L'esquella de la torratxa

Inicio » 2017 » abril » 01

Daily Archives: 1 abril, 2017

Fertiberia avanza en su idea de enterrar los fosfoyesos de Huelva en medio de la disputa política

El BOE recoge ya el proyecto de la empresa de trabajar durante al menos 10 años en el soterramiento de los residuos químicos, no de su eliminación. La Junta de Andalucía reprocha al Gobierno de la Nación que no le haya informado de la publicación, aunque en realidad no está obligado. El Ayuntamiento de Huelva, entre otras entidades, anuncia que se presentará en el plazo legal de alegaciones que se acaba de abrir. 

parte-balsas-ciudad-huelva-fondo_ediima20170315_0823_19

Parte de las balsas, con la ciudad de Huelva al fondo. EFE

Desde que este miércoles fuese sacado oficialmente a información pública el proyecto constructivo de Fertiberia para la clausura de las balsas de fosfoyesos situadas en el término municipal de Huelva, así como su estudio de impacto ambiental, se ha hecho evidente la división existente en las distintas administraciones sobre este asunto medioambiental de primer orden, destinado a terminar con el paisaje de residuos radioactivos a escasos 500 metros de algunas viviendas de la capital onubense.

La base de todo es que no hay unanimidad en torno a la idea de la empresa de enterrar las balsas sin transportarlas, además de que Junta y Gobierno central se echan en cara que no han compartido información mutua antes de publicar el asunto en el BOE. El Ayuntamiento ya ha anunciado que lo va a recurrir, sin concretarse todavía cómo va a afectar este asunto a la mesa de expertos constituida en Huelva hace más de un año, teóricamente creada para buscar alternativas al soterrado. Si ha llegado al BOE, esa mesa parece haber dejado de tener valor.

Cronológicamente, el miércoles a primera hora era publicado el plan de Fertiberia en el BOE, por parte de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar. Se da un plazo de 30 días para presentar las alegaciones que estimen pertinentes, y todo ello después de que el 22 de diciembre de 2016, Fertiberia enviara un escrito a dicha Dirección General por el que solicitaba que se iniciara el procedimiento de evaluación de impacto ambiental para el proyecto.

Dicho proyecto divide el proceso de restauración en cuatro fases que se extienden a lo largo de diez años y que podrían empezar a correr en 18 o 24 meses, y la opción elegida es la de confinamiento de los residuos. Esto es que se trabajará para tapar los residuos químicos, pero seguirán en el mismo lugar donde se encuentran.

Este proyecto ha sido presentado por Fertiberia a raíz de una sentencia de la Audiencia Nacional que considera caduca la licencia para el depósito de fosfoyesos en la marisma onubense y ordena su fin y la restauración de la zona, y ya hay estamentos que se han pronunciado radicalmente en contra, como el Ayuntamiento de Huelva, formaciones políticas como Mesa de la Ría o IU y asociaciones conservacionistas como WWF, que preparan sus alegaciones que “irán encaminadas y serán compatibles con el objetivo principal que tenemos en Huelva, en la Mesa de Partición y con los trabajos del comité de expertos”, explica el alcalde, Gabriel Cruz.

El edil, cree que la empresa “hace lo necesario para cumplir con la sentencia de la Audiencia Nacional, pero nosotros tenemos un objetivo más ambicioso, la recuperación para Huelva de las 1.200 hectáreas que ocupan las balsas”. La empresa, por cierto, solo se compromete a trabajar sobre 720 de esas hectáreas.

La Coordinadora del Área Andaluza de Medio Ambiente de Izquierda Unida, Pepa Beiras, asegura que su partido adoptará más medidas para evitar que Fertiberia “se salga con la suya, llevando a cabo un proyecto de mínimos que no va a servir para restaurar las marismas al completo a su estado original, como toda Huelva quiere”.
Alegaciones que también presentará el colectivo Mesa de la Ría, que trabajará con firmas de ciudadanos, en una campaña iniciada a través de change.org.

Disputa de Junta y Gobierno

La pelea política en este caso no es nueva, y se ha evidenciado en las últimas horas en las voces, entre otros, del consejero andaluz de Medio Ambiente, José Fiscal, que critica que el Gobierno no haya consultado a la Junta antes de someter a información pública el proyecto de Fertiberia, sosteniendo que “no entendemos cómo el Gobierno no ha hecho lo que, preceptivamente, tenía que hacer. No queremos pensar que la ministra, que por cierto fue alto cargo de Fertiberia, tenga nada que esconder”.

