L'esquella de la torratxa

Inicio » 2017 » abril » 10

Daily Archives: 10 abril, 2017

Uno de los jueces que admitió la denuncia contra El Gran Wyoming y Dani Mateo fue senador del PP

Vicente Magro, magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid que ha admitido la denuncia, fue senador del PP entre 1996 y 1997. ENTREVISTAEl Gran Wyoming: “Está en peligro la libertad de expresión, estamos volviendo a la época preconstitucional”

vicente-servet-pp-audiencia-provincial_ediima20170408_0387_19

Vicente Magro Servet, exsenador del PP y magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid.

La denuncia admitida a trámite contra El Gran Wyoming y Dani Mateo por un chiste sobre el Valle de los Caídos sigue trayendo cola. Uno de los jueces que votó a favor de la admisión de la denuncia es Vicente Magro, magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid y que fue senador independiente del PP por la provincia de Alicante entre 1996 y 1997,  según ha desvelado LaSexta Noche.

Magro fue elegido como independiente para representar al Partido Popular en el Senado en las elecciones generales de 1996, donde llegó a ejercer como primer secretario de la Comisión de Justicia en el Senado. También fue vocal de la Comisión de Interior y Función Pública del mismo.

No obstante abandonó su puesto en la Cámara Alta en 1997 para ejercer como presidente de la Audiencia Provincial de Alicante. Tras varios años al frente de este organismo, Vicente Magro comunicó su decisión de dejar el puesto para trasladarse a la Audiencia Provincial de Madrid, donde el Consejo General del Poder Judicial le concedió la plaza que ocupa desde finales de 2016. 

El Gran Wyoming y Dani Mateo fueron denunciados por la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos tras hacer un chiste sobre el monumento, admitida a trámite en la justicia por un supuesto “delito contra los sentimientos religiosos”.

“El Valle de los Caídos, alberga la cruz cristiana más grande del mundo, con 200.000 toneladas de peso y 150 metros de altura, el triple de lo que mide la torre de Pisa. Y eso es porque Franco quería que esa cruz se viera de lejos, normal, porque quien va a querer ver esa mierda de cerca”. Estas fueron las palabras de Dani Mateo que han desembocado la denuncia de la asociación, primero fue rechazada por el Juzgado de Instrucción Nº4 de Alcorcón. Admiten denuncia de una asociación franquista contra Wyoming y Dani Mateo

ETIQUETAS: El Gran Wyoming, Dani Mateo, Vicente Magro, Partido Popular, PP

 

IU estudia “nuevas acciones” para que la Fundación Francisco Franco entregue todos los documentos secretos

Izquierda Unida analiza si el Gobierno “vulnera la ley de Secretos Oficiales” al no “exigir la entrega de toda la documentación original” al organismo privado. El Ejecutivo reconoce en una respuesta parlamentaria que la fundación dispone de documentos clasificados y ha pedido que se retiren de la consulta pública El diputado de Unidos Podemos Alberto Garzón, que firma la pregunta, denuncia que “no explica nada del destino final” de los documentos. 

memoria-gobierno-fundacion-franco-documentos_ediima20170409_0059_20

El Gobierno reconoce que la Fundación Franco tiene en su archivo documentos secretos y pide que no se muestren.

Izquierda Unida está estudiando si el Gobierno “vulnera la ley de Secretos Oficiales” por no exigir a la Fundación Francisco Franco la entrega de toda la documentación clasificada como secreta que maneja, tal y como reconoce el propio Ejecutivo en una  respuesta parlamentaria al portavoz de la formación en el Congreso, Alberto Garzón.

Garzón alertó al Gobierno a través de una pregunta por esta vía de que la Fundación Franco tiene en su poder documentación de la Secretaría de la Jefatura del Estado y de la Presidencia del Gobierno hasta junio de 1973, cuando se nombró presidente al almirante Luis Carrero Blanco. Esos documentos, recordaba la iniciativa, “deberían estar en la institución correspondiente y no en una entidad privada”.

