La orden de Hacienda traslada a las entidades de crédito y a las personas físicas o jurídicas que tengan trato con la Generalitat la responsabilidad de verificar que con su actividad no están colaborando con el 1-O. El texto dice que estas medidas actúan «de forma proporcional» a la situación de ilegalidad en la que opera la Generalitat  y que seguirán vigentes hasta que se declare que ha desaparecido «la situación de riesgo» El Gobierno asume el control financiero total de Catalunya

Cristóbal Montoro explicó las medidas por las que toma la tutela económica de Catalunya EFE

Con mucha más urgencia de la anunciada el viernes por Cristóbal Montoro en el Consejo de Ministros, el BOE ha reflejado la nueva disposición por la que la Administración Central toma las riendas financieras de Catalunya. El texto, de 8 páginas, recoge en más de cinco folios un argumentario entremezclando la estabilidad presupuestaria y la legalidad constitucional, que ha llevado al ministerio de Hacienda a tomar esta decisión: la de tutelar a Catalunya. El BOE publica el mecanismo de control del Gobierno de las cuentas de Catalunya

Entre las novedades del texto, está la de aclarar no solo el papel de los bancos sino también el de los propios proveedores de la Generalitat, sean personas físicas o jurídicas, esto es, empresas o autónomos. La norma hace corresponsables a todos estos agentes que contraten con la Generalitat de asegurar que las actividades que la comunidad está llevando a cabo no sirven para colaborar en la puesta en marcha del 1-O.

Así, el Gobierno explica que «debe tenerse presente la necesaria cooperación y colaboración del sector privado para lograr el cumplimiento de los fines, principios y objetivos hasta ahora señalados, que afectan al interés general y a la adecuada prestación mínima de los servicios públicos que exige la Constitución y las leyes. La colaboración del sector privado en la prestación de los servicios públicos es clave, pues suministran bienes y prestan servicios esenciales para que la Administración cumpla con sus obligaciones y garantice los derechos de los ciudadanos, especialmente en lo que se refiere a la prestación de los servicios públicos fundamentales».

Bajo esta premisa, el punto séptimo reza: «Desde la publicación de este acuerdo, cualquier persona física o jurídica que entregue bienes o preste servicios a la Administración de la Comunidad Autónoma de Cataluña o cualesquiera de sus entidades vinculadas o dependientes, podrá adjuntar a la correspondiente factura que emita, una declaración responsable, en los términos que establezca el MINHAFP, en la que quede constancia de que dichos bienes o servicios no tienen relación con la financiación de actividades ilegales, ni contrarias a las decisiones de los tribunales».

Pero no solo será necesaria la declaración responsable de los agentes privados sino que, además, se dice que si el prestador del servicio «tiene dudas sobre si ello puede tener relación con la financiación de actividades ilegales, o contrarias a las decisiones de los tribunales, podrá comunicarlo, junto a la documentación correspondiente que lo acredite, al Ministerio de Hacienda sin perjuicio de su eventual comunicación al Ministerio Fiscal. En el caso de haberse prestado el servicio o el suministro, a la fecha de publicación del presente Acuerdo, que pudiera generar esa duda, se comunicará igualmente al MINHAFP y en su caso, al Ministerio Fiscal».

Es decir, incluso si el proveedor tiene la mera sospecha de que el servicio que presta o el bien que suministra van a ir destinados a la consecución del 1-O, debe comunicarlo a Hacienda. Y si ya lo ha prestado en días pasados, lo puede delatar también.

En el caso de los bancos, el texto de la referencia publicado el viernes tras el Consejo de Ministros adelantaba ya cómo debería ser su labor fiscalizadora. Como la elaboración del referéndum es ilegal según el Tribunal Constitucional, el Gobierno se ampara en la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales para que tanto bancos como auditoras tengan que comunicar cualquier operación sospechosa de tener como soporte una actividad ilegal. Tanto es así, que si un banco detecta una transferencia que cree puede ser para pagar alguna factura relacionada con el referéndum, se lo puede comunicar o al Ministerio Fiscal o al SEPBLAC, el servicio que vigila el blanqueo de capitales en España. Los bancos ya tenían obligación de comunicar cualquier operativa de un cliente que fuera sospechosa de estar utilizando dinero negro.

Como paso previo a estas denuncias, Hacienda le pide a la Generalitat que le remita motu proprio un listado con todas las entidades bancarias, auditorías o proveedores con los que contrata para que el ministerio se comunique con ellos y les ponga al corriente de esta orden. Para facilitar el conocimiento de esta medida entre las entidades de crédito las entidades supervisoras, esto es, el Banco de España, deberá colgarlo en su página web en el plazo de 48 horas.

Este plazo de 48 horas corre desde la publicación el sábado por la mañana en el BOE del acuerdo de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos. También tiene 48 horas la Generalitat para firmar un acuerdo de no disponibilidad de todo su presupuesto pendiente de desembolsar excepto de las partidas concernientes a servicios fundamentales, esto es, sanidad, educación y servicios sociales.

Estas partidas se seguirán pagando pero se harán a cargo del Estado. El texto publicado asegura que, «de forma excepcional» se toman estas medidas para «asegurar que la financiación que tiene como origen la Hacienda del Estado, se destina al pago de los sueldos y salarios de los empleados públicos, la sanidad, la educación y los servicios sociales, como servicios públicos fundamentales». El mismo texto asegura que las medidas que se toman actúan «de forma proporcionada, y salvando las competencias de la Comunidad Autónoma en la gestión de los recursos propios» de forma que se libra «un sistema de certificación previo al pago para garantizar que no se están financiando actividades contrarias a la ley, junto con un mecanismo para la ordenación de pagos que garantice que todos los recursos económicos que el Estado transfiere a la Comunidad Autónoma sean utilizados de acuerdo con lo previsto en la Constitución, y que el Estado garantice que se respeta el nivel mínimo de prestación de servicios públicos fundamentales».

Todas estas medidas estarán vigentes «hasta que desaparezca la situación de riesgo para el interés general en la Comunidad Autónoma de Cataluña o sea necesario para garantizar la prestación de los servicios públicos en la Comunidad Autónoma, en los términos descritos en este Acuerdo», y será la Comisión Delegada la que dictamine que esta situación de peligro ha pasado.

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La admisión a trámite del recurso de la Generalitat contra la intervención de sus cuentas ha sido interpretada por el Govern como una suspensión cautelar del acuerdo. Junqueras anuncia que seguirán actuando con normalidad y como si no estuvieran bajo el control del Ministerio de Hacienda. Sin embargo, el Supremo insiste en que admitir a trámite un recurso no implica paralizar la norma que se recurre, y Hacienda remata con que «todo sigue igual». Los bancos bloquearán las tarjetas de crédito de la Generalitat para cumplir la orden de Hacienda

Vista aérea del Tribunal Supremo EFE

El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso que interpuso la Generalitat contra la intervención de sus cuentas por parte del Gobierno central que entró en vigor el pasado sábado. Esto ha provocado el anuncio del vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, de que la medida quedaba suspendida cautelarmente. Sin embargo el propio Tribunal Supremo, y el Ministerio de Hacienda, han desmentido que la admisión a trámite paralice la intervención en ningún caso.

En rueda de prensa, Junqueras ha explicado que la admisión a trámite de su recurso tiene «efectos suspensivos» sobre el acuerdo adoptado por el Ejecutivo central, por lo que la Generalitat seguirá actuando con «normalidad» en relación con la gestión de sus cuentas. Así, el Govern se comportará como si sus gastos no estuvieran intervenidas y comunicará por «vía administrativa y notarial» a las entidades financieras que no hay ninguna variación y que deben continuar relacionándose con «normalidad» con la Generalitat.

En este contexto en el que sus cuentas no estarían bajo la tutela del Ministerio de Hacienda, el Govern ha afirmado que «dispone de todos los recursos» para hacer frente a todos sus obligaciones, como las nominas de sus trabajadores o pagar a los proveedores. 

Sin embargo, fuentes del Alto Tribunal han explicado que  la presentación del recurso no conlleva la suspensión automática del acuerdo recurrido. La Generalitat en su recurso solicita la medida cautelar de suspensión y eso obliga a dar traslado a la parte demandada (en este caso la Abogacía del Estado) para que alegue sobre esa petición de suspensión cautelar que solicita el gobierno de Carles Puigdemont. La ley da diez días de plazo para que la Abogacía del Estado informe sobre esa petición de suspensión cautelar. Sólo será entonces cuando, en caso de que el tribunal lo decida, se suspenda cautelarmente el acuerdo recurrido. 

Fuentes jurídicas explican a eldiario.es que este tipo de recursos contenciosos ni siquiera tienen una decisión sobre la «admisión a trámite» como ocurre por ejemplo los penales, y se admiten de por sí, ya que se trata de una decisión gubernamental (la recurrida) cuya existencia se da por cierta. En ningún caso esto implica que anule tal decisión, ya que entonces se paralizarían constantemente los acuerdos que adoptan los gobiernos y que son recurridos, incluida la Generalitat.

Añaden que la Generalitat hubiera tenido la oportunidad de forzar a responder al Supremo en 48 horas de haber pedido medidas cautelarísimas, que implican una respuesta sin pedir alegaciones a las partes, pero como no lo ha hecho y solo ha pedido cautelares, se pronunciarán en el plazo máximo de 10 días tras pedir dichas alegaciones.

