El Gobierno eleva a “golpe de Estado” el referéndum catalán para justificar una respuesta drástica

El presidente del Gobierno no rechaza la posibilidad de aplicar el artículo 155 de la Constitución que permite al Ejecutivo central intervenir una Comunidad Autónoma. La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, avisa que “el Gobierno hará todo lo que tenga que hacer” para “impedir que se puedan llegar a poner urnas”.  

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El Gobierno de Mariano Rajoy ha elevado varios enteros sus declaraciones sobre el proceso independentista catalán ante la posibilidad de tener que adoptar medidas drásticas. Durante toda la semana, varios ministros han calificado de “golpe de Estado” el  borrador de la ley de Transitoriedad Jurídica, que prevé declarar la independencia de Cataluña si el Ejecutivo impide que se celebre el referéndum secesionista. Especialmente dura ha estado la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, que no rechazó la utilización de las fuerzas armadas “si las amenazas se convierten en hechos”.

En Moncloa se tiene claro que no se va a permitir el coste político ni la pérdida de imagen internacional con la reedición de una consulta sin validez jurídica como la pasada del 9-N. “Mal presidente sería yo si permitiera eso. Tenga la absoluta y total certeza de que no lo voy a permitir. Espero que un poco de sentido común llegue a algunos sitios de donde nunca debió haber salido”, avisó Rajoy.

Ante las preguntas de los periodistas a su llegada a su llegada a la cumbre de la OTAN en Bruselas sobre si el Gobierno estaría dispuesto a aplicar el artículo 155 de la Constitución, el presidente del Gobierno no rechazó la posibilidad de su aplicación aunque ha dicho “no querer adelantar acontecimientos ni anunciar problemas” para, a la vez, asegurar que se hará lo necesario para “garantizar que nadie dañará la unidad de España”.

El artículo 155 de la Carta Magna da la potestad al Gobierno central a “adoptar las medidas necesarias para obligar a una Comunidad Autónoma al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general”.

La advertencia velada de Rajoy llega tras responder este jueves a la misiva del presidente de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont, en menos de 24 horas, asegurando que “no cabe plantear una negociación a espaldas de los verdaderos  cauces democráticos y de la Ley”. Rajoy no duda en tachar de “grave amenaza a la convivencia y al orden constitucional” el plan secesionista de Puigdemont.

La respuesta del jefe del Ejecutivo llega en una semana en la que varios ministros se han mostrado muy duros con el proceso catalán. El ministro de Educación y portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, definió como “un verdadero golpe de Estado” el borrador independentista.  

Más polémicas han sido las declaraciones de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal. A pesar de las connotaciones que tiene su cartera en una entrevista en el programa de Carlos Alsina, apuntó que “el Estado tiene fuerza suficiente para impedir lo que es una amenaza contra el Estado” y añadió que “si estuviéramos hablando de militares estaríamos hablando de golpe de Estado” en referencia al proceso catalán.

Cospedal llegó a dejar caer ante la pregunta de si utilizarían a las Fuerzas Armadas para defender la unidad del Estado que “si las amenazas se convierten en hechos el Gobierno tendrá que utilizar los instrumentos que le da el Estado de Derecho. El Estado español tiene muchos instrumentos a su alcance, aquí hay que ir paso por paso y no se pueden precipitar acontecimientos y contestaciones que seguramente es lo que quieren oír aquellos que están amenazando y chantajeando al Estado. Pero, que duda cabe, el Gobierno tiene muchos instrumentos jurídicos y de otro tipo a su alcance”.   

“El Gobierno hará lo que tenga que hacer”

Este jueves durante una entrevista en Herrera en Cope, Cospedal insistió en que “el Gobierno hará todo lo que tenga que hacer” para evitar el “chantaje” de los independentistas. “Estamos dispuestos a impedir que se puedan llegar a poner urnas porque ya se sabe, y se está comprobando, que aquellos que colaboren en esa actuación van a tener consecuencias penales porque todo el mundo tiene que cumplir ley”, concluyó Cospedal.

El lenguaje bélico ha estado presente en las declaraciones de dirigentes del Partido Popular. La vicesecretaria de Estudios y Programas del Partido Popular, Andrea Levy, señaló que “el nacionalismo es la frontera más cruel que puede imponerse en el siglo XXI, que vive del fracaso del pasado, solo busca derrotas, enemigos, víctimas y crear culpables”.

