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¿Puede el aceite de palma ser sostenible? Una radiografía a la RSPO

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“¿Nunca os planteasteis que, para conseguir un aceite de palma sostenible, tal vez había que establecer un límite a su producción?”. Tras más de una hora de fluida conversación, Andrew Ng hizo una pausa durante un momento. “La verdad es que no había pensado en ello”, respondió. Andrew Ng fue una de las personas clave en el establecimiento de la Mesa Redonda para el Aceite de Palma Sostenible (más conocida por sus siglas en inglés RSPO), el principal sello de sostenibilidad de un sector que lleva décadas bajo el ojo crítico de la opinión pública internacional por su alto impacto medioambiental.

Establecida oficialmente en 2004 a iniciativa de WWF, organización de la que procedia Ng, la RSPO nació como una plataforma multilateral para establecer límites a los abusos en la producción del aceite de palma y certificar a aquellos que cumplían una serie de buenas prácticas. Durante su mandato como secretario general de la organización entre 2005 y 2007 Ng fue el encargado de supervisar las negociaciones sobre esos mínimos y establecer los principios y criterios que los productores y otros miembros tienen que cumplir para permanecer bajo el paraguas de la organización.

Tras publicar sus principios en 2007, la RSPO empezó a crecer rápidamente y se ha convertido en el sello sostenible para una materia prima más extendido. Hoy la RSPO tiene unos 3000 miembros, que incluyen productores, agentes de compraventa, ONGs, gobiernos, instituciones financieras y las grandes marcas de consumo que utilizan aceite de palma en sus cadenas de producción, y produce aproximadamente el 17% del total del aceite de palma. Una cifra elevada si se tiene en cuenta que un tercio del total del aceite que consumimos es de palma. Frente al rápido crecimiento de la RSPO, muchos han alzado la voz de alarma por los fallos en la certificación y, curiosamente Ng se ha convertido ahora en uno de sus críticos: “Se habla mucho pero se hace poco”, asegura el ahora director de la consultora en negocios responsables Grassroots.

Los propios Principios y Criterios, que contemplan aspectos como la transparencia, el respeto a las leyes locales y a los derechos de comunidades indígenas sobre la tierra o la conservación de espacios de alto valor ecológico, entre otros [ver gráfico], han sido uno de los principales frentes de batalla y para muchos se han quedado obsoletos tras haber sufrido apenas modificaciones desde que fueran aprobados, explica Ng. “Era un documento bastante completo en ese momento, pero había muchas cosas que no sabíamos”, asegura Ng. La próxima revisión será aprobada en 2018 pero aún se está discutiendo qué principios serán reformados y qué nuevos criterios se incorporarán.

“Creo que el objetivo ahora es incluir a toda la industria. Pero siempre habrá productores a quienes no les importe la certificación porque venden a mercados locales. Así que es muy difícil hacer que todo el mundo se comprometa”, continúa Ng. “Cuando intentas acomodarte a todo el mundo, empiezas a desviarte de tu objetivo original”.

El papel secundario que han tenido los derechos laborales en la certificación ha sido una de las críticas que ha tomado fuerza durante los últimos años, especialmente después de que el Wall Street Journal encontrara condiciones análogas a la esclavitud en una plantación de Felda, uno de los miembros más importantes del sello. “La deforestación y las disputas por la tierra han sido predominantes [en las discusiones de la RSPO]”, asegura Rikke Netterstrom, directora de Helikonia, una consultoría de sostenibilidad. “Es increíble que en diez años no se haya prestado atención a los estándares laborales”, continúa. Para llenar ese hueco, varias ONG, sindicatos y grupos de inversores sostenibles publicaron el año pasado una guía sobre los derechos laborales que deberían cumplirse en las plantaciones para que sean consideradas justas.

No obstante, como veremos más adelante en el capítulo sobre condiciones laborales, los criterios han empezado ya a aplicarse y las plantaciones certificadas que visitamos en Indonesia tenían mejores estándares que las que no habían conseguido el sello. El artículo del Wall Street Journal evidencia, sin embargo, que muchas veces el control sobre el cumplimiento de los derechos básicos es defectuoso.

