorrupción investiga a la empresa estatal Tragsa por un proyecto fallido para el dictador Obiang en Guinea

La Fiscalía ha pedido información a Tragsa sobre sus relaciones con la española Fomento al Desarrollo, responsable de ejecutar en 2014 un Plan Nacional de Protección Civil en Guinea. Tragsa y Fomento se asociaron para proporcionar a la dictadura de Obiang un software de extinción de incendios; la empresa estatal acabó denunciando por impago a su socio, al que asesoró el exministro Moratinos. El proyecto bajo sospecha data de la época en la presidencia de Tragsa de Miguel Giménez de Córdoba, muy cercano al hoy comisario Miguel Arias Cañete. La empresa pública Tragsa da por perdidos 4,2 millones que prestó a una firma brasileña en quiebra

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Miguel Giménez de Córdoba, durante su etapa al frente de Tragsa, junto a Arias Cañete.

La Fiscalía Anticorrupción investiga un proyecto “fallido” de más de 300.000 euros de la empresa estatal Tragsa en Guinea Ecuatorial para el suministro de una tecnología de extinción de incendios forestales al Gobierno del dictador Teodoro Obiang, según confirman fuentes oficiales de Tragsa a preguntas de eldiario.es sobre este asunto.

Anticorrupción empezó a solicitar información a la empresa pública en mayo. Sus pesquisas se centran en las operaciones de Tragsa en Guinea y en sus relaciones con la española Fomento al Desarrollo del Comercio Internacional SL, su socio en ese proyecto. Este fue puesto en marcha en la época en que Tragsa estaba presidida por Miguel Giménez de Córdoba Fernández-Pintado, un alto funcionario muy cercano al hoy comisario europeo Miguel Arias Cañete, que propuso su nombramiento en febrero de 2012, cuando era ministro de Agricultura.

Fomento al Desarrollo, que no ha respondido a las preguntas de eldiario.es sobre este asunto, se dedica, según su web, al diseño y ejecución de “infraestructuras en África llave en mano” y se encargó de ejecutar en 2014 un Plan Nacional de Protección Civil para la sociedad estatal guineana GEProyectos (Guinea Ecuatorial-Proyectos). El plan comprendía, entre otras cosas, la creación de una Escuela Nacional de Protección Civil, programas de formación para personal sanitario y de bomberos y la construcción de parques de emergencias en la antigua colonia española. 

A Tragsa le correspondió el suministro del citado software de extinción de incendios y sus correspondientes manuales de uso, una documentación cuyos derechos, según la estatal española, compartía con el Consorcio de Bomberos de Guadalajara. En el marco de este encargo, Tragsa  adjudicó en abril de 2014 a la empresa Griker Orgemer SL (actualmente en liquidación) la creación e impresión de los manuales y cursos online por 90.000 euros y, en enero de 2015, pagó  otros 24.000 euros en concepto de “asistencia técnica” a la firma Francos R5 Investments, SL, una inmobiliaria con sede en Madrid.

Sin embargo, Tragsa no recibió un solo euro de Fomento, que según la empresa estatal, se negó a abonar la contraprestación acordada con el argumento de que esa documentación se podía haber adquirido mucho más barata o incluso gratis a través de Internet. Ya con la exministra Elvira Rodríguez como presidenta de Tragsa (la expresidenta de la CNMV sustituyó a Giménez de Córdoba en febrero de 2017), la sociedad estatal demandó a su exsocio y hace unas semanas, el Juzgado de Primera Instancia 44 de Madrid condenó a Fomento a abonar a Tragsa 311.000 euros por esos impagos.

Fuentes de Tragsa reconocen que, con anterioridad a las pesquisas de la Fiscalía, los hechos investigados fueron denunciados de forma interna por la empresa estatal, pero sus responsables de Compliance descartaron la existencia de indicios de ilícitos penales.

A la espera de lo que depare esta investigación de Anticorrupción y de si se sustancia en una querella, las diligencias de la Fiscalía ponen bajo sospecha las actuaciones en el exterior de otra empresa de la órbita de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) tras los pelotazos de la empresa de armamento Defex (en liquidación tras ser acusada de formar parte de una organización criminal y repartir mordidas en contratos en países como Angola) y Mercasa, también protagonista de una trama de comisiones ilegales en Angola.

