Suiza investiga el atasco de los inodoros de un banco y tres bares con miles de euros triturados

Los fondos destruidos ascienden a cientos de miles de euros y pertenecerían a dos mujeres de nacionalidad española. Los investigadores tratan de esclarecer el motivo por el que se deshicieron de los billetes de 500 euros. El primer caso se registró hace semanas en la sala de cajas fuertes de una sucursal de UBS.

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Billetes de 500 euros EFE

Desde hace varias semanas investigadores de la ciudad suiza de Ginebra se enfrentan a un misterio: el atasco con billetes de banco de los inodoros de varios bares y de la sala de cajas fuertes de una sucursal del banco UBS, según informa el diario La Tribune de Gèneve. Se trata de decenas de miles de euros en billetes de 500 cuidadosamente triturados.

Este dinero pertenecería, según cita el diario suizo, a dos mujeres españolas que poseen desde hace años una caja fuerte en la sucursal de la entidad bancaria en la que se originó el primer atasco.

Al parecer el abogado de las sospechosas, que se personó en comisaría requerido por las autoridades helvéticas, fue obligado a pagar los costes de reparación de las instalaciones de fontanería de los locales afectados. 

El letrado no explicó las razones por las que su clientas presuntamente intentaron deshacerse de la elevada suma de dinero.

Fuentes de la investigación conjeturan que quizá la próxima entrada en vigor, el año que viene, de la nueva ley de intercambio de información bancaria entre países (una legislación que busca luchar contra la evasión fiscal) podría haber precipitado la decisión tomada por las sospechosas. Sin embargo, los motivos de este suceso permanecen, de momento, en el misterio.

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El Gobierno convierte a bancos, autónomos y empresas en ‘policías económicos’ del referéndum

La orden de Hacienda traslada a las entidades de crédito y a las personas físicas o jurídicas que tengan trato con la Generalitat la responsabilidad de verificar que con su actividad no están colaborando con el 1-O. El texto dice que estas medidas actúan “de forma proporcional” a la situación de ilegalidad en la que opera la Generalitat  y que seguirán vigentes hasta que se declare que ha desaparecido “la situación de riesgo” El Gobierno asume el control financiero total de Catalunya

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Cristóbal Montoro explicó las medidas por las que toma la tutela económica de Catalunya EFE

Con mucha más urgencia de la anunciada el viernes por Cristóbal Montoro en el Consejo de Ministros, el BOE ha reflejado la nueva disposición por la que la Administración Central toma las riendas financieras de Catalunya. El texto, de 8 páginas, recoge en más de cinco folios un argumentario entremezclando la estabilidad presupuestaria y la legalidad constitucional, que ha llevado al ministerio de Hacienda a tomar esta decisión: la de tutelar a Catalunya. El BOE publica el mecanismo de control del Gobierno de las cuentas de Catalunya

Entre las novedades del texto, está la de aclarar no solo el papel de los bancos sino también el de los propios proveedores de la Generalitat, sean personas físicas o jurídicas, esto es, empresas o autónomos. La norma hace corresponsables a todos estos agentes que contraten con la Generalitat de asegurar que las actividades que la comunidad está llevando a cabo no sirven para colaborar en la puesta en marcha del 1-O.

Así, el Gobierno explica que “debe tenerse presente la necesaria cooperación y colaboración del sector privado para lograr el cumplimiento de los fines, principios y objetivos hasta ahora señalados, que afectan al interés general y a la adecuada prestación mínima de los servicios públicos que exige la Constitución y las leyes. La colaboración del sector privado en la prestación de los servicios públicos es clave, pues suministran bienes y prestan servicios esenciales para que la Administración cumpla con sus obligaciones y garantice los derechos de los ciudadanos, especialmente en lo que se refiere a la prestación de los servicios públicos fundamentales”.

Bajo esta premisa, el punto séptimo reza: “Desde la publicación de este acuerdo, cualquier persona física o jurídica que entregue bienes o preste servicios a la Administración de la Comunidad Autónoma de Cataluña o cualesquiera de sus entidades vinculadas o dependientes, podrá adjuntar a la correspondiente factura que emita, una declaración responsable, en los términos que establezca el MINHAFP, en la que quede constancia de que dichos bienes o servicios no tienen relación con la financiación de actividades ilegales, ni contrarias a las decisiones de los tribunales”.