Frente a las delcaraciones más altisonantes, el Gobierno insiste en mantener el diálogo con los responsables de la Generalitat e insisten en la invitación para que Puigdemont vaya al Congreso para debatir y defender su proyecto independentistas, una propuesta que el político catalán ya ha rechazado. El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, recordó que que para defender la soberanía nacional “no hay nada mejor que acudir al Parlamento donde reside esa soberanía y someter a debate su proyecto”.

Fuente: eldiario.es/politica/Gobierno

Unidos Podemos responde a Compromís: “No vamos a dar ni un minuto más a Rajoy”

El grupo confederal asegura que se ha enterado “por la prensa” de la propuesta del partido de Mónica Oltra para negociar la moción de censura con el PSOE y si es necesario aplazarla. Compromís, las primarias del PSOE y el ‘Acuerdo del Prado’: Una nueva opción para echar a Rajoy de la Moncloa

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Pablo Iglesias junto a Mónica Oltra, Joan Baldoví, Ángela Ballester e Irene Montero en un acto del 26J.COMPROMÍS

“No vamos a dar ni un minuto más a Rajoy”. Es la respuesta de Unidos Podemos a la propuesta de Compromís de que negocien con el PSOE la moción de censura a Mariano Rajoy y, llegado el caso, la pospongan para propiciar un acuerdo. Fuentes del grupo confederal han recordado a eldiario.es que el pasado lunes ya hicieron una oferta pública al nuevo secretario general socialista, Pedro Sánchez, y pusieron sobre la mesa la opción de retirar la moción de censura si el líder del PSOE planteaba una propia. Algo que no ha ocurrido. Compromís pide a Unidos Podemos y PSOE que negocien la moción de censura a Rajoy

La dirección de Unidos Podemos-En Comú-En Marea se ha mostrado sorprendida por la iniciativa de Compromís. Fuentes del grupo recuerdan que desde que se anunció la moción de censura se han reunido con los representantes de la coalición valenciana en el Congreso de los Diputados. “Fueron de los primeros en conocer nuestra posición: es un momento de urgencia y lo más importante es echar al PP”, han señalado estas fuentes.  Pablo Iglesias pone a Pedro Sánchez ante su primera decisión política con la moción de censura a Rajoy

Desde Unidos Podemos lamentan que su socio en el País Valencià, con quienes han concurrido en coalición tanto en las generales de diciembre de 2015 como en la repetición electoral de junio de 2016, no les haya comunicado previamente sus intenciones. “Nos hemos enterado del anuncio de Oltra y Baldoví por la prensa, no se ha puesto en contacto con Unidos Podemos”, lamentan desde el grupo confederal. Unidos Podemos intenta sumar a los nacionalistas a su moción para centrar el foco en el PSOE

En Podemos además recuerdan que el partido hizo una consulta a las bases. “Dijeron rotundamente que . Y así lo confirmó la Puerta del Sol llena el pasado sábado”. Desde el partido que lidera Pablo Iglesias creen que “sería recomendable que Oltra y Baldoví hicieran una consulta a sus bases sobre esta decisión”. Y añaden: “Después del anuncio de este jueves tampoco sabemos si van a consultar a sus bases sobre qué van a votar o si esta decisión la tienen ya tomada”.

Desde Unidos Podemos esperan que Compromís no cambie el  a la moción de censura. “Confiamos en que mantengan su posición de votar a favor de echar a Rajoy”. Y zanjan: “No vamos a dar ni un minuto más a Rajoy. Estamos ante una situación de excepcionalidad y urgencia, es el momento de dar respuesta a los ciudadanos, no de ayudar a que Rajoy siga escondido en el Congreso sin dar explicaciones”.