Asesoría de Moratinos

El  Plan Nacional de Protección Civil de Guinea, del que forma parte el contrato de Tragsa que investiga Anticorrupción, fue encargado a Fomento a través de la empresa guineana GEFomento (abreviatura de Guinea Ecuatorial Fomento al Desarrollo del Comercio Internacional, SL), de la que la española controla un 65% de las acciones, según sus cuentas anuales.

Para lograr este contrato, esta firma fue asesorada por el exministro socialista de Asuntos Exteriores Miguel Ángel Moratinos, cuya buena relación con la dictadura de Obiang es conocida. En conversación telefónica, Moratinos niega a eldiario.es vinculación accionarial alguna con GEFomento y explica que su consultoría se realizó a través de la firma International Consulting Partnership (ICP), cuyo director general es su antiguo jefe de gabinete en el ministerio, Juan Díaz. Al igual que Moratinos, Díaz niega haber recibido requerimiento alguno de la Fiscalía. 

El exministro, que reconoce su “muy buena relación” con el propietario y administrador único de Fomento al Desarrollo, Juan Sebastián Garrigues Díaz-Llanos, asegura que no tiene “nada que ocultar” y defiende su labor en defensa “de los intereses de España y sus empresas en Guinea” para “que no pase como con Filipinas”, donde “les abandonamos, y la perdimos definitivamente”.

Garrigues Díaz-Llanos, de 49 años, es sobrino del prestigioso abogado Antonio Garrigues Walker y nieto de Antonio Garrigues y Díaz Cañabate, exministro de Justicia y exembajador en Washington y el Vaticano durante la dictadura franquista.

El dueño de Fomento fue también, según contó  El Español en 2015, secretario del fallido Fondo Hispano-Saudí de Infraestructuras que impulsó el propio Moratinos en época de José Luis Rodríguez Zapatero. En ese fondo tuvo una participación muy activa como intermediaria (y  con el apoyo del entonces embajador español en Arabia Saudí, Manuel Alabart) la empresaria Corinna zu Sayn-Wittgenstein, examante de Juan Carlos I.

Fuentes de Tragsa subrayan la “transparencia total” del nuevo presidente de la empresa, Jesús Casas (nombrado el pasado 6 de septiembre en sustitución de Elvira Rodríguez), ante este tipo de situaciones, y la voluntad de la compañía de “defender sus intereses económicos en todas aquellas operaciones internacionales donde pueda haber cantidades pendientes de cobro”.

Antes de la llegada de Casas, Tragsa ha dado por perdidos (a efectos contables) más de 4 millones de euros por un proyecto en Brasil también impulsado en la época de Giménez de Córdoba, técnico comercial y economista del Estado de 66 años que en la pasada década fue colocado por Esperanza Aguirre al frente del fallido Campus de la Justicia de Madrid.

ETIQUETAS: Tragsa,   Teodoro Obiang,    Miguel Giménez de Córdoba

Artesanas de una comunidad indígena en México denuncian el plagio de Zara a uno de sus bordados tradicionales

Un grupo de tejedoras de un poblado de Chiapas y la ONG Impacto acusan a la marca española de copiar por segunda vez uno de sus diseños, su principal sustento familiar. “Hay una protección al patrimonio individual con los derechos de autor, pero no al colectivo que lleva cientos de años: la ley no las protege”, explica Impacto. En la localidad de la que proceden, ocho de cada diez personas viven en condiciones de pobreza, según datos oficiales. Las campesinas que dijeron basta a los abusos en la venta de quinoa, la comida de moda

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La prenda de Zara denunciada por las artesanas de Aguacatenango.

No es una pasarela de París o Milán, pero la industria de la moda se ha fijado en la originalidad de sus vestimentas. Por los pedregosos caminos de Aguacatenango, un humilde poblado de Chiapas, desfilan a pasos cortos mujeres indígenas luciendo coloridas prendas tejidas por ellas mismas. Algunos de esos estampados son similares a los que vende la marca española Zara. Las artesanas, junto a la ONG Impacto, denuncian el reciente “plagio” de uno de sus bordados tradicionales por parte de la firma de ropa.

“Hace dos años vinieron unos chinos, nos exigieron mucho trabajo, nos pagaron muy poco, vinieron solo dos veces y ya no aparecieron más”, apunta a eldiario.es una de las tejedoras, María Méndez, sobre la que es su principal hipótesis del origen del plagio, aunque también apuntan que podrían haberlo “robado” de imágenes en redes sociales. 