Pero no solo será necesaria la declaración responsable de los agentes privados sino que, además, se dice que si el prestador del servicio “tiene dudas sobre si ello puede tener relación con la financiación de actividades ilegales, o contrarias a las decisiones de los tribunales, podrá comunicarlo, junto a la documentación correspondiente que lo acredite, al Ministerio de Hacienda sin perjuicio de su eventual comunicación al Ministerio Fiscal. En el caso de haberse prestado el servicio o el suministro, a la fecha de publicación del presente Acuerdo, que pudiera generar esa duda, se comunicará igualmente al MINHAFP y en su caso, al Ministerio Fiscal”.

Es decir, incluso si el proveedor tiene la mera sospecha de que el servicio que presta o el bien que suministra van a ir destinados a la consecución del 1-O, debe comunicarlo a Hacienda. Y si ya lo ha prestado en días pasados, lo puede delatar también.

En el caso de los bancos, el texto de la referencia publicado el viernes tras el Consejo de Ministros adelantaba ya cómo debería ser su labor fiscalizadora. Como la elaboración del referéndum es ilegal según el Tribunal Constitucional, el Gobierno se ampara en la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales para que tanto bancos como auditoras tengan que comunicar cualquier operación sospechosa de tener como soporte una actividad ilegal. Tanto es así, que si un banco detecta una transferencia que cree puede ser para pagar alguna factura relacionada con el referéndum, se lo puede comunicar o al Ministerio Fiscal o al SEPBLAC, el servicio que vigila el blanqueo de capitales en España. Los bancos ya tenían obligación de comunicar cualquier operativa de un cliente que fuera sospechosa de estar utilizando dinero negro.

Como paso previo a estas denuncias, Hacienda le pide a la Generalitat que le remita motu proprio un listado con todas las entidades bancarias, auditorías o proveedores con los que contrata para que el ministerio se comunique con ellos y les ponga al corriente de esta orden. Para facilitar el conocimiento de esta medida entre las entidades de crédito las entidades supervisoras, esto es, el Banco de España, deberá colgarlo en su página web en el plazo de 48 horas.

Este plazo de 48 horas corre desde la publicación el sábado por la mañana en el BOE del acuerdo de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos. También tiene 48 horas la Generalitat para firmar un acuerdo de no disponibilidad de todo su presupuesto pendiente de desembolsar excepto de las partidas concernientes a servicios fundamentales, esto es, sanidad, educación y servicios sociales.

Estas partidas se seguirán pagando pero se harán a cargo del Estado. El texto publicado asegura que, “de forma excepcional” se toman estas medidas para “asegurar que la financiación que tiene como origen la Hacienda del Estado, se destina al pago de los sueldos y salarios de los empleados públicos, la sanidad, la educación y los servicios sociales, como servicios públicos fundamentales”. El mismo texto asegura que las medidas que se toman actúan “de forma proporcionada, y salvando las competencias de la Comunidad Autónoma en la gestión de los recursos propios” de forma que se libra “un sistema de certificación previo al pago para garantizar que no se están financiando actividades contrarias a la ley, junto con un mecanismo para la ordenación de pagos que garantice que todos los recursos económicos que el Estado transfiere a la Comunidad Autónoma sean utilizados de acuerdo con lo previsto en la Constitución, y que el Estado garantice que se respeta el nivel mínimo de prestación de servicios públicos fundamentales”.

Todas estas medidas estarán vigentes “hasta que desaparezca la situación de riesgo para el interés general en la Comunidad Autónoma de Cataluña o sea necesario para garantizar la prestación de los servicios públicos en la Comunidad Autónoma, en los términos descritos en este Acuerdo”, y será la Comisión Delegada la que dictamine que esta situación de peligro ha pasado.