Los estándares medioambientales, supuestamente el punto fuerte del sello, tampoco han estado fuera de crítica. “La RSPO aún deja abierta la posibilidad de deforestar bosque secundario”, asegura Annisa Rahmawati, investigadora sobre bosques de Greenpeace Indonesia, en referencia a bosques con una alta biodiversidad, pero que han sufrido algún tipo de intervención humana. Su organización publicó en 2013 el informe titulado “Certificando destrucción” que denunciaba a la RSPO por permitir la “deforestación y la destrucción de tierras de turba”. “El análisis de mapas muestra una deforestación significativa en concesiones propiedad de miembros de la RSPO y que una parte importante de los fuegos que han cubierto el Sudeste Asiático de humo este junio [de 2013] se dieron en concesiones de miembros de la RSPO”. En 2015, los fuegos fueron aún más intensos y el gobierno indonesio calculó que al menos 1,7 millones de hectáreas sucumbieron pasto de las llamas.

Poco control y quejas sin resolver
Redatus Musa se ha cansado de repetirlo: “Pedimos a la Mesa Redonda para el Aceite de Palma Sostenible que se tome en serio de una vez nuestras quejas porque hace muchos años que protestamos. Es la última vez que lo decimos. Si no hay respuesta, la comunidad buscará sus propias soluciones”.

El líder indígena voló más de 4.000 kilómetros, los que separan Sanggau, la provincia de la que procede en el centro de la isla indonesia de Borneo, de Bangkok, para llevarle personalmente el mensaje a la Mesa Redonda para el Aceite Sostenible que celebró la semana pasada en la capital tailandesa su decimocuarta reunión anual.

El mecanismo de quejas que la RSPO contempla para asegurar que sus miembros cumplen con sus principios ha sido uno de los elementos más criticados del sello. “Hasta ahora, las decisiones se han alargado mucho en el tiempo y la realidad es que no se da nunca soluciones reales a las comunidades”, asegura Andi Muttaqien, investigador de Elsam, un grupo para la defensa de derechos humanos en Indonesia, el primer productor mundial de este aceite.

La eficacia de las auditorías que tienen que comprobar sobre el terreno que las normas son respetadas también ha sido puesta en cuestión. Así, la Environmental Investigation Agency (EIA) documentó varios casos en el informe “¿Quién vigila a los vigilantes?” en los que los auditores de la RSPO no habían sido capaces de identificar violaciones graves de sus principios. “Los fallos demostrados por los auditores son sistemáticos. Estos revelan no solo una falta de competencia pero, de forma más generalizada, una falta de intención de identificar los defectos y de obligar a las empresas a atenerse a los estándares”, aseguraba el informe. Tras su publicación, el secretario general de la RSPO Darrel Webber afirmó en una rueda de prensa que investigarían las acusaciones pero que ya se había suspendido a auditores con anterioridad. “Pueden encontrar fallos porque somos muy transparentes”, aseguró Webber.

Uno de los últimos fallos en este sistema de control afecta directamente al grupo Pepsico, cuyo proveedor de aceite de palma Indofood ha violado de forma repetida los estándares laborales de la certificación, según la denuncia interpuesta por el grupo medioambiental Rainforest Action Network (RAN), la organización por los derechos laborales en Indonesia OPPUK, y el Foro Internacional por los Derechos (ILRF en sus siglas en inglés) ante la RSPO. La demanda se basa en una investigación realizada por RAN y OPPUK sobre dos de sus plantaciones donde se encontraron, entre otros, casos de trabajo infantil o salarios por debajo del mínimo legal.

Sin embargo, las represalias en forma de suspensión como las que RAN y el resto de demandantes esperan obtener por parte de la RSPO han sido una excepción a la norma. Uno de los casos más sonados fue el de IOI, uno de los mayores productores de aceite de palma, que en abril de este año fue suspendido por violaciones de los principios en varias de sus plantaciones subsidiarias.