ETIQUETAS: Compromís,Unidos Podemos-En Comú-En Marea, Mónica Oltra, Joan Baldoví, Podemos, Congreso de los Diputados, Mariano Rajoy,moción de censura

El Partido Popular coloniza la cúpula judicial asediado por la corrupción

Utiliza su mayoría en el Poder Judicial, fruto de la victoria en 2011, para imponer en ocho días a dos afines en puestos clave de la Audiencia Nacional. Con esa misma mayoría se renovarán en los próximos meses tres plazas en la Sala del Tribunal Supremo que investiga a los aforados. Espejel ha sido nombrada con el rodillo del CGPJ; para López se ha optado por exigir un viejo título que sólo él y unos pocos más tienen. Cinco magistrados de la Audiencia Nacional recurren el concurso que permite a Velasco dejar su juzgado

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Cospedal aplaude a Concepción Espejel tras condecorarla

El Partido Popular se está sirviendo de un instrumento heredado de su mayoría absoluta, el control del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), para ocupar con afines la cúpula judicial, a pesar de gobernar en minoría y mientras proliferan grandes investigaciones por corrupción en su contra. El sumario de Púnica descarta una mano negra en los informes sobre Cifuentes

En un plazo de ocho días, los vocales del CGPJ propuestos por el PP en 2013 han votado a favor de ubicar en dos de los puestos más importantes de la Audiencia Nacional a Concepción Espejel y Enrique López, magistrados que comparten haber sido apartados a la vez por sus propios compañeros de los tribunales que están juzgando y juzgarán casos de corrupción del PP, con el argumento de su proximidad a la formación política en el Gobierno.

En el método empleado para elegir a Concepción Espejel no ha habido rodeos por tratarse de un nombramiento discrecional. Aspiraban seis magistrados y el bloque mayoritario ha optado, entre los jueces conservadores, por aquella a la que la secretaria general del PP llamó “querida Concha”, durante discurso con motivo de una condecoración.

Solo Vicente Guilarte, propuesto como vocal por el PP, ha optado por Carmen Lamela, una candidata que desde el bloque progresista se apreciaba de consenso. Los otros 11 conservadores, incluido el juez que el Gobierno de Mariano Rajoy designó para presidir el Poder Judicial, Carlos Lesmes, han votado a Concepción Espejel. La magistrada Manuela Fernández de Prado, con 25 años de experiencia “ininterrumpida” en la Audiencia Nacional, como ha recordado Jueces para la Democracia (JpD), ha recibido el apoyo de 8 vocales progresistas. JpD ha calificado de “demoledor” el mensaje que se envía a los jueces con el nombramiento de Espejel.

La presidenta de la Sala de lo Penal está facultada para abocar a pleno las resoluciones que considere, arrebatando así la decisión a una sección determinada y poniéndola en manos del conjunto de magistrados de esa Sala, de mayoría conservadora. Espejel, hasta ahora presidenta de la Sección Segunda, integrará la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional, influirá con sus decisiones sobre el reparto de los asuntos entre unas secciones y otras y presidirá ella misma la Primera. También influirá en los señalamientos de juicios, una cuestión aparentemente administrativa, pero que puede resultar determinante en qué magistrados integren un tribunal, según su disposición en ese momento.

Ingeniería administrativa para López

La elección de Enrique López ha necesitado de otra ingeniería más complicada que en el caso de Espejel. La Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional era una exigencia de los organismos internacionales desde casi su fundación. El Partido Popular hizo un amago de creación al final del mandato de Aznar, pero no ha sido hasta los últimos meses cuando éste se ha concretado.

En medios jurídicos cunde la indignación por los elegidos para ocupar un tribunal con tanto poder y de tanta exigencia jurídica apenas tengan experiencia en poner sentencias. La Sala de Apelaciones revisará en sus fallos todos los que haya dictado previamente la Sala de lo Penal de los casos que comiencen a instruirse a partir del próximo 1 de junio.

El criterio impuesto desde el Gobierno para que López y Velasco hayan llegado a la Sala de Apelaciones es que los magistrados que integren el tribunal tengan la especialidad en penal. En la polémica abunda que esa especialidad solo se les reconoce a aquellos que superaron una oposición menor hace veinte años, frente a otros que aprobaron una mucho más exigente y anónima en 2011, pero que fue anulada en parte por el Tribunal Supremo.

El número uno de esta convocatoria fue Ramón Sáez, magistrado progresista de gran experiencia, exvocal del CGPJ a propuesta de IU y ponente en los últimos tiempos del fallo que absolvió en la Audiencia Nacional a los manifestantes que rodearon el Parlament de Cataluña en mayo de 2011. El CGPJ debió convocar después una nueva oposición, pero nunca llegó a hacerlo. 