ETIQUETAS: 1-O,  Cristóbal Montoro

El Supremo niega que haya paralizado la intervención de las cuentas catalanas

La admisión a trámite del recurso de la Generalitat contra la intervención de sus cuentas ha sido interpretada por el Govern como una suspensión cautelar del acuerdo. Junqueras anuncia que seguirán actuando con normalidad y como si no estuvieran bajo el control del Ministerio de Hacienda. Sin embargo, el Supremo insiste en que admitir a trámite un recurso no implica paralizar la norma que se recurre, y Hacienda remata con que “todo sigue igual”. Los bancos bloquearán las tarjetas de crédito de la Generalitat para cumplir la orden de Hacienda

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Vista aérea del Tribunal Supremo EFE

El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso que interpuso la Generalitat contra la intervención de sus cuentas por parte del Gobierno central que entró en vigor el pasado sábado. Esto ha provocado el anuncio del vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, de que la medida quedaba suspendida cautelarmente. Sin embargo el propio Tribunal Supremo, y el Ministerio de Hacienda, han desmentido que la admisión a trámite paralice la intervención en ningún caso.

En rueda de prensa, Junqueras ha explicado que la admisión a trámite de su recurso tiene “efectos suspensivos” sobre el acuerdo adoptado por el Ejecutivo central, por lo que la Generalitat seguirá actuando con “normalidad” en relación con la gestión de sus cuentas. Así, el Govern se comportará como si sus gastos no estuvieran intervenidas y comunicará por “vía administrativa y notarial” a las entidades financieras que no hay ninguna variación y que deben continuar relacionándose con “normalidad” con la Generalitat.

En este contexto en el que sus cuentas no estarían bajo la tutela del Ministerio de Hacienda, el Govern ha afirmado que “dispone de todos los recursos” para hacer frente a todos sus obligaciones, como las nominas de sus trabajadores o pagar a los proveedores. 

Sin embargo, fuentes del Alto Tribunal han explicado que  la presentación del recurso no conlleva la suspensión automática del acuerdo recurrido. La Generalitat en su recurso solicita la medida cautelar de suspensión y eso obliga a dar traslado a la parte demandada (en este caso la Abogacía del Estado) para que alegue sobre esa petición de suspensión cautelar que solicita el gobierno de Carles Puigdemont. La ley da diez días de plazo para que la Abogacía del Estado informe sobre esa petición de suspensión cautelar. Sólo será entonces cuando, en caso de que el tribunal lo decida, se suspenda cautelarmente el acuerdo recurrido. 

Fuentes jurídicas explican a eldiario.es que este tipo de recursos contenciosos ni siquiera tienen una decisión sobre la “admisión a trámite” como ocurre por ejemplo los penales, y se admiten de por sí, ya que se trata de una decisión gubernamental (la recurrida) cuya existencia se da por cierta. En ningún caso esto implica que anule tal decisión, ya que entonces se paralizarían constantemente los acuerdos que adoptan los gobiernos y que son recurridos, incluida la Generalitat.

Añaden que la Generalitat hubiera tenido la oportunidad de forzar a responder al Supremo en 48 horas de haber pedido medidas cautelarísimas, que implican una respuesta sin pedir alegaciones a las partes, pero como no lo ha hecho y solo ha pedido cautelares, se pronunciarán en el plazo máximo de 10 días tras pedir dichas alegaciones.

Para Hacienda “todo sigue igual”

Fuentes del Ministerio de Hacienda han añadido que “todo sigue igual” y que las medidas de control sobre el gasto de la Generalitat que se aprobaron el sábado con su publicación en el BOE siguen vigentes, y seguirán salvo que el Supremo decida lo contrario dentro de los plazos previstos. 

Hoy finalizaba el plazo de 48 horas dado al Gobierno catalán para aprobar un acuerdo de no disponibilidad presupuestaria sobre  de todo su presupuesto pendiente de desembolsar excepto de las partidas concernientes a servicios fundamentales, esto es, sanidad, educación y servicios sociales.