Como respuesta, varias marcas, entre ellas Unilever, anularon sus pedidos a la empresa y IOI decidió denunciar a la RSPO por daños a su imagen. En agosto, la RSPO anuló la suspensión y devolvió la certificación a la empresa debido a los “buenos progresos alcanzados” por la firma.

Un difícil equilibrio
No todo son críticas a la certificación y muchos creen que la organización es el único camino, todavía imperfecto, para dar respuesta al incremento de la demanda de aceite de palma. Como ya vimos en el captulo sobre los impactos medioambientales, hay mucha controversia sobre cual es la huella comparada del aceite de palma respecto de otros aceites. “El aceite de palma requiere nueve veces menos terreno que la misma cantidad de aceite de soja”, asegura Michelle Desilets, fundadora del Orangutan Land Trust, otra ONG que trabaja en la conservación de estos animales. “La única alternativa al aceite de palma es el aceite de palma sostenible”. La RSPO tiene además como uno de sus objetivos principales incrementar la productividad de las plantaciones, que producen una media mundial de 3,8 toneladas por hectárea, a pesar de que pueden llegar fácilmente a las 6 y se han conseguido más de 10.

Acomodar los intereses de partes de la cadena tan diversas tampoco es sencillo. “A menudo no es fácil conciliar los objetivos sociales con los medioambientales”, asegura Johan Verbug, asesor sobre cadenas de producción en favor de los pobres de Oxfam en referencia a los pequeños productores, los que más dificultades encuentran a la hora de certificar su aceite, del que controlan cerca del 40 por ciento de la producción. “Para los pequeños propietarios ya es muy difícil. Por favor, no añadáis más criterios que no podamos cumplir”, le decía a la reunión de la RSPO la semana pasada Narno Sayoto Irontiko, gestor de la asociación de pequeños agricultores AMAHA.

Para poder dar respuesta a todos, los criterios a menudo se flexibilizan. “Creo que el objetivo de la RSPO ahora es incluir a toda la industria. Pero siempre habrá productores a quienes no les importe la certificación porque venden a mercados locales. Así que es muy difícil hacer que todo el mundo se comprometa”, explica Andrew Ng. “Pero cuando intentas acomodarte a todo el mundo, empiezas a desviarte de tu objetivo original”.La propia RSPO es consciente de que sus criterios a menudo no son suficientes y ha impulsado un grupo dentro de la organización, bajo el nombre RSPO Next, que incluye criterios más exigentes para los que se acogen a este sello. Danone y Ferrero, entre otros, han impulsado además el Grupo de Innovación del Aceite de Palma, que también pretende mejorar los estándares de la certificación. El Manifiesto por la Palma Sostenible, por su parte, se centra sobre todo en la protección de bosques con altas reservas de carbono.

Para la mayoría, los fallos en las auditorías son la parte más grave. “La certificación sólo tiene sentido si se hacen cumplir los estándares”, asegura Emma Lierley de RAN. “Tal y como está la situación ahora, la RSPO no es una garantía de buenas prácticas”, continúa su compañera de organización Hana Heineken.

Por otra parte, a pesar de las numerosas campañas de boicot contra el aceite de palma, la demanda de aceite certificado no está siguiendo el mismo ritmo de los ambiciosos objetivos de la RSPO. Así, en 2014 sólo un 47 por ciento del total de aceite de palma producido fue vendido como tal, mientras que el resto acabó en las estanterías sin ningún tipo de certificación porque los compradores no quisieron pagar la diferencia en el precio. Una diferencia necesaria para asegurar que quienes producen aceite de palma tiene incentivos suficientes para hacerlo bajo principios éticos.

Fuente: Carrodecombate.com

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El hombre no posee el poder de crear vida. No posee tampoco, por consiguiente, el derecho a destruirla. (Mahatma Gandhi)

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