Ha recalcado que la ley establece un procedimiento de coordinación “claro”, según el cual “la información pública de la vía estatal y la autorización ambiental integrada, que es lo que corresponde emitir a la Junta, se tiene que hacer de manera conjunta”.
Sin embargo, la subdelegada del Gobierno en Huelva, Asunción Grávalos, defiende que la Junta “sabe perfectamente” que el proyecto de Fertiberia se tenía que sacar a información pública, pues así lo recogía el auto de la Audiencia Nacional de 21 de octubre de 2016, y “se actúa en respuesta a una decisión judicial”.

Explica que el trámite de información pública obedece a lo recogido expresamente en ese auto, que establecía que la Administración General del Estado había de proceder a la tramitación de la evaluación ambiental del proyecto y la Junta a la tramitación de la autorización ambiental integrada.

La subdelegada, por último, dice que la Junta de Andalucía será consultada porque, junto con la información pública, también se abrió la información oficial, y ya se ha enviado una carta a distintos órganos del Gobierno andaluz.

Fuente: eldiario.es/andalucia/enclave_rural/

EQUO pide explicaciones al Gobierno de Rajoy por los 6,3 millones a Gas Natural en Doñana

Juantxo López de Uralde, diputado de EQUO en el Congreso, ha presentado una batería de preguntas al Gobierno por las ayudas que recibirá Gas Natural. La compañía va a recibir durante 2017 la cantidad de 6.342.854,96 euros de los presupuestos del Estado en concepto de retribución por costes y mantenimiento del depósito subterráneo de Doñana

equo-social-ecologista-frente-ultraderecha_ediima20161204_0140_19

Doñana afronta el inicio de 2017 con el gas entre las amenazas a las que hacer frente, una realidad contra la que se ha alzado la ciudadanía con más de 140.000 firmas en una iniciativa promovida por EQUO a través de “change.org”, y que  se ha manifestado de forma masiva el pasado 26 de noviembre contra el proyecto de Gas Natural Fenosa que pretende convertir a coste cero el subsuelo de Doñana en un almacén de gas.

EQUO informa en un comunicado que, junto a la Plataforma “Salvemos Doñana” (que agrupa a diversos colectivos y organizaciones  conservacionistas además de contar con el apoyo de más grupos políticos) también apoyó el pasado mes de noviembre una manifestación en Doñana en la que participaron más de 3000 personas del entorno, logrando la adhesión de la mayoría de los municipios de la Comarca de Doñana contra esta barbarie.

Desde EQUO, continuamos con las acciones que vamos sumando a las de la Plataforma y las de todas las organizaciones; así, nuestro Coportavoz federal y diputado, Juan López de Uralde, ha registrado esta mañana unas preguntas dirigida al Gobierno, que pretende aclarar “cuál es el motivo que sirve para  justificar la subvención concedida a una empresa que, haciendo uso del patrimonio común de todos, se va a beneficiar de un negocio que lo pone en serio peligro.  Dándose la inaceptable situación de que, además de obtener beneficios privados de un bien público, se le va a hacer una donación, no se sabe muy bien en base a qué necesidad o perjuicio.”

Sobre el papel lo que se declara es que  Gas Natural Fenosa va a recibir durante 2017 la cantidad de 6.342.854,96 € de los presupuestos del Estado en concepto de “retribución por costes de operación y mantenimiento del depósito subterráneo en Doñana”.

Para EQUO contribuir con fondos públicos al mantenimiento de instalaciones que siendo para beneficio privado, ponen además en riesgo un territorio, unas actividades y unos recursos que son patrimonio común de todas, es indefendible.

Juantxo López de Uralde plantea una serie de preguntas en las que pone de manifiesto que “para el gobierno del PP todo está dicho en relación a este proyecto y no se plantea paralizarlo, aún cuando puede ocurrir que su impacto ambiental impida su ejecución, porque en tal caso qué sentido tendría la subvención concedida. Quizás viene a compensar los favores concedidos por Gas Natural al PP en concepto de suculentos cargos en Consejos de Administración o ayudarles a pagar las tasas municipales a las que el Tribunal Supremo los ha obligado en concepto de uso de suelo público para sus redes de transporte y distribución de gas.”

Por ello, desde EQUO Andalucía, su Coportavoz Isabel Brito, manifiesta el rechazo a la concesión de dinero público a un proyecto que “socava el interés general y sobre el que planea una gran falta de transparencia y un rechazo frontal de la ciudadanía”. “Mejorar la cuenta de resultados de Gas Natural Fenosa aún cuando a coste cero hipoteca el subsuelo de un territorio Patrimonio de la Humanidad es cuanto menos sospechoso y por esto es necesario que este gobierno dé explicaciones”, ha concluido Brito.