Los efectos, denuncian, son dañinos para la frágil economía de la comunidad. “Nos afecta bastante porque la gente ya no nos compra a nosotras porque lo pueden encontrar en una tienda o ya nos dicen que son parecidos. Perdemos ese beneficio, que es nuestro principal sustento en el hogar”, cuenta María, de 39 años y madre de siete hijos.

Pero no solo señalan las consecuencias sobre su economía. Los dibujos representan la manera de ver el mundo de la comunidad y son un símbolo de identidad que todavía hoy visten. “Es una falta de respeto porque esos bordados son de nuestros ancestros, que nos enseñaron nuestros abuelos cuando fuimos creciendo, y así de generación en generación. Es una tradición, no es justo que la copien”, asegura en un esforzado castellano.

Con mucha dedicación, María puede producir cuatro prendas al mes por las que obtendrá cerca de 400 pesos (unos 18 euros): siete veces menos el salario mínimo en México. Mientras la blusa de Zara se tarda en fabricar con máquinas unos pocos minutos y cuesta 599 pesos mexicanos (unos 27 euros). Las artesanas de Aguacatenango tardan más de 50 horas en tejer esa misma prenda y deben malvenderla, dicen, en 200 pesos, unos 9 euros. Contactadas por eldiario.es, fuentes del grupo Inditex indican que “no van a hacer comentarios” sobre este asunto.

Denuncian su desprotección ante las multinacionales

En el patio de María se reúnen hoy 37 mujeres con sus ovillos y agujas, que guardan en sus camisas holgadas. Conversan entre susurros sin apartar la vista de sus manos con cierta resignación. Es la segunda ocasión en la que denuncian que Zara ha utilizado diseños tradicionales de esta misma comunidad sin tenerlas en cuenta: ya lo hizo en 2016 con otra blusa, según explican. Tampoco era la primera vez. Desde 2012, Impacto ha documentado que ocho marcas internacionales han copiado los bordados de pueblos originarios mexicanos de los estados de Oaxaca, Hidalgo y Chiapas sin reconocer a sus autoras ni hacerles llegar una contraprestación económica.

“Hay una protección al patrimonio individual con los derechos de autor, pero no al patrimonio colectivo que lleva cientos de años. La legislación no las protege porque no hay una organización colectiva que pueda hacer vinculante una ley y las autoridades no atienden estos casos”, lamenta a eldiario.es Adriana Aguerrebere, directora de Impacto, la organización que apoya a más de 500 artesanas mexicanas para revalorizar su trabajo y lograr un comercio ético, así como denunciar casos de plagio, una batalla que les ha traído más contratiempos que éxitos.

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Una de las artesanas de Aguacatenango. Foto: Facebook/ Impacto

El pasado octubre, publicaron en Instagram la imagen de una prenda de la marca estadounidense Santa Marguerite para advertir de que fue copiada de un huipil [tipo de camisa] de San Juan Cancuc, otra comunidad chiapaneca. La empresa acusó a Impacto de usar una fotografía con derechos de autor y forzó a que Instagram cerrase la cuenta de la organización, que contaba con más de 40.000 seguidores. Lejos de bajar los brazos, Impacto empezó de cero con el nuevo hashtag y la cuenta @viernestradicional, una campaña para que la gente publique cada viernes sus ejemplos de auténticas ropas de pueblos originarios.

“La culpa también es de los compradores, que deben informarse sobre esos abusos, hacerse conscientes, tener respeto y practicar un consumo responsable. Siempre reclamamos autenticidad y al final compramos copias, no vemos ni nos interesa el trasfondo (…) Además hay una incongruencia de pagar precios muy altos en una tienda y no quererlos gastar en una comunidad indígena”, puntualiza Andrea Velasco, una de las diseñadoras que trabaja de forma colaborativa con las mujeres de Aguacatenango.

Velasco paga 20 pesos (un euro) la hora de trabajo a las artesanas. Son unos 50 euros por una blusa: siete veces más de lo que suelen recibir habitualmente. “Cuando nos dio todo eso por nuestras prendas, no lo podíamos creer. Nunca nos habían pagado por hora. A veces nos lo prometían pero cuando les decíamos las horas que dedicamos, no querían”, apunta Margarita Espinosa, otra de las indígenas tseltales que hoy ha asistido a uno de los talleres de costura impartido por otra diseñadora voluntaria de Impacto.

Los abusos en el comercio local

Las tejedoras de esta comunidad aseguran que también se enfrentan a diario a la explotación de su trabajo por parte de los intermediarios urbanos. “Una dedica dos semanas para terminar una chamarra (camisa) y le dan 150 pesos (unos 7 euros). Es muy poco, pero no nos queda más remedio que aceptarlo por necesidad”, se queja Margarita.

Sus principales compradores son los comerciantes del mercado de Santo Domingo, en la turística ciudad de San Cristóbal de las Casas, donde enjambres de extranjeros acuden a llevarse un recuerdo de la tradición indígena, que en realidad muchos son souvenirs importados masivamente desde países asiáticos, o bien, malpagados a las artesanas de comunidades alejadas. “Hay mucho regateo y hay una mafia que domina el mercado donde es muy difícil entrar a vender tu producto directamente. Eso incentiva que los coyotes (intermediarios) paguen lo mínimo”, critica Aguerrebere sobre los chamulas, la etnia indígena de la zona que controla el comercio local.

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Las artesanas de Aguacatenango se reúnen para bordar. Foto: Facebook/ Impacto

“¡Pinche pendejo! ¿Qué andas grabando?”, espeta uno de esos vendedores al periodista. “Mira esa agresividad. Imagina cómo tratan a las artesanas. A menudo son violentadas”, cuenta Aguerrebere. Los comerciantes, dice, abusan de las mujeres de Aguacatenango por su situación de vulnerabilidad. En la localidad, ocho de cada diez personas viven en condiciones de pobreza, según datos oficiales, y la mayoría de menores abandonan la escuela antes de los diez años.

En el camino de acceso a esta villa un cartel oxidado advierte: ‘Prohibida la entrada a funcionarios de empresa eléctrica para cortar luz’. Es una de las escasas muestras de resistencia de esta comunidad azotada por los abusos pese a ubicarse en el entorno de influencia zapatista. Estos días de fiestas patronales se ven hombres en el pueblo. No es común. La única actividad económica en la comunidad es la siembra y cosecha de milpa [maíz], que apenas se da un par de veces al año y se paga a un jornal ínfimo. Por esta razón, los campesinos suelen irse durante largas temporadas para trabajar en la construcción.

“Aquí la milpa no rinde. Uno se va a buscar la plata por otros lados. Nos vamos tres o seis meses por fuera”, cuenta Miguel, marido de María. “El esposo no tiene trabajo fijo, a veces se van pero no encuentran nada. El único sustento seguro son nuestros textiles, es lo que nos mantiene”, añade Margarita. El trabajo de la mujer se convierte así en el pilar de la economía familiar y, por ende, en una forma de autonomía para estas tejedoras.

Después de bordar una de las flores de su blusa azul celeste, María carga varios troncos para hacer leña. Es la hora del almuerzo y dos de sus hijos ya han regresado de la escuela. El fuego empieza a chamuscar la madera cuando la mujer alza a su nieta de dos años: “El bordado nos hace sacar adelante a nuestra familia. Cuando tejo tengo que echarle ganas porque pienso que con eso voy a alimentar a mis hijos”.

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La líder de Ciudadanos en Barcelona sabía que en su currículum había información falsa

Carina Mejías reconoció que la Universitat de Vic la avisó de que el currículum no era correcto, pero no lo modificó. En un primer momento, afirmó haber pedido al Ayuntamiento de Barcelona que cambiara la biografía en la web, pero finalmente admite que no lo hizo. Ciudadanos admite las explicaciones de Mejías mientras los demás partidos les recuerdan su compromiso de apartar a quien engañe en su currículum. El máster inexistente en el currículum de Mejías es motivo para apartarla del cargo, según los compromisos de Ciudadanos

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Carina Mejías, líder de C’s en Barcelona, junto a Inés Arrimadas EFE

La líder de Ciudadanos en Barcelona, Carina Mejías, sabía que en su currículum oficial en la web del Ayuntamiento aparecía información falsa sobre sus titulaciones universitarias, según confirmó el lunes en conversación con eldiario.es. ¿Por qué no la cambió? Su explicación deja en el aire el motivo, puesto que reconoce que se lo planteó pero no lo hizo. En todo caso, para modificar su biografía debía solicitarlo, según afirmó Mejías, al departamento de Comunicación del consistorio.

Cuando este diario habló con la dirigente para que diese su versión de por qué en su currículum constaban un máster y un posgrado que nunca ha realizado, su respuesta fue que se trataba de un error y que lo asumía como “un error propio”. Preguntada también por si ya sabía que su biografía oficial contenía estos “errores”, contestó que sí, que lo sabía. Reconoció que la Universitat de Vic le había avisado de que la información que constaba en su currículum no era correcta y que el máster que decía haber cursado en este centro nunca ha existido.

Repreguntada por si, sabiendo que la biografía no era correcta, había informado al Ayuntamiento para que la modificase, primero aseguró que había contactado con el departamento de prensa del Consistorio para hacerlo. “Hablé con el de prensa del Ayuntamiento para que lo corrigiesen”, afirmó. Después precisó que no se había llegado a realizar la gestión para que el departamento de Comunicación del Ayuntamiento cambiase el currículum: “Me dijeron que teníamos que hablar con Comunicación pero después lo dejamos así”. Fuentes de este departamento confirman a eldiario.es que no les consta que les llegara tal petición.

Y así se quedó hasta la llamada de eldiario.es. Mejías ha pedido este martes al secretario del Ayuntamiento que modificaran la información de su currículum, y lo ha hecho minutos después de que  anunciarlo en un comunicado en el que, además, ha responsabilizado de la elaboración de su biografía a “una persona que ya no forma parte del equipo de Ciudadanos”. En líneas similares se expresó en la entrevista con eldiario.es, aunque entonces asumió el error como propio.  

Uno de los argumentos de Mejías y de Ciudadanos para excusarse en que todo ha sido un error es que en la página web del partido y en el Linkedin de la política la información es correcta: consta solo su licenciatura en Derecho en la UB y el máster que sí cursó en la Universitat Abat Oliba (UAO). Pero lo cierto es que no fue en el Ayuntamiento la primera vez que Mejías infló su currículum: ya lo hizo en el Parlament de Catalunya, donde afirmó sobre el curso de la UVic que era un “posgrado de especialización en derecho concursal”.   

Los partidos piden que Cs aplique su código

Algunos de los partidos políticos con presencia en el Ayuntamiento de Barcelona han pedido a Ciudadanos que aplique con Carina Mejías su compromiso de apartar del cargo a quien “falsea o engaña” en la información sobre su trayectoria académica. Así consta en el ‘Compromiso por la Regeneración Democrática’ que aprobaron en 2015, justo después de las elecciones municipales, aunque desde el partido han decidido por ahora obviarlo y respaldar a la dirigente.

Desde el Gobierno municipal, ha sido el primer teniente de alcalde Gerardo Pisarello quien se ha referido a la polémica y al compromiso adquirido por Ciudadanos: “La voluntad de inflar los currículums debería ser causa de dimisión según su código ético, pero el argumento ahora es que es un error”, ha asegurado el número 2 de Ada Colau. Ante la inacción del partido naranja, Pisarello ha afirmado que “estos códigos éticos no sirven par nada, son una mentira”.

El PSC se ha remitido también al “código ético” de Ciudadanos y ha señalado que le corresponde a Mejías “dar las explicaciones”. Fuentes del PDeCAT han optado por un ambiguo “que cada uno asuma sus actos con todas sus consecuencias”. Alfred Bosch, de ERC, ha cargado también contra Mejías por haber “lucido” títulos que no es “capaz de acreditar” y ha optado por hacer pública su tesis.

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Cuatro de los jueces del Supremo que decidirán sobre Casado fueron aupados por los vocales del PP en el CGPJ

Marchena, Llarena, Colmenero y Monterde ascendieron frente a candidatos progresistas gracias a los votos de los conservadores. Los cuatro decidirán, junto a la progresista Ana Ferrer, si imputan al líder del PP por prevaricación y cohecho. Llarena y Colmenero participaron en charlas de FAES, la fundación vinculada al PP y en la que trabajó Pablo Casado como asistente. Llarena, otros tres conservadores y una jueza progresista decidirán en un mes si el Supremo investiga a Casado

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Los jueces Monterde, Llarena, Marchena y Colmenero

El Tribunal Supremo estudia la exposición razonada que le envió la jueza del caso Máster para decidir si imputa a Pablo Casado. Cinco jueces analizan si puede acusarse al líder del PP de los delitos de cohecho y prevaricación administrativa. Cuatro de esos magistrados ascendieron a ese tribunal gracias a los votos de los vocales del Poder Judicial propuestos por el PP y de ellos, dos participaron en cursos de FAES, la fundación vinculada a los conservadores de la que Casado fue asistente desde 2009.

