El responsable de la policía autonómica, al que la Guardia Civil acusó de «obstaculizar» su trabajo, ha declarado durante casi dos horas. La intendente de los Mossos, Teresa Laplana, ha quedado en libertad pese a que la Fiscalía pedía una fianza de 40.000 euros. Los líderes de ANC y Òmnium cultural, a los que la jueza de un papel «esencial», son los últimos en declarar. Trapero y los líderes de Òmnium y la ANC vuelven a la Audiencia Nacional a declarar por sedición señalados por el 1-O
Trapero, a su llegada a la Audiencia Nacional para declarar. EFE
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido que el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, sea enviado a prisión provisional sin fianza. La jueza Carmen Lamela, que instruye la causa por sedición, aún no ha tomado ninguna decisión. Está previsto que a las 18.00 horas se vuelvan a reunir las partes para conocer la decisión de la jueza y continuar con las declaraciones. La jueza otorga a los líderes de Òmnium y ANC un papel «esencial» en la estrategia independentista
Después de que la jueza tome una decisión sobre las medidas cautelares de Trapero será el turno para los líderes de ANC, Jordi Sánchez, y Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, a quienes la jueza otorga un papel «esencial» en la operativa para celebrar el referéndum.
Teresa Laplana, la intendente de los Mossos, ha sido la primera de los acusados en declarar. Al término, la Fiscalía ha pedido a la jueza que le imponga una fianza de 40.000 euros, pero la magistrada ha rechazado esa medida. Ha dejado en libertad a la intendente de los Mossos con la obligación de comparecer cada 15 días y le ha retirado el pasaporte.
Trapero, Laplana y los líderes ciudadanos del movimiento independentista han acudido este lunes a la Audiencia Nacional después de que la Guardia Civil entregase un extenso informe con nuevos indicios contra ellos. El documento conecta los hechos del 20 y 21 de septiembre -tras los registros y detenciones de altos cargos- con la celebración del referéndum.
Así, los agentes concluyen que Sánchez y Cuixart colaboraron con miembros del Govern en una «estrategia compleja» que busca «la ejecución de la hoja de ruta diseñada» para la independencia». A Trapero le acusan de «obstaculizar» el trabajo de Policía y Guardia Civil durante el 1-O, también como parte de «un plan premeditado».
En el atestado que elaboraron también apuntan que durante el 1-O las órdenes de Trapero a sus agentes no se cumplieron y «derivaron en una inacción flagrante debiendo ser las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado las que tuvieron que actuar activamente para evitar la celebración del referéndum pero con imposibilidad de disponer ni de efectivos suficientes ni de abarcar todo el territorio catalán».
Primero los testigos
Antes que los acusados ha sido el turno de los testigos de los hechos del pasado 21 y 21 de septiembre, cuando se produjeron incidentes en Barcelona durante los registros de sedes de la Generalitat y el arresto de altos cargos. Miles de personas se concentraron, por ejemplo, a las puertas de la sede de la Consellería de Economía, donde la comitiva judicial que efectuaba los registros tuvo que ser evacuada por el tejado tras varias horas sin poder salir del edificio.
Así, la primera en declarar ha sido la letrada de la administración de justicia que comandaba esa comitiva, así como dos agentes de la Guardia Civil que estuvieron en la Consellería. En el informe de la Guardia Civil también se señala que sus vehículos fueron destrozados por los manifestantes, cuyo coste asciende a más de 130.000 euros.
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