La fundación aportó documentación digitalizada y la depositó en el Centro Documental de la Memoria Histórica como consecuencia de las ayudas que se le concedieron al organismo a principio de los años 2000. Vista dicha documentación, dice Garzón, “se aprecia que buena parte de los documentos están clasificados, muchos de ellos como secretos”.

El Ejecutivo asegura en la respuesta que “se adoptaron las medidas oportunas encaminadas a retirar de la consulta pública todos aquellos materiales que se consideran afectados por la normativa sobre secretos oficiales” y se solicitó a la fundación que remitiera la oportuna información a los organismos competentes “a los efectos de la protección de la información de los documentos mencionados y contra la eventual divulgación de su contenido”.

IU dice, tras conocer la respuesta, que el Gobierno “no explica nada del destino final de la documentación original” y “estudia si podría estar incurriendo en una clara dejación de sus funciones al no exigir la entrega de toda la documentación original que entra dentro de esa categoría de secreto oficial”.

“El Gobierno muestra desde hace años una pasividad cómplice frente a los flagrantes incumplimientos de una fundación que actúa en contra de la legalidad vigente”, denuncia Esther López Barceló, responsable de la Secretaría de Memoria Democrática de la formación. El Congreso pide al Gobierno que investigue a la Fundación Franco por alentar el incumplimiento de la Ley de Memoria

ETIQUETAS: memoria histórica, documentos clasificados

El juez impone una fianza de 9,5 millones a Narcís Serra y a los directivos de CatalunyaCaixa por los sobresueldos

El magistrado envía a juicio al expresidente y a otros 40 directivos de la entidad.

fiscal-carcel-serra-sobresueldos-catalunyacaixa_ediima20170320_0341_4

Fianza civil de 9,5 millones de euros para Narcís Serra y los 40 directivos acusados de administración desleal en el caso de los sobresueldos de Catalunya Caixa. El titular del juzgado de instrucción 30 de Barcelona, José Julián García de Eulate, ha estipulado esta cantidad en el auto con el que ha enviado a juicio este lunes al exministro socialista y exvicepresidente del Gobierno, que presidió la caja entre 2005 y 2010; a su exdirector general, Adolf Todó: y a otros 39 directivos de la entidad.

En concreto, el juzgado ha impuesto una fianza a pagar entre los 41 acusados de 2,57 millones de euros para el Fondo de Restauración Ordenada Bancaria (FROB) y de 7 millones en favor de Catalunya Caixa –vendida al BVVA en 2014– en previsión de las posibles responsabilidades civiles que se depuren tras el juicio. Además, pide al exdirector general Adolfo Todó una fianza de 808.563 euros. Los acusados tendrán 30 días para presentar sus escritos de defensa y depositar las cantidades reclamadas.

La  Fiscalía solicita cuatro años de prisión para Serra y Todó por dos delitos de administración desleal por el aumento de sueldo a directivos de la entidad. Según el fiscal Fernando Maldonado, los 41 directivos de la entidad acusados dieron su visto bueno al aumento de retribuciones “sabedores de la situación de crisis de la entidad”, que estaba a punto de ser rescatada.

Los acuerdos por los que el consejo de administración de la caja aprobó el aumento de remuneraciones tuvieron lugar el 19 de enero y el 13 de octubre de 2010, cuando la entidad se veía inmersa en un primer rescate público de 1.250 millones de euros y un ERE en el que se despidieron 1.300 empleados.

Con el primer acuerdo se aprobó aumentar el salario fijo y variable anual de Todó del 35 al 50% y del exconsejero delegado, Jaume Massana, del 35 al 45%. Nueve meses después, se aprobó la subida salarial para el año 2011, y el sueldo de Todó pasó de 800.481 a 812.501 euros, y el de Massana de 598.428 a 610.201 euros. El fiscal Fernando Maldonado eleva el perjuicio económico de Todó a 1,45 millones de euros y el de Massana a 1,16 millones.

El caso de los sobresueldos que el juez ha enviado a juicio no es el único en el que está implicado Serra por su gestión de la caja. La Audiencia Nacional investiga las operaciones inmobilarias de la entidad que causaron un agujero patrimonial de 720 millones de euros.