Por tanto, entre los doce que ostentan la única especialidad en penal reconocida están Enrique López y Eloy Velasco. Una vez convocada la plaza, solo restaba que ambos se presentaran para aplicar el criterio de selección y que fueran los elegidos. En el caso de Velasco, su ascenso implica que deja de instruir los casos de corrupción más graves que afectan al PP y cuya investigación está abierta: la pieza del caso Púnica que investiga su financiación irregular en Madrid y la Operación Lezo, con el expresidente autonómico Ignacio González en el centro. 

Segundo ascenso con una renuncia de por medio

La insistencia del PP con Enrique López se remonta a la pelea que durante años mantuvo por ubicarle en el Tribunal Constitucional, a pesar de la oposición frontal del PSOE, que alegaba no reunía los méritos exigidos. En 2013, con la mayoría absoluta del PP, llegó el momento de su desembarco en el Constitucional, pero un año después el magistrado se vio obligado a dimitir tras ser sorprendido conduciendo borracho su moto y sin casco por el centro de Madrid. La Ley permitía su reingreso inmediato en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

En dos años y medio, López ha vuelto a ascender, ahora a la nueva Sala de Apelaciones, de la que resta por elegir a su presidente. Será, como en el caso de Espejel, una elección discrecional. Hasta entonces, el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, presidirá provisionalmente el tribunal. Navarro aparece en la fotografía que ilustra esta información detrás de Espejel, aplaudiendo como Cospedal. En aquel entonces era presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

En los próximos meses cabe un nuevo movimiento que afecta a otra ubicación clave en el sistema judicial español, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, la que se encarga de investigar a los cargos políticos y otros aforados. Dos puestos están vacantes ya, uno más lo estará en las próximas semanas y en noviembre se marcharán cuatro magistrados eméritos, tres de ellos progresistas. Si la mayoría conservadora del CGPJ impone a sus candidatos en las tres plazas a cubrir, la Sala de lo Penal del Alto Tribunal se escorará todavía más a la derecha.

Marchena, el ‘cerebro’ en la sombra

El presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, es considerado desde el sector progresista de la judicatura la cabeza pensante detrás de todos los movimientos de piezas que se están produciendo en el sector judicial. Según fuentes del caso, Marchena llamó al teléfono móvil del juez Eloy Velasco mientras tomaba las primeras declaraciones de detenidos en la Operación Lezo para advertirle de que iban a intentar apartarle del caso por el puesto que desempeñó su mujer en la Comunidad de Madrid en tiempos de Ignacio González. Como consecuencia de ello, Velasco preguntó a González y su defensa si querían que se apartara.

Una de las plazas pendientes de convocar el Tribunal Supremo es la de José Manuel Maza, el primer fiscal general del Estado reprobado en la historia de la democracia española, tan solo seis meses después de ser nombrado por el Gobierno. Maza no era la primera opción para el Ejecutivo, que pretendía renovar en el puesto a Consuelo Madrigal. Sin embargo, la negativa de ésta a designar puestos claves en el Ministerio Público hizo cambiar de postura al ministro de Justicia, Rafael Catalá.

Uno de esos puestos era el de la jefatura de la Fiscalía Anticorrupción, para el que fue elegido Manuel Moix. Antes de nombrarlo, Maza fue advertido por la teniente fiscal de Anticorrupción y por la Unión Progresista de Fiscales de que iba a nombrar alguien a quien el principal acusado de la Operación Lezo, Ignacio González, alababa en las intervenciones telefónicas y del que sabía que iba a ocupar el puesto tres meses antes. Maza ignoró el aviso. La pasada semana Moix fue reprobado en el mismo pleno que Maza y el ministro Catalá, el pasado 16 de mayo.

ETIQUETAS: Partido Popularcorrupción, CGPJ, Enrique López, Concepción EspejelManuel Marchena, José Manuel Maza, Rafael Catalá, Manuel Moix

Rajoy responde a Puigdemont que “no cabe negociar a espaldas de los cauces democráticos y de la Ley

El presidente del Gobierno recrimina a su homólogo en Cataluña que “plantee tan grave amenaza a la convivencia y al orden constitucional”. “Mal se compadece el diálogo que dice ofrecer, con la amenaza de una declaración de independencia para el caso de no ser satisfechas sus pretensiones”, añade el presidente Rajoy. Puigdemont le dice por carta a Rajoy que ha llegado el momento de negociar

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El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha respondido este jueves mediante una carta a la misiva que le mandó el presidente de la Generalitat Catalana, Carles Puigdemont. Rajoy asegura que tiene “voluntad de dialogar y de llegar a acuerdos con la el Ejecutivo autonómico pero “no cabe plantear una negociación a espaldas de los verdaderos  cauces democráticos y de la Ley”. 

El presidente de la Generalitat había enviado una carta al jefe del Ejecutivo en la que le exponía que “ha llegado el momento imprescindible para que los dos gobiernos se puedan sentar en la mesa a dialogar” para “buscar una solución política pactada y acordada que dé respuesta a la demanda de la ciudadanía de Cataluña de poder decidir su futuro”.

Rajoy la recrimina a Puigdemont la contradicción de que plantee “tan grave amenaza a la convivencia y al orden constitucional” y al mismo tiempo “reclama al Gobierno de la Nación que acepte la celebración de ese referéndum, prepara un conjunto de iniciativas legales que suponen la liquidación absoluta de nuestro orden constitucional”.  

“Mal se compadece el diálogo que dice ofrecer, con la amenaza de una declaración de independencia para el caso de no ser satisfechas sus pretensiones”, añade el presidente Rajoy.

El presidente califica la propuesta de diálogo de Puigdemont como “una forma de vulnerar el núcleo esencial de la Constitución española” por lo que invita al presidente catalán a “recuperar los planteamientos que, lejos de generar desencuentros y frustración, se ajusten al común marco de convivencia y respondan a las necesidades reales de los catalanes”.    

“La soberanía nacional y el Estado de Derecho” son los únicos límites para alcanzar un entendimiento, según Rajoy, por lo que ambos mandatarios “no tienen capacidad para negociar” sobre lo que no tienen. A juicio del presidente del Gobierno hacerlo “supondría hurtar de sus derechos al conjunto del pueblo español y, por ende, a los catalanes, y ningún legítimo gobernante puede proceder de esta manera”.

De esta manera, Rajoy responde en solo 24 horas a la amenaza de Puigdemont de su  “última” oferta para negociar. “La petición que hacemos es la última. Una negativa clara o una ausencia de respuesta es un mensaje claro. En los próximos días o semanas tenemos que poder recibir una respuesta”, manifestó el dirigente catalán en una entrevista a 8tv.     

Carta de Rajoydocumentcloud.org/documents

La dirección de Podem Catalunya apoya un referéndum sin acuerdo como “acto de movilización”

Dante Fachin enviará a las bases su posicionamiento en el proceso participativo que decidirá la postura del partido ante el referéndum.  Podem consultará a sus bases su posicionamiento ante un referéndum sin acuerdo con el Estado

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Dirección de Podem apoya referéndum sin acuerdo como “acto de movilización”

La dirección de Podem se decanta por apoyar un referéndum sin acuerdo con el Estado pero entendido como un “acto de movilización popular”, aunque no sea vinculante, posicionamiento que su líder, Albano Dante Fachin, hará llegar a las bases de la formación morada mediante un vídeo.

Podem ha propuesto a sus bases tres escenarios para debatir y fijar su posición ante la eventual convocatoria de un referéndum unilateral: el rechazo a un referendo sin acuerdo con el Estado, participar en su convocatoria pero entendido como un “acto de movilización popular” aunque no sea vinculante y, por último, reconocer el referéndum unilateral como vinculante y “válido” en “toda regla” si cuenta con una participación masiva.

El líder de la formación morada, Albano Dante Fachin, hará llegar un vídeo a los círculos del partido en el que anima a las bases a participar en los debates, que concluirán el próximo 9 de junio, y en el que la dirección de Podem se decanta por apoyar el segundo de los tres escenarios propuestos.

De acuerdo con este supuesto, si el Govern de la Generalitat convoca un referéndum sin acuerdo con el Estado ni reconocimiento internacional, Podem “participará de esta convocatoria entendida como un acto de movilización cívica, popular y de empoderamiento social”, lo que Fachin admitió, en rueda de prensa el pasado lunes, sería la repetición del 9-N de 2014.

En el mensaje del vídeo de Fachin a las bases, la dirección de Podem deja claro que para este partido un referéndum unilateral es “una cosa que no existe”, porque los referéndums significan, “justamente”, que “dos partes se ponen de acuerdo para dirimir una diferencia”.

“Pero este no es el caso y, por eso, no creemos que pueda existir algo que se pueda llamar referéndum si es unilateral. Y, por eso, nosotros seguiremos trabajando para hacer realidad un referéndum con las máximas garantías y que solucione de una vez la situación de bloqueo que vivimos”, señala Fachin.

No obstante, la dirección sostiene que, ante la imposibilidad de un referendo acordado y ante la posibilidad de que el Govern lo convoque, Podem “no puede permanecer indiferente” a este escenario, aunque no se trate del referendo “por el que nosotros trabajamos”.

Así, y tras constatar que Podem no es una formación independentista, la dirección recalca que ante una posible convocatoria sin acuerdo y “aunque no estemos ante el referéndum que necesita Cataluña”, aún así “debemos sumarnos a la movilización ciudadana para reclamar este derecho”.

“Ante una movilización del 80% de la ciudadanía, el PP no podrá seguir dando la espalda a la gente de Catalunya”, esgrime la dirección morada en su mensaje a las bases, que recuerda además que según los sondeos entorno al 80 % de los catalanes es partidario de la celebración de un referéndum para decidir su futuro político.

ETIQUETAS: Podem,Catalunya, referéndum, Albano-Dante Fachin

Venezuela, situación de peligro

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Maduro convocó a una Asamblea Constituyente, pero la oposición continúa sus violentos. Foto: @PresidencialVen/ Twitte

No creo que en Venezuela exista un estado de guerra civil todavía. Sí aprecio una situación en extremo peligrosa que requiere ser atajada rápidamente.

Está en marcha el guión del Comando Sur de Estados Unidos, cuyo objetivo es no solo acabar con la revolución sino convertir a Venezuela en otra Libia u otra Siria y ha conseguido algunas de sus metas. Tal vez la más importante sea el desabastecimiento de alimentos y medicinas, creado artificialmente por las grandes empresas alimentarias, cuyos dueños, junto a otros oligarcas y funcionarios corruptos, han ganado fortunas a costo de los fondos asignados por el Estado para la compra de insumos y materias primas.

Este conjunto de problemas afecta severamente la vida cotidiana, ha creado irritación en sectores populares y aminorado el enorme caudal de apoyo popular que logró conquistar el chavismo con el genio estratégico de Chávez al mando y altos precios del petróleo. En aquella etapa, Venezuela incluyó como ciudadanos plenos, con dignos salarios, atención médica, servicios educativos, pensiones decorosas, viviendas de calidad y, sobre todo, participación y protagonismo políticos a las grandes mayorías hasta entonces marginadas y en muchos casos discriminadas por el color de su piel.

Pocas veces en la historia se pusieron en marcha en tan poco tiempo programas sociales de esa envergadura. Pero aunque mejoró ostensiblemente el nivel de vida de grandes masas, no parece haberse elevado por igual la conciencia política, sin contar el inherente culto al consumo del modelo rentista petrolero aun vigente, arraigado incluso en los sectores anteriormente más desfavorecidos.

Cuando Chávez fue electo nuevamente presidente en 2012 ya existían barruntos de guerra económica aunque lejos de llegar al grado de perfeccionamiento y rigor a que ha sido llevada por la contrarrevolución bajo la presidencia de Maduro.

La gran diferencia de votos a favor de Chávez entre esa elección y la de Maduro en 2013, evidenció los daños adicionales de la guerra económica, pero también el insuficiente trabajo político del PSUV para esos comicios e, igualmente, confirmó el relevante papel de los grandes liderazgos carismáticos y aglutinadores.

Con esas condiciones en contra, Nicolás Maduro ganó limpia e indiscutiblemente la elección presidencial pero inmediatamente se desencadenaron protestas de tinte golpista por el candidato opositor Capriles que condujeron a actos violentos y la muerte de nueve personas. Maduro se entregó a una vorágine de trabajo sin pausa en cinco años. Debió construir su propio liderazgo, fortalecer la unidad cívico militar, combatir la guerra económica con soluciones de masa y, pese a las dificultades, continuar y restaurar las grandes misiones sociales creadas por Chávez. No menos importante, su esfuerzo honesto por encaminar un diálogo con la oposición.

Tuvo que soportar las guarimbas de febrero de 2014, que con saldo de 43 muertos y astronómicos daños materiales fueron instigadas por Leopoldo López, de nuevo con el sesgo golpista invariable en la oposición. Poco después vino otro rudo revés para el chavismo al perder las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015, su primera derrota electoral en 17 años.

La derecha se sintió con el derecho de derribar a Maduro mucho antes de cumplir su mandato e inició una serie de acciones sediciosas desde el cuerpo legislativo, que llevaron al Tribunal Supremo a declararla en desacato hasta hoy.

El mayor aliento a la contrarrevolución en su permanente propósito de derrocar a Maduro y a la revolución viene con la llegada de Almagro a la secretaria general de la OEA, secundado por el frustrado candidato presidencial republicano Marcos Rubio. Desde ese infecto lugar, el uruguayo ha articulado una coalición antivenezolana de gobiernos de derecha, entre ellos los de México, Colombia, Brasil y Argentina, en ciega obediencia a los planes de Estados Unidos.

Esa y no ninguna preocupación por la democracia y el orden constitucional es lo que ha movido a la derecha a la criminal espiral de violencia fascista en curso, que ya se ha cobrado medio centenar de vidas. No cabe duda que si no se desmantela esta feroz embestida con urgencia, la contrarrevolución hará cuanto esté a su alcance para deslizar al país hermano hacia la guerra civil y la intervención extranjera. El golpe a la derecha violenta fortalecerá la posición chavista hacia la Asamblea Nacional Constituyente y facilitará encauzar el gran diálogo nacional que se busca.

Fuentecubadebate.cu/opinion

Venezuela: Desmantelan nuevos grupos armados de la oposición

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Grupos de la oposición venezolana siembran el caos para desestabilizar el país. Foto tomada de Correo del Orinoco.

Fuerzas de seguridad venezolanas desmantelaron más células violentas financiadas por partidos ultraderechistas y que han sembrado el caos en el país suramericano, confirmó el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol.

En declaraciones ofrecidas este miércoles al canal Venezolana de Televisión, el general Reverol anunció que, durante las últimas 48 horas, “se lograron desmantelar nuevas células terroristas armadas que vienen desatando focos de violencia, e intentan cercenar los derechos a la vida, a la paz, al libre tránsito y al desarrollo cotidiano de la sociedad”.

El ministro informó del arresto de los ciudadanos Víctor Lizandro y Marelys Hernández, militantes del partido de extrema derecha Voluntad Popular, encargados con organizar actos vandálicos en el estado de Miranda, específicamente en San Antonio de los Altos.

También fueron puestos bajo custodia de las autoridades los ciudadanos David Escalante y María Andreína Montilla, también militantes de Voluntad Popular, quienes financiaban las operaciones criminales de las escuadras violentas en Caracas.

Entre los detenidos aparecen Héctor González Machado, militante del partido Un Nuevo Tiempo, y Ergio Paz y Daniel Albornoz, integrantes del partido ultraderechista Primero Justicia, quienes organizaban a las bandas violentas en el estado Zulia, en acciones de disturbios y saqueos.

“En todos estos hechos -destacó el general Reverol-, se incautaron gran cantidad de material explosivo no convencional, bombas molotov (caseras), empleadas para acciones terroristas, además de otros elementos de interés criminalístico”.

“No cabe duda -agregó el ministro-, que la extrema derecha venezolana persiste en su afán de golpe de Estado, orquestado por grupos armados paramilitares, asociados a bandas delincuenciales, completamente al margen de la Constitución, al extremo de asediar instalaciones militares, con el riesgo implícito de provocar muertes”.

Las acciones violentas de los grupos asociados a partidos opositores de la ultraderecha reaccionaria, provocaron hasta el momento 60 muertos, más de mil heridos y multimillonarias pérdidas económicas en el sector público y privado.

Fuentecubadebate.cu/noticias

Jaume Satorra

Jaume Satorra

El hombre no posee el poder de crear vida. No posee tampoco, por consiguiente, el derecho a destruirla. (Mahatma Gandhi)

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