ETIQUETAS: Referéndum 1-O,  Tribunal Supremo

Los tres primeros alcaldes se niegan a declarar en los interrogatorios organizados por la Fiscalía

“El hecho de que me cite directamente el fiscal y no el TSJC supone una vulneración del derecho a un juicio justo”, dice Marc Solsona a su salida de la Fiscalía. El fiscal ha indicado a Solsona que, de haber empezado, el interrogatorío se haría en castellano ya que la causa “acabaría en Madrid”. Carme Forcadell, diputados de JxSí y vecinos de Mollerussa apoyan a Solsona ante la Fiscalía Superior de Catalunya.  Ayuntamientos prorreferéndum piden anular la orden de la Fiscalía que obliga a requisar material electoral

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El alcalde de Oliana (Lleida), Miquel Sala (d), junto al alcalde de alcalde de Pont de Suert (Lleida), José Antonio Troguet (i). EFE

Primeros interrogatorios de la Fiscalía a más de 700 alcaldes por su colaboración con el referéndum, que se producen en paralelo a las causas judiciales del 1-O. El alcalde de Mollerussa, Marc Solsona (PDECat), ha acudido a su citación este martes a la Fiscalía Superior de Catalunya para ser interrogado. Tras su negativa a declarar, el fiscal ha impedido pronunciar un alegato en que Solsona pretendía argumentar que el ministerio público no debe actuar contra él porque el referéndum está ya en manos de los jueces.

Según han informado fuentes judiciales, la declaración como investigado de Solsona ha empezado con el edil queriendo explicar su motivo para no declarar ante la Fiscalía, que es precisamente el hecho que el referéndum ya se está investigado judicialmente en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). Guía del frente judicial del referéndum: tres causas penales, 23 imputados y 948 alcaldes apercibidos

Este alegato finalmente no se ha producido, ya que el fiscal José Joaquín Pérez de Gregorio ha impedido a Solsona pronunciarlo. El fiscal ha indicado al alcalde que solo procedería a empezar el interrogatorio si Solsona contestaba a sus preguntas ‘sí’ o ‘no’. Solsona se ha ido de la Fiscalía sin firmar el acta de declaración.

La conversación entre el fiscal y el alcalde, que se ha alargado unos diez minutos, se ha producido en tono cordial, han indicado las mismas fuentes. La abogada de Solsona, Judit Gené, no ha intervenido en ningún momento. Tampoco el fiscal ha comunicado si pediría documentación a Solsona sobre los acuerdos del ayuntamiento de Mollerussa para colaborar con la Generalitat para el 1-O.

Además, según las mismas fuentes, el fiscal ha indicado a Solsona que, de empezar, el interrogatorío se haría en castellano ya que la causa “acabaría en Madrid”, y que lo había citado siguiendo órdenes del fiscal general del Estado.

Los otros dos alcaldes citados este martes, de Oliana (Lleida), Miquel Sala, y de El Pont de Suert (Lleida), José Antonio Troguet, también se han negado a declarar ante el fiscal de La Seu d’Urgell.

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Concentración ante la Fiscalía Superior de Catalunya O.S.

Solsona estaba citado en la Fiscalía Superior de Catalunya y no en la de Lleida por su condición aforado dado que es diputado en el Parlament. “El hecho de que me cite directamente el fiscal y no el TSJC supone una vulneración del derecho a un juicio justo y de mi derecho a participar en cualquier manifestación política”, ha afirmado el alcalde a su salida de la Fiscalía.

Decenas de personas, en su mayoría provenientes de Mollerussa (Lleida), se han concentrado este martes ante la sede de la Fiscalía Superior de Catalunya en Barcelona para apoyar al alcalde de la localidad, Marc Solsona antes de su declaración como investigado ante el ministerio público.

Además de vecinos de Mollerussa, en la concentración de apoyo también estaban diputados del PDECat, ERC y de JxSí como Lluís Corominas, Lluís Guinó, Maria Senserrich, Roger Torrent y Germà Bel, así como la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Los concentrados han apoyado a Solsona con gritos de “no estás solo” y han cantado ‘Els Segadors’.

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Lo que dijo Azaña sobre el derecho de autodeterminación de Catalunya

Domènech y Rajoy se enzarzan en una discusión sobre la postura de Manuel Azaña sobre el derecho de autodeterminación de Catalunya. Quien llegara a presidir la República se mostró tempranamente favorable a la autodeterminación e impulsor de su Estatut, pero luego viró hacia posiciones más centralistas y llegó a arrepentirse de la descentralización.