Juan López de Uralde y la diputada andaluza Carmen Molina fueron testigos del inicio de las obras en el perímetro del parque en septiembre de 2016. “Se dio prisa la empresa previendo la oposición que suscitaría su proyecto de ampliación inyección y extracción de gas. Actividades peligrosas y que no se han de permitir, teniendo en cuenta que desde el punto de vista energético se debería estar transitando hacia otro modelo basado en las energías limpias y generador de empleos verdes no deslocalizables”.

Según EQUO, estos proyectos de Gas Natural Fenosa y estás ayudas del Gobierno, son “demasiadas amenazas, muchos intereses, y ninguna consideración por un patrimonio común que necesitarán para el futuro las próximas generaciones y sobre el que tendrán que dar muchas explicaciones a la UNESCO en este año que empieza para justificar que no está en peligro Doñana.”

MÁS INFORMACIÓNEl Gobierno pagará más de seis millones de euros a Gas Natural para el proyecto del almacén de gas de Doñana,  Ecologistas, Podemos y Equo piden la paralización de los trabajos de Gas Natural en el entorno de Doñana

ETIQUETAS: Doñana, EQUO,Gas Natural, almacén de gas

La oposición exige a Susana Díaz que aclare cuánto cuesta a Andalucía su campaña para las primarias del PSOE

Teresa Rodríguez le pregunta sobre el tiempo que cargos de la Junta de Andalucía invierten en actos de partido “en jornada laboral”. El líder del PP-A, Juan Manuel Moreno, le reprocha el dinero público gastado en “lavar su imagen” con el impuesto de sucesiones. IU le reprocha su reacción “mansa” con las inversiones en Cataluña como consecuencia de su doble condición de precandidata y presidenta.

parlamento-chaves-grinan-responsabilidad-formacion_ediima20170329_0933_19

Susana Díaz sabía que en su primera sesión de control desde que el pasado domingo presentó su precandidatura a las primarias del PSOE se enfrentaría a una oposición armada con artillería en torno a ello, y le ha caído tanto desde el PP-A como desde Podemos, cuyos líderes en Andalucía le han exigido datos sobre lo que gasta en su campaña y que creen que resta a la comunidad autónoma.

La coordinadora general de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, le ha exigido que publique las cuentas de su campaña para las primarias del PSOE y aclare qué recursos -humanos y materiales- de la comunidad autónoma dedica a esto. “Publíquelo, publíquelo”, la ha conminado Teresa Rodríguez en el pleno del Parlamento de Andalucía.

Teresa Rodríguez ha puesto ejemplos concretos de mensajes de texto del vicepresidente Manuel Jiménez Barrios invitando a un acto de partido de Susana Díaz o de consejeros y asesores en otro de una campaña a su favor de Juventudes Socialistas de Andalucía (JSA) “en jornada laboral”. Para matizar: “Este melón no le he abierto yo, sino usted”, en recuerdo a cuando Susana Díaz reprochó a su alto cargo y hombre de Pedro Sánchez en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, que ofreciera una entrevista sobre las primarias en hora de trabajo. 

“Quiero saber que los andaluces no están pagando su campaña con recursos de la Junta de Andalucía”, ha enfatizado, comentando que no entrarían dudas “si los datos fueran públicos. “¿Quién va a defender los intereses de Andalucía cuando usted necesita los votos del PSC?”, ha proseguido en referencia a las contradicciones que creen que puede encontrar Susana Díaz en su doble condición.

“Mientras usted visita agrupaciones por todo el país es difícil que esté en los municipios con más riesgo de exclusión de España, que están en Andalucía”, la anticapitalista, a la que no se le “ocurre mayor responsabilidad” que la que ya tiene Susana Díaz en la comunidad autónoma. “Quizá después de tantos años en el poder ya no le parezca tan especial presidir la Junta de Andalucía”, ha apostillado la líder de Podemos, quien le ha preguntado por qué no ha arbitrado medidas para su relevo en “su legítimo derecho de querer dirigir el PSOE”.

La presidenta le ha reprochado que trajera a la cámara un tema de partido, lo que ha atribuido a que Teresa Rodríguez “se pagó su campaña” a las elecciones autonómicas con dinero público. “Voy a seguir trabajando y mucho. Compare su agenda y la mía y verá por qué yo puedo estar al frente de dos responsabilidad y usted ni siquiera de una”, ha recalcado la también secretaria general del PSOE-A. Tras calificar de “impropia” la intervención de su opositora, le ha reiterado que “con el PSOE, Podemos no va a hacer lo mismo” que con IU.

El frente recurrente de los populares

“¿Cuánto dinero público se ha gastado en una campaña para lavar su imagen en la defensa de su posición con el impuesto de sucesiones?”, ha entrado por su parte el presidente del PP-A, Juan Manuel Moreno, quien le ha reprochado que“antes tenía la cabeza fuera de Andalucía y ahora el cuerpo entero”. 