MÁS IFORACIÓM:La Fiscalía pide cuatro años de cárcel para Narcís Serra por los sobresueldos de CatalunyaCaixa,  Perfil Narcís Serra, el vicepresidente de Felipe González enredado en el saqueo de las cajas,

ETIQUETAS: Narcis Serra,Adolf Todó, Caixa Catalunya,Catalunya Caixa, Cajas de ahorro

El paseo triunfal que diseñó Susana Díaz se convierte en carrera de obstáculos

Su presentación por lo alto rodedada de todos los popes del PSOE se vio empañada por la dimisión de la colaboradora que falsificó el currículum. La filtración de los audios de un colaborador suyo contando a Juventudes Socialistas que Sánchez había cerrado un acuerdo con ERC y Podemos ha incendiado el partido.

susana-diaz-presentacion-candidatura-madrid_ediima20170406_0859_4

Susana Díaz, en el acto de presentación de su candidatura en Madrid, el pasado 26 de marzo. EFE.

Todo el PSOE daba por hecho que Susana Díaz competiría por la secretaría general pero ella se hizo esperar. Fue la última en saltar a la carrera y lo hizo de una forma peculiar: jugó con los tiempos y el suspense durante meses hasta que finalmente optó por anunciar el anuncio. Cuando algunos sectores del partido empezaban a impacientarse por la notoriedad que estaba adquiriendo la vuelta de Pedro Sánchez, aireó hace mes y medio la fecha de su irrupción triunfal en la pugna interna: el 26 de marzo se presentaría en un acto multitudinario en Madrid.

El evento no defraudó: miles de socialistas llegados de toda España y la plana mayor del partido sentada en primera fila para aplaudir a la presidenta andaluza, que hizo un discurso emotivo basado en sus ganas de ganar y de recuperar el Gobierno. 

Fue una exhibición de fuerza planificada al milímetro. Felipe y Guerra, Rubalcaba y Zapatero, más que referentes, la historia viva del PSOE en primera fila. Un grupo de enemigos íntimos que llevaban años sin coincidir todos juntos en actos públicos, reunidos para flanquear a la nueva esperanza socialista, la misma dirigente que solo unas horas después de impulsar la caída de Pedro Sánchez en el polémico comité federal del primero de octubre, se comprometió a trabajar para “coser el partido”. Las fotos de todos casaban bien con el mensaje de la candidata: 100% socialista.

El fallo estuvo en la elección de una telonera. La primera joven que subió al estrado para contar los porqués de su militancia socialista y del apoyo a Díaz fue  Estela Goikoetxea. “Hay miles de jóvenes en este país que están desesperados, indignados, porque a toda nuestra generación se nos prometió que si estudiábamos, que si nos formábamos, tendríamos el futuro asegurado y se nos engañó”, dijo desde el estrado.

Al día siguiente, cuando trascendió que la propia Goikoetxea había falsificado su currículum, tuvo que dejar el Observatorio de Salud Pública del Gobierno de Cantabria. La mujer había sido elegida personalmente por Susana Díaz para participar en el acto.

El asunto deslució la resaca del estreno pero no fue a más. Díaz siguió recorriendo las agrupaciones socialistas con un discurso dirigido a recuperar la moral de la tropa y sin avanzar demasiadas medidas concretas, visto que las ponencias política y económica ya fueron encargadas por la gestora a personas de su confianza, como Eduardo Madina o José Carlos Díez. 

Pero esta semana la filtración a El Mundo de un audio de un colaborador suyo, Miguel Ángel Heredia, número dos del grupo parlamentario socialista, en la que contó el pasado 20 de noviembre a un grupo de Juventudes socialistas que sabía por el líder de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo, que Sánchez ya había cerrado un pacto de Gobierno con Podemos y el independentismo, ha montado un nuevo incendio al equipo de Díaz.

En esa grabación, Heredia también pedía disolver el PSC y faltaba al respeto a dirigentes sanchistas como Margarita Robles, por su condición de independiente, y a Zaida Cantera, a quien reprochaba su falta de disciplina pese a su pasado militar.

