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Les clavegueres de l’estat manen: L’Audiència Nacional no investigarà els vincles de l’imam de Ripoll amb el CNI

La defensa del demandant recorrerà en reforma la decisió del jutge

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Imatge d’una ofrena per les víctimes dels atemptats de Barcelona i Cambrils / ACN

Nou escàndol a la justícia espanyola

L’Audiència Nacional no investigarà els vincles entre Abdelbaki Es Satty, el presumpte cervell dels atemptat de Barcelona i Cambrils del 17 d’agost del 2017, i el Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI), segons ha avançat ‘El País’ i ha confirmat a l’ACN l’advocat del demandant, Jaume Alonso Cuevillas. El lletrat ha explicat que ha rebut la notificació de la resolució judicial aquesta mateixa tarda, i ha anunciat que recorrerà en reforma la decisió davant del mateix jutge. Cuevillas representa Javier Martínez, pare d’un nen de tres anys que va morir en els atemptats, que sol·licitava que l’Audiència Nacional demanés tota la informació del CNI a l’entorn del cas per aclarir els vincles entre aquest organisme i Es Satty.

Martínez va prendre aquesta decisió després que el juliol passat el diari digital ‘Público’ difongués diversos articles que apuntaven a la relació del CNI amb l’imam de Ripoll, mort en l’explosió a Alcanar, i que sostenien la hipòtesi que aquesta relació i el control de la cèl·lula jihadista s’havia mantingut fins a pocs dies abans dels atemptats.

Ara, però, el jutge rebutja la petició de Martínez de sol·licitar documents al CNI i de prendre declaració a responsables penitenciaris i a guàrdies civils per esclarir els vincles amb el presumpte cervell dels atemptats. Segons indica ‘El País’, que ha tingut accés a la resolució judicial, el magistrat considera que aquestes diligències no són necessàries, alhora que coincideix amb la Fiscalia en el “rigor i esforç” de la investigació per determinar la responsabilitat dels presumptes autors dels atemptats.

REDACCIÓ

¿Prevaricación a la vista?

¿Se arriesgará el Tribunal Supremo a cometer un delito de prevaricación para impedir que Oriol Junqueras ocupe su escaño en el Parlamento Europeo?

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Oriol Junqueras.

El lector, sin duda, recuerda que la Junta Electoral Central intentó impedir que Carles Puigdemont pudiera ser candidato a las elecciones al Parlamento Europeo y que no lo consiguió porque su decisión fue anulada por el poder judicial. No se puede impedir que alguien que no está privado del derecho de participación política mediante sentencia judicial firme, pueda ejercerlo. Respecto de Oriol Junqueras no se planteó siquiera el problema y, en consecuencia, pudo concurrir y ha podido ser elegido el 26M.

Parece evidente que, si no se puede impedir que un ciudadano ejerza su derecho de participación para poder ser elegido, tampoco se puede impedir que, una vez que ha sido elegido, pueda tomar posesión del escaño al que lo han aupado los ciudadanos con su voto. La sentencia dictada por el cuerpo electoral solamente es recurrible a través del contencioso electoral. Si no se ha recurrido, es una sentencia firme, que se impone sin excepción. Una vez producida la proclamación como candidato electo por la Junta Electoral y transcurrido el plazo en el que se puede interponer el recurso contra la misma, el candidato ha dejado de serlo para convertirse en parlamentario. Tiene que prometer o jurar la Constitución, pero no se puede impedir que la prometa o la jure, para impedirle ocupar su escaño.

Esta es la situación en la que se encuentra Oriol Junqueras. También Puigdemont y Comín, aunque con peculiaridades que quedarán para otro artículo. En el caso de Junqueras no hay ninguna circunstancia que condicione su estatus de parlamentario europeo. Ha sido elegido. Tiene que acudir a la sede de la JEC a prometer o jurar la Constitución y una vez evacuado este trámite, la JEC tendrá que enviar al Parlamento Europeo la lista de los parlamentarios españoles con el nombre Oriol Junqueras entre ellos.

A partir de ese momento, el Tribunal Supremo tendría que poner fin a la prisión provisional de Oriol Junqueras y tendría que enviar al Parlamento Europeo el correspondiente suplicatorio para poder proceder contra él y esperar la decisión del Parlamento para continuar su enjuiciamiento.

En mi opinión, esto debió ocurrir tras el 28A, cuando Oriol Junqueras fue elegido Diputado, pero el Tribunal Supremo en auto de 14 de mayo se negó a aceptar esta interpretación, aunque no impidió que acudiera a la sesión constitutiva de la Cámara para prometer la Constitución y tomar posesión del escaño. 

Tras el 26M, ante la imposibilidad de proceder de la misma manera, parece que se pretende negar a Oriol Junqueras el ejercicio de su derecho de sufragio pasivo, es decir, su derecho a ser parlamentario europeo, para el que ha sido elegido. Esa es la pretensión del Ministerio Fiscal, que solicita al Tribunal Supremo que no autorice a Oriol Junqueras a  acudir a la sede de la JEC a prometer la Constitución, porque reconoce expresamente que en tal caso tendría que ser puesto en libertad, se tendría que solicitar el suplicatorio y detener el proceso hasta que el Parlamento Europeo hubiera resuelto sobre el mismo. 

El escrito del Ministerio Fiscal es materialmente prevaricador. Propone la vulneración de un derecho fundamental para evitar las consecuencias que se producirían con el ejercicio del mismo. Como estas son las consecuencias, propongo que se impida el ejercicio. Es lo que se pone blanco sobre negro en el escrito conocido ayer martes. En todo caso, en el supuesto de que el Tribunal Supremo hiciera suya la posición del Ministerio Fiscal, sí que estaríamos ante un supuesto de prevaricación de libro. 

El Tribunal Supremo no puede impedir que Oriol Junqueras acuda a la sede de la JEC. Y no puede suspender a Oriol Junqueras en el ejercicio de la función parlamentaria con base en el artículo 384.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, porque él mismo ha decidido que es la Mesa del Parlamento la que tiene que hacerlo. Así lo decidió respecto de los cuatro diputados y del senador elegidos el 28A. Ahora tendría que dirigirse a la Mesa del Parlamento Europeo para que acordara la suspensión de Oriol Junqueras. Al Tribunal Supremo también le es de aplicación el que no pueda ir contra sus propios actos.

¿Se arriesgará el Tribunal Supremo a cometer un delito de prevaricación para impedir que Oriol Junqueras ocupe su escaño en el Parlamento Europeo?

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El peligro se llama Manuel Marchena

Manuel Marchena es el hombre que esta semana se ha permitido doblar el pulso a la presidencia del Congreso y el que dentro de poco, con su sentencia, puede decidir el devenir político del país. Si los líderes independentistas, y particularmente los más proclives a un diálogo con el gobierno central, son condenados sin contemplaciones, cualquier posibilidad de entendimiento entre Madrid y el independentismo quedaría seriamente cercenada. 

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El magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena EFE

Si se les preguntara en privado, es muy probable que la mayoría de los miembros de las nuevas cámaras dijeran que no está de acuerdo con que cuatro diputados y un senador, los catalanes del procés, estén en prisión. La simpatía, incluso el afecto, con que muchos de ellos los acogieron en la sesión constitutiva de Las Cortes -no pocos se empujaban para poderles dar la mano- abre el camino a esa hipótesis. Pero la opinión de los representantes de la ciudadanía no cuenta en este asunto. Ahí quien manda es Manuel Marchena, el presidente de la sala que los está juzgando. El hombre que esta semana se ha permitido doblar el pulso a la presidencia del Congreso y el que dentro de poco, con su sentencia, puede decidir el devenir político del país.

Observando desde la distancia el vaivén de los acontecimientos de estos últimos cuatro días se descubre una lógica interna entre todos ellos. Se puede colegir que la negativa del Tribunal Supremo a ordenar la suspensión de los parlamentarios independentistas fue el acto que desencadenó la terrible ofensiva de las derechas contra la nueva presidenta del Congreso, tratando de ahogarla, incluso de obligarla a dimitir, casi antes de que hubiera abierto la boca. Hasta el punto de que se podía pensar que esa secuela de acciones y reacciones estaba previamente pensada.

Ciudadanos y el PP -Vox sigue ausente a la hora de los pronunciamientos políticos- convirtieron sin dilación alguna el inicial silencio de Meritxell Batet sobre las suspensiones en una ofensa gravísima contra los principios fundamentales del Estado. Y mientras los juristas se aprestaban a estudiar quien había de tomar la decisión sobre los parlamentarios presos, los líderes de esos partidos y sus corifeos mediáticos transmitían a la opinión pública su análisis del porqué la presidenta del Congreso estaba actuando de esa manera.

“El PSOE no quiere hacerle un feo a Junqueras y los suyos”, “lo que está ocurriendo no es sino una prueba más del pacto secreto entre Pedro Sánchez y los independentistas”, se ha dicho y repetido casi desde el minuto uno de este nuevo capítulo de la demagogia y de la mentira de las derechas en torno a la cuestión catalana.

Con su reiterada negativa a ordenar la suspensión, Manuel Marchena ha proporcionado mucho combustible a la acción de una oposición necesitada de argumentos para salir del ostracismo tras la derrota del 28 abril y para hacerse valer en vísperas de las municipales y autonómicas. En un artículo muy convincente, Javier Pérez Royo sugería este viernes en eldiario.es que la negativa del magistrado es jurídicamente reprobable y afirmaba tajantemente que “es una decisión política”. Lo que hay que preguntarse es cual es el objetivo final de la misma.

Y a ese respecto sólo cabe hacer suposiciones. Con su dominio de las técnicas procesales y su eficaz gestión de la interminable vista oral, Marchena había conseguido hasta esta semana que se disiparan en buena medida las sospechas que desde hace un tiempo existían sobre su neutralidad.

Particularmente desde que el portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, asegurara a sus compañeros de partido que el nombramiento de Marchena como presidente del Consejo General del Poder Judicial, en un pacto con el PSOE que dejaba a los populares en minoría en ese órgano, no debía inquietarles. Porque Marchena, les decía Cosidó, va a “controlar la sala segunda” –la encargada de juzgar a los líderes independentistas- “por la puerta de atrás”.

Ese desliz, estúpido en la medida en que alguien lo filtró, obligó a Marchena a renunciar al encargo en un texto en el que aseguraba que él nunca se prestaría a instrumentalizaciones políticas de su actuación jurisdiccional. Tras de lo cual volvió a encargarse del juicio al procés.

Y lo hizo con pulcritud profesional, hasta el punto de cosechar aplausos por parte de personas poco sospechosas de simpatizar con la derecha. Y lo que es más importante: empezó a generar la sensación de que la sentencia podía no ser tan terrible como se sospechaba desde el día mismo en que se formularon las acusaciones, de que Marchena y su tribunal podían aceptar en todo o en parte los argumentos de los que decían que no existían fundamentos para condenar a los independentistas por los delitos de rebelión o de sedición, particularmente tras la penosa actuación de los fiscales a la hora de tratar de probarlos.

La polémica sobre la suspensión de los parlamentarios presos ha borrado en buena medida esas esperanzas. Se dice que Marchena se ha negado a hacerlo no para poner en dificultades a la nueva presidencia del Congreso, o no solo para eso, sino sobre todo para evitar que esa decisión pudiera ser utilizada en su día por los tribunales europeos para impugnar el proceso. Esa prevención estaría justificada si lo que tiene en mente el magistrado es condenar con dureza a los procesados. Porque Europa no reaccionaría igual si la sentencia es suave que si lo es muy severa.

Dejémoslo ahí. Pero la cosa no pinta bien. Si los líderes independentistas, y particularmente los más proclives a un diálogo con el gobierno central, son condenados sin contemplaciones, y se dice que eso podía saberse en octubre, cualquier posibilidad de entendimiento entre Madrid y el independentismo quedaría seriamente cercenada, la marcha del nuevo gobierno de Sánchez gravemente condicionada por una crisis catalana agravada por la sentencia y las derechas encontrarían nuevos motivos para volver a su guerra de siempre.

Marchena puede propiciar todo eso. La barbaridad de judicializar la política habría llegado así a su extremo más aberrante. Es de esperar que de aquí a octubre se haga lo necesario para evitarlo. Por ahora la sensación es que Meritxell Batet no ha tenido más remedio que plegarse a las intenciones de Marchena. Tal vez en algún momento creyó que podía evitarlo. Pero la presión ha sido demasiado fuerte. El “no” de Unidas Podemos a la suspensión es una postura digna, aunque no relevante porque se sabía minoritaria de partida. Ahora queda por ver cómo lidia Manuel Marchena con el parlamento europeo si este domingo Oriol Junqueras resulta elegido eurodiputado.  

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La justicia: la gran ausente en el debate electoral

Es notorio que el tema de la organización, funcionamiento o mejora del servicio público de la justicia no sale en ninguno los mensajes que escuchamos o leemos a diario en los medios informativos. Según datos de los estudiosos del tema, España se gasta 80 euros por persona en temas relacionados de Justicia; muy lejos de otros países como Alemania.

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Estatua dorada que representa a la justicia, en Brujas (Bélgica)

Cuando llegan los periodos electorales, todos los partidos proclaman a los cuatro vientos cientos de medidas que piensan poner en marcha si los ciudadanos les confían las riendas del poder. Pienso que los profesionales de la información política las habrán leído, pero es evidente que tal cúmulo de buenos o malos propósitos no caben en los espacios informativos; por lo que necesariamente tienen que centrarse en aquellas cuestiones que consideran más relevantes o en la fanfarria, pretendidamente patriótica, que sustituye el mensaje por la brocha gorda.

Confieso que no he leído en su integridad todas ellas, pero es notorio que el tema de la organización, funcionamiento o mejora del servicio público de la justicia no sale en ninguno los mensajes que escuchamos o leemos a diario en los medios informativos. Los símbolos de lo que algunos llaman su patria, los mensajes catastrofistas sobre la supervivencia de nuestro país ante el peligro separatista o la invasión inmigratoria, incluso la defensa de nuestro costumbrismo, como los toros o la caza, son el único apoyo que algunos encuentran para confrontarse con sus adversarios políticos. Ocasionalmente, se abren espacios para hablar de “las cosas que interesan a la gente” como el paro, las pensiones, la sanidad, la educación, ofreciendo la fórmula milagrosas de potenciar su mejora, bajando impuestos.

La postura de los partidos políticos ante el Poder Judicial presenta síntomas alarmantes de bipolaridad que, como se sabe, es un trastorno de la personalidad. Por un lado, son conscientes de que es imposible controlar a los más de 5.000 jueces y juezas que en este momento constituyen el cuerpo judicial, por lo que han decidido centrar sus esfuerzos en dominar lo que consideran que es un órgano decisivo, como el Consejo General del Poder Judicial. Esta tarea, que se repite desde el año 1985, adquirió en tiempos recientes unas cotas de cinismo y  desvergüenza difíciles de superar. Hemos contemplado, estupefactos e indignados, el cambalache entre el Partido Socialista y el Partido Popular para conseguir un acuerdo en el que los considerados progresistas tendrían once vocales frente a los nueve identificados con el Partido Popular. Este partido, en un alarde de ingenuidad difícil de explicar a los que conocemos los entresijos del funcionamiento del sistema, confiaba en que la “auctoritas” del juez Manuel Marchena, Presidente “in pectore”, les ayudaría a conformar mayorías favorables a los intereses de su partido y a controlar la Sala del “process” desde detrás (sic).

Alguien con un cierto sentido de la realidad les hizo salir de su error de cálculo y les alertó sobre la posibilidad de que los recursos dialécticos del juez Marchena no fuesen suficientes para torcer la mayoría que habían otorgado generosamente a los sectores progresistas. Alertados ante esta eventualidad, decidieron dinamitar el acuerdo haciendo público, de manera insólita en los anales de la democracia, un mensaje del portavoz del Partido Popular en el Senado, conocido militante del Opus Dei y obligado por tanto a respetar la moral católica, destinado a tranquilizar a alguno de sus alarmados correligionarios. Su contenido era demoledor para la ya escasa confianza que los españoles han depositado en el funcionamiento de la Administración de Justicia.

Pocas democracias, seguramente solo la española, son capaces de soportar y digerir impertérritas, actos tan indignos o comportamientos tan insoportables para la decencia y salubridad democrática. Está muy extendida entre la clase política española la utilización de una expresión que más parece un estribillo; todos a una proclaman: “respeto y acato las resoluciones judiciales”. Las resoluciones judiciales deben ser cumplidas cuando son firmes,  pero algunas de ellas no solamente no merecen respeto sino que, en otro país con una mínima sensibilidad democrática, darían lugar a la exclusión del cuerpo judicial de personajes que elaboran decisiones, inevitablemente devastadoras para la credibilidad de la independencia, ecuanimidad y razonabilidad de las decisiones judiciales.

Una de las reacciones más indignas de los que se dicen demócratas respetuosos con el Estado de Derecho y la división de poderes, la hemos visto recientemente al escuchar la respuesta del Partido Popular ante la sentencia del caso Gürtell que le condena como partícipe a título lucrativo. Con el desparpajo y la prepotencia que les proporciona la cobertura mediática de gran parte de los medios y de los tertulianos, arremetieron contra el juez José Ricardo de Prada, una de las personas que enorgullecen a nuestro sistema judicial por su prestigio internacional, reconocido por la Asamblea General de Naciones Unidas al nombrarle juez del Tribunal Penal Internacional para juzgar los crímenes de lesa humanidad cometidos en la ex Yugoslavia. Ha sido objeto de un ataque indigno, relacionándolo con posiciones proclives al terrorismo. Ignoran la perplejidad y el desprecio de los medios judiciales internacionales ante la catadura moral e intelectual de los aleves sicofantes, (para los que no han estudiado las lenguas clásicas, así se denominaba en la antigua Grecia y Roma a los calumniadores profesionales debidamente remunerados).

Los índices de calidad democrática de un país se miden, entre otros factores, por el grado de credibilidad y confianza que los ciudadanos tienen en el Poder Judicial. Según las encuestas oficiales del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), parece ser que la valoración de este servicio público está bajo mínimos o, en todo caso, ocupa puestos muy bajos en la escala de los organismos e instituciones que merecen una mayor confianza de los ciudadanos.

No he escuchado a ningún partido con posibilidades de ocupar escaños en las sedes legislativas Congreso y Senado pronunciarse sobre la situación actual de los organismos que encarnan el Poder Judicial, realizar un análisis crítico, favorable o desfavorable, y, en su caso, pronunciarse sobre la necesidad de dotar al Poder Judicial, incluido el Consejo General del Poder Judicial, de una mejor infraestructura y de incrementar los medios materiales y la dotación económica de los miembros de la judicatura. Nuestros estándares de funcionamiento ocupan los últimos lugares de los 28 países que, de momento, integran la Unión Europea.

Una justicia eficaz es una justicia cara y exige una dotación presupuestaria suficiente para conseguir de manera efectiva el sometimiento a la ley de todas las instituciones del Estado, controlar que las corporaciones financieras, las potentes sociedades que controlan el mercado energético o las relaciones laborales de quienes buscan trabajo y los empresarios que ofertan empleos se comporten con arreglo a las previsiones constitucionales. En la mayoría de los casos, los ciudadanos simplemente buscan solución a problemas personales de gran trascendencia para sus intereses, como la estabilidad de sus matrimonios, las relaciones afectivas con sus hijos el derecho a una vivienda digna, o el reconocimiento de sus derechos económicos y multitud de conflictos que surgen en la vida diaria.

Comenzando por el Tribunal Supremo, a los que conocemos su organización y funcionamiento de sus homólogos en los países de nuestra misma cultura jurídica, (Italia y Francia) nos llama la atención la actual estructura y composición personal de las diferentes Salas de nuestro más Alto Tribunal. Es evidente que en función de los litigios previsibles en una sociedad del número de habitantes y de la complejidad económica y empresarial de la nuestra, para resolver en última y definitiva instancia los conflictos previsibles, es necesario un número de Magistrados superior al que componen actualmente nuestro Tribunal Supremo.

La creación de los Tribunales Superiores de Justicia en cada una de las Autonomías es una muestra de una cierta federalización de la justicia ya que tienen competencias exclusivas en algunas materias derivadas de la existencia de legislaciones propias de cada autonomía, sobre todo en el ámbito del derecho civil o en aquellas otras materias que reconoce la Constitución a la capacidad legislativa de los Parlamentos autonómicos.

El núcleo de la función jurisdiccional radica fundamentalmente en las Audiencias Provinciales que mantienen la estructura centralista que ha presidido desde el siglo pasado nuestra organización judicial y en los juzgados de Primera Instancia e Instrucción, anclados en el sistema de partidos judiciales tradicionales, concordante con nuestra organización administrativa. En estos últimos órganos radica fundamentalmente el mayor porcentaje de conflictos y controversias que se somete a la decisión jurisdiccional. Para conseguir una respuesta eficaz, se necesita un número de jueces en función del número de habitantes de cada país. Es necesario reconocer que estamos alcanzando cotas parecidas a las de otros países, pero todavía tenemos que incrementar el número para completar una organización funcional y en condiciones de dar respuesta en tiempo razonable a los litigios que suscita la vida diaria.

Según los datos que se manejan por los estudiosos del tema, España se gasta 80 euros por persona en temas relacionados con la Justicia; muy lejos de otros países como Alemania (150 euros/persona) o Luxemburgo (200 euros/persona). No somos de los países que menos invertimos en el Poder Judicial, pero tampoco de los que más. La introducción de las nuevas tecnologías e incluso el manejo de la inteligencia artificial, anunciada por el Consejo General del Poder Judicial, no puede ser un pretexto para reducir el factor humano, imprescindible para conseguir que el valor superior de la justicia sea real y efectivo.

Para conseguir estos objetivos juega una baza importante el funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial. Sobre su composición y facultades se abren con frecuencia debates que quedan siempre al margen de las campañas electorales. Parece que a los políticos sólo les interesa el Consejo como organismo encargado de nombrar a los Magistrados de la cúpula judicial, encarnada en el Tribunal Supremo, no sólo porque en el ámbito penal son los encargados de juzgarles, sino también porque muchas decisiones que afectan al ámbito de la economía o de las finanzas se juegan entre los intereses generales de los ciudadanos y las pretensiones de las grandes corporaciones.

Podíamos seguir desgranando las enormes posibilidades que proporciona un sistema judicial potente, suficientemente dotado y racionalmente organizado, para la estabilidad del orden constitucional. Comprendo las dificultades para entablar un debate televisivo sobre este tema en plena campaña electoral pero no entiendo el silencio clamoroso de los partidos que concurren a la convocatoria que nos llama a las urnas el próximo 28 de Abril.

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Jueces a dedo para el PP

A veces nos hemos referido a cómo los nombramientos de altos cargos del CGPJ están viciados de un interés y politización que acaba creando órganos infectados.

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El edificio del CGPJ, situado en la calle Marqués de la Ensenada en Madrid EFE

“El mundo era tan reciente, que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo”
Gabriel García Márquez. Cien años de soledad

Nos distraemos con facilidad. Todos. A veces obligados por la enormidad del lugar hacía el que es obligado dirigir los focos. Otras veces distraídos por la ligereza, por la agilidad del juego de manos de un trilero moviendo sus cubiletes. Nos distraemos, pero mientras, otros no pierden comba. En materia judicial todas estas reflexiones son especialmente válidas y así, mientras todos los redobles de tambor apuntan hacia un lateral de la Plaza de la Villa de París, en la que el Tribunal Supremo desarrolla un juicio explosivo y polémico que atrae todas las miradas, los juegos de malabares en los otros dos extremos de la misma plaza, los ocupados por el Consejo General del Poder Judicial y la Audiencia Nacional, no pierden ocasión para seguir surfeando las normas en apariencia y en fondo y siempre a favor de los mismos.

Muchas veces nos hemos referido a cómo los nombramientos de altos cargos judiciales por parte del CGPJ están viciados de un interés y una politización que acaba creando órganos infectados. Esta denuncia siempre diferencia entre esos cargos y la mayoría de los puestos jurisdiccionales que están sometidos al concurso regido por la antigüedad, de manera que es el escalafón el que determina quien cubre las vacantes y, por tanto, que dificulta sobre manera manipular qué juez estará en cada lugar. Resulta un inconveniente para los intereses y los manejos de muchos, sobre todo en órganos que acumulan la mayor parte de los casos que interesan al poder. Eso sucede, y no les sorprenderá, en la Audiencia Nacional. Por eso voy a salirme hoy del foco del Supremo, para explicarles cómo mientras ni Lesmes ni Espejel, alias querida Concha, ni sus adlateres han perdido el tiempo estos días para lograr colocar a quien han deseado en el tribunal que juzgará los papeles de Bárcenas y todas las demás piezas que quedan de la Gürtel y también en el juzgado en el que se instruye el caso Villarejo y todas las derivadas como el espionaje del BBVA, el caso Lezo y la Púnica entre otras jugosas causas.

Hubo muchos candidatos para esos puestos a dedo. A fin de cuentas, en la AN ya no se corre el riesgo de que te maten -lo que reducía mucho las ganas de postularse- y, sin embargo, existen grandes posibilidades de que los focos se posen en ti y en tu carrera. Como les digo, toda la chicha judicial está en los alrededores. Esto es lo que le ha pasado a la magistrada Maria Fernanda García, quien hace un año declaraba al diario Jaén, “Tengo la inquietud de progresar”,y que al parecer la ha encauzado tan bien que meses después ha pasado a ser la ponente de todas las causas de Gürtel que están pendientes de enjuiciamiento. ¡Que tomen nota todos los sufridos jueces enterrados en sentencias y cuyo número de escalafón, como el de María Fernanda (el 1.994) no les daría desde luego para ese vertiginoso giro! Quien no tiene padrinos, no se bautiza. Ella ha sido preferida a su competidora más directa, Teresa Quesada, que está en el puesto 695 ¡pero que son 1300 puestos en antigüedad! Y es que, según le relata Concepción Espejel a la Permanente de Lesmes, lo importante en estos casos no es la antigüedad, que es experiencia, sino que su candidata preferida ya ha manejado materias que son competencia de la Audiencia Nacional como… Menores. Sí, han leído bien. Menores. Cierto es que la AN tiene un juzgado de Menores del que ¿recuerdan su último caso? Menores.

Así que Espejel pone en primer lugar a su candidata, Lesmes y su clan restringido lo aprueban -o a la inversa, que también podría ser- e inmediatamente ésta adscribe a su nuevo fichaje a la Sección Segunda, la que tiene todos los casos Gürtel y dicta este viernes una providencia para meterla en esos tribunales y nombrarla ponente de los Papeles de Bárcenas. Todo de una tacada. Esta maniobra supone, como muy bien decía ayer la periodista Alicia Gutiérrez, el séptimo cambio de tribunal para esa causa. El séptimo. Para meter a la nueva, Espejel ha tenido que sacar fuera a un magistrado con plaza en la Sala, Fernando Andreu, como también se arregló para sacar a José Ricardo de Prada, ponente de la sentencia que precipitó la caída del Gobierno Rajoy. Ambos progresistas, pura casualidad, y bestias negras para el PP.

Espero que no se hayan perdido, porque no es la única jugada que nos han hecho detrás del telón. Hay otro movimiento en el Juzgado Central número 6, el que lleva el Caso Villarejo y el Caso Lezo y el espionaje del BBVA y tantas otras cosas. Tantas, que el juez que tuvo que volver de Roma -Nacho González, dixit- está agobiado y precisado de ayudas que también se buscan por la vía de la comisión a dedo.

Después de la misteriosa salida de su refuerzo Diego de Egea, justito justito cuando se filtró que estaba estudiando dejar en libertad a Villarejo, se volvieron a pedir voluntarios para ir a ese juzgado. Fíjense bien, se piden voluntarios para puestos a dedo en juzgados que ya sabemos qué casos llevan. Lo mismo que antes. 

En esta ocasión también se han nombrado a otro bisoño miembro de la conservadora APM, con unos diez años en la carrera judicial, y que durante los mismos fue propulsado directamente a puestos,también a dedo, como jefe de la Sección de Personal del CGPJ. Poco tiempo ha pasado en el juzgado de Fuenlabrada en el que está como JAT,o sea, sin puesto en propiedad. Debe ser otro caso claro de los que tienen “inquietud por progresar”, porque le ha ganado la designación para el refuerzo a Rosa Freire, una magistrada con 29 años de experiencia pero que tal vez tiene la pega, tal vez, de haber sido la instructora del caso de la destrucción de los ordenadores del PP a martillazos que ha conseguido llevarlo hasta su enjuiciamiento.

Para hacer esta elección, alegan que Abascal ya estuvo seis meses de refuerzo en ese juzgado, y que lo conoce, pero es que cuando le nombraron la primera vez debió ser por su cara bonita, porque no existía ese mérito que alegar. Total, que la Freire lo va impugnar, a ver que le dice el Supremo pero mientras, Abascal está en el sitio donde le quieren tener. El chico iba en las listas para vocal de la fallida renovación del CGPJ y, qué quieren, puestos a no estar en un costado de la Plaza de la Villa de París, tampoco está mal el otro. Todo es el cogollo.

Espero que no se hayan perdido. Es todo muy sencillo. Siempre encuentra fanfarrias jurídicas y pantallas reglamentarias para justificar lo que desean. Actúan en un mundo en el que ni el resto de la carrera judicial repara, ¡los pobres, bastante tienen con sobrevivir a su chinificación continua!, y sobre el que es difícil poner el foco ante los ciudadanos, por su complejidad y enrevesamiento.

Son las puertas de atrás. Esas por las que se controla. A veces va un bocazas y lo escribe en un mensaje y estalla, pero ha pasado y sigue pasando. Curiosamente a favor de los mismos. Los que mandan. Los de siempre. Ahora sigamos dejando que nos cieguen las luces. Eso al menos, nos entretiene. 

eldiario.es/autores/Elisa_Beni/

Felipe VI evita Barcelona i porta el lliurament dels despatxos judicials a Madrid

Per primera vegada en vint anys, el lliurament de diplomes als nous jutges no es fa a la capital catalana.

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Per primera vegada en més de vint anys, avui el lliurament dels despatxos als nous jutges no es farà a Barcelona, sinó a Madrid. Malgrat que l’Escola Judicial tingui la seu a Barcelona, i malgrat les protestes de la sala de govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i de la jutgessa degana de Barcelona, Mercè Caso, per aquesta decisió que trenca dues dècades d’actes solemnes que s’havien fet a Catalunya. El pretext és la commemoració del quarantè aniversari de la constitució espanyola. Això farà que enguany tant Felipe VI com la cúpula judicial, qüestionats i en un moment molt baix de popularitat, s’estalviïn de venir al Principat.

L’Escola Judicial es va inaugurar l’any 1997 a Vallvidrera, i des d’aleshores el lliurament de despatxos el presidia el rei espanyol a la capital catalana, en un acte solemne i multitudinari al qual acudien nombroses personalitats polítiques, policíaques i judicials, inclòs el president del CGPJ i del Suprem. Entre aquestes autoritats hi havia també membres del govern de la Generalitat, començant pel president.

L’any passat Puigdemont ja no hi va participar. Ell era a l’exili, més de mig govern era empresonat preventivament i la Generalitat era intervinguda pel govern espanyol amb l’aplicació de l’article 155 de la constitució. I en aquell context es va fer el lliurament dels despatxos judicials a l’Auditori de Barcelona, enmig d’un blindatge policíac extraordinari per a contenir les protestes convocades contra la presència del rei espanyol i del jutge instructor de la causa general contra l’independentisme al Tribunal Suprem, Pablo Llarena. Aleshores, al defora de l’Auditori hi havia concentracions de protesta, i a dins una ovació de la magistratura a Felipe VI i a una cúpula judicial que donava forma a la seva estratègia repressiva. Llarena hi era rebut també amb aplaudiments i abraçades, en un moment, el mes d’abril, que era a punt de perdre les euroordres enviades a Alemanya, Bèlgica i Escòcia per l’extradició de Puigdemont i els altres consellers.

No hi va assistir el president de la Generalitat perquè era a l’exili, però tampoc no es va convidar cap autoritat política catalana, ni el president del parlament, Roger Torrent, ni la batllessa de Barcelona, Ada Colau, que unes setmanes enrere sí que havien compartit taula amb Felipe VI en la inauguració del Mobile World Congress a Barcelona en una jornada de grans protestes contra la presència del Borbó a Catalunya. D’autoritat política, només el ministre de Justícia espanyol d’aleshores, Rafael Catalá. I també hi era, és clar, la directora de l’Escola Judicial, Gema Espinosa, muller de Pablo Llarena.

Un any d’excepcionalitat política
Per tot plegat, per l’excepcionalitat política del moment, aquell lliurament de despatxos no va ser normal. El d’avui, tampoc: pel lloc on es fa i perquè el poder judicial espanyol, de la primavera de l’any passat ençà, ha guanyat més desprestigi, arran d’una colla d’escàndols que n’han posat en qüestió la credibilitat de la cúpula. El més evident és el que afecta la renovació del CGPJ, que ha quedat aturada de resultes de la publicació dels missatges del senador del PP Ignacio Cosidó, que revelava fins a quin punt el seu partit i el PSOE es reparteixen els noms dels vocals que han de formar part de l’òrgan de govern dels jutges a l’estat espanyol. Un escàndol que va tacar Manuel Marchena, el jutge que presidirà el tribunal que jutjarà els presos polítics.

Però l’escàndol que afecta més de ple l’Escola Judicial és el cas de la filla d’aquest jutge, Sofía Marchena. La gestió de Gema Espinosa en aquest cas és sota sospita, amb una querella interposada per l’Associació Atenes d’advocats. És denunciada, juntament amb els membres del CGPJ, per prevaricació: per haver creat una plaça de fiscal feta a mida de Sofía Marchena, de manera irregular. I uns mesos després, l’estiu de l’any passat, Espinosa va plegar, va deixar l’Escola Judicial. Volia preparar-se per fer el salt a la cúpula judicial, com a vocal del Consell General del Poder Judicial. Una gran aspiració que havia de culminar a final d’enguany, que s’havia anat preparant de feia mesos, utilitzant el tancament de files en la cúpula judicial controlada per Carlos Lesmes en favor de la instrucció política de Pablo Llarena com a trampolí. I d’ací en va treure el màxim nombre d’avals entre els candidats a vocals del CGPJ que negociaven PP i PSOE. Fins que va esclatar l’escàndol dels whatsapps d’Ignacio Cosidó, Marchena va plegar abans no el nomenessin successor de Lesmes i les cartes es van estripar.

I amb aquest rerefons d’escàndols i maniobres, amb la cúpula judicial desacreditada, un monarca impopular i el judici contra els presos polítics a punt de començar, la cerimònia ampul·losa del lliurament dels diplomes dels nous jutges ha esquivat Barcelona per primera vegada en vint anys. A Madrid s’estalviaran d’haver-se de preocupar per allò que passi fora de la sala.

Per: Josep Casulleras Nualart

Jueces para la Democracia pide la dimisión de los vocales para facilitar la renovación de la cúpula judicial

El mandato de la cúpula judicial expira hoy, sin posibilidad de acuerdo para desbloquear el pacto entre las principales formaciones políticas que debían acordarlo. La Asociación Francisco de Vitoria asegura que el actual CGPJ “carece de legitimidad” para todo aquello que no sean “asuntos de trámite” o “urgencia”. Cosidó presume ante el PP de colocar a un presidente del Supremo que controlará “desde atrás” la sala del procés

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Carlos Lesmes, presidente del CGPJ, en una imagen de archivo EFE

La asociación Jueces para la Democracia (JPD) quiere una dimisión en bloque de los vocales progresistas en el Consejo General del Poder Judicial, cuyo mandato expira hoy. A través de un comunicado, la asociación realiza “un llamamiento a los vocales para que renuncien a su cargo y de este modo faciliten la renovación de la institución”. La petición se hace extensiva a todo el Consejo pero fuentes de JPD puntualizan que “con mayor razón” a los vocales que pertenecen a su asociación, un total de cinco. Desde esta asociación aclaran que no participaron como tal en la configuración del actual Consejo y que sus afiliados llegaron a él a título individual.  

El comunicado se ha hecho público en el día que expira el mandato de la actual cúpula judicial y ante la perspectiva de prórroga indefinida, sin que los partidos políticos hayan alcanzado ningún acuerdo de desbloqueo. La ley prevé que sin acuerdo para la renovación, el anterior Consejo quedará prorrogado de manera indefinida.    

El relevo de la cúpula judicial estaba pactado entre Pedro Sánchez y Pablo Casado pero se frustró tras conocerse los mensajes del portavoz del PP en el Senado, asegurando que el acuerdo les permitía controlar la judicatura por la puerta de atrás. 

La actual situación del Consejo es de colapso y enfrentamiento frente a la presidencia de Carlos Lesmes, cuya autoridad ya nadie respeta en la judicatura. La reunión del último pleno del organismo sirvió para nombrar como presidente de la Audiencia Provincial de Madrid a un magistrado apartado del caso Gürtel por su cercanía con el PP. Fue una reunión tensa y angustiosa, en la que hubo lágrimas y tensión.

En su comunicado, JPD apela a “la responsabilidad institucional de los grupos parlamentarios para renovar los más pronto posible y evitar el daño a la imagen de la justicia”.

Comunicado de la Asociación Francisco de Vitoria

Los jueces progresistas no han sido los únicos que han emitido mensajes sobre la renovación de la judicatura. La Asociación Francisco de Vitoria asegura que el actual Consejo “ha perdido legitimidad” por lo que solicitan que mientras estén en funciones se limiten a despachar asuntos de trámite o urgentes. 

En ese documento, los portavoces de esta asociación aseguran:  “El CGPJ ha perdido la legitimidad deseable en un estado democrático para realizar actos discrecionales. Entendemos que, a partir de hoy, debe circunscribir su actividad a despachar los asuntos de puro trámite y reglados o aquellos que, por razones de urgencia o necesidad, no admitan demora”. 

ETIQUETAS: Cúpula Judicial,  Partidos Políticos,   Dimisiones.

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