Susana Díaz le ha aclarado que es una campaña institucional, y se ha remitido a la respuesta que previamente había dado la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, quien ha dicho que el coste de la publicidad en los medios de comunicación se conocerá en el Portal de Transparencia “en el momento oportuno”, mientras que el simulador en la web de la Junta de Andalucía para estimar cuánto se paga por herencias “no tiene ninguno”.

Todo ello en el día en que miembros de la plataforma #StopImpuestoDeSucesiones se concentraban en el Parlamento de Andalucía para entregar, según ellos, casi 55.000 firmas contra este tributo gestionado por la comunidad autónoma y donde la derecha ha encontrado un filón contra la presidenta.

De igual modo, Susana Díaz ha vuelto a ironizar, como había hecho con Teresa Rodríguez, con que “los líderes de la oposición tienen agendas más cortas”, y pese a ello, “trabajan menos” que ella. “Usted está como líder de la oposición a media jornada”, se ha reído de Juan Manuel Moreno. “Si aspira a ser líder nacional, empiece a comportarse como una mujer de estado. Le falta altura política y educación, y la capacidad de entender que un adversario no es un enemigo”, ha contestado visiblemente molesto el líder del PP-A.

antonio-maillo_ediima20170330_0776_20

Primeros síntomas de “incompatibilidad”

Mientras, el líder de IU, Antonio Maíllo, le ha echado en cara también las contradicciones en las que puede caer en la defensa de Andalucía y sus intereses para aspirar a ser líder del PSOE. En concreto, le ha reprochado reprochado su reacción “mansa” frente al anuncio del Gobierno de la Nación de inversiones a Cataluña para el Corredor Mediterráneo, mientras fueron “durísimas” cuando se habló del tramo para la Comunidad Valenciana. Todo ello mientras el ejecutivo “olvida” otras infraestructuras para Andalucía, como la demandada conexión ferroviaria para el Puerto de Algeciras (Cádiz).

Esto es “fruto de la incompatibilidad” que IU ve entre las dos funciones: “¿Qué va a prevalecer cuando llegue el momento? […] En vez de dar una vuelta por todas las agrupaciones del PSOE, quizá le haga falta dar una vuelta por Andalucía”. Palabras a las que Susana Díaz ha respondido con su habitual referencia a que IU se mueve por el “rencor” de la ruptura del pacto de gobierno en la pasada legislatura.

Fuente: eldiario.es/andalucia/oposicion-Susana-Diaz-Andalucia-PSOE

Una antigua mina reconvertida en lago

Gas Natural Fenosa ha invertido 60 millones de euros en impulsar la rehabilitación ambiental de la antigua mina de Meirama, en A Coruña. El proyecto, consistente en la creación de un lago artificial de 2,2 kilómetros de longitud por un kilómetro de ancho, se ha convertido en una de las principales reservas hídricas y de biodiversidad de Galicia. 

lago-meirama-foto-natural-fenosa_ediima20170317_0855_21

Antigua mina de Meirama en A Coruña, hoy reconvertida en lago gracias al proyecto medioambiental realizado por Gas Natural Fenosa.

Un lago de 2,2 kilómetros de longitud por un kilómetro de ancho esconde uno de los secretos ambientales de Galicia. El hueco de la antigua mina de Meirama, en el municipio de Cerceda (A Coruña) que cesó su actividad en 2008, ha sido llenado con 150 hectómetros cúbicos de agua de gran calidad.

De esta mina se extraía un tipo de carbón, llamado lignito, para alimentar a la central térmica de Meirama, ubicada en un área anexa a la mina, y a su vez producir electricidad para toda la comarca de A Coruña y las industrias de alrededor. A lo largo de 28 años, José Prego, antiguo trabajador de la mina, vio cómo se terminaba la explotación y cómo evolucionaba el plan de restauración y de llenado hasta lo que es ahora, una reserva de agua para la comarca.

Gas Natural Fenosa ha destinado 60 millones de euros en impulsar la rehabilitación ambiental de este enclave de más de 1.000 hectáreas que se ha convertido en una de las principales reservas hídricas y de biodiversidad de Galicia. La buena calidad de las aguas del lago de Meirama demuestra el éxito de la restauración del espacio afectado por la actividad minera.

“El lago se ha llenado básicamente con el agua procedente de riachuelos que se encuentran en la cabecera de la cuenca, por eso, aunque el llenado ha sido lento, la calidad del agua es la misma que la de los ríos. Es de una calidad buena”, asegura Jordi Delgado, profesor de la Universidade da Coruña (UDC) que ha dirigido al grupo de investigadores que han realizado el estudio y control de la calidad del agua del Lago Meirama.

Enclave estratégico

La buena calidad de las aguas del Lago de Meirama y su enclave estratégico hizo que en septiembre de 2013 Augas de Galicia autorizara el aprovechamiento del espacio como reservorio de agua para la ciudad de A Coruña y su área de influencia. “Es un uso singular, único en el mundo y muy importante en la zona dado que la ciudad solo cuenta con un pequeño embalse, que no puede crecer, y que produce carencia de agua cuando hay situaciones de escasez de lluvia. Por lo tanto, tener esta reserva  tan cerca de la ciudad es una garantía de suministro y de calidad para el futuro”, afirma Delgado.

especie-lago-meirama_ediima20170317_0858_20

Una de las 800 especies que viven en el lago de Meirama. Foto cedida por Universidad de Santiago.

Se trata del primer caso del mundo de un lago de estas características que será usado para abastecer a grandes poblaciones sin mediar un tratamiento intensivo para uso de las aguas. Este hecho significativo ha sido posible gracias al estudio puntero – realizado por Gas Natural Fenosa junto con el grupo de investigadores – sobre la evolución físico-química del lago y a un estricto control de la calidad de las aguas – se han registrado de más de 300.000 datos -.

De escombrera a pulmón verde

Esta rehabilitación ha supuesto un impulso para la biodiversidad de la zona, en la que Gas Natural Fenosa ha plantado más de 450.000 árboles y donde casi 840 especies vegetales y animales han sido identificadas, algunas de ellas endémicas. Esta actuación ambiental ha recuperado el espacio afectado por la actividad minera convirtiéndolo en un hábitat tranquilo y protegido, lo que supondrá un impulso al desarrollo cultural y turístico de la zona.

“Los bosques de este espacio antes eran antiguas escombreras. El estéril que se sacaba de la mina, se vertía, se acondicionaba, se perfilaba, se echaba tierra vegetal y ahora se encuentra en la situación actual. Si te dicen que el espacio era antes una mina, posiblemente no lo creas”, cuenta Roberto González Philippon, subdirector de Operaciones de Recursos Naturales de Gas Natural Fenosa.

Fuente: eldiario.es/edcreativo/blogs/

El PSOE lanza su congreso con enfrentamiento entre ‘oficialistas’ y ‘sanchistas’

Los afines a Pedro Sánchez en el Comité Federal se quejan de que no les hayan entregado con anterioridad los documentos que se han aprobado. Solo seis miembros del Comité Federal respalda la propuesta del sector de Pedro Sánchez para que el censo se oficialice antes de que comience la recogida de avales. El PSOE inicia su proceso con dos fechas clave: 21 de mayo las primarias y 17-18 de junio celebración del congreso. 

psoe-ratifica-acuerdo-psc-voto_ediima20170401_0114_19

El PSOE ha dado el pistoletazo de salida oficial al proceso del 39º Congreso Federal Ordinario en el que se elegirá al nuevo líder y se establecerán las bases políticas para el partido en los siguientes cuatro años. Los afines a Pedro Sánchez han evitado votar   la propuesta de ponencia de la gestora y se han quejado porque la han entregado en ese momento sin que haya dado tiempo a leerla. 

Nadie ha votado en contra de la propuesta que ha formulado la gestora -ni para el calendario ni para las bases que se someterán a la enmienda de la militancia-. Sin embargo, los afines al exsecretario general han asegurado a su salida de Ferraz que se han abstenido como muestra de queja por que los documentos se los han entregado mientras se celebraba el Comité Federal en el que se tenían que aprobar. La reunión se ha zanjado en poco más de dos horas. 

“Mientras yo estaba hablando aún se estaba entregando a los miembros del Comité Federal -explica un ‘sanchista’-. ¿Cómo voy a votar algo que ni siquiera he leído?”, explica sobre los documentos programáticos que han coordinado Eduardo Madina y José Carlos Díez. También entre los afines a Patxi López ha habido quejas sobre el retraso en la entrega de los documentos: “Después de seis meses se tendría que haber organizado de otra manera para haberla tenido y en su caso enmendarla”, dice un destacado dirigente vasco.

En el sector oficial del PSOE reprochan la actitud a los ‘sanchistas’. “Siempre se ha hecho así. Los documentos marco siempre se han entregado en el Comité Federal”, explica un dirigente socialista. “Solo hay lío en la cabeza de seis -argumenta otro sobre los afines a Sánchez en el Comité Federal-. Embarran el campo para que no haya partido”. 