Para Hacienda «todo sigue igual»

Fuentes del Ministerio de Hacienda han añadido que «todo sigue igual» y que las medidas de control sobre el gasto de la Generalitat que se aprobaron el sábado con su publicación en el BOE siguen vigentes, y seguirán salvo que el Supremo decida lo contrario dentro de los plazos previstos. 

Hoy finalizaba el plazo de 48 horas dado al Gobierno catalán para aprobar un acuerdo de no disponibilidad presupuestaria sobre  de todo su presupuesto pendiente de desembolsar excepto de las partidas concernientes a servicios fundamentales, esto es, sanidad, educación y servicios sociales.

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«El hecho de que me cite directamente el fiscal y no el TSJC supone una vulneración del derecho a un juicio justo», dice Marc Solsona a su salida de la Fiscalía. El fiscal ha indicado a Solsona que, de haber empezado, el interrogatorío se haría en castellano ya que la causa «acabaría en Madrid». Carme Forcadell, diputados de JxSí y vecinos de Mollerussa apoyan a Solsona ante la Fiscalía Superior de Catalunya.  Ayuntamientos prorreferéndum piden anular la orden de la Fiscalía que obliga a requisar material electoral

El alcalde de Oliana (Lleida), Miquel Sala (d), junto al alcalde de alcalde de Pont de Suert (Lleida), José Antonio Troguet (i). EFE

Primeros interrogatorios de la Fiscalía a más de 700 alcaldes por su colaboración con el referéndum, que se producen en paralelo a las causas judiciales del 1-O. El alcalde de Mollerussa, Marc Solsona (PDECat), ha acudido a su citación este martes a la Fiscalía Superior de Catalunya para ser interrogado. Tras su negativa a declarar, el fiscal ha impedido pronunciar un alegato en que Solsona pretendía argumentar que el ministerio público no debe actuar contra él porque el referéndum está ya en manos de los jueces.

Según han informado fuentes judiciales, la declaración como investigado de Solsona ha empezado con el edil queriendo explicar su motivo para no declarar ante la Fiscalía, que es precisamente el hecho que el referéndum ya se está investigado judicialmente en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). Guía del frente judicial del referéndum: tres causas penales, 23 imputados y 948 alcaldes apercibidos

Este alegato finalmente no se ha producido, ya que el fiscal José Joaquín Pérez de Gregorio ha impedido a Solsona pronunciarlo. El fiscal ha indicado al alcalde que solo procedería a empezar el interrogatorio si Solsona contestaba a sus preguntas ‘sí’ o ‘no’. Solsona se ha ido de la Fiscalía sin firmar el acta de declaración.

La conversación entre el fiscal y el alcalde, que se ha alargado unos diez minutos, se ha producido en tono cordial, han indicado las mismas fuentes. La abogada de Solsona, Judit Gené, no ha intervenido en ningún momento. Tampoco el fiscal ha comunicado si pediría documentación a Solsona sobre los acuerdos del ayuntamiento de Mollerussa para colaborar con la Generalitat para el 1-O.

Además, según las mismas fuentes, el fiscal ha indicado a Solsona que, de empezar, el interrogatorío se haría en castellano ya que la causa «acabaría en Madrid», y que lo había citado siguiendo órdenes del fiscal general del Estado.

Los otros dos alcaldes citados este martes, de Oliana (Lleida), Miquel Sala, y de El Pont de Suert (Lleida), José Antonio Troguet, también se han negado a declarar ante el fiscal de La Seu d’Urgell.

Concentración ante la Fiscalía Superior de Catalunya O.S.

Solsona estaba citado en la Fiscalía Superior de Catalunya y no en la de Lleida por su condición aforado dado que es diputado en el Parlament. «El hecho de que me cite directamente el fiscal y no el TSJC supone una vulneración del derecho a un juicio justo y de mi derecho a participar en cualquier manifestación política», ha afirmado el alcalde a su salida de la Fiscalía.

Decenas de personas, en su mayoría provenientes de Mollerussa (Lleida), se han concentrado este martes ante la sede de la Fiscalía Superior de Catalunya en Barcelona para apoyar al alcalde de la localidad, Marc Solsona antes de su declaración como investigado ante el ministerio público.

Además de vecinos de Mollerussa, en la concentración de apoyo también estaban diputados del PDECat, ERC y de JxSí como Lluís Corominas, Lluís Guinó, Maria Senserrich, Roger Torrent y Germà Bel, así como la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Los concentrados han apoyado a Solsona con gritos de «no estás solo» y han cantado ‘Els Segadors’.

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