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Juan Carreño, el profesor republicano al que Granada quiere rescatar del olvido

Asesinado en 1934, el cuerpo del exdiputado en las Cortes republicanas por el PSOE permanece enterrado en un nicho cuya ocupación ha vencido y obligaría a exhumar sus restos. La asociación Granada Republicana UCAR pide al Ayuntamiento que le declare ‘persona ilustre’ para evitar que con la exhumación se borre la huella de su vida. El Consistorio va a iniciar los trámites para la declaración aunque necesita del apoyo de todos los grupos municipales.

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Única imagen que se conserva de Juan Carreño | Fundación Pablo Iglesias

La muerte no distingue. Es una frase que por repetida mil veces no deja de ser cierta. La muerte es implacable, pero hay quienes por una u otra razón hacen que sus vidas se conviertan en algo tan notable que, cuando la muerte les cobra la factura, merecen ser recordadas. Ese es el caso de Juan Carreño, un profesor cubano y republicano convencido, que hizo que Granada llorase su asesinato -como el de muchos otros- en plena Revolución de Octubre de 1934 de la que formó parte. Ahora, una simple palabra en su tumba en el cementerio de Granada, “vencida”, sirve de pie de nota para certificar una segunda muerte que hay quienes quieren detener.

La asociación Granada Republicana UCAR es la que está intentando que Juan Carreño no caiga en el olvido con el desahucio de su nicho que lleva en marcha desde 2016. Para lograrlo, dicha organización ha cursado una petición al Ayuntamiento de Granada con la que pretende que el Consistorio califique a Carreño como ‘persona ilustre’ de la ciudad de tal manera que sus restos vayan a parar a un panteón que existe para tales personalidades en el mismo cementerio granadino. El presidente de Granada Republicana UCAR, José María García Labrac, cree que “se trata de una persona que fue muy querida por su labor con las personas más desfavorecidas” y que por eso “merece ser recordado”.

Carreño, un profesor comprometido

La historia de Juan Carreño Vargas es la historia de un maestro español nacido en Cuba el 20 de abril de 1886. Vino al mundo 12 años antes de que su tierra natal dejase de ser colonia de España y por ello, Carreño se vinculó rápidamente a Granada cuando se marchó de Cuba tras la independencia de 1898. En la ciudad de la Alhambra se licenció como tal en la Escuela Normal de Magisterio. Una institución cuyo edificio ocupa hoy la sede provincial del Gobierno de la Junta de Andalucía.

Su carrera profesional le llevó a ser maestro en Las Palmas de Gran Canaria y posteriormente en Huétor Santillán, ya de regreso en tierras granadinas. De fuerte convicción republicana, las referencias que hay de su historia hablan de un hombre que intentó llevar la enseñanza a todo el mundo. Incluso a aquellas familias que por tener peores condiciones sociales no podían permitir una vida digna para sus hijos. Quizá por eso ingresó en la Unión General de Trabajadores (UGT) como secretario del Sindicato de Maestros, fue miembro de la ejecutiva provincial de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza (FETE) y llegó a ser presidente de la Casa del Pueblo de Granada.

No obstante, su vocación política no se detuvo ahí. En 1931 logró ser diputado del PSOE por la provincia de Granada en las primeras Cortes de la II República, hito que intentó repetir en 1933 quedándose a las puertas. Sin embargo, durante todo ese tiempo, su labor como docente y su perfil cercano al pueblo le valieron el cariño de la sociedad granadina y sobre todo de las clases menos adineradas. Pues su visión pragmática de la vida encajaba con un modelo social en el que todos debían tener las mismas oportunidades.

Como casi todos los que significaron sin tapujos con la II República, su nombre estuvo en una lista negra en cuanto empezaron las primeras escaramuzas que dieron pie a la Guerra Civil. Fue precisamente por eso, en plena Revolución de Octubre de 1934, por lo que se cree que Juan Carreño Vargas fue asesinado. Según cuentan las crónicas, el profesor y político republicano recibió una brutal paliza que acabó con su vida. Las mismas voces sostienen que aunque hubiese sobrevivido a aquel trance, su destino estaba escrito por haber sido una persona muy crítica y comprometida con el régimen republicano. Habrían intentado acabar con su vida en más ocasiones.

De hecho, Juan Carreño murió cuando formaba parte del Comité Revolucionario de Granada durante aquel octubre. Por ese motivo ingresó en prisión y días después fue detenido de nuevo. El 10 de octubre dieron con él para tomarle declaración en una comisaría granadina por sus acciones como miembro de dicho comité. Allí fallecería de manera repentina a consecuencia de una hemorragia cerebral certificada en una autopsia que pese a ello, añadía que no había padecido malos tratos físicos. Aunque la sospecha de una paliza siempre planeó sobre su muerte. Especialmente durante el entierro en el cementerio de Granada al que acudieron cientos de personas a llorar su fallecimiento y asumiendo que Juan Carreño había sido asesinado.

84 años después

Desde aquel octubre de hace ocho décadas hasta hoy han pasado 84 años. Un tiempo tan largo que para la mayoría de la sociedad granadina, Juan Carreño es apenas un desconocido. Su relato se mantiene vivo de manera tenue en quienes peinan algo más que canas. Por eso, ahora que su nicho 45 en el patio 1 y fila 2 del cementerio corre peligro de desahucio, Granada Republicana UCAR pretende revivir su historia y honrar sus restos.

Con la petición que han hecho al Ayuntamiento de Granada para que declare a Carreño como ‘persona ilustre’ de la ciudad, pretenden no solo que sus restos no se pierdan, sino que sirva de punto de partida para que otros granadinos que fueron relevantes, tengan una solución similar a la que quieren con este profesor republicano. Pues según explica el presidente de la asociación, García Labrac, “hay algunos granadinos ilustres cuyas tumbas también están en proceso de desahucio”. Al tiempo que asume que “la dictadura de Franco se encargó de borrar los honores de algunas de estas personas ya que hay casos en que ni sus lápidas recuerdan qué cargos de relevancia ocuparon”.

Por su parte, fuentes del Ayuntamiento de Granada han confirmado a eldiario.es Andalucía que iniciarán el procedimiento para convertir a Juan Carreño en ‘persona ilustre’ de la ciudad. Eso sí, recuerdan que no es algo que dependa exclusivamente del equipo de Gobierno actual, que preside el socialista Francisco Cuenca, sino que requiere de una mayoría de los grupos municipales. Además, el tiempo para que se lleve a cabo el procedimiento no está fijado y puede dilatarse unos meses.

De ahí que tanto Granada Republicana UCAR como el PSOE granadino se hayan puesto en contacto con Emucesa, la empresa que gestiona el cementerio, para recabar más información que permita evitar que los restos de Juan Carreño sean retirados del nicho que ocupa. Según ha podido saber este medio, la última vez que alguien pagó su ocupación fue en 2005 y dicho pago habría correspondido al hijo del propio Carreño que habría fallecido entonces. Desde ese momento, no hay ninguna referencia de que el profesor republicano tenga familiares directos vivos. Una situación que suma emergencia al procedimiento para que la memoria de Juan Carreño Vargas no acabe en el olvido.

eldiario.es/autores/Alvaro Lopez

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INVESTIGACIÓN: El rastro del vídeo anónimo contra Santamaría conduce hasta un compromisario amigo de Pablo Casado

Pedro Mouriño, exdirigente de Nuevas Generaciones, difundió el vídeo por Whatsapp horas antes de que se hiciera público. Mouriño niega a eldiario.es que sea responsable de la creación del vídeo pero prefiere no desvelar quién se lo facilitó. El archivo empezó a llegar el jueves por la noche a grupos de chats privados de jóvenes del PP críticos con el partido y antiguos seguidores de Esperanza Aguirre. Santamaría pide al PP que investigue quién está detrás del vídeo y quién promovió su difusión: “es un ataque intolerable”

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Captura del vídeo anónimo contra Santamaría en las primarias del PP

Nadie reivindica la autoría del vídeo que ha puesto patas arriba la campaña de primarias del PP. Nadie sabe, nadie quiere contar, de dónde sale el montaje que busca desgastar la candidatura de Soraya Sáenz de Santamaría. La elaboración del spot requiere un trabajo profesional: hay hemeroteca, documentación, grafismo y efectos visuales. Santamaría ha elevado la importancia del vídeo al pedir por carta al PP que investigue quién está detrás, quién ha elaborado y quién se ha encargado de difundir este “ataque intolerable” realizado “con la peor de las intenciones”.

Casado ha repetido en las últimas horas que no tiene nada que ver con el vídeo, que aprecia mucho a las personas que aparecen en él y que en realidad a quien le viene mal es a su candidatura porque le salpica la sospecha del juego sucio en las primarias. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se ha apresurado a concluir que ese vídeo “no lo ha hecho nadie del PP”. 

 

Sin embargo, el rastro del vídeo anónimo en Internet conduce al entorno político de Pablo Casado. Detrás de una maraña de usuarios de YouTube, grupos de Facebook y Whatsapp, periodistas y agencias de comunicación, militantes asustados por la repercusión del vídeo, voces miedosas al teléfono y pistas falsas, eldiario.es ha encontrado a una persona que hace de muro de contención para guardar el secreto del origen del vídeo.

El primer indicio para empezar a buscar lo da la forma en la que el vídeo se hace conocido. No hay que fiarse de la versión que presenta el montaje como “un vídeo viral” que ha recorrido “las redes sociales”. El vídeo no se difunde de manera masiva en Twitter, Facebook o YouTube hasta que no llega a las páginas de los medios de comunicación digitales, que son los que lo convierten en algo público.

De hecho, las únicas copias que existen del vídeo subidas a Internet están en páginas de YouTube pertenecientes a medios de comunicación, al menos hasta este pasado fin de semana. eldiario.es sube el vídeo sobre las 12.30h del viernes y lo mismo ocurre con otros medios digitales, que entre esa hora y las 14.00h publican sus noticias sobre el misterioso vídeo que les ha llegado a muchos periodistas por Whatsapp. ¿Quién envía el vídeo a los periodistas? Gente que lo ha visto en chats, enviado por otra gente relacionada de alguna manera con el PP.

Solo hay una copia subida a YouTube que parece diferente. Está subida bastante más temprano que la de los medios de comunicación, a las 10.44h del viernes. La cuenta no un tiene nombre y apellidos asociados. Parece la primera pista. Pero acaba no siéndolo; es la cuenta personal de un periodista de la revista Merca2, uno de los primeros a quien llega el vídeo por Whatsapp y que lo sube a su canal personal para luego escribir un artículo sobre el asunto.

Lo que sí parece claro a estas alturas es que no encontraremos ningún rastro público en Internet del vídeo de marras. No es un vídeo viral, es un vídeo mediático. Es un vídeo filtrado a los medios a través de varias capas de chats intermedios. La clave pues será ir recorriendo esas capas, esos eslabones de la cadena que nos lleven hasta el origen del vídeo.

¿Quién es esa gente del PP que está compartiendo el vídeo en sus chats de Whatsapp antes de que llegue a los periodistas? Empezamos a encontrar un perfil, también con ayuda de algunos simpatizantes populares que están dentro de grupos cerrados de Facebook. A muy primera hora del viernes ya hay movimiento en varios grupos de gente joven relacionada con Nuevas Generaciones en Madrid. “El vídeo llega y todos preguntamos de dónde sale, pero nos responden que no se sabe”, nos cuenta una militante popular a quien llega el archivo por Whatsapp antes de las 9 de la mañana. “¡Vaya renovación! Todo esto es tal cual”, se lee sobre el contenido del vídeo en el muro de Facebook de otro simpatizante del partido.

Son jóvenes, hemos dicho, y también son críticos con la deriva del partido en los últimos años. Algunos de estos jóvenes han pertenecido a organizaciones juveniles “renovadoras” que han pedido cambios, en la línea de lo que pedía Esperanza Aguirre y siempre cercanos a Pablo Casado en Madrid. Casi todos, claro, están a favor de Pablo Casado en esta contienda de las primarias y por eso comparten el vídeo contra Santamaría, aunque en algún caso sin percatarse del terremoto que podría suscitar. “El vídeo dice verdades y tampoco es tan ofensivo, no veo por qué tanto escándalo”, dice una simpatizante de Casado.

El vídeo no es para tanto pero nadie tiene la tentación de subirlo a Twitter o a YouTube o a ninguna página pública de Facebook hasta que no aparece en los medios. Cuando ya hay noticias sobre el vídeo, los primeros simpatizantes de Casado se atreven a compartirlo en Twitter, por ejemplo. Pero los apoyos más relevantes de la candidatura mantienen el silencio y nunca llegan a difundirlo públicamente, aunque sí lo hicieran en privado. Otra pista más de que la campaña no obedece a la fórmula espontánea del meme de Internet sino que hay una intención deliberada de que circule sin vincularse con él.

Ya estamos más cerca. Tenemos constancia de dos grupos de Whatsapp donde llega el vídeo el jueves por la noche y el viernes por la mañana. ¿Quién está en la siguiente capa hacia el origen del vídeo? ¿Nos llevará más lejos o más cerca de Pablo Casado? Más cerca.