En el caso del calendario, el secretario general del PSOE en Valladolid, Javier Izquierdo, ha hecho una propuesta alternativa para reducir el proceso de reclamaciones del censo de manera que coincida con el comienzo de la recogida de avales, aunque los candidatos no tienen acceso al listado, según ha explicado Mario Jiménez. Esa propuesta alternativa a la de la gestora ha tenido seis votos a favor. La formulada por la gestora se ha aprobado por mayoría -unos 200 miembros del Comité Federal han votado a favor-.

¿Cuántos avales?

La queja de los críticos es que no se conozca el “cuerpo electoral” antes de que comience el proceso de recogida de avales. Susana Díaz, Pedro Sánchez y Patxi López necesitan un 5% de firmas de los militantes para ser oficialmente candidatos a la secretaría general. Esos apoyos se empiezan a recabar el 20 de abril y el plazo concluye el 4 de mayo. Sin embargo, hasta el 28 de abril Ferraz no cerrará definitivamente el censo. 

“Los precandidatos no disponen del censo para recoger los avales. Los precandidatos saben que el censo se usa para la verificación, no para recogida. Para la verificación hará muchos días que se habrá cerrado”, ha expresado el responsable de organización de la gestora, que ha recordado que esa propuesta se acordó este viernes con todos los secretarios de organización regionales. “No creo que ningún precandidato quiera decirle a la militancia que se pueda recortar los plazos de reclamación”, ha advertido Jiménez. 

De la cifra definitiva de militantes depende el número de firmas que necesiten los precandidatos para convertirse en aspirantes oficiales. “No sabemos cuánto es el 5%”, se queja un destacado ‘sanchista’. A día de hoy, la gestora maneja que el censo es de 177.902 afiliados (incluidos los 14.322 del PSC). A ese número se deberán añadir los militantes de Juventudes Socialistas que no tienen carnet del partido. Los militantes catalanes se han visto menguados en cerca de 3.500 por la “depuración” que ha hecho el PSC de quienes no estuvieran al corriente de pago.

Puede haber más de un debate

Susana Díaz ha dejado clara ante los periodistas su intención de arrasar en la recogida de avales para hacer una demostración de fuerzas. “Para mí es muy importante que uno diga ‘yo avalo a Susana’, le doy un valor enorme”, ha reconocido.

Otra de las novedades que se han incluido en las bases del congreso -que son prácticamente idénticas a las de 2014- ha sido, a propuesta de la candidatura de Patxi  López, que pueda haber más de un debate entre candidatos. Rodolfo Ares ha defendido que se modificara el  apartado sobre los debates para que figurara que al menos habrá uno organizado por el partido y si las candidaturas se ponen de acuerdo haya más.

La propuesta ha sido asumida por la gestora. Independientemente de los debates que organice el partido, el exlehendakari está abierto a aceptar las propuestas que lleguen de otros foros, como los medios de comunicación. En la candidatura de Díaz recuerdan que este es un proceso interno, una elección “entre compañeros” y no se muestran muy partidarios de sacar la discusión fuera del partido. 

MÁS INFORMACIÓNEstas son las fechas de la batalla del PSOE,  Susana Díaz y Pedro Sánchez arrancan la batalla con dos modelos irreconciliables para un solo PSOE

ETIQUETAS: PSOE, Pedro Sánchez, Susana Díaz

Fuenteeldiario.es/politica/PSOE-aprueba-bases-congreso-sanchistas

Comer a las 13:00 y cerrar el comercio a las 19:30: algunas ideas que baraja Catalunya para conciliar mejor

El Govern se compromete a presentar antes del verano un pacto nacional para la reforma horaria. Compactar la jornada laboral para salir antes del trabajo, avanzar las extraescolares de los niños o cerrar comercios a las 19:30, claves de la reforma. 

funcionarios-trabajando-europa-press_ediima20150705_0377_4

La racionalización de los horarios para equilibrar los tiempos de trabajo y los personales  es un debate recurrente en España. Un grupo de expertos catalanes se ha propuesto convencer a administraciones, agentes sociales y sociedad civil de las bondades de una reforma horaria integral. Tras tres años de trabajo, este viernes han presentado sus propuestas a la Generalitat para que, de una vez por todas, Catalunya dé un paso firme hacia la europeización de los horarios. El Govern ha cogido el guante de los expertos y se ha comprometido a presentar antes del verano un pacto nacional para la reforma horaria.

El conjunto de medidas impulsada por el Consell Assessor para la Reforma Horaria tiene tres motores: el tejido productivo privado –empresas, oficinas, comercios, autónomos–, la educación –escuelas, institutos, universidades, FP y extraescolares– y los servicios públicos. Tampoco se olvidan las propuestas para el sector cultural, del ocio y el audiovisual (como, por ejemplo, que los programas de máxima audiencia televisiva terminen antes de medianoche).

En el ámbito laboral, la prioridad es salir antes del trabajo y pasar menos tiempo en la oficina. Las vías para hacerlo, a juicio del Consell Assessor, son compactar la jornada laboral y flexibilizarla cuando sea posible, así como hacer más breve la pausa para la comida: que no dure más de media hora y que empiece sobre las 13 horas. “La rigidez y el presencialismo laboral que ahora son una regla tendrían que ser una excepción”, valora la profesora de IESE y miembro del Consell, Núria Chinchilla.

De la oficina a la escuela

Chinchilla explica que los cambios se pueden implementar mediante acuerdos entre trabajadores y dirección en cada empresa, pero también a nivel de convenios colectivos sectoriales. Y que la Administración podría ayudar a fomentar una reforma de los horarios laborales, por ejemplo, otorgando más puntos en los concursos públicos a empresas a las que se reconozcan buenas prácticas en materia horaria.

Los cambios de hábitos no se limitan a la oficina, sino que también afectan a los centros de enseñanza y a las actividades extraescolares. En este sentido, entre las medidas que se han entregado a la Generalitat destaca avanzar la hora de comer en las escuelas e institutos a la 13:00 y una prueba piloto en los centros para organizar clases de 45 minutos y redistribuir así las pausas entre clases. El Consell también propone terminar antes las clases y avanzar los horarios de los extraescolares para respetar así el tiempo de convivencia familiar de tarde y noche.

“La reforma tiene que ser sincronizada. No tiene sentido abordar el cambio horario en las escuelas si no se hace antes en los centros de trabajo”, explica la socióloga  Elena Sintes, que forma parte del Consell Assessor. Y es que, si los padres siguen en el trabajo a las 19:00, poco ayuda a la conciliación familiar que los niños terminen sus extraescolares a las 18:00. “No podemos rehacer los horarios escolares y extraescolares para dejar a los niños con la tele hasta que lleguen los padres”, añade la maestra Assumpta Baig.

Los expertos también proponen que sean los propios centros los que impulsen actividades lúdicas una vez terminado el horario lectivo. ¿Y las familias con problemas para pagar extraescolares? En este punto aparece otra vez la necesidad de actuación del sector público, por ejemplo con ayudas para financiar las comidas o las actividades extraescolares y garantizar la igualdad entre alumnos de centros públicos, concertados y privados.

Persiana bajada a las 19.30

Si hay un ámbito de la reforma horaria que se avecina complicado es el del comercio, un sector clave en Catalunya (aporta el 13% del PIB y emplea a unas 440.000 personas) y sujeto al conflicto entre pequeño comercio y grandes superficies y a continuos vaivenes legislativos: la Generalitat y el Ejecutivo central mantienen un choque abierto a cuenta de la liberalización horaria impulsada por el Gobierno de Rajoy. El Constitucional, además, anuló en diciembre varias limitaciones de horarios comerciales aprobadas por el Parlament, como la que obligaba a cerrar el día de Navidad.

Con todo, el Consell propone que los comercios cierren a las 19.30 horas y que se compacte la jornada para promover la compra durante el mediodía. “Hay que fomentar una franja horaria de compra responsable y sensibilizar a los consumidores: detrás del mostrador hay gente que tiene derecho a volver a casa temprano”, asevera el experto en trabajo Fabián Mohedano.

Desde el Consell instan a la Generalitat, además, a tener una actitud activa en la reforma horaria. En otras palabras, ir más allá de una campaña de publicidad y sensibilización institucional y fijar un calendario y un “momento cero” para implantar los cambios, con partidas presupuestarias e incentivos y ayudas fiscales.

“Una reforma horaria busca fomentar la igualdad, y esto quiere decir tocar elementos de la estructura de reparto de poder”, valora el sociólogo y miembro del Consell Assessor, Salvador Cardús, que prioriza que los cambios se adopten por consenso de los distintos actores sin olvidar la “capacidad coercitiva” de los poderes públicos. La pelota está ahora en el tejado de los políticos.

MÁS INFORMACIÓNEl cambio de huso horario es necesario pero no suficiente para reformar la jornada laboral,  El Parlament crea una ponencia para avanzar hacia una ley de reforma horaria que permita la conciliación

ETIQUETAS: reforma horaria,horarios laborales, escuela

Un activista català de Marea Pensionista du al Constitucional la revaloració de les pensions

El cas, defensat pel Col·lectiu Ronda, es basa en la doctrina internacional i podria arribar fins al Tribunal Europeu dels Drets Humans.

domiciano-sandoval-veins-enric-catala_ediima20150717_0592_5

Domiciano Sandoval, activista de la Marea Pensionista foto: ENRIC CATALÀ

Un activista català de la Marea Pensionista, Domiciano Sandoval, ha interposat recurs d’empara davant el Tribunal Constitucional (TC) després que el Jutjat Social 33 de Barcelona i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dictessin sengles sentències desestimant la seva pretensió deconsiderar il·legal la decisió del govern espanyol de no revalorar les pensions d’acord amb l’IPC,segons explica el col·lectiu Ronda, que duu la defensa legal en aquest cas.

El 30 de novembre de 2012, entrava en vigor el Reial Decret Llei de 28/2012, anomenat de mesures de consolidació i garantia del sistema de la Seguretat Social, que, per primera vegada, imposava la decisió de revalorar les pensions de jubilació amb percentatges inferiors al de l’IPC. Amb posterioritat, l’any 2013, es va tornar a actuar de la mateixa forma i va entrar en vigor la Llei 23/13 Reguladora del Factor de Sostenibilitat i de l’Índex de Revaloració de les Pensions que, definitivament, ha transformat en normativa la desindexació de les pensions respecte de l’IPC, desactivant l’obligació del sistema públic de pensions de garantir el poder adquisitiu dels més de 9 milions de pensionistes de l’Estat espanyol.

El recurs de Sandoval sol·licita al Tribunal Constitucional que anul·li el contingut del RDLlei 28/2012 atenent al fet que la decisió de no revalorar les pensions segons l’IPC atempta contra el Codi Europeu de Seguretat Social (art 65), el Conveni 102 de l’Organització Internacional del Treball (OIT) i la Carta Social Europea (art.12) que estableixen de manera clara l’obligació dels Estats de preservar el poder adquisitiu dels pensionistes enfront d’encariments del nivell de vida. Més significativament, la Carta Social Europea determina l’exigència als Estats membres de la Unió Europea de tendir progressivament a elevar el nivell de protecció de la Seguretat Social. Principi que resulta evidentment incompatible amb la determinació de desindexar la revaloració de les pensions de l’IPC, designat per la mateixa norma, com a variable més precisa a l’hora de mesurar les variacions en el cost de la vida.

Doctrina internacional

El recurs elevat davant del Constitucional també recull la doctrina del Comitè Europeu de Drets Socials en la seva decisió de desembre del 2012 respecte de la reclamació interposada pels pensionistes grecs contra les retallades al sistema públic de pensions imposades pel govern hel·lè seguint ordres de la Troika. En aquella ocasió, l’organisme europeu va condemnar l’actuació del govern grec argumentant que «les pensions bàsiques i les complementàries no poden reduir-se de manera dràstica, doncs això no només és contrari a l’obligació dels Estats d’establir progressivament un règim de seguretat social d’un nivell més elevat sinó que s’aparta en molts casos de situacions vulnerables (les pensions més baixes) de l’obligació de protecció social de les persones grans […] les reduccions de les pensions en si mateixes fan descansarexclusivament sobre els pensionistes, en la seva qualitat de contribuents, les conseqüències de la crisi econòmica de manera injustificada i contrària a la Carta Social Europea“.

Resolucions anteriors del TC

El Col·lectiu Ronda recorda que la negativa del govern espanyol a revalorar les pensions segons l’IPC l’any 2012 ha estat una qüestió que ja amb anterioritat havia arribat a la taula del Tribunal Constitucional, si bé en termes molt diferents. Concretament, el TC ha resolt en dues ocasions anteriors en relació a aquesta matèria, en primer lloc en resposta a un recurs d’inconstitucionalitat i, posteriorment, pronunciant-se arran d’una qüestió d’inconstitucionalitat plantejada pel Tribunal Superior de Justícia del País Basc. En ambdós casos, però, el TC només es va pronunciar respecte al fet de si el RDLlei 28/2012 es podia aplicar de forma retroactiva, és a dir, afectant la totalitat de l’exercici malgrat haver estat aprovat al novembre d’aquell any. De forma no poc controvertida, el TC va considerar que la revaloració de la pensió no és un dret sinó, merament, una «expectativa de dret» i que per tant cabia una revisió retroactiva d’aquesta expectativa. No valorava, doncs, diu Ronda, l’adequació de la norma a la legislació internacional d’obligat compliment, tal com planteja ara el recurs elevat pel militant pensionista representat per Col·lectiu Ronda.

En cas de resposta negativa per part del Tribunal Constitucional, Domiciano Sandoval i Col·lectiu Ronda elevaran la qüestió fins al Tribunal Europeu de Drets Humans per tal que sigui la justícia comunitària qui estableixi la vulneració del contingut de la normativa internacional ratificada per Espanya que, pel principi de jerarquia normativa, ha de prevaldre per sobre de qualsevol normativa d’àmbit estatal.

Font: diaritreball.cat/activista-catala-marea-pensionista

A %d blogueros les gusta esto: