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No es Garoña. Es la guerra nuclear en España

La decisión que debe tomar el Gobierno sobre la reapertura o no de una central atómica de 46 años reabre un viejo debate que afecta a toda la política energética del país, obligada a cumplir con sus compromisos internacionales contra el cambio climático.

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Central Nuclear de Garoña, en una foto de archivo.ENERGY.GOV

El Foro Nuclear español esgrime los resultados de un estudio realizado por el Centro Nacional de Epidemiología en 2010 como su escudo de armas: “Tras el análisis realizado a más de 8 millones de personas, la conclusión es que las instalaciones nucleares no afectan al riesgo de contraer cáncer y son las únicas capacitadas para suministrar grandes cantidades de electricidad sin emitir gases a la atmósfera”.

Un veredicto que se ha ganado las críticas unánimes de los grupos ecologistas que lo consideran demasiado escorado hacia los intereses del lobby nuclear que hoy trata de extender la vida útil de las seis centrales españolas más allá del tiempo para el que fueron diseñadas. Y el viento sopla a su favor. Por un lado, cuentan con el dictamen favorable del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) a la reactivación de la vieja central de Garoña, inaugurada en 1971 como un prodigio de la ciencia y que hoy permanece parada por unos costes de funcionamiento tan altos que hacen inviable su futuro. “Debió ser cerrada en 2009, que es cuando cumplió los 40 años de vida útil, pero cesó su producción en 2012 alegando incertidumbre regulatoria. Durante este tiempo, ha producido aproximadamente 152 millones de MWh de energía eléctrica que le han reportado ingresos suficientes para recuperar sus costes de inversión y de funcionamiento, y obtener altísimos beneficios. Por lo tanto, detrás de la prolongación o no de su actividad hay intereses económicos en juego”, sintetiza Jorge Fabra, expresidente de Red Eléctrica española y actual responsable de Economistas Frente a la Crisis.

“DEBIÓ SER CERRADA EN 2009, QUE ES CUANDO CUMPLIÓ LOS 40 AÑOS DE VIDA ÚTIL, PERO CESÓ SU PRODUCCIÓN EN 2012 ALEGANDO INCERTIDUMBRE REGULATORIA”

Es viernes primaveral. Al atardecer, la imagen de Santa María de Garoña aparece engullida por un océano verde de árboles en flor sin edificios a su alrededor que sirvan de contraste. Estrellas colgadas de un cielo raso, focos que van y vienen entre la niebla que empieza a apoderarse de un complejo sellado con una cremallera metálica. El río Ebro sigue condensando caudal para aplacar la fiebre de la central atómica por si fuese necesario. Discurre majestuoso con el agua del deshielo y de sus afluentes, el Jerea y el Purón, mientras en los embalses cercanos de Cillaperlata y Sobrón los patos juegan al escondite entre cañas y el relente que llega de la meseta. Las farolas que alumbran Tobalina y Santa María parpadean de frío, ajenas al torbellino de disputas que rodean a su cabecera industrial. No es posible encontrar una sola pista que indique lo que un día se almacenó en su interior, ni siquiera la piscina de agua pesada que albergaba el uranio empobrecido que vestían de luz.

 “Pero su huella está ahí”, asegura Alberto Frías, 47 años y dos meses de lucha infatigable contra la central nuclear más antigua de España. “Aunque lleve cinco años parada, su rastro no ha desaparecido. Está en los sedimentos, en las plantas acuáticas y en los peces del Ebro”. Isótopos radioactivos que permanecen inalterables durante miles de años, que confunden y aterran a partes iguales a quienes viven cerca, aunque las necesidades también pesan. Un vecino de Orbañanos, una aldea situada a cuatro kilómetros en línea recta de Garoña, asegura que la central le rompió la vida porque el cáncer que en 1997 acabó con la vida de su hija fue consecuencia directa del veneno radiactivo que arrojaba la instalación. “Pero daba trabajo a mucha gente de Las Merindades y eso era lo más importante. La gente de aquí dice que su futuro depende de la central”, certifica. Salud que mata.