Aparece el nombre de Pedro Mouriño, empresario gallego que se define como “amigo” de Casado y compromisario de su candidatura en esta campaña. Mouriño difundió el vídeo entre sus contactos de Whatsapp el viernes antes de las 9 de la mañana, varias horas antes de que fuera público y se difundiese en todos los medios de comunicación.

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Pedro Mouriño muestra su voto a favor de Pablo Casado

Preguntado por eldiario.es este domingo, Mouriño primero negó toda relación con el vídeo para luego admitir que lo había recibido cuando aún no había trascendido. Minutos después, Mouriño reconocía que sí lo había difundido por Whatsapp entre sus contactos. “Durante la jornada del viernes recibí por distintos medios y fuentes el vídeo y lo compartí en un ámbito privado”, explica a eldiario.es. El empresario gallego prefiere no desvelar quién le facilitó a él el archivo que luego hizo circular entre otras personas. “No voy a comprometer a nadie”.

Mouriño fue dirigente de Nuevas Generaciones, precandidato en unas primarias del PP en Santiago de Compostela en 2008 y tiene una empresa de análisis geoestratético con buenas alianzas en Rusia desde la que ha organizado actos con el expresidente del Gobierno José María Aznar.

Precisamente uno de esos actos organizados con Aznar, en 2011, es otro buen indicador de las preferencias políticas de Mouriño en las familias del PP de Madrid. Los invitados a un “foro ibero-ruso”, además del embajador de Rusia o un representante de la petrolera Gazprom, fueron David Erguido, entonces concejal del Ayuntamiento de Madrid y Percival Manglano, entonces consejero de Economía y Hacienda en la Comunidad de Madrid presidida por Esperanza Aguirre. Ambos han seguido vinculados a Aguirre en su temporada en el Ayuntamiento. Erguido es considerado como uno de los apoyos discretos e imprescindibles de Pablo Casado en Madrid; Percival Manglano anunció hace unas semanas que estaba decidido a dejar el PP, muy decepcionado, hasta que Pablo Casado decidió presentare a las primarias. En esa corriente está también el secretario general de Nuevas Generaciones en Madrid sigue siendo, a sus 32 años, Ángel Carromero, que también presentó a la elección de compromisarios en apoyo a Pablo Casado en estas primarias.

eldiario.es/autores/Juan Luis Sanchez

No es un juicio de valor, señor Borrell

Para el ministro, el Tribunal alemán no motiva jurídicamente su decisión, sino que la hace descansar en un “juicio de valor”. Una de dos: o el señor Borrell no ha leído la decisión en su integridad o la ha leído pero no la ha entendido.

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Josep Borrell EFE

En una entrevista publicada ayer domingo en El País, el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, respondía a la pregunta acerca de su opinión sobre la decisión adoptada por el Tribunal Superior de Schleswig-Holstein respecto de la euroorden cursada en su día por el Juez Pablo Llarena, que por supuesto que acataba la decisión, pero reivindicaba al mismo tiempo su derecho a decir que no estaba de acuerdo con ella y a expresar su crítica.

Obviamente no hay nada que objetar a dicha respuesta. Las resoluciones judiciales en cuanto actos de un poder del Estado pueden y deben ser criticadas. Todas. Sean del país que sean.

Ahora bien, la crítica tiene que ser una crítica que atienda a lo que la decisión judicial dice, sin leerla de manera fragmentada y parcial. La crítica tiene que ser honesta, sin desvirtuar la fundamentación jurídica en la que descansa la decisión.

Esto ese lo que, en mi opinión, el señor Borrell no hace. Para el ministro, el tribunal alemán no motiva jurídicamente su decisión, sino que la hace descansar en un “juicio de valor”. Reconoce que hubo violencia, pero no la violencia necesaria para que la conducta de Carles Puigdemont pudiera ser calificada como constitutiva del delito de rebelión. Esa es la argumentación del tribunal, según el ministro.

Una de dos: o el señor Borrell no ha leído la decisión en su integridad o la ha leído, pero no la ha entendido. El argumento central del tribunal alemán es el de que la calificación que hace el Juez Instructor del delito de rebelión en sus autos, confirmados por el Tribunal Supremo, es radicalmente incompatible con la democracia como forma política. En la actuación del juez instructor y de la Sala de Apelaciones hay un atentado contra la democracia tal como es entendida esta forma política en el “espacio jurídico común de la Unión Europea”.

No se trata de un poquito más o un poquito menos de violencia, sino de que la calificación del delito de rebelión por el juez instructor y la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo imposibilita el ejercicio de derechos fundamentales, como los derechos de reunión y manifestación, sin los cuales no es reconocible la democracia en la Europa del siglo XXI. Esta es la razón de fondo en la que, desde el primer momento el Tribunal Superior de Schleswig-Holstein fundamentó la decisión de no atender la euroorden en los términos en que había sido formulada. Por eso no tuvo la más mínima duda en rechazarla inmediatamente después de recibirla. No es un argumento de tipo procesal, sino sustantivo. No se puede dar luz verde a un atentado a la democracia. Y eso es lo que salta a la vista de manera inmediata con la lectura de los autos del juez Llarrena.

La actuación tanto de la Audiencia Nacional como del Tribunal Supremo en la persecución penal del nacionalismo catalán está siendo disparatada, constitucionalmente disparatada, con múltiples vulneraciones de derechos fundamentales, a los que ya he hecho referencia en artículos anteriores: el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, el derecho a la doble instancia, el derecho de sufragio activo y pasivo en el proceso de investidura del president de la Generalitat, el derecho a la legalidad penal, el derecho a la libertad personal, ya que hay varios políticos nacionalistas que están en prisión por un delito imaginario y, además, por la decisión de un juez que no debía estar entendiendo de su conducta. Constitucionalmente es terrible lo que se está haciendo.

Con su decisión de esta pasada semana, el Tribunal Superior de Schleswig-Holstein le ha hecho un favor a la democracia española en general y al Tribunal Supremo en particular. Si no le hubiera impedido juzgar a Carles Puigdemont y, como consecuencia de ello, a todos los demás querellados, por el delito de rebelión, la sentencia final de la justicia europea sería demoledora para el prestigio de la justicia española. Gracias al Tribunal alemán el Tribunal Supremo se va a librar de hacer el ridículo urbi et orbi.

Hay que reflexionar antes de hablar de lo que no se sabe. Obviamente, el señor Borrell tiene derecho a decir lo que le parezca oportuno. El derecho al disparate es uno de los derechos fundamentales. Pero el disparate no deja de ser disparate porque se tenga derecho a decirlo. Y un ministro de Asuntos Exteriores debe procurar no decir disparates y menos en un asunto tan delicado como este.

eldiario.es/zonacritica/juicio-valor-Sr-Borrell

EXCLUSIVA: El gobierno de Aznar subvencionó ordenadores, muebles, extintores y una trituradora de papel a la Fundación Franco

Entre 2000 y 2003 concedió 150.845,77 euros a la organización fascista, supuestamente para proyectos de “microfilmación” de documentos de este archivo privado. eldiario.es ha tenido acceso al desglose de gastos y, con las ayudas públicas, la fundación también compró tres ordenadores, sillas, un sistema antiincendio, una encuadernadora o un flexo para la sala de archivo y consulta. El Gobierno de Rajoy, en una respuesta parlamentaria de 2017, ocultó este desglose e informó al parlamento con cifras generales de que ese dinero era simplemente “para el desarrollo de proyectos archivísticos”. El Gobierno admite que Aznar subvencionó con 40.000 euros al año a la Fundación Franco

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Foto difundida por EFE en 1940 de la entrevista de Franco y Hitler en Hendaya. La imagen de los dictadores fue superpuesta y procedía de otra foto de más calidad. EFE

La Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF), que ahora el Gobierno de Pedro Sánchez quiere ilegalizar, se presentó durante cuatro años a subvenciones públicas para mejorar su archivo. Y las ganó. Según cuenta la propia asociación en su memoria y confirma la administración pública,  los 150.845,77 euros que obtuvo entre 2000 y 2003 bajo el mandato de José María Aznar, los empleó en digitalizar 30.000 documentos procedentes del despacho y las dependencias personales del dictador Franco y de personalidades del régimen que hicieron donaciones. Aunque custodia documentos del que fuera jefe del Estado por levantamiento militar, es un archivo privado, y la subvención la recibió a cambió del compromiso de dejar una copia de la digitalización al Ministerio de Cultura, como así sucedió. 

Sin embargo, el dinero no solo se empleó en este proceso puramente técnico, como mantuvo el gobierno del PP en una respuesta parlamentaria al grupo en En Marea. Cuando el ejecutivo de Rajoy confirmó esas cifras por escrito, en enero de 2017, puntualizó que la subvención fue obtenida en una convocatoria de “libre concurrencia” e  informó de que se empleó, literalmente, “en el desarrollo de proyectos archivísticos“. Lo que no puntualizó es el desglose de gastos, que muestran que también se mejoró la sede de la Fundación Nacional Francisco Franco con ese dinero. eldiario.es ha tenido acceso a todos los documentos y facturas desglosadas justificadas de esos años gracias a una petición de información al Portal de Transparencia.

La información remitida por el subdirector general de Archivos Estatales a este medio (abajo, el resumen de las subvenciones año a año) muestra que, aunque dos tercios de la ayuda se emplearon en la microfilmación, también se compró material para la Fundación y se invirtió en la seguridad de su local. 

Al bucear en las facturas de estos cuatro años se puede comprobar que con el dinero que aportaba el Estado (más el 10% de esa ayuda que aportó cada año la propia Fundación) se contrató a un auxiliar administrativo durante tres años y se pagó a una asesoría contable y fiscal durante dos. Según el recibo que aparece en el expediente, este servicio asesor se circunscribió al proyecto de microfilmado: costaba 25.000 pesetas (150 euros) al mes las gestiones por este asunto. 

En el apartado de “operaciones de inversión” se pueden ver gastos justificados y abonados por el Estado como un escáner (204 euros), una impresora, tres ordenadores (de unos 1.500 euros), una encuadernadora (444,27 euros), cartuchos de impresora, armarios archivadores de microfilm o un vídeo adquirido en El Corte Inglés por 23.000 pesetas (138 euros). En la misma factura, del año 2001, hay una televisión, que no se subvencionó y fue abonada por la FNFF. De hecho, en su respuesta a eldiario.es, el Ministerio puntualiza que se pidió el reintegro de 834,34 euros de ayudas ese año 2001 porque la cantidad no había sido “adecuadamente justificada” por la Fundación. También se aprecian gastos menores como un flexo halógeno negro comprado en una tienda de la calle Alcalá de Madrid por poco más de 20 euros (3.447 pesetas de la época).

La FNFF justifica en su memoria que estas inversiones se hicieron para los investigadores externos que quisieran consultar los documentos en sus instalaciones. Una explicación en la que tiene dudoso encaje, por ejemplo, la destructora de documentos que compraron y que financió el Estado con 528,10 euros. Las mejoras e inversiones, utilizadas exclusivamente o no por los investigadores externos, han quedado para la sede de la Fundación y para su funcionamiento.

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La factura que muestra la compra de una encuadernadora y una trituradora

Pero hay más compras. Por ejemplo, en 2001 la Fundación Franco pasa a cuenta de las arcas públicas una Copiadora Xerox 5828 que costó 694.000 pesetas (más de 4.000 euros) o un mueble y silla por 318 euros. Este mobiliario, según explica la Fundación en la memoria a la que ha tenido acceso eldiario.es, se ha empleado en una “sala de investigación” con “tres equipos informáticos para los puestos de consulta y medios que faciliten la labor de los investigadores” que quisieran visitarla. El archivo es de titularidad privada. Una visita (obligada) a la Fundación Francisco Franco

Pero, además, la organización que ensalza el legado del dictador adecuó sus instalaciones con un sistema de seguridad y antiincendios con estas mismas subvenciones bajo el gobierno de Aznar: 4.508,24 euros que comprendieron detector de humos, pulsador de alarma o extintores. También invirtieron 2.488,90 euros en un sistema antirrobo en el año 2002. Según se relata en las memorias de la FNFF, se instalaron en la zona del archivo. Fundación Francisco Franco

En la parte de la filmación, se hizo cargo la empresa Proco y se creó una base de datos de “todos los documentos existentes en el Fondo”, se digitalizó en rollos de 35mm y CD las páginas y también se aportaron a la Fundación Franco los muebles de almacenamiento de este material.

Cuando se entregaron a la administración pública los 230 rollos de microfilm, los expertos del Centro Documental de la Memoria Histórica alertaron de que podría haber secretos oficiales contenidos en ese material por las marcas que apreciaron y, según otra respuesta parlamentaria del Gobierno a Alberto Garzón (Unidos Podemos), el subdirector de Archivos Estatales remitió entonces a la fundación franquista la petición de que los retirara del acceso público por su importancia, aunque sigue custodiándolos pese a ser un archivo privado.

eldiario.es ha preguntado a la Fundación Franco si ha retirado los documentos secretos y si el material ofimático y de seguridad que compró con la subvención está solo circunscrito al uso de investigadores externos. De momento, este medio no ha obtenido respuesta. LEERLIQUIDACIÓN SUBVENCIÓN “OPERACIONES CORRIENTES” Pdf.

eldiario.es/autores/Raquel Ejerique

Las empresas se quejan de que les falta personal pero no se les ocurre subir los salarios

Los empresarios estadounidenses están dispuesto a culpar a cualquiera y a hacer lo que haga falta para no tener que pagar más a los trabajadores. La economía de Estados Unidos se ha ido recuperando desde 2009 y los salarios apenas han subido. 

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Cadena de montaje de una planta de fabricación de automóviles en EEUU. EFE

En las últimas semanas algunos medios de comunicación de Estados Unidos se han preocupado por lo que en circunstancias normales se consideraría una buena noticia: la buena marcha de la economía del país, que ha traído consigo niveles de desempleo bajos y, en algunos sitios, incluso falta de mano de obra.

Los propietarios y los gerentes de las empresas se lamentan de que les cuesta encontrar personal para los puestos con bajos salarios. En declaraciones a The Baltimore Sun, una asociación empresarial señala que “ya nadie quiere hacer trabajo manual”. Así que este tipo de trabajo simplemente se queda sin hacer.

Los responsables de las empresas enumeran todo lo que han hecho para solucionarlo: los anuncios que han publicado, los visados para trabajadores de otros países que han tramitado, o  cómo van a las escuelas para convencer a los estudiantes de las ventajas de aprender a trabajar en una obra o a conducir un camión. The Wall Street Journal se ha hecho eco de  los increíbles beneficios que las compañías de fontanería ofrecen a los recién contratados: espacios tranquilos, excursiones en moto acuática, clases de cerámica, desayuno gratis, cerveza gratis.

Sin embargo, ninguna de estas iniciativas funciona. La culpa de la escasez de mano de obra parece estar repartida por todo el país. Se dice que los opiáceos son el problema. También se culpa a los subsidios sociales, la falta de estacionamiento, una tasa de natalidad a la baja, así como al encarcelamiento masivo y, sobre todo, las  políticas sobre inmigración de Trump. En realidad, nadie está seguro de conocer la causa del problema.

La escasez de mano de obra continúa de forma preocupante e incontrolada, y los periodistas intentan convertirla en una especie de pesadilla. Hay una  “crisis del cangrejo” en la región de la Bahía de Chesapeake. Nadie recoge las fresas en Ohio. Una panadería muy popular de las afueras de Denver ha tenido que cerrar. Se ha cancelado la apertura de una comunidad de residencias para jubilados en Tucson, Arizona. Los gerentes quieren que el gobierno les proporcione la mano de obra barata a la que están acostumbrados.

La solución de manual para este problema de escasez de mano de obra –que es simplemente pagar más a los trabajadores– se menciona de pasada o no se menciona. El sector empresarial es tan reacio a considerar esta solución obvia que Neel Kashkari, el presidente de la Reserva Federal de Minneapolis,  se lo reprochó el año pasado: “Si no suben los sueldos, me parece que están lloriqueando”.

Lo cierto es que cuando se reconoce la necesidad de ofrecer mejores salarios, el lloriqueo no hace más que empeorar. Sirva de ejemplo el ataque de pánico de The Washington Post en su portada: “La escasez de camioneros representa una amenaza para la economía”. En este caso, el problema de los camiones inactivos por falta de conductores se ve agravado por la posibilidad, aún más aterradora, de que cuando estos conductores finalmente aparezcan puedan estar en condiciones de negociar mejores salarios. Es una perspectiva “peligrosa” porque podría hacer subir los precios “tan rápidamente que el país se enfrente a una inflación descontrolada, lo que fácilmente puede conducir a una recesión”.

El economista de izquierdas Dean Baker no tardó en señalar que se trata de una afirmación absurda y exagerada. Incluso en el supuesto de que los camioneros consiguieran un aumento salarial, sólo representaría una pequeña fracción del PIB de Estados Unidos. ¿Y saben qué? Ni siquiera estaríamos delante de unos beneficios imprevistos ya que, aunque se ajustaran por la inflación, los salarios de los camioneros todavía están muy por debajo de lo que deberían. A pesar de que se trata de una afirmación absurda, sí sirve para entender el pánico ante esta falta de mano de obra: los más pudientes del país están horrorizados ante la posibilidad de que la clase trabajadora pueda negociar sus condiciones.

Lo cierto es que la realidad económica es diferente. Todavía no hemos llegado a este punto. Si estudian las cifras de la Oficina de Estadísticas Laborales  sobre los salarios de los trabajadores que no trabajan como supervisores en las últimas décadas, verán que el crecimiento ha sido inusitadamente lento. Por lo general, las economías en expansión elevan los salarios con bastante rapidez. La economía de Estados Unidos se ha ido recuperando desde 2009 y los salarios apenas han subido.

La situación es todavía más perversa en el otro lado del Atlántico. Según un artículo publicado en el Financial Times en 2017, el Reino Unido es “la única economía grande y avanzada en la que  los salarios se contrajeron mientras la economía se expandía”. Un logro asombroso, si lo pensamos. Y el think tank Resolution Foundation ha afirmado que, en lo relativo al crecimiento salarial, esta década “será  la peor desde las guerras napoleónicas”.

Ni toda la cerveza gratis en el mundo podrá parar lo que se avecina.

A la caza de los sindicatos

¿Cómo se ha podido producir esta situación en una era tan moderna e ilustrada? Bueno, para empezar, piensen en todo ese lloriqueo del sector empresarial estadounidense, que parece estar dispuesto a culpar a cualquiera y a hacer lo que haga falta para no tener que pagar más a los trabajadores.

Todas las innovaciones en la gestión de la mano de obra parecen haber sido diseñadas con este asombroso objetivo en mente. Todas las grandes iniciativas políticas bipartidistas, desde el libre comercio hasta la reforma de la asistencia social, apuntan en la misma dirección. Cuando los republicanos están al mando, empieza la temporada para ir de caza y atacar a las organizaciones de la clase obrera. Y ya te puedes olvidar del aumento del salario mínimo, al margen de quién esté en la Casa Blanca.

Obviamente, en el Reino Unido está pasando lo mismo. Ya sea la guerra de Thatcher contra los sindicatos o la “tercera vía” del Nuevo Laborismo, Gran Bretaña ha seguido de cerca el modelo estadounidense. Las decisiones políticas en ambos países han tenido resultados altamente predecibles, y ahora tenemos que vivir con las consecuencias. Los buenos tiempos ya no son tan buenos para la gente común, sólo para la gente que tiene poder: los dueños de empresas, bienes inmobiliarios y acciones. Excepto en los mercados laborales más restringidos, los trabajadores no tienen poder para exigir lo que les corresponde por justicia.

Si me preguntan, esto es lo que nos debería provocar un ataque de pánico: no la posibilidad de que los trabajadores prosperen sino el hecho de que todavía no lo hayan hecho.

Según Josh Bivens, del Instituto de Política Económica de Washington, las estadísticas nos permiten hacer un seguimiento de la lenta disminución del poder de negociación de los trabajadores estadounidenses en la historia más reciente.

A medida que pasan los años, se requieren niveles cada vez más bajos de desempleo para activar el crecimiento salarial que antaño era la señal de que estábamos ante un momento próspero.

“La lucha de décadas de los empleadores para eliminar cualquier fuente de influencia económica de la que disfrutan los trabajadores parece haber funcionado”, afirma. “Estos trabajadores ahora solo obtienen un aumento salarial cuando el mercado laboral está al rojo vivo”.

Y esto es lo que ha venido pasando en los últimos cuarenta años, un enorme proyecto de ingeniería social al que han contribuido los presidentes más recientes. Comparado con esta enorme transformación, todas las guerras culturales, las luchas por las banderas y los tuits se desvanecen en la insignificancia más absoluta.

Sin embargo, hay un detalle esperanzador: si la economía de Estados Unidos sigue mejorando, sin lugar a dudas los salarios subirán. Ni toda la cerveza gratis en el mundo podrá parar lo que se avecina.

Esta situación no me da miedo. Que a los trabajadores les vaya bien no es una amenaza. Aunque si necesitas un baño de terror cuando empiezas el día, aquí va: cuando finalmente el crecimiento sea sólido, Donald Trump dirá que es mérito suyo. Y existe la posibilidad de que los estadounidenses le den la razón.

Traducido por Emma Reverter

eldiario.es/autores/Thomas Frank

La arena de la playa no es tu cenicero

 ¿Cómo convencer a los fumadores de que la arena de la playa no es su cenicero? En Tailandia lo tienen claro. Desde el año pasado si te pillan tirando una colilla a la arena te cae una multa de 2.500 euros y un año de cárcel.

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Una colilla en la arena de una playa. SULOX32 / PIXABAY

El tipo está sentado sobre la toalla frente a la orilla del mar. Lleva un rato apurando el cigarrillo con esa mueca tan característica: los dedos en pinza, achinando los ojos. Lo miro porque me temo que lo va a hacer. Y finalmente lo hace: una última caladita y sin apenas desviar la mirada clava la colilla en la arena y la deja allí. Con toda la pachorra, como si fuera lo más natural del mundo, quedándose tan ancho.

Dan ganas de ir a llamarle la atención, a decirle lo del “oye, perdona: se te ha caído”, pero lo cierto es que no es el único que lo hace. De hecho estoy rodeado de ellas: la arena está salpicada de colillas.

¿Qué podemos hacer para evitarlo? ¿Cómo podemos convencer a los fumadores de que la arena de la playa no es su cenicero? En Tailandia lo tienen muy claro. Desde el año pasado si te pillan tirando una colilla a la arena te cae una multa de 2.500 euros y una pena de un año de cárcel. Poca broma con los tailandeses. Y es que están hasta las narices de las colillas.

Con la entrada en vigor de la nueva ley anti-tabaco, las autoridades de este país asiático quieren acabar con el que, según su Ministro de Recursos Marinos, se ha convertido en uno de los mayores daños a la imagen turística de sus famosas playas. Un problema que está afectando gravemente a la pesca y provocando daños en la red de alcantarillado, lo que agrava los efectos de las inundaciones.

Y es que el inocente y en apariencia inocuo filtro de los cigarrillos es en realidad una bomba química altamente contaminante. El acetato de celulosa del que está compuesto retiene en su interior un cóctel de sustancias en el que, además de nicotina y alquitrán, podemos encontrar arsénico, cadmio, cobre, níquel y otros metales pesados.

Todo eso es lo que contiene una colilla, una pequeña dosis que, multiplicada por los billones de unidades esparcidas cada año por la arena de las playas, se convierte en uno de los mayores problemas medioambientales al que nos enfrentamos.

Sin conocer a fondo el problema, porque es imposible hacerse una idea aproximada de la cantidad de colillas que estamos echando al mar, la acumulación de colillas está resultando altamente tóxica para la vida marina. Pero no solo eso.

Los científicos llevan mucho tiempo alertándonos del alto riesgo que supone para nuestra propia salud que el veneno de las colillas acabe integrándose en la cadena trófica, contaminando el pescado del que nos alimentamos.

En España, y según cálculos del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT), estaríamos hablando de más de treinta y dos millones de filtros de cigarrillo al año. Y la mayor parte de ellos acaban siendo desechados de la manera más irresponsable en el entorno. Un entorno que en realidad es un gigantesco embudo que los acaba llevando al mar.   

Cada día son más las playas sin humo, lugares de la costa en los que se prohíbe fumar, no ya por los efectos tóxicos del humo, sino para evitar que las colillas y su cóctel tóxico acaben en la arena.

Aunque todo es más fácil. Basta con que, si vas a fumar en la playa, no claves la colilla en la arena y uses cualquiera de las numerosas alternativas que tienes a tu disposición: desde los famosos ceniceros tipo cono que regalan en los chiringuitos, hasta una lata vacía. Esa es la mejor medida para que este problema, en apariencia menor, no acabe envenenando el mar y a nosotros mismos.

eldiario.es/autores/Jose Luis Gallego

El fin de la impunidad para un grupo de comisarios arruina la leyenda del rey emérito

Villarejo grabó a la antigua amiga del monarca en uno de sus trabajos parapoliciales; las cintas salen a la luz ahora, con el comisario en la cárcel. En las cintas que grabó el comisario, encarcelado por una trama de corrupción, Corinna presenta al rey emérito como un comisionista y defraudador fiscal. Con el arresto de ese grupo de comisarios acaba una era en la Policía: cuarenta años de trabajo descontrolado y encargos “especiales” de todos los gobiernos.

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El rey y Suárez en una reunión de la Junta de Defensa del Alto Estado Mayor el 24 de febrero de 1981. Foto: Manuel H. de León / Efe.

Juan Carlos I fue proclamado rey de España en 1975, el año en que la Policía asignó su primer destino relevante a José Manuel Villarejo, la lucha contra ETA en Euskadi.  Cuarenta y dos años después el decadente final del todopoderoso comisario, encarcelado como cabecilla de una trama de corrupción, amenaza con arrastrar al monarca y arruinar lo que queda de la leyenda que acompañó durante casi medio siglo al rey de España. Los audios con los que el comisario jubilado intenta sacudirse las graves acusaciones en su contra han arrasado la imagen del rey emérito, aquella visión idílica del jefe del Estado ha quedado hecha añicos por la gravedad de las conductas que describe en esas grabaciones su presunta amante Corinna Zu Sayn Wittgenstein.

¿Qué hacía un policía adscrito a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía entrevistándose con la amiga del rey en Londres con un importante empresario como testigo en la cita? La respuesta, o la falta de ella, resultan esclarecedoras. Villarejo se definía a sí mismo como “agente encubierto”, un cajón de sastre que le ha servido durante cuarenta años para justificar su presencia en escenarios y situaciones que desbordan la misión que la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado reserva a los miembros del Cuerpo Nacional de Policía. Una situación que toleraron, cuando no fomentaron, todos los gobiernos de la democracia: desde UCD al PP pasando por el PSOE. A todos les resultaron útiles esos servicios de policías acostumbrados a vivir en el límite de la ley e incluso a salirse por fuera de ella ya fuese para misiones antiterroristas o cualquier otra misión de Estado que se les encomendase.  Comisario Villarejo: manual para artificieros

Ocurrió recientemente con la Operación Cataluña, cuya legalidad siguió defendiendo Villarejo en sede judicial, a pesar de que la búsqueda prospectiva del delito en que consistía, la falta de control judicial y su intencionalidad política también sobrepasaban todos los cometidos de la Policía.

Tanto las maniobras contra el proceso soberanista como el viaje a Londres para entrevistarse con la comisionista amiga del rey se producen en el periodo de Jorge Fernández Díaz en el Ministerio del Interior y del comisario Eugenio Pino al frente de esa Dirección Operativa, una de las etapas más oscuras del Cuerpo, según coinciden mandos de una y otra época. En esas alcantarillas del Estado se movía Villarejo con tres DNI distintos y otras tantas identidades falsas facilitados por la Secretaría de Estado de Seguridad. Corinna dice en las grabaciones de Villarejo que el rey Juan Carlos pedía dinero para Nóos: “No distingue lo legal de lo ilegal”

Esa libertad de movimientos que él defiende abarca gran parte de la carrera del comisario más famoso de España y sólo acabó con su jubilación hace dos años. Villarejo estuvo fuera de la Policía entre 1983 y 1993, año de su regreso con el socialista Javier Corcuera en el Ministerio del Interior. También con el PSOE en el Gobierno, el comisario recibió el encargo de investigar el ático de Ignacio González, uno de los dirigentes más poderosos del PP en Madrid y rival político de los socialistas en aquel momento.

Es el mismo Villarejo que sigue imputado por agredir a una doctora en Madrid, presuntamente por orden del empresario Javier López Madrid, el amigo o antiguo amigo del actual jefe del Estado, hijo de Juan Carlos I. Felipe VI y la reina Letizia trasladaron su apoyo a López Madrid en pleno escándalo de las tarjetas ‘black’ con unos mensajes cuyo contenido desveló en marzo de 2016 eldiario.es. Habían pasado cuatro años desde que su padre pidiera perdón a los españoles por romperse la cadera en una cacería de lujo en Botswana, junto a Corinna Zu Sayn Wittgenstein, mientras la crisis económica devoraba a buena parte de sus súbditos.

Operación Tándem, el golpe definitivo

Villarejo es también el cupable de que un país entero asista ahora perplejo a un  espectáculo nunca visto. Programas en prime time y tertulias de radio que durante décadas cantaron las bondades de la monarquía y presentaron al Rey Juan Carlos como una figura intocable garante de la democracia y la unidad de los españoles, hablan ahora sin tapujos de sus amantes, de sus cuentas en Suiza y de los mismos testaferros que sirvieron a la red Gürtel para esconder el dinero de sus millonarios botines. 

Todo eso sucede porque el futuro del comisario Villarejo se torció definitivamente el 3 de noviembre del pasado año, cuando fue detenido por Asuntos Internos acusado de organización criminal, blanqueo de capitales y cohecho.

No era la primera investigación desde que, en poco tiempo y después de años en el anonimato, distintos casos lo han colocado continuamente bajo el foco. Las pesquisas a raíz del caso del Pequeño Nicolas, que lideró su antiguo compañero de la policía política y hoy enemigo, el comisario Marcelino Martín Blas, fueron rechazadas por Fiscalía y jueces por inconsistentes. Pero esta vez la Audiencia Nacional asumió las tesis de Anticorrupción y la Unidad de Asuntos Internos y ordenó detener y encarcelar provisionalmente a Villarejo como pieza principal de la llamada Operación Tándem.

El grueso de la investigación de la Fiscalía Anticorrupción continúa secreta ocho meses después. De lo conocido hasta ahora se desprende que los fiscales Miguel Serrano e Ignacio Stampa comenzaron a tirar del hilo que proporcionó un empresario para desmontar toda la trama liderada por el comisario, una organización dedicada a vender a un alto precio dossieres para desacreditar a rivales empresariales, políticos o para torpedear procesos judiciales o blanquear dinero.

Escuchas y fondos reservados

La investigación apunta que esa organización criminal estuvo liderada por Villarejo también durante su periodo en activo. En ella desempeñaron distintos papeles otros dos comisarios, según la investigación, Carlos Salamanca y Enrique García Castaño, conocido éste último en ambientes policiales como El Gordo. Ambos fueron jefes de una de las unidades más sensibles de la Policía, la Central de Apoyo Operativo (UCAO), encargada de los seguimientos y escuchas en materia antiterrorista, de la captación de fuentes, del manejo de fondos reservados, el lugar donde recaían los “encargos especiales” de los distintos gobiernos, el eufemismo habitual para las misiones sin control judicial.

Como en el caso de Villarejo, los dos comisarios entraron en la Policía en plena Transición. García Castaño dos años después que el anterior, en 1975; Salamanca, en 1979. La carrera en la Policía de los tres, ahora manchada por la Operación Tándem, ha corrido paralela al reinado del monarca. A su manera, todos han disfrutado del beneplácito político y mediático o al menos de su silencio. La lacra de tantos años de terrorismo, el intento de golpe de Estado, y las supuestas necesidades de una democracia incipiente contribuyeron a que algunas instituciones quedaran fuera del control del Parlamento, de los medios de comunicación y a veces también de la Justicia. 

Juan Carlos I fue el símbolo del sistema político construido tras la dictadura. Los comisarios recibieron cuarenta años de cobertura a una forma de actuar por el bien superior que implicaba el combate del terrorismo y más recientemente la gravedad del desafío soberanista catalán.

La prensa no fue ajena a todo ello y ahí está el papel que desempeñaron algunos medios de comunicación en la Operación Cataluña, con la publicación de informes “de inteligencia”, apócrifos, construidos para ser difundidos cuando convenía y no para entregarlos a un juez.

La relación con los jueces: “Baltasar es amigo”

De aquella era de los grandes despliegues humanos y de medios para combatir el azote de ETA procede la estrecha relación entre los comisarios y jueces de la Audiencia Nacional. “No te preocupes, Baltasar es amigo”, le dijo García Castaño al comisario condenado por el caso Faisán en un pinchazo telefónico. El mismo Baltasar Garzón que a través de su despacho de abogados se ha hecho cargo ahora de la defensa de García Castaño, como lo hace desde noviembre de la de Carlos Salamanca. El juez defendió los servicios al Estado de Villarejo en el programa de Jordi Évole dedicado al comisario.

El abogado considerado mano derecha de Villarejo, Rafael Redondo, quien permanece junto a él en la cárcel de Estremera, es socio de un forense de los juzgados de Plaza de Castilla que hace una década montó una escuela jurídica por la que pasaron, cobrando, una larga lista de magistrados de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo y en la que tuvo una participación de promoción activa el fiscal general del Estado José Manuel Maza, fallecido el pasado invierno. 

Los indicios reunidos por Anticorrupción señalan que los tres mandos detenidos en la Operación Tándem habrían compaginado su trabajo de funcionarios con la práctica del delito, sirviéndose precisamente de su impunidad para enriquecerse. Su historia se cruza ahora con la del rey Juan Carlos I, a quien la archifamosa Corinna  presenta ahora en esas cintas como un comisionista y un defraudador fiscal. “Yo estaba delante cuando pedía dinero para Nóos. No distingue lo legal de lo ilegal”, aparece diciendo su presunta amante en las grabaciones realizadas por Villarejo.

Ninguno de los protagonistas ha desmentido lo que se dice en esas cintas.  Zu Sayn Wittgenstein ha emitido un comunicado para lamentar que se haya montado una campaña de desprestigio contra ella. Y la defensa de Villarejo ha confirmado, a través de otra nota de prensa, que las grabaciones difundidas son parte del archivo secreto del comisario, incautado en los registros de la Operación Tándem, que ya ha originado otras piezas separadas y detenciones contra clientes del negocio de Villarejo. En la nota del letrado Ernesto Díaz Bastien se sugiere que la Policía podría haber filtrado las grabaciones.

Desde el Ministerio del Interior y la Fiscalía Anticorrupción guardan silencio a la pregunta de si esos audios han sido localizados ya entre el abundante material requisado al comisario y si son objeto de alguna investigación. Sobre las publicaciones en los medios, una fuente de las pesquisas se limita a señalar: “Villarejo no nos va a marcar los tiempos”. El Gobierno de Pedro Sánchez respondió este viernes a través de su portavoz Isabel Celaá que las grabaciones “afortunadamente no afectan a Felipe VI” y subrayó tras el Consejo de Ministros que el Ejecutivo ni las considera.

En el sumario que ha permitido airear todo el escándalo figura también el comisario Carlos Salamanca que llevaba muchos años fuera de la lucha antiterrorista cuando fue detenido en noviembre. Antes de su último destino al mando de una unidad central contra la inmigración irregular fue el jefe policial del aeropuerto de Barajas. Allí habría protagonizado distintas corruptelas a cambio de dádivas de ciudadanos guineanos a los que facilitaba la entrada en España, según los investigadores.

El policía conducía dos Porsche que los investigadores creen recibió a cambio del trabajo para los guineanos. Fue detenido en su despacho de la Comisaría General de Extranjería por un grupo de agentes de Asuntos Internos que encabezó para la ocasión el comisario jefe de la Unidad, quien tuvo que lidiar con la oposicion inicial del entonces jefe de Extranjería, Juan Carlos Ortiz, a que el arresto se produjera en sus dependencias.

La investigación a García Castaño continúa secreta, pero desde la Audiencia Nacional se comunicó el viernes que está acusado de cobrar por facilitar datos protegidos de personas para los dossieres que elaboraba Villarejo. Su pareja y su hija están también imputadas. Ambas conducían sendos BMW a nombre de empresas de Villarejo, según fuentes jurídicas. También un hijo de Salamanca figura como investigado. La detención de García Castaño representó un choque entre el juez Diego de Egea y los fiscales del caso. El primero no acordó el arresto, que se hizo a instancias de la Fiscalía. Después, el Ministerio Público solicitó prisión incondicional y el magistrado decretó la libertad con medidas cautelares. 

“Encargos que nadie se atrevía a hacer”

En el centro de todo está el comisario Villarejo quien asegura que su fortuna procede de la recalificación de unos terrenos familiares en Córdoba y del trabajo que realizó en la década que se mantuvo en excedencia fuera de la Policía, entre 1983 y 1993. Precisamente, defiende que regresó al Cuerpo porque el Estado necesitaba una estructura empresarial ajena para dar cobertura a determinadas operaciones. También asegura que nunca ha cobrado de fondos públicos por su utilización. Desde el entorno de los policías defienden sus éxitos policiales: “Hacían lo que les encargaban y lo que nadie se atrevía a hacer”.

El comisario jubilado afirma en un texto, publicado por elespanol.com, que también la visita a Corinna constituía una misión de Estado. Que viajó a Londres a ganarse la confianza de la amiga del Rey por encargo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que quería averiguar el nivel de amenaza para el Estado y la Corona que era la comisionista alemana. La carta habría sido redactada por el comisario para ser entregada al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pero como siempre acabó en los periódicos.

El CNI guarda en este asunto el silencio oficial de costumbre. Un silencio que solo rompió cuando Villarejo, en una de sus “notas informativas”, acusó a la Inteligencia española de negociar con Jordi Pujol para que éste no revelara las supuestas cuentas del rey en Suiza. El Mundo publicó esa nota en enero de 2017, once meses antes de la detención de Villarejo. Un portavoz del servicio secreto español hizo entonces un comentario sin precedentes al mismo periódico: “Cuando el CNI recibe un órdago, dice quiero”.

ETIQUETAS: Juan Carlos I,   José Manuel Villarejo,   Corinna zu Sayn Wittgenstein, Enrique García Castaño,     Carlos Salamana

 

Jaume Satorra

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El hombre no posee el poder de crear vida. No posee tampoco, por consiguiente, el derecho a destruirla. (Mahatma Gandhi)

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