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El independentismo estudia fórmulas legales para convocar el referéndum esquivando al Constitucional

JxSí defiende la modificación del reglamento del Parlament que habilita la vía de urgencia para aprobar la ley de transitoriedad. La CUP propone convocar el referéndum con una ley propia y consideran que en algún momento deberán desobedecer al Constitucional. La idea que gana posibilidades es que la ley de transitoriedad contemple mecanismos que se activen automáticamente ante una suspensión del TC. 

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Puigdemont y Forcadell, con los acusados por el 9-N ante el Palau ©SANDRA LÁZARO

Cómo convocar el referéndum sin desobedecer al Constitucional es el debate que esta semana ha calentado las filas independentistas en el Parlament de Catalunya. Junts pel Sí quiere que el paraguas para convocarlo sea la llamada ley de transitoriedad, un texto que todavía se tiene que aprobar y que los independentistas guardan bajo llave. Para ello han propuesto modificar el reglamento de la Cámara para permitir validar la ley por la vía exprés. Por su lado, la CUP reclama una norma específica para llevar a cabo la consulta.

El objetivo compartido es dotar al Govern de un colchón legal para que pueda convocar el referéndum sin necesidad de entrar en desobediencia abierta ni incurrir en ilegalidades manifiestas. Por ello, el bloque independentista necesita agilidad en los trámites parlamentarios y coordinación con el Govern. La reforma del reglamento permitiría exactamente esto, ya que en menos de 48 horas podría aprobarse la ley de transitoriedad jurídica, un texto que supondría la ruptura con el ordenamiento estatal. Con arreglo a ella, el president de la Generalitat convocaría el referéndum. Es una de las fórmulas sobre la mesa, pero no la única posible, afirman.

“Una vez se llegase aquí, habría un referéndum convocado legalmente y un marco legal catalán aprobado por el Parlament”, analiza un diputado independentista. Este es el objetivo que persiguen, ya que consideran que es la forma en la que pueden adecuarse a estándares internacionales, como los que marca la Comisión de Venecia en su Código de Buenas Prácticas sobre referendos.

Sin embargo, fuentes parlamentarias explican que hay más fórmulas jurídicas que podrían conseguir efectos similares, dependiendo de qué objetivos se prioricen. Todas ellas se basan en argucias y supuestos agujeros jurídicos, como los ya usados para el 9-N y que, precisamente, han sido la base de la línea de defensa de los acusados en el juicio por el proceso participativo

Paraguas y seguro para el referéndum

La ley de transitoriedad es el instrumento más versátil para este plan ya que permite que sus diferentes artículos entren en vigor en diferentes supuestos. Según la preferencia de JxSí, sería esta ley la que regulase los referendos. Así, mientras no estuviera suspendida, daría cobertura legal a la convocatoria que hiciera Carles Puigdemont, que vendría acompañada de una declaración de soberanía, que no de independencia.

Sería un paraguas legal, solo provisional hasta la suspensión. Pero no solo eso. También se prevé que incorpore un “seguro” ante la resolución del Constitucional. Para ello, la norma introduciría un mecanismo automático por el que, ante el impedimiento de convocar el referéndum, entrasen en vigor otros artículos, que producirían que la legalidad catalana desconectase de la Constitución para acomodar la votación prohibida.

Todo este planteamiento es derecho-ficción para los críticos con el plan independentista. Según la legalidad española, ante un encaje de bolillos jurídico como el que planea JxSí, la acción del Constitucional debería ser suficiente para ir dando órdenes concretas que impidan el referéndum. Órdenes que, en caso de no obedecerse por parte de las autoridades, acarrearían probablemente una cadena de suspensiones, desde los más altos estratos de la Generalitat hasta el último de los funcionarios.

Sin embargo, en JxSí consideran fundamental dotar a todo el proceso del máximo grado de seguridad jurídica posible, al menos hasta la convocatoria, y por eso aseguran que defenderán la reforma del reglamento que abre la vía rápida para la ley de transitoriedad. Su máxima es “de la ley a la ley”, y con ella esperan no espantar las posibles simpatías internacionales que despierte el proceso.

La CUP quiere una ley específica

Contra la idea “de la ley a la ley” se ha posicionado este jueves el grupo anticapitalista, en un documento en el que presentan una propuesta para separar la ley de Transitoriedad de la del referéndum. Según opinan, la idea de trabajar dentro de una nueva legalidad catalana es irreal, y apuesta por enmarcarlo en una “legalidad intervenida”. Voces cupaires explican que ellos nunca han acabado de ver la propuesta de JxSí porque consideran “obvio” que el Constitucional suspenderá cualquier intento de los independentistas de ir “de la ley a la ley”.

Vinculado a eso, desde la CUP entienden que los pasos que se den ahora deben ser lo más claros posibles, por lo que abogan porque no sea la ley de transitoriedad jurídica la que regule el referéndum, sino hacer una específica para ello, que incluso podría ser una modificación de la actualmente vigente, del 2010. “Si se pretende hacer el referéndum habrá que desobedecer en un momento u otro”, indican en la CUP.

Pese a esto, los anticapitalistas no harán de esta cuestión un caballo de batalla. La propuesta lanzada este jueves viene a promover el debate y a indicar alternativas a una modificación del reglamento que, observan, enciende a sectores de la oposición, como a Catalunya Sí que es Pot. Este miércoles el grupo de ICV, Podem y EUiA auguró “un pollo monumental” si esta reforma se llevaba a cabo, al tiempo que el PSC anunció que pediría al Parlament que examinara la constitucionalidad del cambio.

ETIQUETAS: independentismo,referéndum, Tribunal Constitucional, CUP, JxSí

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El hombre no posee el poder de crear vida. No posee tampoco, por consiguiente, el derecho a destruirla. (Mahatma Gandhi)

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