La central tomaba y devolvía el agua del río Ebro para refrigerar el reactor. El mismo agua que luego se utilizaba en el regadío de zonas rurales de Burgos, Álava, la Rioja, Navarra y Aragón. “El propio CSN confirmó en su día la presencia de cobalto-60 y de cesio-137, altamente radioactivos, en el área de influencia de la central de Garoña”, explica Frías. Y eso insufla miedo en la población, por mucho que los responsables de la central burgalesa invirtieran cientos de millones de euros en la reparación de todos sus sistemas, componentes y equipos durante los años que estuvo en funcionamiento. La prueba es que una de las múltiples obligaciones que Nuclenor, empresa coparticipada por Endesa e Iberdrola, deberá cumplir para volver a la actividad es terminar el almacén temporal individualizado (ATI) que ahora construye la empresa de ingeniería Idom por 11 millones de euros. “El argumento de Iberdrola para oponerse a la reapertura de Garoña es que no ve rentabilidad en un negocio que necesita unos 200 millones de euros de inversión, una cifra modesta si se compara con las que se ventilan hoy en el sector eléctrico, para funcionar otros 14 años. Por eso creo que el económico no es el motivo real del enfrentamiento entre Iberdrola y Endesa por el cierre o no de esta planta ya que 14 años de explotación producirían 50.200.000 MWh que proporcionarían unos beneficios supranormales estimados de 730,6 millones de euros”, indica Fabra.

Si el ministerio que dirige Álvaro Nadal, que es quien tiene ahora la última palabra, da finalmente luz verde a este proyecto, a Endesa, la más interesada en continuar con la actividad de Garoña, sólo le quedará la opción de comprar la media parte que pertenece a su socio. Algo impensable. “Nadie se compra un coche de 46 años”, señalan fuentes de la propia empresa. El motivo es el riesgo que entraña su reapertura y que supera con creces a los beneficios que pueda reportar.

Sin embargo, muchos consideran que las desavenencias surgidas entre los dos gigantes energéticos españoles en torno a la planta burgalesa es mucho más profunda, casi estratégica, porque lo que han puesto en juego es la política regulatoria de la energía en España. Es decir, política en estado puro. En el informe La energía en la España del siglo XXI (2000-2025), realizado por el Instituto de Estudios Económicos, IEE (del que procede, entre otros, el actual ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro), se afirma que “en la actualidad, resulta imposible que España prescinda de la producción eléctrica de origen nuclear y, en caso de que se produzca un crecimiento económico elevado, tendremos que pensar en la ampliación del parque de generación nuclear como energía base estratégica del sistema eléctrico español a partir del periodo 2008-2012”. Además, el sospechoso dictamen del CSN favorable a la extensión de la vida de Garoña durante otros 14 años salió adelante con los votos de los tres miembros del organismo propuestos por el PP y uno por el PSOE, mientras que la quinta representante en el pleno, la exministra socialista Cristina Narbona, lo hizo en contra. Las razones de sus divergencias con el resto de miembros que componen el máximo órgano de la seguridad nuclear en España se debieron a las diferencias en la concepción de lo que son “las buenas prácticas regulatorias en materia de seguridad”, según explicó. Pero el apoyo teórico ya está hecho.

El precedente de Garoña

El diagnóstico oficial sobre la viabilidad técnica de una central de 46 años como Garoña sienta un precedente para otras dos plantas atómicas, la de Almaraz en Cáceres y la de Vandellós II en Tarragona, que este año también deciden su futuro. El plazo de explotación de la actividad de estas dos instalaciones concluye en 2020 pero están obligadas a presentar la solicitud para ampliar su actividad con tres años de antelación, es decir, deben hacerlo entre los meses de junio y julio próximos. Y como sucede en la planta burgalesa, sus propietarios también son Iberdrola y Endesa, con una participación minoritaria de Gas Natural Fenosa en el caso de la central nuclear extremeña. El choque, por lo tanto, es inminente y decisivo entre las grandes compañías energéticas cuya evolución estratégica en los 30 años transcurridos desde la construcción del parque atómico español ha sido antagónico. La gran fortaleza de Iberdrola, por ejemplo, son las hidroeléctricas, con 9.715 megavatios de capacidad instalada, más 6.100 Mw en otras renovables, además de 5.695 Mw en ciclos combinados.  Endesa tiene 5.445 Mw en ciclos, 4.721 Mw en hidroeléctricas y 8.130 Mw en térmicas. Y Gas Natural Fenosa, 7.000 Mw en ciclos combinados y 2.000 Mw en centrales de carbón. Todo un complejo laberinto de intereses contrapuestos ante el enigma de qué hacer con la nuclear.

EL DIAGNÓSTICO OFICIAL SOBRE LA VIABILIDAD TÉCNICA DE UNA CENTRAL DE 46 AÑOS COMO GAROÑA SIENTA UN PRECEDENTE PARA OTRAS DOS PLANTAS ATÓMICAS, LA DE ALMARAZ EN CÁCERES Y LA DE VANDELLÓS II EN TARRAGONA

Diferencias que surgen cada vez que se atiza el debate sobre el futuro energético en España y al Gobierno le vienen a la memoria las obligaciones contraídas con Kioto y París. “Todas las fuentes son imprescindibles para caminar hacia la transición energética. La hidráulica, la eólica, el carbón, los ciclos combinados y también la nuclear, a pesar de que algunas tengan inconvenientes”, aseguró Alberto Herrero, portavoz del PP en la Comisión de Energía, Industria y Agenda Digital, durante el reciente debate parlamentario sobre el futuro nuclear en España. Su lectura de la situación fue aprovechada por el resto de partidos para flagelar una política energética que, desde su liberalización en 1997, se ha convertido en la bestia negra para millones de españoles y en una mina de oro para las empresas.

La puntilla para las nucleares llegó a finales de 2012, cuando el Ejecutivo de Rajoy aprobó una batería de medidas para atajar el déficit eléctrico –la diferencia entre ingresos del sistema y los costes que asumía– que superaba los 24.000 millones. La más indigesta fue el impuesto sobre la producción de residuos radiactivos, que grava en 2.190 euros cada kilogramo de uranio consumido. Según los afectados, esta carga resta aproximadamente un 18% los ingresos que obtenían con anterioridad. También se actualizó otro tributo sobre el almacenamiento de residuos –Enresa es la sociedad que los gestiona–, que se lleva otro 15%. Y para colmo, se introdujo otro más del 7% para todas las fuentes de generación eléctrica.

No es de extrañar que quienes aún confían en la limpieza de la producción atómica de energía aireen sus quejas. Y el que más, el exdirector de la central de Almaraz y nuevo presidente del Foro Nuclear Español, Ignacio Araluce. “La energía nuclear ya no es rentable porque le han ido metiendo impuestos de todo tipo que le han comido todos los márgenes. No solo no está subvencionado, como las renovables, sino que el sector está penalizado”, dijo el pasado mes de abril durante el debate sobre el futuro nuclear organizado en el Congreso. No son del todo ciertas las frases del presidente del Foro Nuclear referentes a la ayuda estatal de que gozan las renovables. España tiene acumuladas hasta 26 denuncias en la Corte Internacional de Arreglo de Diferencias del Banco Mundial, el Ciadi, de las que ya ha perdido una por valor de 128 millones de euros por los recortes aplicados en 2010 por el PSOE y en 2013 con la aprobación de la reforma del sector eléctrico del PP a las ayudas que otorgaba a las energías renovables.

Aun así, el argumento fiscal de Araluce es lo único que parece poner de acuerdo a todas las grandes compañías con intereses atómicos: si el Gobierno no reduce la carga fiscal, el apagón nuclear será inevitable a lo largo de la próxima década. ¿Y cómo sustituir una producción energética que hoy alimenta a una de cada cuatro bombillas que se encienden en España? “Sería un gravísimo error porque la energía nuclear está jugando un papel relevante en la transición energética iniciada contra el cambio climático y para cumplir con los compromisos del Acuerdo de París”, sentenció Araluce.

La lucha contra el cambio climático

Un dato. El pasado mes de abril, el observatorio de Mauna Loa, en Hawai, detectó que la concentración de CO2 en la atmósfera del hemisferio norte había superado las 410 partes por millón, casi el doble del nivel que existía antes de que el hombre comenzara a quemar sistemáticamente combustibles fósiles que provocan el calentamiento global del planeta. Los efectos ya son visibles: desde la capa de nieves perpetuas que coronan el Kilimanjaro, en proceso de imparable licuación, hasta glaciares andinos o campos de hielo de los polos que nunca se habían convertido en agua. “La lucha contra el cambio climático es uno de los argumentos que el sector nuclear esgrime para defender su funcionamiento porque dicen que no emiten dióxido de carbono. Es una tesis que tiene ciertos puntos de falsedad: de entrada, sí emiten CO2; y en segundo lugar hay que tener en cuenta que la lucha efectiva contra el cambio climático requiere del despliegue de las energías renovables”, asegura un reconocido investigador a nivel internacional, el físico nuclear español Francisco Castejón.

LOS EFECTOS YA SON VISIBLES: DESDE LA CAPA DE NIEVES PERPETUAS QUE CORONAN EL KILIMANJARO, HASTA GLACIARES ANDINOS O CAMPOS DE HIELO DE LOS POLOS QUE NUNCA SE HABÍAN CONVERTIDO EN AGUA

Quizá no sea ni técnica ni políticamente correcto recordar Chernóbil cuando se habla de esta industria pero ese nombre ya forma parte del mal que acompaña brutalmente a la leyenda de las centrales nucleares, como después aprendieron en Fukushima, una central que comparte con Garoña algo más que la tecnología de su reactor dañado: ambas entraron en funcionamiento el mismo año. Pero incluso en este terreno existen divergencias. Algunos científicos, como el físico británico y ecologista James Lovelock, creador del proyecto Gaia para la autorregulación de la Tierra, se han mostrado fervientemente partidarios de la energía atómica. “La oposición se basa en el temor irracional alimentado por la ficción a lo Hollywood creada por los grupos de presión ecologistas y los medios de comunicación. Se trata de unos temores injustificados y, desde su inicio en 1952, ha demostrado ser la más segura de todas las fuentes de energía”, explicaba en un artículo publicado hace unos años en el diario The Independent.

Las alusiones a capítulos horrendos de la historia nuclear son calificadas de “malintencionadas y perversas” por quienes defienden su presencia en el negocio eléctrico de España y aseguran estar dispuestos a discutir sobre datos y argumentos que contribuyan a aclarar la verdadera situación de un parque energético pero no sobre “infamias injustificadas”. El propio exdirector de Comunicación de Garoña, Antonio Cornadó, denunció que algunos grupos se dedicaron a propagar falsedades entre la población que provocaron graves alarmas. “Una catástrofe no es ya impensable, sino imposible”, certificó. Francia es el modelo, donde las 58 centrales en funcionamiento producen el 77,7% de la energía eléctrica que consume el país. Y, además, bajo la gestión de la empresa público-privada Électricité de France (EDF), lo hace a bajo precio.

Pero desde los terribles accidentes de Chernóbil y sobre todo Fukushima, los vientos energéticos han cambiado. “La central ucraniana convirtió en antinuclear a la socialdemocracia europea; la japonesa a Merkel”, afirma con cierta sorna Francisco Castejón. La prueba es que Alemania ha comenzado a sustituir la energía generada por sus 17 instalaciones atómicas en 2011, algo más del 17% de la producción eléctrica nacional, por una combinación de centrales abastecidas por fuentes renovables subsidiadas por el Estado y aunque su dependencia del carbón sigue siendo alta, el revolucionario plan energético diseñado, el Energiewende, prevé una disminución en la emisión de gases del 40% antes de que en 2022 apaguen el último reactor nuclear. Y por el momento están luchando a brazo partido por cumplir con el escrupuloso calendario. Las energías renovables generan ya el 27% de la electricidad del país frente al 10% que producían en 2007. Una de las claves del pequeño éxito logrado por esta revolución energética alemana es que implicó a ciudadanos y a cooperativas en contra de la opinión de las grandes corporaciones eléctricas, que no han cejado de presionar al Gobierno para que pise el freno. El resultado es que hoy más de 1,5 millones de alemanes, el 2 % de la población, vende electricidad a la red. Un milagro.

¿Por qué no aplicar este modelo en España? “Porque aquí no se piensa en un cambio energético global. Hablo, por supuesto, de retomar el despliegue de renovables realizado hasta 2010 que el PP paralizó pese a que éramos un país líder a nivel mundial tanto en potencia instalada como en tecnología propia. Me refiero también a que la evolución que han experimentado la energía solar/fotovoltaica y la eólica durante los últimos años las convierten en fuentes de energía perfectamente competitivas sin ningún tipo de subvenciones”, responde con contundencia el físico nuclear Francisco Castejón.

AUTOR / Gorka Castillo

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Jaume Satorra

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El hombre no posee el poder de crear vida. No posee tampoco, por consiguiente, el derecho a destruirla. (Mahatma Gandhi)

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