Un incendio que rebasó las fronteras del partido

En cuanto El Mundo avisó del material que iba a publicar, el secretario general del grupo parlamentario se apresuró a pedir disculpas en público y en privado a los compañeros afectados, y la propia Díaz intentó desvincularse de ese discurso, muy parecido al que otros colaboradores suyos defendían en los días posteriores a la caída de Sánchez.  

Pero ya era demasiado tarde. El lío había sobrepasado las fronteras del partido. Ignacio Fernández Toxo desmintió a Heredia y este cambió su versión para decir que se había enterado por otros dirigentes del sindicato. Toxo ha insistido durante toda la semana en pedir la dimisión de Heredia si no revela la fuente que le habló de un acuerdo de gobierno, desmentido tanto por Sánchez como por el resto de partidos que debían suscribirlo.

Heredia resiste en su puesto, pero el incidente amenaza con agravar la desconfianza que Comisiones Obreras mantiene sobre un sector del PSOE. 

La filtración, que el equipo de Díaz atribuye precisamente a los afines a Sánchez, ha molestado incluso al tercer candidato en liza, Patxi López, que había adoptado una posición más neutral en el debate interno. López también intervino para responder a Heredia que él de enemigo solo había tenido a ETA. El exlehendakari aludía así a otro tramo del discurso en el que el hombre de Díaz en el Congreso aseguraba que el rival del PSOE es el PP pero el enemigo es Podemos.

Es la segunda piedra en dos semanas en la paseo triunfal diseñado por Susana Díaz, que de momento se ha convertido en una carrera de obstáculos.  Cámara de Comercio de Madrid dice que contrató a Over Marketing cumpliendo las normas y sus cuentas están fiscalizadas,  Anticorrupción pide 5 años de cárcel para Matas por beneficar a la empresa que hacía las campañas del PP balear

ETIQUETAS: PSOE, Susana Díaz, Primarias PSOE

 

Uno de los hospitales semiprivatizados montados por Esperanza Aguirre gastó 28 millones de euros saltándose la ley

La Intervención concluye que casi todas las contrataciones de servicios y productos en 2013 del Infanta Leonor “vulneran las normas legalmente establecidas” .La auditoría establece que se saltaron al órgano que tenía que adjudicarlos o se fraccionó el gasto inadecuadamente. Además, el centro pagaba 30.000 euros a los curas que daban apoyo religioso sin que ese abono tuviera “base legal” .

esperanza-aguirre-guemes-infanta-leonor_ediima20170407_0619_4

El hospital Infanta Leonor de Vallecas, uno de loscentros semiprivatizados con los que Esperanza Aguirre (PP) forjó sus victorias electorales, gastó 28 millones de euros saltándose la ley, según el análisis de la Intervención de la Comunidad de Madrid. Los auditores concluyeron que, en 2013, “la práctica totalidad de los productos y servicios suministrados y ejecutados vulneran las normas legalmente establecidas”.

El hospital registró unos gastos totales de 109,9 millones de euros en el ejercicio. De estos, gran parte son partidas directas que no deben pasar por concursos: el personal, el canon a la concesionaria que construye y administra el edificio, el servicio de radiología… Todos sumaron 79,1 millones. Del resto, más de 30 millones de euros, “en el mejor de los escenarios posibles” tan solo el 9% se adjudicó siguiendo los procedimientos legales, según dejó escrito el interventor.

Eso supuso que esos 28 millones se colocaran con métodos irregulares: se saltaron al órgano que tenía que adjudicarlos o se fraccionó el gasto inadecuadamente lo que permite contratar sin competencia entre empresas. El gasto del centro sanitario abarca desde el manteamiento de equipos a suministros de todo tipo de material sanitario: suturas, gasas, ortopedias, sondas, bolsas… Una relación larguísima de productos.   

La inspección, además, pormenoriza una batería de “incidencias” sobre el control interno del proceso de compras “que se han puesto en conocimiento del centro y para la que no se ha obtenido respuesta”, dicen. Esto, asegura, “hace dudar de la bondad de los datos facilitados”.

Esta manera de gestionar está enmarcada en un desbarajuste generalizado que atestiguaron las intervenciones oficiales. Entre otras cosas, el Infanta Leonor derivaba pacientes para hacerse pruebas a clínicas privadas sin contar con el procedimiento de contratación, se pagaba a administrativos que no correspondía y se abonaban gastos indebidos a la concesionaria como el mantenimiento de la parcela.

Factura de más con el aumento de camas

Los interventores afean muchas de las conductas que el hospital tiene con la concesionaria porque le cuestan dinero a las arcas públicas. Sin ir más lejos, el documento explica que el centro ha pagado de más a la contratista por una ampliación de camas que se realizó desde 2010.

La memoria que se utilizó para autorizar esa ampliación indicaba unos precios más bajos que los que luego se aplicaron realmente (que provenían de cálculos más antiguos) de manera que se abonaron 367.000 euros extra. “Esta cuantía no ha sido reclamada a la empresa por vía alguna”, sentencia la intervención.

Una línea de actuación muy dispar a lo que hace la contratista. La empresa gestora ha llevado hasta los tribunales en numerosas ocasiones a la Comunidad de Madrid para reclamar dinero que consideraba que no se le había liquidado adecuadamente. 

Así, al cerrar el ejercicio se contaban siete procedimientos judiciales abiertos por la empresa contra el hospital. Cuatro tenían ya sentencia –dos firmes y dos aún recurribles–. Las dos primeras sumaron casi un millón de euros. Una de ellas, sobre facturación de “servicios adicionales” que pedía la contratista condenó al hospital a pagar más 480.000 euros por caer en “mala técnica procesal” a la hora de recurrir.

Asistencia religiosa 

Fuera de los gastos que debieron estar sujetos a las normas de contratación pública, la fiscalización de las cuentas de 2013 revela que el hospital estaba pagando a los sacerdotes católicos que dan asistencia religiosa en el centro sin amparo legal. 31.000 euros se abonaron en virtud de un convenio que la Comunidad de Madrid tiene con el Arzobispado pero que no está suscrito por el órgano de gobierno del Hospital Infanta Leonor. El propio convenio prevé que debe ser refrendado de esta manera con lo que, concluyen: “El mencionado gasto carece de base legal para su realización”.

Este hospital formó parte de los siete centros que la Comunidad de Madrid puso en marcha bajo la fórmula PFI por la que una concesionaria construía el edificio a cambio de gestionar todo lo que no fuera asistencia sanitaria. La Comunidad paga un canon anual durante tres décadas. El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, investiga si parte del dinero destinado a este programa acabó financiando al Partido Popular.

El centro de Vallecas fue inaugurado el 29 de febrero de 2008 por Esperanza Aguirre y su consejero de Sanidad de entonces, Juan José Güemes. Sin embargo, el plan de infraestructuras que implantó este modelo semiprivatizado fue diseñado por su predecesor en el cargo, Manuel Lamela.

Lamela, convocado por una comisión parlamentaria de la Asamblea de Madrid, aseguró el miércoles pasado sobre este sistema: “Disminuye los costes de mantenimiento, disminuye los costes de explotación y se garantiza una mejor calidad”.

Esperanza Aguirre y Juan José Güemes en la inauguración del Infanta Leonor.

El hospital Infanta Leonor de Vallecas, uno de los centros semiprivatizados con los que Esperanza Aguirre (PP) forjó sus victorias electorales, gastó 28 millones de euros saltándose la ley, según el análisis de la Intervención de la Comunidad de Madrid. Los auditores concluyeron que, en 2013, “la práctica totalidad de los productos y servicios suministrados y ejecutados vulneran las normas legalmente establecidas”.

El hospital registró unos gastos totales de 109,9 millones de euros en el ejercicio. De estos, gran parte son partidas directas que no deben pasar por concursos: el personal, el canon a la concesionaria que construye y administra el edificio, el servicio de radiología… Todos sumaron 79,1 millones. Del resto, más de 30 millones de euros, “en el mejor de los escenarios posibles” tan solo el 9% se adjudicó siguiendo los procedimientos legales, según dejó escrito el interventor.

Eso supuso que esos 28 millones se colocaran con métodos irregulares: se saltaron al órgano que tenía que adjudicarlos o se fraccionó el gasto inadecuadamente lo que permite contratar sin competencia entre empresas. El gasto del centro sanitario abarca desde el manteamiento de equipos a suministros de todo tipo de material sanitario: suturas, gasas, ortopedias, sondas, bolsas… Una relación larguísima de productos.

La inspección, además, pormenoriza una batería de “incidencias” sobre el control interno del proceso de compras “que se han puesto en conocimiento del centro y para la que no se ha obtenido respuesta”, dicen. Esto, asegura, “hace dudar de la bondad de los datos facilitados”.

Esta manera de gestionar está enmarcada en un desbarajuste generalizado que atestiguaron las intervenciones oficiales. Entre otras cosas, el Infanta Leonor derivaba pacientes para hacerse pruebas a clínicas privadas sin contar con el procedimiento de contratación, se pagaba a administrativos que no correspondía y se abonaban gastos indebidos a la concesionaria como el mantenimiento de la parcela.

Factura de más con el aumento de camas

Los interventores afean muchas de las conductas que el hospital tiene con la concesionaria porque le cuestan dinero a las arcas públicas. Sin ir más lejos, el documento explica que el centro ha pagado de más a la contratista por una ampliación de camas que se realizó desde 2010.

La memoria que se utilizó para autorizar esa ampliación indicaba unos precios más bajos que los que luego se aplicaron realmente (que provenían de cálculos más antiguos) de manera que se abonaron 367.000 euros extra. “Esta cuantía no ha sido reclamada a la empresa por vía alguna”, sentencia la intervención.

Una línea de actuación muy dispar a lo que hace la contratista. La empresa gestora ha llevado hasta los tribunales en numerosas ocasiones a la Comunidad de Madrid para reclamar dinero que consideraba que no se le había liquidado adecuadamente.

Así, al cerrar el ejercicio se contaban siete procedimientos judiciales abiertos por la empresa contra el hospital. Cuatro tenían ya sentencia –dos firmes y dos aún recurribles–. Las dos primeras sumaron casi un millón de euros. Una de ellas, sobre facturación de “servicios adicionales” que pedía la contratista condenó al hospital a pagar más 480.000 euros por caer en “mala técnica procesal” a la hora de recurrir.

Asistencia religiosa

Fuera de los gastos que debieron estar sujetos a las normas de contratación pública, la fiscalización de las cuentas de 2013 revela que el hospital estaba pagando a los sacerdotes católicos que dan asistencia religiosa en el centro sin amparo legal. 31.000 euros se abonaron en virtud de un convenio que la Comunidad de Madrid tiene con el Arzobispado pero que no está suscrito por el órgano de gobierno del Hospital Infanta Leonor. El propio convenio prevé que debe ser refrendado de esta manera con lo que, concluyen: “El mencionado gasto carece de base legal para su realización”.

Este hospital formó parte de los siete centros que la Comunidad de Madrid puso en marcha bajo la fórmula PFI por la que una concesionaria construía el edificio a cambio de gestionar todo lo que no fuera asistencia sanitaria. La Comunidad paga un canon anual durante tres décadas. El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, investiga si parte del dinero destinado a este programa acabó financiando al Partido Popular.

El centro de Vallecas fue inaugurado el 29 de febrero de 2008 por Esperanza Aguirre y su consejero de Sanidad de entonces, Juan José Güemes. Sin embargo, el plan de infraestructuras que implantó este modelo semiprivatizado fue diseñado por su predecesor en el cargo, Manuel Lamela.

Lamela, convocado por una comisión parlamentaria de la Asamblea de Madrid, aseguró el miércoles pasado sobre este sistema: “Disminuye los costes de mantenimiento, disminuye los costes de explotación y se garantiza una mejor calidad”. La red de hospitales privatizados que montó Esperanza Aguirre permitió el descontrol del gastoManuel Lamela, el abogado de la ‘puerta giratoria’

ETIQUETAS: Sanidad, Madrid,hospital Infanta Leonor,Esperanza Aguirre

 

A %d blogueros les gusta esto: