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Fin del cuento

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5 obras polémicas de ARCO que no fueron censuradas

Aunque el IFEMA ha retirado la pieza de Santiago Sierra, esta no es la primera muestra polémica que se ha podido ver en el recinto. ARCO retira la obra de Santiago Sierra que retrata a Junqueras y ‘los Jordis’ como “presos políticos”

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‘Always Franco’, obra de Eugenio Merino

La censura llega a ARCO. El IFEMA ha ordenado la retirada de  la obra creada por Santiago Sierra para “evitar polémicas”, ya que estaba dedicada a los presos políticos españoles. De esta manera, no podrán verse los cuadros que recordaban a personajes “condenados por sus ideas” como Oriol Junqueras, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.

La decisión, que  el propio autor de la obra cataloga como “una falta de respeto a la inteligencia del público”, no es demasiado habitual en una Feria de Arte Contemporáneo donde previamente existieron otras muestras también sujetas a debate. El único precedente es el de Camila Cañeque, una artista catalana que hizo una performance de forma espontánea en un pasillo del pabellón. “Allí se compra y se vende arte, pero no se hace”, recriminó la creadora.

Aun así, la cultura en ARCO se mostraba sin temer a la polémica y a las ataduras. Al menos, lo hacía. Porque ya fuera usando el sentido del humor, la ironía o el desnudo explícito, en las salas del IFEMA también había lugar para denunciar a la sociedad, a la política y a la propia cultura. Recopilamos algunos de los casos más destacados. Santiago Sierra, tras la censura de su obra “Presos políticos” en ARCO: “Es una falta de respeto a la inteligencia del público”

Always Franco

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El artista Eugenio Merino fue responsable de una de las obras con más controversia de 2012. El autor colocó un fiel representación de Francisco Franco que contaba con todo lujo de detalles: uñas, pelo, arrugas… Como metáfora de su conservación, la estatua estaba colocada en un frigorífico. Merino fue denunciado por la Fundación Francisco Franco, pero ganó el pleito.

Congress topless

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El artista francés Yann Leto afirma haber sido “vetado” después de Congress topless, su obra de 2014, pero esta se desarrolló sin ningún tipo de censura. De hecho, fue una de las muestras que más titulares acaparó. Con estaperformance, consistente en dos strippers bailando alrededor de una barra, intentaba representar lo que, a su parecer, era el Congreso de los Diputados. 

Stairway to Heaven

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El madrileño Eugenio Merino no solo destacó por meter a Franco en una nevera. Previamente, en 2010, ya provocó la ofensa de diversas religiones con una escultura donde podía verse un árabe rezando, un sacerdote católico y, en la cima, un rabino. Como era de esperar, la muestra generó quejas de diferentes colectivos entre los que se encontró la Embajada de Israel en España. 

Porno Queen

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El escultor italiano Paolo Schmidlin creó un busto hiperrealista de la reina de Inglaterra. Lo particular de este es que mostraba a Isabel II con los pechos desnudos y siendo acariciados por dos manos desconocidas. 

No hay pan para tanto chorizo

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El catalán Antoni Miralda convirtió las revindicaciones del 15M en una obra de arte. Trasladó una de las frases más sonadas durante la acampada en la Puerta del Sol: “no hay pan para tanto chorizo”.  Para ello, empleó tinta comestible y una masa similar a la de las galletas para que esta reivindicación política pudiera, además, cumplir con el propósito que lanzaba su propio mensaje: ser ingerida.

ETIQUETAS: ARCO,  censura

Jueces para la Democracia, sobre la condena de Valtonyc: “Si el caso llega a Estrasburgo, se anulará la condena”

Ignacio González Vega considera que el Tribunal Europeo de Derechos Humanas anulará la condena de tres años de prisión contra el rapero. El Supremo confirma que el rapero Valtonyc irá tres años y medio a la cárcel por sus canciones

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El rapero Valtonyc en una imagen de archivo.

El portavoz de Jueces para la Democracia, Ignacio González Vega, ha asegurado este miércoles que lo más probable es que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo anule la sentencia impuesta por la Audiencia Nacional -y ratificada por el Tribunal Supremo al rapero Valtonyc, condenado a tres años de prisión por enaltecimiento del terrorismo, calumnias e injurias graves contra la Corona.

“Una vez que [el recurso] llegue a Estrasburgo, según la jurisprudencia hasta ahora, se estimará el recurso y por tanto se anulará la sentencia”, ha asegurado González Vega en una entrevista en la Cadena SER en relación con el delito de injurias a la Corona, uno de los motivos por los que el rapero ha sido condenado.

Preguntado sobre las posibilidades de recurso que tiene José Miguel Arenas Beltrán, alias Valtonyc, el portavoz ha destacado que el Tribunal Constitucional “seguramente” desestime el recurso, pero que el tribual europeo anulará la sentencia. Condenados por sus letras: los casos contra La Insurgencia, Valtonyc y Hasel

Según González Vega, la doctrina jurisprudencial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos “casa mal con la actual regulación de la legislación penal española”. Condenados por sus letras: los casos contra La Insurgencia, Valtonyc y Pablo Hasel

El Tribunal Supremo confirmó este martes la condena de tres años de prisión contra Valtonyc por los delitos de enaltecimiento del terrorismo, calumnias e injurias graves a la Corona, y amenazas no condicionales en sus canciones.

Consideran los magistrados que las canciones que escribió y que publicó en internet incluyen expresiones en apoyo y alabanza a las organizaciones terroristas GRAPO, ETA, y a algunos de sus miembros, así como contra el titular de la Corona y sus familiares, y contra el presidente del Círculo Balear, Jorge Campos, contra quien se dirigieron las amenazas. 

En la sentencia, el Supremo detalla algunas de las letras que motivaron la condena al rapero por la Audiencia Nacional. Entre los aludidos están el expresidente de Baleares José Ramón Bauzá (“Bauzá debería morir en una cámara de gas, pero va?. Eso es poco, su casa, su farmacia, le prenderemos fuego”); el rey emérito, Juan Carlos (“El Rey Borbón y sus movidas no sé si era cazando elefantes o iba de putas, son cosas que no se pueden explicar, como para hacer de diana utilizaba a su hermano); o Esperanza Aguirre (“Mataría a Esperanza Aguirre, pero antes, le haría ver como su hijo vive entre ratas”).

Además, aludió a etarras (“¿soy un molotov en la sede de UPyD?”; “siete tiros de la glock de Iñaki Bilbao al juez”) y se refirió al presidente del Círculo Balear, Jorge Campos, que ha motivado la condena por amenazas incondicionales recogido en el artículo 169.2 del código penal (“Jorge Campos merece una bomba de destrucción nuclear”, “queremos la muerte para estos cerdos”, “llegaremos a la nuez de tu cuello, cabrón, encontrándonos en el palacio del Borbón, kalashnikov”, “le arrancaré la arteria y todo lo que haga falta”, “queremos la muerte para todos estos cerdos”.).

ETIQUETAS: Valtonyc,   Jueces para la Democracia

Los altos niveles de contaminación incrementan un 20% el riesgo de sufrir un ictus

Un nuevo estudio determina que el aumento del carbón negro en la concentración del aire aumenta las opciones de sufrir un infarto cerebral. Han analizado el registro de 2.740 de pacientes atendidos por un ictus en el Hospital del Mar y los datos de calidad del aire de Barcelona. Los investigadores destacan que actúa en un tipo concreto de ictus provocado por el desprendimiento de plazas formadas por colesterol, calcio y otras sustancias que se acumulan en las arterias. La contaminación del aire se convierte en uno de los principales factores de riesgo de infarto cerebral

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Barcelona incumple los límites legales de contaminación del aire CC BY-SA ALBERT TORELLÓ (FLICKR)

La contaminación de los motores diésel tiene una relación directa con el riesgo de sufrir un ictus aterotrombótico. Esta es la conclusión a la que han llegado los especialistas del Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas (IMIM), el Hospital del Mar y el Institut de Salut Global Barcelona (ISGlobal) en un estudio que acaban de publicar la revista Enviromental Research.

Estos profesionales han analizado la relación entre el carbón negro (hollín) y el riesgo de sufrir un ictus. Sobre esta influencia han determinado que existe “una clara relación”. Así, “por cada incremento de 1,7 µg/m3 (microgramos por metro cúbico) de su concentración en el aire, el riesgo de sufrir un ataque durante las 24-72 horas siguientes crece el 20%”, apuntan en una nota de prensa en la que han hecho públicas estas conclusiones. El uso del diésel es un problema de salud mundial relacionado con el cáncer de pulmón

Según han expuesto, esto “se debe al hecho que la exposición al hollín generado en los motores diésel provoca un incremento de las partículas inflamatorias en nuestro cuerpo”. Aunque Rosa Maria Vivanco, investigadora del Programa de investigación en Procesos Inflamatorios y Cardiovasculares del IMIM, destaca que se trata de casos de “personas que, de forma subyacente, ya sufren la enfermedad ateroesclerótica, en las cuales la contaminación funciona como un desencadenante”.

Sobre estas situaciones específicas, Vivanco reseña que “la contaminación desencadena una serie de reacciones inflamatorias en el cuerpo que pueden acabar provocando el desprendimiento de la placa de ateroma que lleva a la oclusión de un vaso cerebral, y por lo tanto, aumentar el riesgo de sufrir un ictus”.

Los investigadores han utilizado el registro de 2.740 pacientes atendidos por un ictus en el Hospital del Mar en el periodo 2005-2014. También han tenido en cuenta “los datos de calidad del aire registrados en la única estación de Barcelona que controla los niveles de hollín, situada en Palau Reial”, aclaran en la nota de prensa. Y con herramientas de geolocalización “han podido analizar la influencia de este contaminante en los casos de ictus”.

Los promotores del estudio recuerdan que Barcelona y el entorno del Hospital del Mar, donde se ha hecho el estudio, “presentan unos niveles de contaminación atmosférica similares” a los de Londres. A pesar de que en el caso del carbón negro no existe “ningún nivel recomendado” por la Organización Mundial de la Salud, en la capital catalana la media de niveles de partículas fue de 1,4 µg/m3.

Por otro lado, en este análisis no han obtenido datos concluyentes para relacionar el ruido y las zonas verdes en el riesgo de sufrir un ataque de este tipo, ni la influencia de partículas inferiores a 2,5 micras. Sobre este último contaminante, Vivanco aclara que “no quiere decir que no exista, simplemente, no lo hemos podido demostrar en nuestra área de influencia”. En Barcelona, los niveles de partículas PM2.5 fueron de 17,5 µg/m3 durante el periodo estudiado, por debajo de los recomendados por la Organización Mundial de la Salud, de 25 µg/m3.

Procedente de la mala combustión de motores

Con este análisis los investigadores destacan que “han podido comprobar cómo la presencia en el aire que respiramos de este elemento, procedente de la mala combustión de los motores diésel, actúa a corto plazo como desencadenante de un tipo concreto de ictus, el aterotrombótico, provocado por el desprendimiento de las placas de ateroma, que están formadas por colesterol, calcio y otras sustancias que se acumulan en las arterias y provocan la oclusión del vaso”.

El jefe del Servicio de Neurología Clínica del Hospital del Mar y director del Programa de investigación en Procesos Inflamatorio, Jaume Roquer reseña que estas conclusiones demuestran “que el efecto nocivo de los contaminantes ambientales para la salud de la población va mucho más allá de su impacto sobre los problemas respiratorios y el cáncer”. “Hemos demostrado que el aumento del carbón negro en el medio ambiente también afecta al sistema circulatorio cerebral incrementando el riesgo de sufrir un ictus”, finaliza.

eldiario.es/sociedad/niveles-contaminacion

El jefe auditor del PP declara que solo se pueden controlar las cuentas que llegan a Génova, no las ‘B’

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El presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy. Foto: EFE

 MADRID (EP). El jefe de la Auditoría interna del PP, Carlo Lucca Mignani, ha defendido este miércoles en el juicio por la presunta financiación ilegal del PP de la Comunitat Valenciana que controla los gastos electorales según la documentación que las sedes regionales remiten a la nacional.

“Si se hace por fuera del circuito es imposible conocer”, ha subrayado ante el titular del Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional, José María Vázquez Honrubia, durante su declaración como testigo en dicha vista oral. Con esto ha hecho referencia a los gastos de las sedes regionales y provinciales en procesos electorales por los que ha sido preguntado por la fiscal Anticorrupción Myriam Segura.

En este juicio se analiza cómo el PP valenciano liderado entonces por Francisco Camps pagó los actos de las campañas de las municipales y autonómicas de 2007 y las generales de 2008, cuya organización fue contratada a la empresa de la trama Gürtel Orange Market.

Tal y como explicó el extesorero del PP Luis Bárcenas, que también compareció como testigo hace unas semanas, el gerente nacional era el administrador de las municipales, mientras que de las autonómicas son los gerentes regionales. En este sentido, ha confirmado lo que ya explicó Bárcenas sobre que la auditoría interna realizaba una consolidación de las cuentas y de las facturas de los comicios municipales para después entregársela al Tribunal de Cuentas.

Carlo Lucca Mignani ha precisado que este control se hacía siempre conforme a la documentación que remitían las otras sedes. “¿Si hay una contratación de la que no se remite contrato, ni documentación sobre los servicio y no se incluye en la contabilidad, lo puede detectar?”, ha preguntado la fiscal, a lo que el auditor ha concretado que se detecta una vez que el Tribunal de Cuentas publica su informe de conclusiones.

“Lo que pasa es que a veces algún proveedor mete alguna factura como electoral pero en realidad es de funcionamiento”, ha indicado al mismo tiempo que ha constatado que en cada sede del PP hay tres cuentas para diferenciar los gastos de funcionamiento, los ingresos de las cuotas de afiliados y los donativos.

Anomalías en las regiones

Por otro lado, ha señalado que la contabilidad relativa a las elecciones autonómicas depende de los gerentes regionales. En esta línea, ha destacado que la fiscalización de estas cuentas las hace el Tribunal de Cuentas de la Comunidad Autónoma y que, por ello, se desplaza hasta la sede principal de cada comunidad autónoma para hacer la misma “consolidación” que con las cuentas generales.

“Que yo sepa no se han encontrado anomalías en las regiones”, ha dicho el jefe de la Auditoría del PP con respecto a los informes del órgano fiscalizador. Preguntado por las elecciones municipales y autonómicas de 2007, Carlo Lucca ha continuado apostillando que se convocó a una reunión a todos los gerentes regionales para explicarles el manual que se había elaborado con las instrucciones sobre “lo que se puede hacer o no en campaña para que actúen de forma correcta” en base a la ley electoral y la de financiación de partidos y con el límite de gasto.

El PP pierde dinero en campaña

De hecho, en un momento de su declaración ha llegado a decir que el partido pierde dinero en las campañas electorales porque se gasta más de la subvención pública que se da a las formaciones políticas para estos procesos.

En cuanto a la contratación del PP con Orange Market, Carlo Lucca ha afirmado que le parece recordar haber visto contratos con esta empresa pero que no cree que se hayan hecho a nivel nacional. Esta afirmación la ha hecho tras aseverar que hay servicios en las elecciones municipales -como la publicidad exterior o el ‘mailing’- que los contrata el PP nacional para que sean comunes en toda España.

Los comités deciden con quién contratan

En esta línea, el auditor ha subrayado que la contratación no entra dentro de sus funciones y ha añadido que considera que se elige a la empresa “más solvente”. Asimismo, ha contado que el comité de campaña, es decir la “parte política” de la organización de estos actos, es el que se encarga del diseño y la estrategia de la misma y la que “define las contrataciones” y que la “parte administrativa” es la que “posteriormente” controla y paga las facturas de esos eventos.

Carlo Lucca Mignani también declaró como testigo en el juicio por la primera época de actividades de la trama Gürtel (1999-2005), que se celebró el año pasado. En esa comparecencia, en la que fue cuestionado por la financiación de las campañas de las elecciones europeas de 2003 y las generales de 2004, negó rotundamente que el PP tuviese una contabilidad que no fuese la oficial.

Es más, dijo que no se podía conocer quiénes hacían aportaciones al partido porque eran “donativos autónomos”. También, destacó que gracias a la “política en el partido” de fijar un límite de gasto electoral que no generase déficit, “se ha ahorrado el Estado el dinero”; una afirmación que fue reprochada por la Fiscalía Anticorrupción que concluyó aquella vista oral diciendo que “de ningún modo han quedado beneficiados el Estado, los españoles”.

Correos electrónicos

Otra de las personas que han comparecido como testigo este miércoles ha sido Ana Orts, actual secretaria del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes Valencianas. Durante toda su declaración ha insistido en que no recuerda los correos electrónicos que utilizaba durante su etapa como asistente del exsecretario general del PP de la Comunidad Valenciana Ricardo Costa, ni cuáles eran sus contenidos.

“Yo entregaba a la persona a la que venía dirigido el correo y si no venía se lo entregaba a mi jefe”, ha dicho tras mostrarle varios mensajes enviados por Orange Market en los que aparecía su nombre. Sobre el responsable de esta mercantil que trabajó para el PP ha afirmado que le conoce de verle por el partido y ha precisado que no era una persona “exclusiva” pues por allí “pasaba mucha gente”.

Vázquez Honrubia ha querido conocer el motivo por el que ‘El Bigotes’ frecuentaba la sede de los ‘populares’ valencianos y dónde le veía exactamente. Debido a que Orts no ha podido concretar si se percataba de su presencia en los pasillos o en el despacho de Costa, el juez le ha recordado que como testigo se encuentra bajo juramento y tiene la obligación de decir la verdad.

También han declarado dos trabajadores de empresas subcontratadas por Orange Market que han reconocido haber prestado servicios para la empresa de la Gürtel aunque han recalcado que nunca tuvieron ninguna relación con el PP, aunque sabían que en algunas ocasiones era el cliente final.

Este jueves continúa el interrogatorio de los testigos y es el turno de la exalcaldesa deElda y senadora del PP, Adela Pedrosa, cuyo nombre salió en la declaración del ‘número dos’ de la Gürtel, Pablo Crespo, quién indicó que se había reunido con el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez ‘El Bigotes’, como miembro de la Ejecutiva del PP Valenciano.

‘El Bigotes’ añadió que la actual senadora debía conocer la forma de pago de la formación política regional porque fue secretaria general aunque “se escurría mucho”. También está citado a declarar mañana el exdiputado de las Cortes Valencianas y ex delegado del Gobierno valenciano, Serafín Castellano, implicado en la trama conocida como el ‘cártel del fuego’ relativa a la adjudicación de contratos de extinción aérea de incendios destapada en la Comunidad Valenciana en mayo de 2015 que investiga la Audiencia Nacional.

valenciaplaza.com/el-jefe-auditor-del-pp

Defender a las generaciones futuras

La necesidad de tener en cuenta los intereses de quienes vienen detrás de nosotros y la exigencia ética de no destruir lo que no es nuestro parecen obvias pero lo cierto es que no somos capaces de hacer algo tan elemental para nuestra propia supervivencia. 

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El J. R. Mora de hoy: PobrezaJ.R. MORA

Cuando la dirección de Podemos me pidió en 2014 que realizara, junto a Vicenç Navarro, un documento que les sirviera de base para el debate de su programa electoral hablé con varias personas de diversas corrientes ideológicas para conocer su opinión sobre los principales problemas socio económicos de España y para pedirles propuestas.

Una de ellas fue José Esquinas, quizá el español que en la práctica ha contribuido más en favor de la biodiversidad y sostenibilidad del planeta, trabajando durante 30 años en la FAO, presidiendo su Comité de ética y como alma mater del Tratado Internacional de Recursos filogenéticos.

Esquinas me sugirió que sería muy interesante introducir en España el debate sobre la creación de algún tipo de institución dedicada a defender los intereses de las generaciones futuras. Su argumento era el mismo que utilizó en 1987 el famoso Informe Brundtland de las Naciones Unidas titulado Nuestro futuro común: “Las generaciones futuras no votan, no tienen poder político ni financiero, no pueden oponerse a nuestras decisiones”. Asumí convencido esa preocupación e incluimos en el documento una reflexión general al respecto y una propuesta:

“La desigualdad, la explotación de los recursos naturales y el endeudamiento se vienen produciendo desde hace decenios de forma desproporcionada en las sociedades más avanzadas porque no se toman en consideración los derechos de las generaciones futuras que no están hoy día presentes para votar y decidir. Para evitarlo y frenar el crecimiento insostenible de las tres D nefastas (Desigualdad, Daño ambiental y Deuda) es necesario condicionar las decisiones presentes a los intereses de esas generaciones futuras (p. 39)… Puesto que evitar que esto ocurra es fundamental para garantizar la sostenibilidad, habría que crear, como ya se está haciendo en otros países, un organismo independiente que actúe como Defensor de las generaciones futuras con capacidad para impedir que las decisiones económicas se adopten sin contemplar sus efectos sobre el bienestar de la población y la vida futuras en nuestro planeta (p. 54)” (Un proyecto económico para la gente).

La idea no fue tomada en consideración por Podemos, aunque sí por el PSOE que en su último programa electoral propuso “la creación de un Defensor de las generaciones futuras y la elaboración de su estatuto de organización y funcionamiento como adjunto al Defensor del Pueblo”.

Tratando de promover esta defensa de las generaciones futuras, la Fundación Savia está llevando a cabo un trabajo muy valioso. Ya ha conseguido que casi un centenar de municipios reclamen su creación y está logrando que la opinión pública y la publicada comiencen a entender que no podemos decidir sobre el futuro sin preguntarnos qué efectos tendrá lo que hacemos sobre nuestros nietos y sus descendientes.

Como parte de esa campaña, la Fundación publicó en noviembre pasado un libro de Manuel Castañón del Valle titulado El Defensor de las generaciones futuras, en el que se hace un análisis bastante detallado de lo que se ha hecho ya en otros países y de lo que se podría hacer en el nuestro.  En él se muestra, por ejemplo, que ya hay al menos 15 países que cuentan con instituciones específicas dedicadas a defender formalmente los intereses de esas generaciones (Finlandia, Hungría, Bélgica, Escocia, Francia, Malta, Gales, Suecia, Alemania, Israel, Brasil, Chile, Estados Unidos, Canadá y Nueva Zelanda) y que las constituciones de otros hacen referencia concreta a la necesidad de esa defensa, lo mismo que ocurre en diversos tratados internacionales. Incluso instituciones privadas o universidades muy prestigiosas, como la de Oxford, han creado instancias para analizar y representar el interés de las generaciones futuras.

En la Unión Europa, el Parlamento pidió a la Comisión en 2008 que examinara la posibilidad de garantizar la representación institucional de las generaciones futuras aunque, llamativamente, parece que en este aspecto se va más atrasado que en la defensa de las llamadas “personas electrónicas”, para quienes los eurodiputados han pedido ya la creación de un estatuto jurídico, como bien recuerda Castañón en su libro.

La experiencia de otros países muestra que la forma de materializar la defensa de las generaciones futuras es variada. Puede hacerse en el seno de los parlamentos (en el Reino Unido incluso se ha propuesto la creación de una tercera Cámara), como anexo a los defensores del pueblo (tal y como en España propone el PSOE), como órganos del poder ejecutivo o incluso a través de iniciativas privadas. Y, bajo cualquiera de esas formas, la defensa se puede llevar a cabo asumiendo funciones también diversas: legislativas, de control, asesoramiento, denuncia, mediación o litigación. 

La necesidad de tener en cuenta los intereses de quienes vienen detrás de nosotros y la exigencia ética de no destruir lo que no es nuestro, como la Naturaleza, parecen obvias pero lo cierto es que los seres humanos, incluso en un estadio civilizatorio que creemos tan extraordinariamente avanzado como el actual, no somos capaces de poner en práctica algo tan elemental para nuestra propia supervivencia como eso. Nuestro planeta y nuestras sociedades están amenazados, quizá de muerte, si no actuamos pronto. Los daños al medio ambiente comienzan a ser irreversibles; la deuda (el negocio más inmenso e inhumano de la historia) crece sin cesar, esclavizando a la población y haciendo insostenibles nuestras economías; y la desigualdad avanza condenando a una buena parte de las generaciones venideras a vivir sin recursos ni derechos básicos de ciudadanía. 

Esos mismos tres dramas nos están afectando también muy gravemente a los españoles del presente y a los del futuro, aunque apenas hablamos de ello. La pólvora del debate público se nos está yendo en salvas, gastamos nuestras energías en darle vueltas a problemas de segundo orden, aunque quién sabe si conscientemente utilizados por algunos para evitar que contemplemos de frente los verdaderamente importantes.

España ha sido señalada en alguna ocasión por ser el país de la Unión Europea que peor cuida sus recursos naturales, el 80% de nuestra superficie corre el riesgo de convertirse en un desierto a lo largo de este siglo, solo el 12% de nuestros hábitats se encuentra en estado favorable, somos el territorio europeo con el mayor índice de flora endémica en peligro de extinción y nuestro modelo productivo no es solo muy costoso económicamente (aunque muy rentable para las empresas) sino ineficiente energéticamente y muy contaminante y depredador de recursos; hemos registrado el mayor incremento de la desigualdad en Europa en los últimos años; nuestros recortes en investigación están igualmente entre los mayores de nuestros socios europeos, nuestro sistema educativo hace aguas y un joven español de entre 20 y 34 años de cada cuatro ni estudiaba ni trabajaba en 2015; la deuda pública aumentó en 2017 a un ritmo de 1.200 euros por segundo y el Estado tendrá que colocar en los mercados unos 420.000 euros de deuda por minuto en 2018. 

¿Podemos permitirnos el lujo de seguir soslayando estos temas? A mí me parece que es inaplazable que en España actuemos de una vez para evitar que nuestras generaciones futuras (o incluso ya las nuestras) tengan que vivir en un auténtico infierno, y la única forma de conseguirlo es ponernos de acuerdo para educar y concienciar de todo esto a quienes votan y para darle voz a quienes todavía no pueden hacerlo.

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Juan Torres López

es economista. Es miembro del Consejo Científico de Attac España y catedrático de Economía aplicada en la Universidad de Sevilla. PÁGINA WEB

Junqueras denuncia ante el Supremo una estrategia del Estado para “criminalizar al independentismo”

La defensa de Junqueras afea la “instrumentalización” de la justicia penal mediante la apertura de “múltiples causas” contra el proceso soberanista. El Supremo pide al juez de Barcelona del 1-O los informes de su causa y las comunicaciones entre Trapero y Sànchez. Más allá del Supremo: las causas derivadas del 1-O se extienden por los juzgados catalanes

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Oriol Junqueras, en una imagen de archivo SANDRA LÁZARO

Dureza inédita de la defensa de Oriol Junqueras en la causa contra la cúpula independentista que investiga el Tribunal Supremo. En un escrito dirigido al magistrado Pablo Llarena, la defensa del exvicepreident ha denunciado una estrategia del Estado para “criminalizar al independentismo catalán” mediante la “instrumentalización” de la justicia penal.

“Hubo un día en que la política a decidió que debía “parar los pies” o ( en palabras del gobierno de España) “descabezar” al independentismo catalán. Una opción política legal y mayoritaria en Catalunya y, por tanto, imposible de ilegalizar, debía ser criminalizada, y a tal fin se diseñó o promovió una estrategia de ataque por distintos frentes con una clara instrumentalización de la justicia penal”, asegura el letrado de Junqueras, Andreu Van den Eynde, en su escrito, al que ha tenido acceso este diario.

La defensa de Junqueras realiza estas consideraciones en un escrito de alegaciones contra la decisión de Pablo Llarena de acumular a la causa del Supremo la investigación de la Audiencia Nacional al exmayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero.

En un auto del pasado viernes, Llarena puso los límites de su investigación: advirtió de que quedan fuera de su instrucción los encargados de ejecutar las órdenes de los líderes independentistas, los asesores del Govern o los máximos responsables de Diplocat. Todos ellos deberán ser investigados por otros juzgados (esencialmente, el juzgado de instrucción 13 de Barcelona y la Audiencia Nacional), mientras que el Supremo se limitará a sus 28 imputados, que conforman la cúpula del proceso soberanista: Puigdemont y sus exconsellers, la antigua Mesa del Parlament y los líderes de Òmnium y la ANC.

Si bien en otras ocasiones Van den Eynde había reclamado el archivo de la causa y, en caso contrario, que fuera instruida por el TSJ catalán por la presencia de aforados ante este último tribunal, el escrito plasma, por primera vez con tanta contudencia, en el plano jurídico las críticas políticas a la investigación al proceso soberanista.

“Creemos que es el momento de dejar constancia de las violaciones de derechos fundamentales que impregnan y contaminan el presente proceso [en el Supremo] a la vista de la forma en que se tramita y con especial referencia al complejo (e irregular) manejo de las reglas de jurisdicción, de competencia o de conexidad”, justifica el letrado.

Seis “piezas de puzzle”

A criterio de la defensa de Junqueras, la “instrumentalización” de la justicia penal contra el independentismo se demuestra por “las múltiples piezas de puzzle” que conforman las investigaciones sobre el proceso soberanista: el juzgado de instrucción 13 de Barcelona, los interrogatorios de la Guardia Civil, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) –que ya ha enviado sus causas al Supremo–, la Fiscalía, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.

Van den Eynde asegura que es “imposible” explicar jurídicamente esta “investigación procesal atomizada”, y que, a su juicio, “persigue un objetivo (para unos político y para otros jurídico): criminalizar al independentismo catalán”.

A criterio del letrado, los distintos procedimientos son un ejemplo de la “utilización estratégica de las reglas del proceso penal para la obtención de determinados resultados” en contra del independentismo. Critica Van den Eynde que las investigaciones judiciales se han basado en “criterios de oportunidad y en el derecho penal de autor” para desarrollar dicha estrategia política para “descabezar” al independentismo.

Llarena pide las comunicaciones entre Sànchez y Trapero

La causa de los preparativos del 1-O que investiga desde febrero de 2017 el juez Juan Antonio Ramírez Sunyer de Barcelona ha alimentado la causa por rebelión del Tribunal Supremo: el documento ‘Enfocats’ y la Moleskine del exnúmero dos de Junqueras, Josep Maria Jové, bases de la acusación en el Supremo, fueron incautadas el 20 de septiembre durante los registros ordenados por el juez de Barcelona.

En esta misma línea, el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha pedido al juez de Barcelona que investiga los preparativos del 1-O las escuchas e informes fundamentales de su causa. Entre ellos, un informe en el que figuran 47 comunicaciones entre el exlíder de la ANC Jordi Sànchez y el exmajor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, en el registro a Economía el pasado 20 de septiembre, entre las 12.00 horas de la mañana y las 21.00 horas de ese día, con más de 24 minutos de conversación.

Ni Sànchez ni Trapero tenían el teléfono intervenido por orden judicial el 20 de septiembre. Ese día, los registros ordenados por Ramírez Sunyer provocaron las protestas frente a la conselleria y el destrozo de tres coches de la Guardia Civil. La comitiva judicial tardó casi 24 horas en salir del edificio de Economía. La ANC y Òmnium desconvocaron la protesta por la noche. Ambas entidades, junto a los Mossos, vienen defendiendo que no obstaculizaron la labor de la Guardia Civil, al contrario de lo que cree el Instituto Armado, la Fiscalía y el juez Llarena.

El exlíder de la ANC está encarcelado desde el pasado 16 de octubre y es uno de los principales investigados en la causa por rebelión, mientras que Trapero tendrá que declarar de nuevo como investigado por sedición este viernes en la Audiencia Nacional. De hecho, el pasado 20 de octubre la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ya pidió un informe sobre las llamadas entre el 15 de septiembre y el 2 de octubre de Trapero, la intendente Teresa Laplana, Sànchez y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, este último también en prisión provisional junto al exlíder de la ANC.

ETIQUETAS: proceso soberanista,  independencia de catalunya,   oriol junqueras, andreu van den eynde,  Tribunal Supremo

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Jaume Satorra

El hombre no posee el poder de crear vida. No posee tampoco, por consiguiente, el derecho a destruirla. (Mahatma Gandhi)

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