California incluye el glifosato en su lista oficial de productos cancerígenos

A partir del 7 de julio, el producto aparecerá entre los químicos que presentan riesgos para la salud a través del agua, como obliga la ley de ese estado. Monsanto, la empresa inventora del herbicida, trató de detener la medida en los tribunales pero ha perdido en primera instancia. Ha asegurado que recurrirá. El Glifosato centra una polémica sobre su seguridad desde que la OMS lo calificó como probable cancerígeno. La Agencia Europea de Químicos no lo cree peligroso.  La Agencia Europea de Químicos no considera cancerígeno el glifosato

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El herbicida RoundUp es uno de los más vendidos del mundo / Mike Mozart

Más leña a la polémica en torno al herbicida glifosato. El estado de California lo va incluir en la lista oficial de productos cancerígenos a partir del 7 de julio. Lo hará bajo una ley conocida como Proposición 65 de protección del agua potable.

La Oficina de Evaluación de Peligros Ambientales para la Salud (OEHHA) del Gobierno californanio decidió en marzo pasado que el glifosato, componente del herbicida multiventas de la empresa Monsanto Roundup, debía entrar en la lista de productos que el Estado reconoce como causante de cáncer. Bruselas intenta que los países renueven la licencia del herbicida que la OMS declaró “probablemente cancerígeno”

La Proposición 65 obliga a las empresas a informar sobre las exposiciones a químicos “que provoquen cáncer, malformaciones en recién nacidos o daños reproductivos” mediante el agua. Los productos de la lista son sobre los que tienen que advertir.

Monsanto trató de impedir esta medida y recurrió a los tribunales lo que provocó un retraso en la fecha de entrada en vigor de la decisión de la OEHHA. Pero los tribunales han fallado en contra de la multinacional por lo que el proceso sigue adelante, según se ha conocido este martes. La empresa ha anunciado que continuará litigando mediante un recurso porque, asegura, la decisión no se basa “ni en la ciencia ni en la ley”.

Esta ley californiana, nacida de una iniciativa legislativa popular, fue aprobada en 1986 para “proteger los recursos hídricos”. El Estado de California, cuya población supera los 39 millones de personas y maneja un PIB que ronda los dos billones de euros –dentro de las siete economía más grandes del mundo–, está obligado a mantener y actualizar la lista.

Relación con los transgénicos

El glifosato está en el centro de una polémica especialmente por su vinculación con los cultivos transgénicos de soja o maíz resistentes a este herbicida. La empresa Monsanto (ahora en trámites para ser adquirida por Bayer por 66.000 millones de euros) tiene patentadas diferentes semillas que aguantan este tóxico de manera que pueden ser rociados con él para liberar los campos de cultivo de otras hierbas no deseadas. Aunque el principio activo ya puede ser aplicado por otras compañías, el glifosato de Monsanto, llamado Roundup, es el más vendido del mundo.

En 2015, la Organización Mundial de la Salud calificó al glifosato como un producto  “probablemente cancerígeno”. Desde ese momento, se avivaron las peticiones para prohibir su uso. Sin embargo, un año después, la FAO, la división alimentaria de la ONU, concluyó que “no era probable” que este químico termine causando un cáncer en humanos a través de la comida.

En la Unión Europea  se inició una ardua discusión entre estados para renovar la licencia del producto. Cuando expiraba el plazo, lo que hubiera dejado al glifosato sin permiso de facto, se aprobó una prolongación provisional de 18 meses para aguardar a que la Agencia Europea de Químicos diera su veredicto. El  informe de la ESCHA llegó a mitad de marzo de 2017 y contradijo a la OMS aunque constató la toxicidad del producto y su daño al medio acuático. 

ETIQUETAS: Glifosato, Monsanto, Roundup

Montoro pasa la tarde en el Senado mientras la oposición apoya su reprobación en el Congreso

Todos los grupos parlamentarios, menos el PP y el PNV, se han mostrado a favor de la reprobación del ministro de Hacienda por la inconstitucionalidad de la amnistía fiscal. Hasta el jueves no se votará la iniciativa del PSOE. “Es evidente que al señor Montoro esto no le preocupa mucho”, ha opinado el portavoz de Unidos Podemos, Alberto Garzón. El Tribunal Constitucional anula la amnistía fiscal del Gobierno de Mariano Rajoy

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El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en el pleno del Senado

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, no ha asistido al debate sobre su reprobación en el Congreso de los Diputados. Se producía por iniciativa del PSOE tras la sentencia del Tribunal Constitucional que declara contraria a la Carta Magna la amnistía fiscal de 2012. Pero Montoro se encontraba en el pleno del Senado, cuya celebración ha supuesto también el retraso hasta el próximo jueves de la votación de la iniciativa debatida este martes por la tarde.  La escasa holgura con la que cuenta el PP en esta legislatura le aconsejó promover que los días de pleno en la Cámara Alta, al que asisten los ministros, no haya votaciones en el Congreso. Montoro defiende su amnistía fiscal inconstitucional: “Si no se echa el cebo, los pececitos no vienen”

No obstante, todos los grupos parlamentarios, excepto el PP y el PNV, que se abstendrá, han dejado ya clara su postura: están a favor de una reprobación que en realidad es puramente simbólica, ya que no tiene ninguna consecuencia para el reprobado. El propio Montoro ha dicho en declaraciones  en el Senado que afrontaba el trámite “con la normalidad propia de la democracia”.

De un modo un tanto paradójico, el titular de Hacienda y Función Pública contestaba además desde la Cámara Alta a las críticas que le estaban dedicando en el Congreso. Ha defendido que no hubo ninguna amnistía fiscal en 2012 ni “ninguna medida injusta”. Ha repetido que la “regularización fiscal” acabó con una “injusticia” e hizo que “29.000 defraudadores” pagaran sus impuestos.

“Es evidente que esto al señor Montoro no le preocupa mucho”

El portavoz de Unidos Podemos, Alberto Garzón, ha considerado que “es evidente que al señor Montoro esto no le preocupa mucho” y ha añadido: “no podríamos decir que el PP esté preocupado por estas reprobaciones, es más, parece más bien que las va a coleccionar hasta llegar al equipo completo”. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, también fue  reprobado por el Congreso por las injerencias del Gobierno en los casos de corrupción del PP. Esta tarde Catalá ha dejado claro que es una iniciativa parlamentaria “ sin ninguna consecuencia concreta“.

Para Garzón, tales circunstancias ponen de relieve la necesidad de “explorar iniciativas como la moción de censura, que de llegar a buen puerto reprueban al Gobierno de golpe”. Su grupo parlamentario se aventuró con esta medida el pasado día 13 pero fracasó en el intento

“Hay razones de sobra para reprobar a Montoro, que si estuviera aquí estaría sonriendo”, ha dicho el portavoz de la formación morada, recordando que entre otras cuestiones la amnistía fiscal puso de manifiesto que el PP “sabía donde estaban los defraudadores”, ya que tuvo que “descolgar el teléfono” cuando en un principio la recaudación era “ridícula” para lograr más adhesiones a la medida. 

El portavoz del grupo autor de la iniciativa, el socialista Julián López Milla, ha señalado que si bien no es la primera norma que el Tribunal Constitucional declara contraria a la Carta Magna española, la sentencia sí destaca “por la claridad y dureza con la que se pronuncia”, al hablar de la abdicación de los deberes del Estado, la legitimación de la conducta de los defraudadores y la quiebra del principio de justicia, informa EP.

“Rebate todos y cada uno de los argumentos de la Abogacía del Estado y tritura los fundamentos del Gobierno para defender la amnistía”, ha defendido López Milla, que se ha dirigido al ausente ministro de Hacienda subrayando que “si la única enseñanza que ha podido extraer es que debió aprobarla con otro instrumento que no fuera el decreto ley, es que no acepta los fundamentos jurídicos de la sentencia”.

El diputado socialista ha criticado la “puerta” que abrió la amnistía, por la que “se colaron defraudadores y unos cuantos procesados por corrupción”, por lo que ha calificado a Montoro como un “colaborador necesario para que los negocios de defraudadores y presuntos corruptos salieran redondos”

Por último, ha criticado que, aun afeado por el Tribunal Constitucional, Montoro defendiera la amnistía “como inevitable”, se negara a pedir disculpas y se negara a asumir responsabilidades políticas, “dando argumento a quienes ponen en cuestión ordenamiento jurídico y desprecian las decisiones del Tribunal”. “Quedará en manos del presidente del Gobierno la decisión final y responsabilidad política de lo que haga con su reprobado ministro de Hacienda y Función Pública”, ha concluido.

Hubo otras amnistías fiscales

Tanto Ciudadanos como el PNV han recordado que la amnistía fiscal de Montoro no era la primera aprobada en España.

Se han remontado a las de 1984 y 1991, bajo gobiernos socialistas, a través de “pagarés opacos” o compra de deuda pública a un interés reducido. El diputado de Ciudadanos Vicente Ten Oliver ha afeado que estas, como “el chivatazo a los defraudadores” evidenciado con la ‘lista Falciani’ suponen “el mismo mecanismo perverso”.

Respecto a la amnistía, Ten Oliver ha criticado que al final se permitiera una tributación al 3%, por debajo del 10% extraordinario inicialmente y que se acompasara con una subida de impuestos, una modificación del Código Penal referido al blanqueo de capitales y que se acogieran a ella delincuentes para eludir penas de prisión.

Por su parte, Idoia Sagastizabal (PNV) ha criticado la amnistía como un “profundo desacierto del Gobierno” y ha lamentado la ausencia de medidas contra el fraude durante esos años. “No estaríamos debatiendo hoy esta reprobación”, ha dicho, recordando que la regularización extraordinaria no se aplicó en el País Vasco.

¿Para qué sirve la reprobación?

Además, ha cuestionado la eficacia de la reprobación –”es una herramienta que no obliga a nada”– y ha preguntado al resto de grupos si están dispuestos a reprobar cualquier conducta ilícita, aun por miembros de sus propias filas, antes de defender que su uso “no puede ser una costumbre semanal”.

También ha lamentado su falta de eficacia Esquerra Republicana que a través de su diputada Ester Capella ha advertido a un ausente Montoro de que “se le está acabando el tiempo”. “La ética del buen gobierno se demuestra dimitiendo. No es lo que pasará”, ha aseverado.

Ignasi Candela (Compromís) ha dicho que el Gobierno “insulta a la gente honrada y ensuciar el nombre de este país” cuando defiende la necesidad de la amnistía “para salvarlo”, mientras que Marian Beitialarrangoitia, de Bildu, ha situado la amnistía fiscal “tan reprobable como las anteriores, los recortes que la acompañaban y la reforma del artículo 135 de la Constitución.

ETIQUETAS: Cristóbal Montoro,Congreso, amnistía fiscal

El Govern suspende la compra de urnas para proteger a la consellera querellada

El Ejecutivo asegura que las empresas que se presentaron al concurso no tienen suficiente solvencia económica. La defensa de Meritxell Borràs envía al TSJC la suspensión del concurso para pedir el archivo de la causa. Neus Munté evita concretar qué hará el Ejecutivo para comprar las urnas para el referéndum. El TSJC admite la querella contra la consellera Meritxell Borràs por la compra de urnas para el referéndum

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El president de la Generalitat, Carles Puigdemont EFE

La Generalitat no tiene urnas cuando faltan 96 días para el referéndum que anunció para el uno de octubre. El Ejecutivo catalán ha declarado desierto  el concurso para comprar 8.000 urnas tras no homologar a las dos empresas que se habían presentado a la licitación. Nada más anunciar la suspensión del concurso, la consellera de Presidencia y portavoz, Neus Munté, ha emplazado a la Fiscalía a retirar “de forma inmediata” la querella que interpuso contra la consellera de Governació, Meritxell Borràs, por el anuncio de la compra de urnas ahora fallido. La Fiscalía incluye el anuncio de referéndum de Puigdemont en su querella por la compra de urnas

De hecho, la defensa de la consellera presentará ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) el acta que declara desierto el concurso de las urnas para pedir a la sala civil y penal que archive la querella que presentó la Fiscalía a raíz de este proceso de licitación. La Generalitat destina 200.000 euros a la compra de urnas para el referéndum

Pese a las dificultades técnicas y la nueva incógnita que ha sumado este martes, la Generalitat mantiene “intacto” el objetivo del referéndum, según ha dicho Munté en rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Govern. Ahora el Ejecutivo “analizará las vías legales” para llevar a cabo la compra de urnas para el referéndum, que Munté no ha concretado.

Al concurso para proporcionar las urnas, valorado en 200.000 euros, se habían presentado dos empresas: Plastic Express y la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Espai World y Suministros Integrales Futbida. Según ha explicado Munté, las empresas no han podido acreditar suficiente solvencia económica para hacerse con la adjudicación. Este diario se ha puesto en contacto con las empresas para recabar su versión pero no han querido hacer ningún comentario al respecto.

La licitación fracasada para la compra de urnas motivó la querella de la Fiscalía contra la consellera de Governació, Meritxell Borràs, y su número dos, Francesc Esteve. Munté se ha encargado de enfatizar que, una vez paralizado el concurso que motivó la querella, no tiene sentido continuar con el proceso judicial. Está por ver la reacción del ministerio público y del TSJC,  que admitió a trámite la querella y está pendiente de resolver el recurso que presentó la defensa de Borràs.

Más allá del recorrido judicial que tenga la compra de urnas, dentro del Ejecutivo catalán han aflorado las tensiones entre los partidos que lo conforman, ERC y el PDECat: ambos se acusan mutuamente de no querer correr riesgos con la preparación del referéndum.

Ampliación del recurso de Borràs

El fracaso del concurso será utilizado por los abogados de Borràs, representada por el despacho Molins & Silva. La defensa de la consellera ampliará en las próximas horas el recurso de súplica que este lunes presentó ante el TSJC para pedir el archivo de la causa.

En la ampliación del recurso, la defensa de Borràs y de Esteve adjuntará el acta en la que el departamento declara desierto el concurso y acuerda no homologar a ninguna de las dos empresas que aspiraban a suministrar urnas a la Generalitat, informa EFE.

El equipo jurídico que defiende a Borràs cree que el concurso desierto refuerza su tesis de que el proceso para la compra de urnas es legal. En el recurso que presentaron este lunes, los abogados de Borràs alegaron que las urnas se podrían usar en contextos “diversos”, como elecciones sindicales, en consejos escolares y AMPAS, y criticaron a la Fiscalía y al TSJC por hacer un uso “preventivo” del derecho penal.

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La sentencia europea sobre ayudas del Estado a la Iglesia apenas araña el blindaje de los privilegios católicos

Las exenciones fiscales están incorporadas a los acuerdos con el Vaticano, con rango de tratado internacional, solo interpretables por las partes, dicen los expertos. Las escuelas católicas aseguran que el fallo se limita al impuesto de construcciones cuya subvención “ya casi nadie pedía” por ser una tasa “residual” y “controvertida”. La Corte europea indica que solo se puede determinar si la exención es ilegal caso a caso y mediante denuncias concretas. El Gobierno da marcha atrás y elaborará un censo de los inmuebles inmatriculados por la Iglesia

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Soraya Saénz de Santamaría con el secretario de Estado de la Santa Sede

¿Sentencia histórica o fallo inocuo? La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que considera que algunas exenciones fiscales a la Iglesia católica en España “pueden constituir ayudas estatales prohibidas” si se dedican a actividades económicas o que no tengan que ver estrictamente con el culto, ha vuelto a abrir el debate sobre los privilegios fiscales y económicos de la Iglesia católica de nuestro país. La justicia europea avisa de que algunas ayudas del Estado a la Iglesia “pueden” ser ilegales

Expertos consultados por eldiario.es confirman que, más allá de las posibles implicaciones concretas del fallo, los pactos Iglesia-Estado que amparan esas ayudas en España están absolutamente blindados. La única opción para acabar con estos privilegios sería la denuncia unilateral del Concordato. “Un ‘Brexit’ a la eclesiástica”, como subraya un eclesiástico que ha preferido el anonimato.

La decisión de la Corte hace referencia a un consulta del juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Madrid respecto a un conflicto entre los escolapios de Getafe y el Ayuntamiento de esta localidad, que se negó a abonar unos 23.000 euros que la congregación pretendía que le fueran devueltos mediante la exención del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).

El ICIO es una tasa aprobada en 1988 que refleja cómo actúa ese blindaje legal de los acuerdos entre España y El Vaticano. A pesar de crearse una década después, una orden ministerial firmada por el entonces y ahora ministro de Hacienda Cristóbal Montoro en 2001 libraba a la iglesia de abonarlo.

La orden pasó a formar parte del grueso jurídico que regula la relación entre la Iglesia Católica y el Estado Español de 1979. Los acuerdos tienen rango de Tratado Internacional –el mismo que el Acuerdo de ingreso de España en la UE– y en la práctica son casi inamovibles.

Esto se pudo comprobar en 2009, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero quiso reformular esa norma para que la exención del ICIO no alcanzara a colegios religiosos, hospitales católicos o centros sociales gestionados por la Iglesia.

Sin embargo, en 2013, el Tribunal Supremo echó atrás la reforma con la tesis de que, al referirse a un acuerdo internacional, las normas habrían de ponerse entre las dos partes. En este caso, como sucedió en 2001, Iglesia y Estado. Dado que en 2009 la orden ministerial fue unilateral, afirmó el Supremo, no podría entrar en vigor.

Deciden las partes

Así, Ramón Casero, coordinador del Área Financiero-Tributaria de Comillas, considera que el ICIO es una tasa “de creación posterior al Acuerdo de 1979”, por lo que “no está en el Acuerdo”. En su opinión, los tratados internacionales “se tienen que interpretar por las partes que lo han firmado: el Ministerio de Justicia y la Nunciatura apostólica o delegado de la Conferencia Episcopal Española”.

“El Tribunal Supremo dijo que el único que puede interpretar el acuerdo es la comisión paritaria Iglesia-Estado”, afirma el experto. Por su parte, el abogado Jaume Llenas sostiene que la cuestión de fondo que se plantea en la sentencia “es si las exenciones de impuestos se conceden al sujeto –la propia Iglesia católica– y sus posesiones, o si se conceden dependiendo de la actividad a la que se destinan”.

En este sentido, “la sentencia establece una clara distinción. Si es para actividades exclusivamente religiosas puede ser objeto de exención. Pero, si hay actividad económica, actividad lucrativa, entonces, sea quien sea el sujeto, no entra en la exención del impuesto. La sentencia fija criterios generales de aplicación a todos los Estados. Lo que se deja a la apreciación del tribunal español es si los hechos se producen o no”, concluye Llenas.

El tribunal europeo resuelve en la cuestión prejudicial que debe ser el juez nacional el responsable de determinar si el ICIO en este caso forma parte de las ayudas con fondos estatales prohibidas por el Tratado de Funcionamiento de la UE: “Las que falsean o amenazan falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones”. El tratado delimita que si esas ayudas son inferiores a 200.000 euros “no afectan a los intercambios comerciales”.

Conciertos educativos

A esta definición que da el tratado de ayudas “incompatibles”, según los expertos consultados, no se ajustarían los conciertos educativos en etapas no obligatorias. Esas ayudas a centros religiosos están bastante extendidas. Solo algunas comunidades  –como Cataluña, Castilla y Léon o Galicia– no ofrecen subvenciones para Bachillerato y todas incluyen dentro del cupo –bien a través de conciertos o de comvenios– a la segunda etapa de Educación Infantil (3-6), pese a que no es oficialmente obligatoria.

En el resto de regiones se dan los “conciertos singulares”, como los define la ley, que permiten a los congregaciones religiosas ofertar el Bachillerato con un precio ventajoso respecto a los centros privados gracias a los fondos públicos, aunque por lo general no se ofrecen un gran número de unidades. Se entiende, al no ser educación obligatoria, que solo deben funcionar cuando haya “necesidades de escolarización”. Comunidades como la Comunitat Valenciana van a reducir el próximo curso el número de aulas de esta etapa tras pasarlas por un filtro para comprobar cuáles sí responden de verdad a esta premisa.

Lo que sí dice la Corte comunitaria es que las actividades de enseñanza que no estén específicamente subvencionadas por el Estado, como el Bachillerato en el caso de este colegio, “parecen revestir carácter económico”. Las actividades de enseñanza que sí son subvencionadas, como la Primaria y la Secundaria, “no podrían calificarse de económicas”, según la sentencia.

Para el TSJU, la clave está en discernir qué materias son susceptibles de percibir la exención de impuestos. Parece claro que, en virtud de los Acuerdos Iglesia-Estado de 1979, lo están todos aquellos inmuebles o reforma de los mismos dedicados exclusivamente al culto, o a las actividades religiosas incluidas en dichos acuerdos. La enseñanza concertada también lo está.

Nada más conocerse la sentencia, desde Escuelas Católicas Madrid han intentado aclarar que el fallo de Europa “se limita a ese impuesto y no es extrapolable a otros”, como el de Bienes Inmuebles (IBI). En declaraciones a Europa Press, el secretario regional, Emilio Díaz, admitió que el ICIO es una tasa “controvertida”, a cuya exención ya no se acogía la mayoría de centros educativos concertados porque la Agencia Tributaria la denegaba casi de forma sistemática.

“El ICIO es un impuesto muy residual, con una legislación compleja y contradictoria y daba pie a directrices contrapuestas”, ha explicado Díaz para añadir que la sentencia del TUE “clarifica algo que no lo estaba” y que, ante esta decisión, los centros concertados católicos no tienen “nada que objetar”.

Sin embargo, ha indicado que los colegios, muchos de ellos muy antiguos, tienen que realizar obras de rehabilitación o ampliación para cubrir las necesidades educativas y logísticas y que el hecho de que el TJUE les niegue la posibilidad de solicitar la exención del ICIO, aunque ya lo hiciera Hacienda, “podría hacer inviable el mantenimiento de estos centros”.

Finalmente, Europa Laica ha considerado “un poco ambigua” la sentencia del TJUE, pero cree que es una “buena noticia” que se abra el debate en el marco europeo. Así, Francisco Delgado ha subrayado que es “interesante” que el tribunal europeo perciba la “competencia desleal” que supone que las corporaciones religiosas puedan prescindir del pago de Impuestos sobre Bienes e Inmuebles (IBI) o de obras.

Para Delgado, lo más “trascendente” es que este órgano llegue a exigir que las relaciones entre estados e iglesias –a las que cataloga de entidades privadas–, sigan las pautas de la economía de libre mercado europeo, según las cuales esas corporaciones no podrían tener acceso a “todo tipo de privilegios”.

Los Ayuntamientos tienen que denunciar

La Corte también subraya que “la exención fiscal controvertida puede constituir una ayuda estatal prohibida si las actividades ejercidas en los locales en cuestión son actividades económicas y en la medida en que lo sean, extremo que corresponde comprobar al juez nacional”.

En todo caso, añade la sentencia, corresponde a los jueces españoles delimitar si “la exención fiscal controvertida puede constituir una ayuda estatal prohibida si las actividades ejercidas en los locales en cuestión son actividades económicas y en la medida en que lo sean”.

¿Qué significa esto? Que, más allá de que los tribunales europeos planteen los límites de dichas exenciones, han de ser los jueces españoles quienes respondan a cada caso concreto. Lo cual quiere decir que, primero, deben darse las preceptivas denuncias que, en principio, corresponden a las Administraciones locales.

En los últimos meses, han sido varios Ayuntamientos (Madrid, Valencia, Cádiz o Barcelona, entre otros), los que ya han planteado la necesidad de elaborar listados de inmuebles propiedad de la Iglesia, para discernir cuáles de ellos son objeto de las exenciones fiscales (IBI o ICIO) recogidas en los Acuerdos Iglesia-Estado, y cuáles no.

En una situación similar, y tras la presión popular, el propio Gobierno popular se ha comprometido  a elaborar un censo de los bienes inmatriculados a nombre de la Iglesia en virtud de la ‘ley Aznar’, para posteriormente estudiar cuáles realmente pertenecen a la institución eclesiástica, y cuáles no. Y es que, en todo este conflicto, persisten dos problemas: uno, la falta de transparencia de la Iglesia; dos, los privilegios atávicos de la institución, que ningún Gobierno, fuera del signo que fuera, se ha atrevido a eliminar.

Según distintos estudios, la Iglesia católica se ahorra entre 600 y 650 millones de euros por la exención de impuestos como el IBI. En muchos casos, de manera ciertamente fraudulenta, pues en virtud de los Acuerdos Iglesia-Estado sólo están exonerados de esta tasa las parroquias, catedrales o sedes diocesanas, así como los lugares dedicados al culto. No deberían estarlo, por ejemplo, las casas de los sacerdotes, las fincas anexas a las parroquias, los garajes, casas de recreo o los miles de inmuebles que, a día de hoy, las instituciones eclesiásticas tienen alquilados a particulares.

Algo que, tras la sentencia del martes, podría abrir la puerta para que las administraciones locales o regionales se atrevieran a denunciar, lo que obligaría a los jueces españoles a identificar las “actividades económicas” que puedan encontrarse detrás de cada actividad eclesiástica, para evitar las “ayudas estatales prohibidas” de las que habla la Corte europea.

ETIQUETAS: Iglesia, IBI, colegios religiosos, educación concertada

Las otras víctimas del incendio de Doñana

35 especies amenazadas y 303 especies relevantes de animales campean en el Espacio Natural de Doñana, donde sus investigadores tendrán ahora que valorar las pérdidas. Mamíferos como el lince ibérico, reptiles como el camaleón común o aves como el águila imperial han visto cómo su hábitat se veía arrasado por las llamas. El fuego llegó a coger tal velocidad que “muchos animales no han podido escapar”. El incendio de Doñana afecta a una de las poblaciones que salvaron al lince de la extinción

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Camaleón muerto en el incendio de los pinares de Mazagón @EXTREMADURAFIRE

El fuego había llegado hasta la mismísima playa. Ángel llevaba toda la noche del domingo trabajando con sus compañeros del Infoca en la Vereda de los Playeros y del Villar, el pico occidental del Parque Natural de Doñana. Su misión era mantener a raya el fuego en el perímetro de un pinar. Les preocupaban los tocones, llenos de resina, y los pinos situados en el límite de ese perímetro. Atento a cualquier escape de fuego, al retén le terminó amaneciendo. El fuego obliga a soltar trece linces del centro de cría de Doñana

Con las primeras luces, a Ángel le sorprendió la cantidad de animales que habían perecido bajo las llamas y el humo. Había culebras y escorpiones, animales relativamente lentos ante el verteginoso avance de un fuego avivado por fuertes rachas de viento. Fue entonces cuando un compañero se acercó a él con el animal muerto que ilustra este reportaje. Era un camaleón común

“Me llamó la atención, porque le faltaba una pata y el fuego le había calcinado la espina dorsal. Se había intoxicado con el humo, desmayándose y cayendo al fuego, de manera que una parte de su cuerpo quedó enterrada en ceniza y se preservó mejor. Le hice la foto para que la gente viera lo que se pierde en un incendio”, subraya.

La foto, compartida por redes sociales miles y miles de veces, surtió efecto al instante: los trece linces ibéricos liberados, con las puertas abiertas, en el centro de cría de El Acebuche no eran los únicos que se habían tenido que enfrentar a las incertidumbres del fuego. 

Según el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del Espacio Natural de Doñana, “un total de 35 especies de fauna amenazada, la mayor parte de ellas aves (22), utilizan en Espacio Natural de Doñana como hábitat de reproducción, invernada, refugio o área de paso”. A esos 35 animales vulnerables o en peligro de extinción hay que añadir 303 especies relevantes que, por diversos motivos, “se consideran de importancia para la gestión del Espacio Natural”.

Explica Miguel Ángel Simón, máximo responsable del programa de recuperación del lince ibérico, que la mayoría de estas especies se encuentran en las zonas incendiadas del Parque Natural de Doñana, aunque en una densidad menor. “Las culebras, como la bastarda o la de escalera, así como el galápago son posiblemente los animales que más se han podido ver perjudicados por el incendio, ya que no les da tiempo a salir del fuego. Otros animales, cuando ven humo, salen corriendo y no creo que hayan tenido problema”.

Territorio lincero quemado

En la zona quemada, hay al menos tres hembras territoriales de lince ibérico en peligro de extinción. “Dentro del perímetro del incendio, teníamos dos territorios de lince ibérico, según el censo de 2016. Hay dos hembras territoriales en la zona y una tercera cuya zona de campeo se encuentra, en un 20%, dentro del perímetro del fuego. También hay un macho que suele andar por la zona”. En este territorio se encuentra también el principal alimento del lince ibérico, el conejo, pero, según Simón, “las densidades no son las mejores, ya que hay aproximadamente un conejo por hectárea”.

Desde WWF, Juan José Carmona señala que “el problema no es sólo perder territorios linceros, sino de conejo. Tal y como estaba el parque, donde apenas hay conejo, es una tragedia para el lince y las especies que dependen de él. Los investigadores que trabajan en Doñana nos tienen que dar ahora datos sobre las pérdidas y decir cuántos nidos de especies protegidas había. Además, seguramente se han perdido reptiles, anfibios y pequeños mamíferos, pero eso va a ser imposible de determinar”.

Aves de Doñana, la otra joya de la corona

Junto a la joya de la corona, el lince ibérico, las aves son la principal riqueza faunística de la zona. En Doñana habitan aves acuáticas, marinas, rapaces y paseriformes. Desde el buite negro al aguilucho cenizo, pasando por el águila imperial, el milano negro, el alimoche o la gaviota de Audouin, en Doñana anidan más de una veintena de aves amenazadas, así como cinco tipos de murciélagos.

Los ungulados, jabalíes, ciervos y gamos, son propios de la zona incendiada, así como otros mamíferos no amenazados como la jineta o el meloncillo. Todos ellos son animales lo suficientemente rápidos para haber podido escapar del fuego, pero que han visto su hábitat arrasado. Juan Romero, de Ecologistas en Acción, cree, sin embargo, que el fuego llegó a coger tal velocidad que “muchos animales no han podido escapar”.

“Lo que había detrás era un fardo de dinamita”

Tanto bomberos forestales consultados por este diario, como ecologistas creen que es el momento de mejorar el hábitat para que no arda tan rápido. “El problema es que el fuego no ha encontrado ninguna barrera, sólo ha hallado combustible a su paso. Cuando ha estallado el incendio, lo que había detrás era un fardo de dinamita. Los bomberos estamos luchando contra el fuego al límite, tanto económico como personal”.

En este sentido, la organización ecologista SEO-Birdlife cree que es importante “crear un paisaje diverso, lleno de opciones para mejorar las condiciones de hábitat para la fauna amenazada. Por el contrario, las repoblaciones de pinos que se llevaron a cabo en la década de 1950 pretendían crear un valor meramente forestal plantando 10 millones de eucaliptos y 45 millones de pinos, con el fin de desecar las marismas y dar un valor económico a los terrenos improductivos para los parámetros de la época”. Para la asociación verde resulta fundamental que se planten especies de árboles que, al contrario que el pino, no ardan con tanta facilidad y darle así una oportunidad a la fauna que allí habita “desde conejos, roedores o diversos reptiles, hasta sus depredadores, en particular el águila imperial y el lince ibérico”.

ETIQUETAS: incendio de Doñanalince ibérico, especies amenazadas, camaleón

 

El Gobierno del PP teme que el PSOE se desmarque de la aprobación del techo de gasto

La abstención de los socialistas en la votación del CETA ha encendido la alarma entre los populares que han llegado a censurar las reuniones entre Pedro Sánchez y los principales líderes de Ciudadanos y Podemos.  El PSOE se abre a negociar con el Gobierno el techo de gasto para 2018

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El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. EFE

El Gobierno del Partido Popular teme que el techo de gasto se convierta en la primera pieza que se cobren en el nuevo PSOE. Esta medida económica es un paso previo para la aprobación de los Presupuestos de 2018 y también es un requerimiento de la Unión Europea. Consolidar la imagen de estabilidad en Bruselas es uno de los cinco objetivos que ha marcado Mariano Rajoy a corto plazo, un propósito que se puede ver desdibujado si los socialistas restan su apoyo a la aprobación del techo de gasto. Unidos Podemos advierte al PSOE de Pedro Sánchez de la “importancia” de la votación del techo de gasto

El PSOE votó a favor del techo de gasto de 2017 lo que permitió al Gobierno lanzar un mensaje de estabilidad que provocó recibir los parabienes de la comunidad internacional. El mensaje se consolidó en las capitales europeas conmocionadas con el Brexit y el empuje de las fuerzas políticas más populistas. Rajoy fue invitado por el presidente francés François Hollande  a Versalles para analizar  junto a Angela Merkel y Paolo Gentilo el futuro de Europa.   

Ahora, con los presupuestos de 2017 aprobados definitivamente, el reconocimiento de su política de reformas en publicaciones como The Economist y la buena marcha de la economía española el Ejecutivo Rajoy busca seguir emitiendo buenas noticias a la Unión Europea que permitan consolidar su imagen. 

La abstención del PSOE respecto a la aprobación del CETA es un aviso para el Gobierno de Mariano Rajoy, que insiste en colocar la decisión como “derivadas del populismo radical y extremista que tienen que ver con el último Congreso del PSOE”, en el que fue refrendado Pedro Sánchez como secretario general.

Aunque el  portavoz interino del PSOE en el Congreso, José Luis Ábalos, llegó a anunciar que abrían  la puerta a que los socialistas negocien con el Gobierno el techo de gasto, la desconfianza entre los populares es total. 

La portavoz de Unidos Podemos-En Comú-En Marea, Irene Montero, lanzó hace un par de semanas una advertencia al PSOE sobre  la votación del techo de gasto para 2018: “Ojalá se pueda concretar en que podamos estar juntos frente al CETA y contra el techo de gasto. Todavía tenemos tiempo”. Sánchez y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, se reúnen este martes en el Congreso de los diputados.

Mientras Mariano Rajoy y Pedro Sánchez siguen jugando al gato y al ratón lanzándose mensajes sobre quién debe llamar primero al otro para tener un encuentro, en el PP remarcan que es necesaria la interlocución entre los dos principales partidos. El nerviosismo es patente entre los populares que han llegado a censurar las reuniones entre Pedro Sánchez y los máximos responsables de Ciudadanos y Podemos.  

“Ese entendimiento es requerido, al menos, en los asuntos de Estado, y pensamos que es negativo para el PSOE se embarque en que cuanto peor, mejor y que los últimos acontecimientos como la posición sobre el CETA o los anuncios de reuniones con Ciudadanos y Podemos dicen poco de la estabilidad de un partido alternativa de Gobierno”, apuntó el vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Pablo Casado.

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, señaló que las reuniones entre PSOE con Podemos y Ciudadanos “buscan crear un alternativa que no existe y que solo busca entorpecer la estabilidad y la acción del Gobierno”.  

Ante el posible descuelgue del PSOE, el Ejecutivo está también centrado en que Ciudadanos no se distraiga en “la competición” entre los socialistas y Podemos “sobre si son más extremistas que el original o si el sucedáneo insulta más o entorpece más la estabilidad política y económica del Gobierno” y en colocar a Sánchez en una posición radical para alejarlo de un posible pacto con la formación del Albert Rivera. Casado ha insistido en que Ciudadanos “esté a la altura de las circunstancias”.

Curándose en salud,  el ministro de Economía, Luis de Guindos, aseguró que el techo de gasto para 2018 “no va a ser tan restrictivo” como el de ejercicios anteriores, lo que considera que facilitará la negociación con los grupos políticos para sacarlo adelante.

Julio se convierte en un mes fundamental para las aspiraciones del Gobierno del PP. Si en este mes los socialistas consiguen que el techo de gasto sufra un revés y no se aprueba se complicará la legislatura y la imagen de Mariano Rajoy en Europa sufrirá un borrón.

ETIQUETAS: techo de gasto, PP,PSOE, Pedro Sánchez, mariano Rajoy

Las respuestas que Luis Bárcenas no ha querido dar en el Congreso

El extesorero del PP se ha negado a contestar a las preguntas sobre la caja B del PP o los sobresueldos argumentado que tiene procesos judiciales abiertos. Bárcenas sí que ha respondido en otras ocasiones a estas cuestiones, implicando a los altos cargos de partido en la mecánica de financiación irregular. Ha declarado en más de una ocasión que Rajoy conocía el flujo de dinero negro del partido fruto de las donaciones de grandes empresarios. Los momentos clave de la última declaración de Bárcenas ante Ruz

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Luis Bárcenas, durante su comparecencia en el Congreso.

Luis Bárcenas ha comparecido este lunes durante dos horas y media en la comisión del Congreso que investiga la financiación irregular del PP. A pesar de ser la pieza fundamental en ese engranaje que garantizaba al partido un extra en cada contienda electoral, el extesorero del PP ha rechazado dar ningún detalle sobre cómo funcionaba el sistema de captación de fondos en negro. La razón, ha dicho, son sus dos procesos judiciales abiertos: el juicio de la primera época de Gürtel y el conocido como ‘los papeles de Bárcenas’. Ruz cierra los papeles de Bárcenas y da por acreditada la financiación irregular del PP

Ninguna respuesta a las preguntas sobre la caja B o los sobresueldos de los altos cargos del partido. Lo que durante un tiempo fue una verborrea que enfrentaba al PP con su pasado tras cada confesión de su ex tesorero se ha convertido hoy en un silencio absoluto, roto solo por las apostillas y las respuestas sobre su fortuna. Los portavoces de la oposición lo han intentado insistentemente, pero ha sido en vano.

Sin embargo, muchas de las preguntas que no han obtenido respuesta ya fueron contestadas por el extesorero durante sus declaraciones judiciales. Otras recibieron una explicación por quienes compartieron aquellos años junto a Barcenas. Hemos reunido las preguntas que más interés han suscitado entre los diputados para darles las respuestas que el ex tesorero no ha querido pronunciar.

¿Quién le nombró tesorero?

Bárcenas llegó al PP cuando todavía se llamaba Alianza Popular, a principios de los años 80. Su cercanía al entonces tesorero, Álvaro Lapuerta, le permitió medrar y gestionar con él las cuentas de la formación como gerente. En 2008 Lapuerta deja su puesto y Bárcenas lo hereda en el Congreso Nacional del PP de ese año.

La elección de los tesoreros del PP se ha convertido en un tema políticamente complicado en la formación conservadora desde que los jueces han investigado las finanzas del PP. Aunque el nombramiento del tesorero está claramente recogido en sus estatutos, no hay nadie que se atreva a colocar la responsabilidad política de su desginación en la figura del presidente Mariano Rajoy.

El artículo 43.1 de los estatutos del PP establece que el presidente del partido propone a un tesorero que tiene que ser refrendado por el Comité Ejecutivo, el órgano de gobierno y administración del partido entre congresos, como recoge el artículo 36, referido a las competencias de los Comités Ejecutivos. De esta manera, la responsabilidad del nombramiento se diluye en un organismo donde hay más de 60 responsables del Partido Popular.

¿Cuál era la cadena de mando hacia la Tesorería y la Gerencia? ¿Quién controlaba los donativos?

La antigua cúpula del PP de José María Aznar presentó un relato en el juicio de Gürtel que colocaba la Tesorería (a cargo de Álvaro Lapuerta) y la Gerencia (ocupada por Bárcenas) como un organismo prácticamente autónomo. Mayor Oreja, Álvarez Cascos, Acebes, Arenas y Rato, que ocuparon los cargos más altos en el organigrama del partido, explicaron que nunca supieron cómo se gestionaban los donativos. Apenas sabían algo de las vías de financiación del PP, siempre por boca de Lapuerta, a quien responsabilizaron de cualquier irregularidad.

Pero Bárcenas dio una versión distinta cuando presentó un escrito de defensa en la Audiencia Nacional en 2015. De hecho, en ese texto se han basado Isabel Rodríguez, del PSOE, o Irene Montero, de Unidos Podemos, para hacer sus preguntas. Ese escrito pedía al entonces juez instructor, Pablo Ruz, que responsabilizase de la existencia de una caja B a quien podía disponer de los fondos del partidos.

Se refirió entonces a los “administradores o legales representantes del Partido Popular”, a quienes definía como “aquellos en los que el Congreso Nacional del Partido Popular otorga los poderes generales y habilitaciones especiales con carácter indistinto y solidario, con las más amplias competencias para la administración, disposición y representación de los bienes e intereses del Partido”. En otras palabras, señalaba a los secretarios generales que ahora dicen no saber nada.

¿Tenía el PP una caja B?  

Es una cuestión que los tribunales dan casi por superada. De la documentación aportada al caso de la caja B puede deducirse que operó así entre 1982 y 2009 con todos los presidentes que tuvo el partido desde tiempos de Alianza Popular. En su escrito de defensa para replicar a las acusaciones particulares, el exgerente del PP dio por hecho la financiación ilegal durante casi tres décadas. 

El juez Ruz cerró la investigación de los papeles de Bárcenas -ahora reabierta-acreditando de existencia de una financiación irregular. Sus palabras concretas fueron que el PP “se vino sirviendo de diversas fuentes de financiación ajenas al circuito económico legal”. Las anotaciones del extesorero reflejan “entradas y salidas de dinero al margen de la contabilidad oficial declarada por el partido (…) funcionando las referidas cuentas a modo de contabilidades paralelas, cajas de dinero en efectivo o cajas B”.

La fiscal del caso Gürtel, Concepción Sabadell, también dio por acreditada esa caja de dinero negro. Cuando se opuso a la declaración de Rajoy como testigo en el juicio alegó que los hechos que afectaban al PP “ya están acreditados”. Añadió que las declaraciones de los imputados ya refrendaban la existencia de una caja B.

Se refería, en concreto, a la declaración del propio Bárcenas, que definió esa caja B como “una contabilidad extracontable”. No quiso dar más detalles ni llamarla caja B, pero confirmó que sus anotaciones reflejaban los movimientos de dinero de esa contabilidad paralela.

¿Conocía Rajoy su existencia?

Rajoy conocía la existencia de esa caja B. Aunque ha evitado contestar a esa pregunta cuando se la han formulado varios portavoces, Bárcenas ya hizo esta aseveración en su primera comparecencia ante el juez Ruz. Fue tajante: “Mariano Rajoy conocía la existencia de la contabilidad B del PP desde el principio”.  Rajoy conocía la existencia de esa caja B. En un escrito remitido al juzgado se extendió en los detalles: “Los secretarios generales eran informados puntualmente de las cantidades recibidas y el nombre de los donantes por parte del tesorero nacional. En el escaso tiempo que Luis Bárcenas fue tesorero (junio de 2008 a junio de 2009) reportó con ese mismo criterio a las dos personas de las que dependía jerárquicamente, el señor Mariano Rajoy la señora Dolores de Cospedal”.

¿Cobró Rajoy sobresueldos de la caja B?

Los portavoces parlamentarios repitieron ayer la pregunta en el Congreso sin éxito porque Bárcenas despejó la cuestión. En sede judicial no solo atribuyó cobros al líder del PP sino que los calificó como “importantes”. Bárcenas lo explicó así: “ De 2004 a junio de 2008, siendo ya presidente Mariano Rajoy, secretario general Ángel Acebes y tesorero Álvaro Lapuerta, salvo algunos donativos importantes que recibía el presidente, el resto de la gestión para la consecución de donativos la hacía el tesorero nacional, Álvaro Lapuerta”.

¿Quién cobraba sobresueldos en el PP? ¿Desde cuándo existe este sistema? 

No lo contó ayer en la Cámara Baja, pero el tesorero del PP ya se había explayado ante el juzgado sobre el sistema de sobresueldos. Estaba vigente desde 1990 y lo puso en marcha el tesorero de entonces, Rosendo Naseiro. Según el relato de Bárcenas incorporado al sumario, ese método de pagos estaba controlado por los diferentes secretarios generales. Y en la lista de quienes lo percibían, están los principales dirigentes del PP. Según detalló a Pablo Ruz, hubo “ entregas en efectivo a Cospedal y Rajoy en 2008, 2009 y 2010“, y prácticamente todos los miembros del PP con un cargo importante en esa época recibieron algún tipo de retribución.

¿Había cajas B regionales?

Varios portavoces le han hecho esta pregunta. Irene Montero ha insistido durante su interrogatorio en la de Madrid: si Bárcenas la conocía, si sabía cómo funcionaba. No ha respondido. Sin embargo, la Audiencia Nacional lleva investigando esa presunta caja B madrileña desde que estalló el caso Púnica, y rastrea multitud de vías de financiación para nutrir esa caja que han acabado salpicando a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.

Otros juzgados han abierto investigaciones del mismo tipo en distintos territorios. Por ejemplo en Baleares, con la investigación al empresario Daniel Mercado como financiador del PP, o en Valencia, donde la Gürtel se desplazó cuando se cerró el grifo de Madrid. En la capital valenciana los tribunales investigan el “pitufeo”, el sistema por el que el PP de Rita Barberá blanqueaba dinero mediante préstamos de 1.000 euros.

El propio Bárcenas se refirió a esas cajas opacas regionales durante una de sus declaraciones judiciales. “Suponíamos que en todos los sitios tenía que existir -una caja B- porque en todos los sitios hay donantes: hay una campaña en Cáceres o en Badajoz, y hay un señor empresario que quiere aportar dinero para esa campaña, y eso pasa absolutamente en todas las provincias”, aseguró.

¿Qué empresarios donaban?

Una respuesta que Bárcenas dejó escrita en su contabilidad paralela, en la que aparecen donaciones de empresarios desde el año 1999. Hay nombres e iniciales de los dueños de las empresas más importantes del país, algunas presentes en el Ibex35, en esos documentos manuscritos cuya veracidad ha confirmado el propio Bárcenas.

Así, aparece por ejemplo Luis del Rivero, expresidente de Sacyr Vallehermoso, vinculado a varios pagos que suman casi 400.000 euros. Juan Miguel Villar Mir, dueño de OHL, aparece relacionado con tres ingresos diferentes: en 2004 un abono de 100.000 euros, en 2006 de 180.000 euros y en 2008 de 250.00 euros.

La empresa Mercadona, de Juan Roig, también engrosa esa lista. Su nombre aparece junto a dos entregas de dinero de 90.000 euros en 2004 y de 150.000 euros en 2008. También figura como donante Alfonso García Pozuelo, antiguo dueño de Constructora Hispánica, el empresario arrepentido que asumió todos los hechos de los que se le acusaba en Gürtel, pero se negó a contestar a nada en la pieza separa sobre esas donaciones.

¿Cómo funcionaba el sistema de amaños?

Para conocer esta mecánica, por la que se han interesado varios portavoces durante la sesión de este martes, hay que recurrir al cabecilla de la Gürtel. Francisco Correa se sentó en la silla de los acusados el pasado 13 de octubre y desde ahí relató cómo funcionaban el sistema de obras públicas a cambio de generosas donaciones, parte de las cuales se perdía en el camino y acababa en el bolsillo de Bárcenas y el propio Correa.

Le costó admitirlo, pero tras varias horas de interrogatorio por parte de la fiscal, Correa confesó que en la famosa grabación de los 1.000 millones se refería a a dinero procedente “de obras”, de adjudicaciones “de carreteras, autopistas, obras del AVE, de Medio Ambiente”.

Esas licitaciones las gestionaban con los ministerios a petición de los empresarios. Así lo explicó él: “Venía un empresario, nos daba la licitación, ‘a ver si podemos conseguir que esta obra sea para nosotros’, y yo se la pasaba a Luis Bárcenas, Luis Bárcenas la gestionaba con el correspondiente ministerio y si conseguíamos la adjudicación el empresario entregaba un porcentaje, el 2% o el 3%, y luego yo se lo llevaba a Génova”.

Según Correa, Bárcenas recibía el total del dinero y luego lo repartía entre quienes se habían merecido una comisión por su intermediación para el amaño.

¿Y cuando se trataba de ayuntamientos? ¿Cómo se daban instrucciones a los alcaldes?

A esta pregunta sin contestar puede responder José Luis Peñas, exconcejal del PP en Majadahonda y la persona que grabó a las cabecillas de la trama para luego presentar una denuncia en la Fiscalía. Durante el juicio de Gürtel declaró que el PP se financiaba a través de las donaciones ilegales de grandes empresas, para después devolver el favor en forma de adjudicaciones de contratos en los ayuntamientos que controlaba en la Comunidad de Madrid.

Puso de ejemplo la situación que vivió en primera persona. El entonces alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, le llamó a su despacho después de que Peñas se hubiese hecho con un acta de concejal. Allí le mostró un fax que habían enviado desde la sede nacional del PP. Según Peñas, era una lista de empresas que habían financiado ilegalmente al PP y a las que ahora, tras las elecciones, había que devolver el favor el favor. “Ese esfuerzo había que remunerarlo, había ayudarles en las contrataciones”, dice Peñas que fueron las palabras literales de Ortega.

El entonces alcalde le explicó que la orden venía del PP nacional, de “gerencia o de tesorería”, y que aclaró que las empresas “habían ayudado en la campaña, habían financiado al partido”.

¿De dónde sale su fortuna en Suiza?

Esta es la única cuestión a la que Bárcenas ha accedido a responder. Según él, nunca se apropió de fondos del partido, de esas comisiones que generaba el amaño de contratos. Su fortuna en Suiza es fruto de su actividad privada, que durante el juicio de Gürtel atribuyó a negocios en Latinoamérica o compraventa de arte. No aportó ninguna documentación que lo respaldase y así se lo afeó la fiscal Concepción Sabadell.

Bárcenas tiene una versión y la Fiscalía otra. El Ministerio Público no se cree las explicaciones del ex tesorero y sostiene que elaboró toda una coartada consistente en una compraventa de arte que nunca fue real. Le acusa también de vaciar sus cuentas en Suiza, donde llegó a acumular 48 millones de euros, cuando comenzó la investigación contra él para “ocultar su origen y titularidad; de evitar una posible incautación judicial y de poder aflorarlos bajo una aparente cobertura lícita”.

¿Tiene un pacto de silencio con el PP?

Es la pregunta que ha cerrado muchas de las intervenciones de los portavoces. ¿Responde el silencio de Bárcenas a un pacto con el PP? La sospecha viene alimentada por las declaraciones de los ex secretarios generales en el juicio de Gürtel. Mayor Oreja, Álvarez Cascos, Acebes, Arenas y Rato le situaron a las órdenes de un Lapuerta excluido por demencia, restándole así peso en las irregularidades en la financiación.

“Lo que haga o deje de hacer será su decisión y la decisión de su abogado; no sabemos cuál es su estrategia ni qué va a hacer”, dijo Martínez Maillo para descartar el pacto. Su defensa también lo niega y argumenta que no habla para no perjudicar su estrategia de defensa. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, calificó las suposiciones de un pacto de “ofensivas”. El propio Bárcenas también lo ha descartado este martes.

Sin embargo, el enfrentamiento abierto entre Bárcenas y sus excompañeros de partido se ha suavizado en los últimos tiempos. Una muestra es su decisión de retirarse de la causa sobre el borrado de sus ordenadores, o las propias declaraciones de los antiguos responsables del PP exculpándole. El portavoz del PP en la comisión, Carlos Rojas, no se ha referido a él durante la intervención y no le ha formulado ninguna pregunta.

ETIQUETAS: Financiación del PPCongreso, Luis Bárcenas, caso Gürtel, Mariano Rajoy, PP

Jaume Satorra

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El hombre no posee el poder de crear vida. No posee tampoco, por consiguiente, el derecho a destruirla. (Mahatma Gandhi)

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