L'esquella de la torratxa

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Daily Archives: 6 abril, 2017

RAJOY SE SUBE EL SUELDO POR LO BIEN QUE LO HA HECHO EL COLEGA

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Mariano Rajoy se ha vuelto a subir el sueldo por segunda vez desde que llegó a La Moncloa. El presidente del Gobierno ha elevado su salario un 1%, acorde con la subida para el resto de los funcionarios, según recogen los Presupuestos Generales del Estado, con lo que cobrará 79.756 euros al año, 789 euros más, con doce pagas de 6.646 euros.

La subida del sueldo es extensiva para el resto de ministros, que también se suben sus nóminas 1% por segundo año consecutivo. Soraya Sáenz de Santamaría pasará a cobrar 74.963 euros aparte de su antigüedad. Y el resto de ministros ganarán 70.368 euros más los trienios.

TODO ESTO SIN CONTAR CON LAS PENSIONES VITALICIAS QUE SE VAN A ENDOSAR A COSTA DE TODOS POR “HACERLO TAN BIEN” Y SIN CONTAR CON LOS “SOBRES DE BÁRCENAS Y COMPAÑÍA”

Por su parte, los secretarios de Estado pasan a ganar 68.493 euros, a los que hay que añadir pagas extra y complementos de productividad que decidan sus respectivos ministros, por lo que la cantidad final suele estar por encima del de los ministros. Una situación que se repite con los presidentes de agencias estatales y presidentes y vicepresidentes de entidades públicas, a los que se les marca una subida de sueldo del 1% máximo respecto a 2016.

Otros altos cargos de los que se han publicado sus sueldos son el presidente del Tribunal de Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, que ganará 132.769 euros anuales.

El presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, se embolsará un sueldo de 131.870 euros. El jefe del Consejo de Estado, José Manuel Romay Beccaría, ganará 79.373 euros más antigüedad. Y el presidente del Consejo Económico y Social, Marcos Peña, se llevará 86.712 euros más antigüedad.

Fuente: eldiariohoy.es/

“VÍDEO” Carrero Negro, la tremenda parodia de Buenafuente

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Se habla mucho de los límites del humor. Un debate súper necesario del que nosotros también queremos formar parte y lo hacemos con un invitado que tiene mucho que decir. Hoy Carrero Negro gracias al talento del actor Miquel Ripeu.

Tras la sentencia a Cassandra, la chica tuitera condenada a un año de prisión por mofarse del asesinato de Luis Carrero Blanco, se ha abierto un debate sobre los límites del humor. 
El presentador Andreu Buenafuente también ha querido participar en él en su programa Late Motiv de Movistar+. “Un debate supernecesario en el que han opinado las mentes más claras de este país. Incluso he leído opiniones de Bertín y Arévalo”, dijo en showman.
Acto seguido, entró en plató, saliendo de un coche que había volado por los aires, el actor Miquel Ripeu, que hacía de Carrero no Blanco sino Negro. Y los chistes sobre el político franquista empezaron a caer sin parar.

Gran Wyoming y Dani Mateo demandados por un chiste sobre el Valle de los Caídos

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La Audiencia Provincial de Madrid ha admitido a trámite una querella contra el Gran Wyoming y Dani Mateo presentada por la asociación franquista para la Defensa del Valle de los Caídos, según recoge La Gaceta.

Según esta demanda, los presentadores de El Intermedio podrían haber cometido un delito de ofensa contra los sentimientos religiosos el 10 de mayo de 2016.
En el programa de ese día, los humoriastas realizaron un sketch comentando curiosidades sobre el Valle de los Caídos: “alberga la Cruz cristiana más grande del mundo, con doscientas mil toneladas de peso y ciento cincuenta metros de altura, el triple de lo que mide la torre de Pisa. 
Y eso es porque Franco quería que esa Cruz se viera de lejos, porque, ¿quién va a querer ver esa mierda de cerca?”, bromearon.
La Audiencia Provincial considera que el empleo de expresiones ofensivas al referirse a una cruz supone un ataque contra un grupo de personas.
Además, en los fundamentos del derecho de auto, consideran que los comentarios vertidos podrían considerar un delito de odio tipificado en el art. 510 del Código Penal.

El rey Felipe VI se sube el sueldo 40.000 euros y recibirá 7,82 millones

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El Presupuesto destinado al mantenimiento de la familia real para 2017 subirá un 0,6%. La subida se limita a 40.000 euros para situar la partida en 7,82 millones de euros.

Los 7,82 millones son la parte de asignación directa, o lo que es lo mismo la que corresponde a uso y disfrute personal de la Casa Real. Luego, existen otras partidas desde diferentes Ministerios, algunas de ellas muy elevadas y que según estudios independientes “no oficiales”, sitúan el coste de la monarquía en más de 560 millones de euros.
La Constitución establece que el jefe del Estado dispone anualmente de “una cantidad global para el sostenimiento de su familia y de su Casa, y distribuye libremente la misma”, motivo por el que en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) presentado este martes únicamente figura la cantidad global que recibirá la Casa del Rey.
Con este importe anual, la Casa del Rey cubre las retribuciones, cuotas y prestaciones sociales del personal a cargo de la Casa. También hace frente a los gastos corrientes de funcionamiento como suministros, material de oficina, gastos de representación y de protocolo, entre otros.
En 2016, el Rey Felipe cobró 236.444 euros brutos anuales; la Reina Letizia, 130.092 euros; el Rey Don Juan Carlos, 189.228 euros y la Reina Sofía, 106.452 euros.

El Govern pospone el acuerdo sobre la fecha y pregunta del referéndum a la espera del Pacte Nacional

Puigdemont asegura que su Ejecutivo recorrerá la vía pactada “hasta el final” mientras Junqueras deja asegura que el referéndum se convocará “en un par de meses”. La CUP mantiene la presión sobre el Govern para que anuncie fecha y pregunta, y recuerda que en Escocia el referéndum se anunció con casi un año de antelación.

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Puigdemont evita fijar la fecha y pregunta de un referéndum que desea acordar EFE

A menos de medio año para que acabe el plazo –uno más– autoimpuesto por el Govern para celebrar un referéndum de independencia, el Ejecutivo catalán no tiene intención de anunciar por el momento la fecha concreta en la que pretende celebrarlo ni la pregunta que se formulará.

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha rechazado este miércoles concretar estas cuestiones más allá de que sea “una pregunta clara y binaria”, pese a la petición directa de la CUP, que este martes comenzó una campaña de presión para ello repartiendo papeletas del referéndum en las bocas del metro. Mientras, en los micrófonos de Rac1, el vicepresident Oriol Junqueras lanzaba la pelota hacia adelante asegurando que el referéndum se convocará “en un par de meses”.

El Govern quiere esperar a que el Pacte Nacional por el Referéndum, la entidad que agrupa a entidades políticas, sociales y sindicales en torno a la idea del referéndum pactado, pueda culminar su campaña de recogida de apoyos para persuadir al Gobierno de Rajoy a que se siente a negociar el referéndum. En este sentido, Puigdemont ha asegurado que su Govern quiere recorrer la vía pactada “hasta el final”. Puigdemont y Junqueras lanzan a Rajoy la última propuesta para negociar el referéndum

“Llegará el momento de fijar fecha y pregunta, y debe ser mediante un acuerdo amplio, no solo de la decisión del Gobierno o del capricho del president”, ha asegurado Puigdemont, llamando al pacto entre el conjunto de “los actores implicados en el derecho a decidir”. Por su parte, la diputada de la CUP, Anna Gabriel, ha considerado que, habiendo sido el Parlament quien encargó al Govern comenzar los preparativos del referéndum, es “de sentido común” que sea esta misma cámara la que concrete la fecha y la pregunta. El Pacte Nacional pel Referèndum buscará aliados fuera de Catalunya para acordarlo con el Estado

Tal como ha mostrado en otras ocasiones, los planes del Govern respecto al referéndum no pasan por mutar la vía pactada, iniciada con el Pacte Nacional, por la vía unilateral, sino avanzar en los dos carriles paralelamente. Por ello, Puigdemont no quiere interferir en la tarea del Pacte Nacional, del que ha asegurado que “tiene camino por recorrer”. De hecho, el próximo 23 de abril, día de Sant Jordi, el Pacte ha activado un gran despliegue de recogida de firmas en favor del referéndum pactado, y en las últimas semanas ha abultado su agenda fuera de Catalunya. 

ETIQUETAS: Pacte Nacional pel Referèndum, Carles Puigdemont, Govern,  Referéndum

 

Patrimonio acude a la Audiencia Nacional para impedir que eldiario.es acceda a un informe del Valle de los Caídos

Patrimonio Nacional bloquea el acceso a unos documentos que intentó aportar, sin éxito, al juzgado que ordenó la exhumación de los hermanos Lapeña en el Valle. El Consejo de Transparencia le ha obligado a hacer público el escrito y, para esquivar la orden, va a presentar un contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional. Según alega, la documentación no contiene “ninguna visión u opinión política” sobre el Valle, pero acude a la justicia ordinaria para que no salga a la luz, tras resistirse a darlo durante siete meses. La verdad que esconde el Valle de los Caídos, en dos minutos

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La providencia que rechaza la documentación aportada por Patrimonio sobre el Valle de los Caídos

El 30 de marzo de 2016, un juez sentenció en un fallo histórico que había que sacar los cuerpos de dos republicanos fusilados del Valle de los Caídos, el conjunto monumental franquista donde hay enterradas 33.000 personas, más de 12.000 de ellas sin identificar.

En algún momento entre esa fecha y el mes de septiembre, Patrimonio Nacional –encargado de la gestión del Valle– entregó al mismo jugado, el de Primera instancia número 2 de San Lorenzo del Escorial, una misteriosa “documentación adjunta”, según consta en una providencia firmada por una jueza el 5 de septiembre de 2016. Ahora, para esquivar una resolución administrativa que le obliga a darla a eldiario.es, va a iniciar un pleito en la Audiencia Nacional.

Aunque la magistrada no relata qué contiene esa “documentación adjunta”, sí dicta que la rechaza y que se devuelva a Patrimonio. También ordena que no conste su contenido en los autos, ya que este organismo estatal dependiente del Ministerio de Presidencia “no es parte” en el proceso judicial, que por entonces ya estaba fallado en firme y que lleva un año sin ser ejecutado

eldiario.es se puso entonces en contacto con Patrimonio para conocer el contenido de ese texto sobre la exhumación de los Lapeña, ya que podría revelar la postura del Gobierno sobre la sentencia. Ante la negativa de facilitarlo, este medio hizo una petición al Portal de Transparencia y el 28 de septiembre la consejera gerente de Patrimonio volvió a negar el acceso a esa información, ahora por la vía administrativa.

Patrimonio alegaba un presunto “perjucio para la igualdad de las partes en los procesos judiciales” –pese a que no es parte– y también que esa información es de “carácter auxiliar”, de modo que quedaría fuera de la Ley de Transparencia.

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Franco (i) en una visita al Valle de los Caídos junto al arquitecto, Pedro Muguruza Otaño (d), en 1940 / EFE

Otra de las excusas en sus alegaciones es que esa documentación no contiene “ninguna visión u opinión política de la administración” ante la primera exhumación de la historia en el Valle de los Caídos. Dice que es “tan solo una mera comunicación pidiendo aclaración sobre la ejecución” de la sentencia. Sin embargo, y pese a considerarlo de poco interés informativo, se ha negado en dos ocasiones a proporcionarlo en un proceso de petición de información que ha durado siete meses, desde septiembre de 2016.

eldiario.es recurrió al Consejo de Transparencia, un organismo estatal independiente encargado del acceso a la información, que falló en una resolución del 12 de enero de este año que Patrimonio tenía que entregar este informe en el plazo de 5 días, dando la razón a este medio, cosa que Patrimonio nunca hizo.

Los motivos del Consejo son rotundos y la resolución, dura: no encuentra justificados ninguno de los motivos que se alegan y además afea a Patrimonio que utilice como excusa que hay datos personales en ese documento, ya que se pueden anonimizar.

Ahora, la única salida para no dar esa documentación e incumplir la resolución de Transparencia es llevar el caso ante la justicia ordinaria, concretamente poner un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, la instancia competente en este caso, como le recuerda el Consejo en su propia resolución. 

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La Abadía Benedictina de la Santa Cruz del Valle de los Caídos

Patrimonio confirma a eldiario.es que es el proceso en el que está trabajando: llevar el caso a la justicia e impedir el acceso al documento, aunque se niega a dar su versión de por qué. El Consejo confirma también que ha recibido la comunicación de que el proceso y su resolución se lleva a los tribunales. 

Un contencioso de este tipo, aunque sea entre dos organismos de la administración, tiene coste extra para las arcas públicas. Hay que pagar a un abogado, que podría ser abogado del Estado o particular, un procurador y los costes del recurso, lo que algunos expertos cifran en una factura de unos 2.000 euros sin contar con que se tuvieran que practicar más pruebas en el proceso, lo que aumentaría el coste. 

La postura  pública de Patrimonio ha sido justificar el incumplimiento de la sentencia en que se necesitan informes técnicos, anunciados hace un año pero que aún no están. La vicepresidenta ha justificado este miércoles en el Congreso el retraso precisamente en esta postura, que el abogado de los Lapeña considera una maniobra de retraso, por lo que ha denunciado a Patrimonio ante el Supremo por la no ejecución del fallo, que establece que se desentierre a Manuel y Antonio Ramiro Lapeña, republicanos antifranquistas fusilados en 1936, para darles “digna sepultura” donde la familia decida, ya que sus cuerpos fueron trasladados a Madrid por la dictadura sin permiso de nadie para reposar junto a miles de cadáveres en una cripta sin nombre.

ETIQUETAS: Valle de los Caídos. hermanos Lapeña,Franco, franquismo, Memoria Histórica

Hackean el servidor de HazteOir y amenazan con publicar “todos sus archivos”

El presidente de la organización ultracatólica ha denunciado ante la Policía que le han robado datos del servidor para chantajearle. También han hackeado sus perfiles en redes sociales, donde han amenazado a Ignacio Arsuaga y le dan 24 horas para contactar con ellos. 

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Ignacio Arsuaga, presidente de HazteOir, tras presentar una denuncia contra varios políticos. | Flickr de HazteOir

Un colectivo de hackers, agrupado en torno a @ACABgang, han logrado entrar y bloquear los perfiles de HazteOir, Citizen Go y varias decenas de sus organizaciones afines, como Derecho a Vivir, Familia y Sociedad, VotaValores, HOJóvenes o la Federación Europea One of Us, en las redes sociales. El bus tránsfobo de HazteOir acaba su visita a Nueva York con pintadas y cristales rotos

El ataque informático se suma a varias amenazas telefónicas denunciadas por Ignacio Arsuaga ante la Policía, y se ha traducido en la extracción de buena parte de la información incluida en su servidor web –es el mismo en todas las organizaciones–. El colectivo de hackers ha publicado algunos de estos datos en una web, y ha dado “24 horas” a sus responsables “para contactarnos o publicaremos todos vuestros archivos”.

“¿Qué tal va todo Hazte Oir… tenemos todas vuestras bases de datos, todos vuestros archivos, tenemos todo. ¿Hora de hablar por MD [mensaje directo]?”, se lee en algunos de los tuits enviados al perfil del presidente de HO, Ignacio Arsuaga. Muchos de los perfiles de Twitter de estas organizaciones continúan bloqueados.

Del mismo modo, los hackers aseguran tener acceso a los datos de HazteOir y el resto de asociaciones, incluyendo donaciones o denuncias que HO ha puesto contra alrededor de un centenar de tuiteros.

Desde HazteOir, por su parte, se confirma el ataque informático a sus cuentas. En un comunicado donde se admite la denuncia ante la Policía, Arsuaga afirma que “esta nueva agresión pretende una vez más lapidar nuestra libertad de expresión y amedrentarnos por nuestra actual campaña #ElBusDeLaLibertad”, en referencia al bus que pusieron en marcha con un mensaje tránsfobo

“Los hackers están utilizando la información robada para chantejear y extorsionar al presidente de HazteOir.org en las redes sociales”, prosigue la nota, que añade que “la información publicada en las redes sociales es falsa y ha sido manipulada por estos cibercriminales con el único objetivo de acallar a una asociación por expresarse libremente y a mí como presidente dañarme en mi reputación personal y en mi vida familiar (…). No podemos consentir este tipo de ataques a la democracia en España en el siglo XXI. No puede dársele credibilidad a personas que se definen como cibercriminales”.

ETIQUETAS: HazteOir

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