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Doménech durante su intervención EFE

Manuel Azaña, presidente de la II República española y primer ministro de la misma, ha sido el personaje histórico que ha protagonizado este segundo día del debate de investidura de Mariano Rajoy. El primero en sacar al prominente político republicano a colación ha sido el líder del PSOE, Pedro Sánchez, quien ha citado a Azaña para decir que “nadie tiene derecho a monopolizar el patriotismo y ningún problema político tiene solución en el patriotismo”.

Pero han sido las palabras de Xavier Domènech, recordando la postura de Azaña favorable al derecho de autodeterminación de Catalunya, las que han traído más cola. Las palabras de Azaña citadas por el líder de En Comú Podem han sido las siguientes: 

“El último estado peninsular procedente de la antigua monarquía católica que sucumbió al peso de la corona despótica y absolutista fue Cataluña; y el defensor de las libertades catalanas pudo decir, con razón, que él era el último defensor de las libertades españolas”.

El candidato a la presidencia, Mariano Rajoy, ha respondido al catalán mostrándose sorprendido: “Citar a Azaña para defender el derecho de autodeterminación… eso deberá explicármelo mejor”. Tras eso, Rajoy le ha reclamado revisar ‘La Velada en Benicarló’, el libro donde Azaña dejó publicadas sus principales reflexiones políticas.

Domènech se refería a la postura mostrada por el político antes de la República y durante el llamado bienio social-azañista, cuando ocupó el cargo de jefe del Gobierno. De un discurso pronunciado por Azaña en Barcelona, el 27 de marzo de 1930, se recoge esta cita: “Y he de deciros también que si algún día dominara en Catalunya otra voluntad y resolviera remar ella sola su navío, sería justo permitirlo y nuestro deber consistiría en dejarlos en paz”.

El teniente de Alcaldía de Barcelona, Jaume Asens, recordaba la postura del político de Acción Republicana en un tweets:

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Además de la cita de 1930, la fotografía de Asens recoge también otra de 1931, en la que Azaña se muestra partidario de permitir la independencia. Esta postura tampoco es desconocida. Manuel Azaña fue uno de los máximos impulsores en Madrid del Estatut de Núria, que devolvió a Catalunya por primera la autonomía perdida en 1714.

Pese a todo esto, la sorpresa de Rajoy ante las palabras de Domènech tampoco es incomprensible, ya que las posturas más conocidas de Azaña sobre Catalunya y la unidad de España son las de su etapa de presidente de la República, a partir de mayo de 1936. El de Acción Republicana –formación después fusionada en la Izquierda Republicana– había virado su opinión respecto a Catalunya motivado por diferentes hechos de los años recientes, como la proclamación de la República Catalana, en el 34, o el papel de la Generalitat en el inicio de la Guerra, que el republicano criticaba.

Azaña se arrepiente entonces incluso de su apoyo a la autonomía catalana: “Por lo visto es más fácil hacer un Estatuto que arrancar el recelo, la desconfianza y el sentimiento deprimente de un pueblo incomprendido”, recoge el historiador Gori Mir en su libro ‘Aturar la Guerra’.

El clima de desafección y hostilidad de la izquierda republicana española respecto a las libertades nacionales catalanas quedaron consagradas en una cita que, si bien se le atribuye a Azaña, en realidad es de su jefe de Gobierno, Juan Negrín, aunque fue recogida por el propio Azaña durante la guerra:

“Aguirre [el lehendakari] no puede resistir que se hable de España. En Barcelona afectan no pronunciar siquiera su nombre. Yo no he sido nunca lo que llaman españolista ni patriotero. Pero ante estas cosas, me indigno. Y si esas gentes van a descuartizar a España, prefiero a Franco. Con él ya nos entenderíamos nosotros, o nuestros hijos o quien fuere. Pero esos hombres son inaguantables. Acabarían por dar la razón a Franco. Y mientras, venga a pedir dinero, y más dinero”.

Fuente: eldiario.es/catalunya/politica

 

El Govern, sobre las órdenes a los Mossos contra el 1-O: “La confianza en Trapero es total y absoluta”

El portavoz del Ejectivo catalán, Jordi Turull, responde a la orden de la Fiscalía que la prioridad de la policía catalana es “la lucha contra el terrorismo”. Sobre la suspensión de la Ley de Transitoriedad, Turull ha insistido en que el Govern obecederá “el mandato del Parlament”, que aprobó la norma el jueves pasado. La Fiscalía ordena a los Mossos requisar urnas, sobres, manuales para las mesas y material informático

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Jordi Turull, portavoz del Govern

“La confianza en las decisiones que tome el mayor Trapero es total y absoluta”. Hasta dos veces ha repetido esta frase el conseller de Presidencia y portavoz del Govern, Jordi Turull, cuando se le ha preguntado por la orden de la Fiscalía recibida por los Mossos d’Esquadra para que impidan el referéndum del 1 de octubre. Turull se ha referido así a la responsabilidad que pesa ahora sobre el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, ante el mandato de la Fiscalía para requisar urnas. 

Turull ha rechazado ir más allá en su valoración sobre la reunión celebrada este martes en la Fiscalía Superior de Catalunya con las cúpulas de los cuerpos policiales que actúan en la comunidad. Se ha escudado en que el Govern, reunido en el Consell Executiu, no conocía todavía los detalles de la instrucción, y ha expresado que la “prioridad absoluta” de la policía catalana es “la lucha contra el terrorismo”. “Esta es la prioridad a la hora de movilizar los efectivos”, ha zanjado el portavoz sobre la cuestión. 

Este martes el fiscal superior de Catalunya, José María Romero de Tejada, ha trasladado personalmente la orden de impedir el 1-O al mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero Álvarez; al general de División de la Guardia Civil y jefe de la comandancia de Catalunya, Ángel Gozalo Martín; y al jefe superior de Policía en la comunidad autónoma, el comisario Sebastián Trapote.

La orden recoge el contenido del borrador de la instrucción de la Fiscalía General del Estado ante el referéndum que desveló el viernes eldiario.es“Los funcionarios, a fin de evitar la consumación o agotamiento del delito, procederán directamente a adoptar las medidas necesarias para intervenir los efectos o instrumentos destinados a preparar o celebrar el referéndum ilegal”, reza la orden. Y entre las medidas contempla requisar urnas, propaganda electoral o sobres electorales.

“Obediencia al Parlament” ante la suspensión de la Ley de transitoriedad

Sobre la suspensión este martes de la Ley de Transitoriedad Jurídica por parte del Tribunal Constitucional, Turull ha insistido en que actuarán de acuerdo con la voluntad del Parlament, que la aprobó el jueves pasado, aunque ha recordado que su entrada en vigor va condicionada a una eventual victoria del ‘sí’ el 1-O. “Siempre hablamos en términos de obediencia al mandato Parlament y al decreto que aprobamos”, ha afirmado en referencia al también suspendido decreto de convocatoria del referéndum del 1 de octubre

La suspensión de la Ley de Transitoriedad se ha hecho efectiva en cuanto el Constitucional ha admitido a trámite los recursos presentados por el Gobierno central. La anulación es automática y dura cinco meses, período durante el cual el Alto Tribunal debe dictar su sentencia, aunque el plazo se puede prorrogar si así lo pide el Ejecutivo.

ETIQUETAS: Referendum 1-O,  proceso soberanista, Policía Nacional, mossos d’esquadra,  guardia civil, josep lluis trapero

Trapero y los jefes de Policía y Guardia Civil reciben las órdenes de la Fiscalía para requisar urnas

La orden de la Fiscalía catalana recoge todos los puntos del borrador desvelado por eldiario.es el pasado viernes, incluyendo la instrucción para requisar urnas y sobres para impedir el 1-O. La Fiscalía ordena a Trapero y el resto de mandos trasladar “de forma urgente”  la instrucción a todos los agentes en un plazo máximo de 24 horas. La reunión entre la cúpula fiscal catalana y los mandos policiales dura menos de media hora. La Fiscalía convoca a los jefes de Mossos, Policía y Guardia Civil para las instrucciones sobre el 1-O

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Trapero entra en la Fiscalía Superior ©SANDRA LÁZARO

La Fiscalía Superior de Catalunya ha dado formalmente a los mandos policiales que trabajan en la comunidad, Mossos d’Esquadra, Policía Nacional y Guardia Civil, la orden para que sus agentes requisen urnas, sobres, manuales para las mesas y material informático susceptible de ser usado para el referéndum. La Fiscalía ordena a los Mossos requisar urnas, sobres, manuales para las mesas y material informático

El fiscal superior de Catalunya, José María Romero de Tejada, ha trasladado personalmente  la orden de la Fiscalía, fechada el pasado viernes 8 de septiembre, a los mandos policiales que operan en Catalunya en una reunión este martes en la sede de la Fiscalía Superior de Catalunya que ha durado menos de media hora. Los Mossos están a la espera de que Trapero diga cómo actuar sobre la orden de la Fiscalía para requisar urnas

Han participado en el encuentro, por parte de los cuerpos de seguridad, el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero Álvarez; el general de División de la Guardia Civil y jefe de la comandancia de Catalunya, Ángel Gozalo Martín; y el jefe superior de Policía en la comunidad autónoma, el comisario Sebastián Trapote. Protocolo de urgencia para un mosso d’Esquadra ante el referéndum

La orden enviada a los mandos policiales por la Fiscalía catalana incluye todo el contenido del borrador desvelado el pasado viernes por eldiario.es de la instrucción redactada por la Fiscalía General del Estado ante el 1-O. Los tres mandos tienen a sus órdenes a miles de agentes en funciones de policía judicial, esto es, a las órdenes de un juez. Leer informe en Pdf.

Tanto el borrador desvelado por este diario como la instrucción trasladada este martes a los mandos policiales especifican que los agentes requisen urnas o sobras para lograr que no se vote el 1-O, y que las recogen en el correspondiente atestado o informe.

El hecho de que se pudiera llegar a celebrar a votación, en palabras de la Fiscalía, supondría “la consumación o el agotamiento de los delitos” de desobediencia, prevaricación y malversación por los que se ha querellado contra todo el Govern, algo que el ministerio público quiere evitar.

“Los funcionarios policiales procederán directamente a adoptar las medidas necesarias para intervenir los efectos o instrumentos destinados a preparar o celebrar el referéndum ilegal, requisando urnas, manuales de instrucciones para los miembros de las mesas electorales, impresos electorales, elementos informáticos y análogos, conforme a las previsiones del artículo 770.3ª LECrim”, subrayan el borrador avanzado por eldiario.es el viernes y la orden recibida este martes por los mandos.

Asimismo, la Fiscalía ordena a Trapero y el resto de mandos trasladar “de forma urgente”  la instrucción a todos los agentes en un plazo máximo de 24 horas para que todos los mossos, policías y guardias civiles conozcan su contenido.

Y añade el fiscal superior de Catalunya, José María Romero de Tejada, que Trapero y los otros dos mandos deberán firmar y entregar al ministerio público tanto el recibí de la instrucción como el traslado de la misma a los agentes de sus respectivos cuerpos.

Además, los jefes de las fiscalías de las cuatro provincias catalanas se reunirán este miércoles con responsables policiales de cada una de las demarcaciones para trasladarles las mismas ordenes.

Pendientes de la jueza

Además de ordenárselo a Mossos, Policía y Guardia Civil, la Fiscalía trasladó esta misma petición como medida cautelar en su querella contra Puigdemont y el Govern por los presuntos delitos de desobediencia prevaricación y malversación, este último penado con hasta ocho años de cárcel. El objetivo de la Fiscalía es que, además del ministerio público, sea un juez el que ordene impedir el 1-O a los cuerpos policiales.

La magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) Mercedes Armas tiene sobre su mesa esta y otras cinco medidas cautelares, que incluyen el pago de una fianza para Puigdemont y los consellers, y sobre las que podría pronunciarse este mismo martes. 

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Jaume Satorra

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El hombre no posee el poder de crear vida. No posee tampoco, por consiguiente, el derecho a destruirla. (Mahatma Gandhi)

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