El pasado 6 de agosto llegó al Supremo el escrito de la jueza Carmen Rodríguez-Medel pidiendo al tribunal que imputase a Casado. El documento, de 54 páginas, expone que le regalaron el máster de la Universidad Rey Juan Carlos a modo de “prebenda o dádiva” por su “relevancia política”. Él y otros alumnos privilegiados no tuvieron que hacer nada para obtener el título, mientras que el resto de estudiantes debían acudir a clase, hacer los exámenes y entregar trabajos.

El documento tiene que ser examinado por la Sala de Admisión del Tribunal Supremo, que deberá decidir si imputa al líder del PP, si archiva la investigación o si la devuelve a la jueza con la que empezó el caso. El Tribunal ya ha pedido a la Fiscalía que se posicione, aunque su informe no será vinculante para la decisión que tomen los magistrados. La jueza concluye que a Casado le regalaron el máster “a modo de prebenda” por su “relevancia política”

La sala que decidirá sobre el futuro judicial de Casado, y por tanto sobre su futuro político, está integrada por cinco jueces de los que cuatro son conservadores: Manuel Marchena, Miguel Colmenero, Francisco Monterde y Pablo Llarena. Solo la magistrada Ana Ferrer es progresista.

Los cuatro jueces ascendieron al Alto Tribunal gracias a los apoyos de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), elegidos con los votos del PP. Es el caso, por ejemplo, de Monterde, que primero ocupó un puesto en el CGPJ a propuesta del PP. El sector conservador de ese órgano le eligió en 2003 para una plaza en la Sala de lo Penal del Supremo frente a Alberto Jorge Barreiro, propuesto por la minoría progresista.

La misma mayoría había aupado unos meses antes a Colmenero al Supremo en una votación en la que también se eligió para ese tribunal a José Manuel Maza. En aquel pleno, la minoría progresista acusó a los vocales conservadores de aplicar un “rodillo” que ponía en “crisis el modelo constitucional del Consejo”.

Junto a ellos analizará el escrito de la jueza el magistrado Pablo Llarena, actual instructor de la causa abierta contra los líderes independentistas. Llarena pasó de presidir la Audiencia Provincial de Barcelona a la Sala Segunda del Supremo en 2016 gracias a los 16 de los 21 votos del Pleno del CGPJ. Por último, la sala estará presidida por Manuel Marchena, actual presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Fue en 2014 cuando se enfrentó por ese puesto al candidato del sector progresista, Cándido Conde Pumpido. Marchena se impuso por 12 votos a 7.

El CGPJ es el órgano de gobierno de los jueces y quien se ocupa de los nombramientos en la carrera judicial. Está compuesto por 21 miembros y el control de su mayoría ha enfrentado constantemente a PP y PSOE porque sus vocales se eligen mediante votaciones en Congreso y Senado. En los periodos en los que fueron ascendidos estos cuatro jueces gobernaba el PP con una mayoría absoluta que le había garantizado la mayoría en el CGPJ con la elecciones de sus vocales.

Dos participaron en jornadas de FAES

Además, tanto Llarena como Colmenero han participado en actividades de la fundación FAES, tradicionalmente vinculada al PP y presidida por José María Aznar. En este think thank conservador trabajó Casado como asistente desde 2009.

Según ha publicado Infolibre, Llarena participó como ponente en el año 2010 en unas charlas sobre acceso a la carrera judicial. Colmenero lo hizo unos años antes, en 2005 y 2007, en varias jornadas de la fundación.

La participación de jueces en jornadas de FAES suele ser remunerada. Así quedó patente cuando esta fundación informó a la Audiencia Nacional de que había pagado por una participación en unas jornadas similares al juez Juan Pablo González, que acabó siendo apartado de la caja B por su vinculación con el PP.

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El hombre no posee el poder de crear vida. No posee tampoco, por consiguiente, el derecho a destruirla. (Mahatma Gandhi)

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